Crimen de Mariano Ferreyra: las causas que aún quedan impunes

Este martes 20 de octubre se cumplieron 5 años del asesinato de Mariano Ferreyra. En este marco, el programa Desde Afuera, que los Familiares y Amigos de Luciano Arruga realizan en Radio La Retaguardia, entrevistó a Claudia Ferrero, abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), querellante en el juicio por el crimen del militante del Partido Obrero, quien repasó los resultados de aquel proceso y las causas relacionadas que aún se encuentran en etapa de investigación.  (Por La Retaguardia)

El 20 de octubre se realizaron diferentes actos para homenajear a Mariano Ferreyra al cumplirse 5 años de su asesinato, ocurrido durante la represión a una protesta de trabajadores terciarizados del ferrocarril Roca en el barrio porteño de Barracas. “Empezamos el día destapando un mural por la memoria a la militancia socialista de Mariano Ferreyra, en el lugar donde perdió su vida, donde cayó herido por la patota de Pedraza; y por la tarde la Federación Universitaria de Buenos Aires organizó un festival en el cual volvimos a reeditar aquel festival mítico después de un mes de su asesinato en Plaza de Mayo, con las bandas que estuvieron en ese momento y nuevas bandas. La conmemoración fue un homenaje para Mariano pero también fue recordar a quienes lamentablemente no fueron puestos en el banquillo de acusados en el juicio por el crimen de Mariano. Si bien hemos obtenido una condena a los autores materiales y algunos autores intelectuales, nunca fueron imputados los empresarios ni los funcionarios que discutieron, como en el caso de (Juan Pablo) Schiavi, ese mismo día, cuál iba a ser el accionar de la burocracia con respecto a la lucha de los tercerizados, ni tampoco dieron cuenta de la responsabilidad de quien era el jefe de la Policía Federal en ese momento, Aníbal Fernández”, detalló Claudia Ferrero en diálogo con el programa Desde Afuera.
Tras 8 meses de audiencias, en abril de 2013, el Tribunal Oral Criminal 21 de la Capital Federal dio a conocer la sentencia en este juicio con 15 acusados. Al respecto, Ferrero recordó: “hay una condena que incluso ha quedado firme en Casación en la cual se ha condenado a José Pedraza y a Juan Carlos Fernández, que era el segundo en la Unión Ferroviaria y quien fue el operador de toda la convocatoria de los patoteros y del cuerpo de delegados, a 15 años de prisión; después Pablo Díaz, que fue el jefe de los delegados que estuvo en el lugar del hecho, dirigiendo todo, que recibió 18 años, al igual que los autores material (Gabriel) Sánchez y (Cristian) Favale. Están condenados como partícipes necesarios, otro miembro de la patota, Claudio Alcorcel, a 8 años; y después otros miembros más por su participación y su acción, (Jorge Daniel) González y (Francisco) Pipitó. Además de los comisarios de la Policía Federal que estaban asignados a la línea Roca, (Jorge) Ferreyra y (Luis) Mansilla. Más los que dirigían la Dirección General de Operaciones que eran los encargados de distribuir las fuerzas que tenían ubicadas en el lugar para evitar cualquier desborde fueron condenados a penas muy pequeñas, a 2 años por incumplimiento de sus deberes, no como autores del crimen. Y alguno de los policías de menor rango simplemente a inhabilitación”.
Respecto a las responsabilidades de los funcionarios políticos, desde un primer momento circularon escuchas telefónicas entre el ministro y la vice ministro de Trabajo, Carlos Tomada y Noemí Rial, con el propio Pedraza, que daban cuenta de la relación cotidiana que mantenían: “hay una conversación del mes de enero –especificó Ferrero–, 3 meses después que había sido asesinado Mariano Ferreyra, que había habido un intento de parte del gobierno de encarcelar posteriormente en diciembre a los compañeros de Mariano, montado por la ministra de Seguridad en ese momento, Nilda Garré; y después se completa con otro llamado que ha tenido poca difusión que es también de otra funcionaria del Ministerio de Trabajo, Noemí Rial, que lo llama a Pedraza el mismo día que se produce el allanamiento a su departamento de un millón de dólares. Rial le dice que cualquier cosa ella se pone a su disposición y en un momento le pregunta preocupada ‘che, pero no encontraron armas, ¿no?’. Y él le contesta ‘encontraron 2 pero tenía autorización, eran legales’”.
Según explicó la abogada, ninguno de estos funcionarios quedó comprometido en esta causa: “(las conversaciones) muestran una connivencia política, pero el que sí por todos los testimonios debió quedar comprometido es (Juan Pablo) Schiavi, en todas las instancias que se habló de qué se iba a hacer ese día estuvo discutiéndolo con Pedraza, y eso sí fue probado en el juicio, sin embargo a Schiavi se lo dejó expresamente por fuera. También de Antonio Luna hay miles de grabaciones con Juan Carlos Fernández tratando de componerse y de encubrir lo que había sucedido. Antonio Luna era el subsecretario de Transporte en ese momento, ahora ha fallecido. Tampoco los empresarios, de quienes también se evidenció que tenían conocimiento, tenían a su jefe de seguridad actuando al lado de la patota, ni siquiera ha sido llevado a juicio algo que también quedó al desnudo en el juicio que era la estafa montada con los subsidios públicos y cómo fraguaban licitaciones directas con los subsidios públicos y de tercerización laboral, la cual era una política de Estado impulsada por el Ministerio de Transporte en ese momento, y que después siguió impulsándolo porque acá Pedraza quedó preso, pero el gobierno kirchnerista recicló la burocracia de la Unión Ferroviaria a su servicio para mantener después el negocio ferroviario, incluso con la supuesta privatización lo único que garantizó fue nuevas concesiones y nuevos negocios de los concesionarios, a tal punto que dictó el Código Civil de tal forma que los concesionarios no tengan que responder en el futuro por un accidente como la masacre de Once por ejemplo”.
Los Familiares y Amigos de Luciano Arruga le consultaron a Ferrero qué modificaciones se habían producido dentro del sindicalismo ferroviario luego de la muerte de Mariano y el juzgamiento y condena a José Pedraza: “la Unión Ferroviaria quedó en manos de la lista Verde, que se recicló del mismo riñón del pedracismo, incluso el que es actualmente el secretario general de Unión Ferroviaria también tenía su propia tercerizada, y era parte del negocio. Y en la línea oeste, la del Sarmiento, los delegados de la UF no responden a la lista Verde, sino que responden a la Bordó que es la que representa el Pollo Sobrero”.
De la causa principal por el crimen de Mariano Ferreyra han surgido otras. Una de ellas ha tenido una novedad, a pesar del paso del tiempo. Así lo detalló Claudia Ferrero: “había una tercera causa que estaba investigando si Pedraza, con el abogado Octavio Aráoz de Lamadrid y un agente de la SIDE llamado (Juan José) Riquelme, había entrado en contacto con la Cámara del Crimen para conseguir a través de sobornos librarse de esta causa. Esta causa ha estado muy lenta, ha caído en el juzgado de (Norberto) Oyarbide que realmente no impulsa nada, pero la fiscal (Paloma Ochoa) ha pedido en los últimos días que se le tome declaratoria al juez Eduardo (Riggi), que era miembro de la Cámara de Casación y es el único que permanece de los tres jueces implicados en esta investigación. Nosotros queremos acompañar el pedido del fiscal, y ampliarlo a otro de los jueces (Gustavo) Mitchell, que si bien ha pasado a retiro nosotros creemos que hay pruebas suficientes en el expediente mediante las escuchas que involucran que él tenía conocimiento de este intento de soborno y esta negociación”.
A 5 años de su asesinato y con los autores materiales y algunos intelectuales juzgados y condenados, a la justicia aún le queda un largo camino para que ninguna de las causas que fueron surgiendo a partir de este crimen quede impune.