Rodolfo Martín Villa, el primer procesado por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo

“Toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando bajo la dirección ahora de la nueva dirigencia política a cargo del proceso de transición. Durante los primeros años se mantuvieron las normas, estructuras, agentes y las prácticas represivas propias de aquel, y se les aseguró a las fuerzas del orden público la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance”, dice entre otras cosas la jueza María Romilda Servini de Cubría, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N°1 de la Ciudad de Buenos Aires. En la resolución de la causa iniciada hace 11 años, que adquiere carácter histórico, decidió procesar por cuatro homicidios agravados en contexto de crímenes de lesa humanidad al empresario Rodolfo Martín Villa, quien se ha convertido de esta manera en el primer procesado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura franquista y el período posterior a la muerte del dictador Francisco Franco, ocurrida en 1975, al que se conoce como “transición”. Los homicidios ocurrieron entre 1976 y 1978. Son los casos de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro y Francisco Aznar Clemente (todos el 3 de marzo de 1976), más el de Germán Rodríguez Saíz (durante las celebraciones de San Fermín en 1978). 

El fallo fue anunciado durante una conferencia de prensa de la que participaron abogados y abogadas que llevan adelante la querella en la justicia argentina: Eduardo Fachal, Julieta Bandilari y Luis Calcagno. También estuvieron conectados desde diferentes regiones de España el abogado Jacinto Lara y dos familiares: Fermín Rodríguez Saiz, hermano de Germán Rodríguez Saíz, una de las víctimas, y Manuel Ruiz García, hermano de Arturo Ruiz, asesinado el 23 de enero de 1977; por su caso, Servini le dictó a Villa falta de mérito, es decir que consideró que las pruebas no son suficientes para dictar procesamiento en ese y otros siete casos.

“Es un paso muy importante que obviamente ha sido apelado ya por la defensa”, dice Eduardo Fachal, uno de los abogados argentinos, quien anuncia también que la jueza le dictó un embargo por 1.134 millones de pesos, algo así como 10 millones de euros. “Se le ha notificado en una audiencia el 20 de octubre a Martín Villa y manifestó que no tiene el dinero para hacer efectivo el embargo”, explica el abogado al tiempo que resalta la importancia del fallo más allá de la apelación de la defensa: “En el día de ayer la defensa ha presentado el escrito de apelación que obviamente nos darán traslado en el curso de los próximos días y nosotros obviamente contestaremos y ampliaremos los fundamentos, porque ha quedado muy claro ya en la resolución de la Cámara de Casación, que es el tribunal más alto en materia penal, sobre el plan criminal y organizado desde el Estado español durante el período de transición, donde se mantuvo todo el resorte represivo del franquismo contra la población civil. Esto ha comprobado que son delitos de lesa humanidad y que merecen la pena la sanción correspondiente por la gravedad de estos delitos”. Fachal destacó la relevancia del fallo: “Obviamente, desde el punto de vista político y de reivindicación de las víctimas, este auto de procesamiento ha sido un paso muy importante en la lucha por la verdad y la justicia”.

“Nuestra familia entiende que Villa es el responsable del asesinato de Arturo”, grafica el hermano de Arturo Ruiz, asesinado durante una manifestación callejera el 23 de enero de 1977, uno de los casos por los que Servini entendió que no había pruebas suficientes para procesarlo, por lo que dictó falta de mérito. “Fue asesinado por un banda de extrema derecha que se denominaba Los guerrilleros de Cristo Rey, y que al final tampoco estaba muy claro las conexiones de esta banda y el asesino con la Guardia Civil, o sea con las fuerzas de seguridad de la época. Y bueno, Martín Villa como máximo responsable de las fuerzas, pues tampoco dio explicaciones”, resume. “Era el ministro de la Gobernación y posteriormente Ministro del Interior y responsable de las fuerzas del orden de aquella época”. La protesta reprimida se realizó con consignas “proamnistía por los presos del franquismo que todavía quedaban en la cárcel”.

En ese año, durante las siempre masivas celebraciones de San Fermín, varios manifestantes saltaron a la arena para hacer notar el hastío social con la dictadura que ya tenía forma de transición hacia la democracia. Toma la voz Fermín, el hermano de Germán Rodríguez Saiz, uno de los casos por los que la jueza procesó a Villa. “Estamos hablando de unos momentos muy convulsos y sobre todo en la Comunidad Autónoma de Navarra. Varias personas saltaron a la plaza con una pancarta y eso parece que fue la excusa para una carga policial bestial. Metieron 40, 50 miembros de la Policía Armada que empezaron a disparar. Pelotas de goma, botes de humo y fuego real. Hubo 11 heridos de bala en la propia plaza. Y, lógicamente, la gente intentó repeler la agresión con todo lo que tenía, con botellas, con las almohadillas que tenían en la plaza, con todo lo que había ahí cuando se retiró la policía. La gente salió de la plaza con absoluta indignación, por supuesto. Entre ellos estaba mi hermano viendo los toros. La Policía Armada siguió reprimiendo todo con muchísima violencia, con muchísima fuerza y siguió disparando fuego real. Ahí asesinaron a mi hermano Germán. Martín Villa era entonces ministro del Interior”, relata Fermín, de quien sólo se oye la voz porque no consigue encender la cámara.

Tras la muerte del dictador Francisco Franco, el franquismo hizo lo que pudo para conservar el poder y solo se entregó a la alternancia democrática cuando garantizó la impunidad y “el dejar atrás el pasado” sellado a fuego con el Pacto de la Moncloa. El fallo de Servini de Cubría avala lo evidente: que la transición tuvo más de franquismo que de la democracia por venir. “La jueza Servini lo deja bastante claro. Dice que en aquellos años las estructuras franquistas no se habían depurado. Incluso podría decir yo que algunas hoy mismo todavía siguen sin depurar. Y la misma gente que había estado en las cúpulas militares, en las cúpulas judiciales, en las cúpulas civiles del franquismo, no habían cambiado”, expresa Fermín y va más allá: “Se habían quitado de la camisa azul con el yugo y las flechas y el brazo en alto, y se habían puesto una americana demócrata de toda la vida. Pero eran las mismas personas, eran la misma gente, era la misma ideología. Nosotros pensamos que aquella gente no había cambiado ideológicamente para nada”. 

Fachal fija un objetivo claro a partir de este procesamiento, aunque todavía no tan a la vista: que se realice un juicio oral y público contra Villa. “Nos abre a nosotros la posibilidad de divisar a lo lejos la clausura de una parte del expediente de la investigación y elevarlo a juicio oral, que es en realidad nuestro mayor objetivo. Pero primero tenemos que pasar por todo esto. Sabemos que la justicia es lenta, pero bueno, ya se ha apelado”, dice. Lara responde a la pregunta de La Retaguardia acerca de por qué solo aparece Villa como procesado cuando hay miles de familias denunciantes en todo el mundo: “Bueno, aquí hay una razón de peso y es que es al único imputado al que se ha podido tomar declaración indagatoria y eso es un paso absolutamente fundamental y esencial para avanzar en el proceso. Debemos recordar que es el único imputado ya procesado al que se le ha podido tomar declaración indagatoria como consecuencia de que él se ha sometido voluntariamente a la toma de declaración indagatoria. Porque respecto a los imputados en la causa, que son bastantes, al menos hay más de una docena aún vivos, no se les ha podido tomar la declaración indagatoria, entre otras cosas porque el Estado español no lo ha permitido. Nos encontramos con la obstaculización constante y sistemática en la tramitación de la causa criminal. Y a partir de ahí, pues obviamente la causa criminal avanza después de 11 años con muchísimas dificultades, lentamente, mucho menos ágil de lo que lo que nosotros y nosotras queremos y deseamos”.

Una figura aparece inevitablemente cuando se habla de la querella argentina por los crímenes del franquismo: la de Carlos Slepoy. Sobreviviente del genocidio en nuestro país y con un exilio español que nunca abandonó del todo, Slepoy había recurrido a tribunales de países europeos en la búsqueda de la justicia que en Argentina estaba negada por las leyes de impunidad. Aquella movida tuvo tal repercusión que apenas unos años después, ya durante el gobierno de Néstor Kirchner, se abrieron en el país la posibilidad de los juicios en el lugar en el que se cometieron los delitos, seguramente como un coletazo de aquella necesidad de salir para buscar justicia en otros tribunales bajo el concepto de Justicia Universal. Slepoy tuvo la ocurrencia de dar vuelta el esquema unos años después y traer a la justicia argentina el juzgamiento de los crímenes que nunca se pudieron revisitar en la España postfranquista. La abogada Julieta Bandilari suma el recuerdo de quien ideó la estrategia de la querella argentina: “No quiero dejar que pase este evento sin recordar al genio jurídico de Carlos Slepoy”, señala y recuerda a “los primeros querellantes que fueron Dario Rivas, Adriana Fernández, Inés García Holgado, por delitos que se habían cometido en la época, la primera época del franquismo”. También rescata la figura de la abogada Ana Mesutti y sumó el recuerdo de José María “Chato” Galante “al cual le debemos tanto, tanto empuje y tanta claridad”. Galante murió el año pasado por Covid-19, al igual que uno de sus torturadores. 

Quedan por ver los alcances de la resolución de Servini de Cubría sobre Villa. Porque salta a la vista que el fallo es puntualmente contra el exfuncionario; pero es, a la vez, mucho más que eso.