Despidos y desestructuración en el Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas
Escrito por La Retaguardia el abril 24, 2024
El Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas se encargaba de intervenir en pos de la restitución de derechos para las víctimas y sobrevivientes de esta problemática. El Gobierno de Javier Milei decidió desarticular el organismo que funcionaba hace 12 años y despedir a sus trabajadores y trabajadoras. Patricia Gordon, excoordinadora del Comité, habló con La Retaguardia acerca de las tareas que llevaban a cabo y de las consecuencias que traerá su desmantelamiento para las víctimas y sobrevivientes.
Redacción: Valentina Maccarone
Edición: Pedro Ramírez Otero
Foto: Valentina Maccarone / Archivo La Retaguardia
Hasta el martes pasado, las nuevas estructuras ministeriales no habían asignado responsables para integrar el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Ese día, a partir de una publicación en la cuenta de Instagram del Ministerio de Seguridad de la Nación, se hizo público que la nueva directora operativa es Verónica Toller, investigadora y periodista especializada en la problemática. Sin embargo, el organismo cuenta con más de 30 personas despedidas y sus tareas quedaron desarticuladas desde el inicio del Gobierno de Javier Milei.
El Comité fue creado a partir de la sanción de la Ley 26.842/12 (Prevencion y sanción de la Trata de personas y asistencia a sus victimas), junto con el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Desde entonces, la principal función de este organismo fue la coordinación con agencias del ámbito nacional y provincial y con las organizaciones de la sociedad civil para la prevención, combate y asistencia a las víctimas de trata sexual y laboral. En ese sentido, las tareas fundamentales del Comité fueron planificar y ejecutar políticas públicas para víctimas y sobrevivientes de esta problemática. Fundamentalmente, se basó en planes bienales que contenían acciones en distintos ejes: prevención, asistencia, persecución del delito y fortalecimiento institucional.
Había un delegado o delegada por provincia, que trabajaban junto a un equipo técnico, una dirección, una coordinación. “Favoreció al hecho de que la trata ocurre cuando las condiciones están dadas, cuando hay connivencia con el delito. De esta manera, se trabajó de una forma mucho más dinámica y territorial, con delegados que conocían ese territorio y que iban acompañando no solamente lo que tiene que ver con la asistencia y trabajando articuladamente con cada punto focal de cada provincia, sino también fue de mucha utilidad el hecho de quien conoce el territorio, conoce qué pasa en ese territorio. Esto ha servido mucho para la detección de casos de trata que por ahí en otro momento no eran tan visibles”, dijo Patricia Gordon, excoordinadora del Comité.
“Nos parece importante resaltar que seguramente faltaba avanzar en muchas cuestiones, pero el hecho de que se hayan rescatado durante esta gestión 5.200 personas que han sido víctimas de este tipo de delitos y que muchas de ellas hayan recibido todo esto que estoy contando en relación con las políticas públicas existentes”, señaló Gordon. Algunos de esos aportes, en el marco de distintos niveles de asistencia, inmediata y a largo plazo, estuvieron con vinculados con la inclusión laboral a través del Programa Reparar Derechos del Ministerio de Trabajo, el Programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, las ayudas a través de Desarrollo Social, el acompañamiento terapéutico con el trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, brindar soluciones habitacionales en convenio con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, entre otros. “De la gestión del 2020 al 2023, se trabajó fundamentalmente en ejes que tienen que ver con lo que nosotros consideramos que es la restitución de derechos para esas víctimas de trata”, dijo la excoordinadora. Y agregó: “Estas han sido políticas públicas novedosas y necesarias para que podamos pensar en lo que es la restitución de derechos”.
Además, en el eje prevención, el Comité realizó capacitaciones y espacios de formación a través de mesas interinstitucionales en todo el país y en los territorios de frontera. “La conformación de este Comité en esta gestión que hemos realizado durante todos estos años dejó de ser una oficina ubicada en CABA desde la cual se miraba como pasaba la trata por la ventana, por decirlo de alguna manera”, planteó Gordon.
Acerca de la continuidad de las tareas que desarrolló el Comité, sostuvo: “Son todas instancias que me parece importante destacarlas, pero también decir que todo esto ya no está, porque la mayor parte de estos ministerios ya no existen y porque estos programas quedaron a mitad de camino. A raíz de los despidos de todos los delegados y delegadas, coordinadores, el director, este Comité prácticamente podemos decir que ya no existe”.
Reestructuración en el Ministerio de Seguridad: contra las recomendaciones internacionales
Actualmente, la ley vigente (26.842) indica que el Comité Ejecutivo debe funcionar bajo el ámbito de Jefatura de Gabinete y debe estar integrado por un representante del Ministerio de Seguridad, uno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, uno de Desarrollo Social y uno del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. A partir de las modificaciones estructurales o renombramientos que atravesaron los ministerios, se dejó al Comité sin una definición clara sobre las acciones a tomar y las instituciones responsables de su funcionamiento.
Además, en febrero de 2024, el Comité fue transferido al ámbito del Ministerio de Seguridad. “Era un organismo que dependía de la Jefatura de Gabinete de Ministros, porque era un organismo interministerial. Fue por un decreto trasladado a lo que sería la órbita del Ministerio de Seguridad y esto, consideramos nosotros, que es un gran problema”, indicó la excoordinadora.
Esta decisión contradice las recomendaciones y protocolos internacionales de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Internacional. Allí, desaconsejan que las fuerzas de seguridad tengan el monopolio en la lucha contra la trata de personas, ya que es un delito federal y transnacional. Al respecto, Gordon señaló: “El hecho de que un organismo que por ley debe tener autonomía funcional dependa de uno de los ministerios que a su vez lo conforman, realmente nos genera mucha preocupación. Lo que estamos diciendo es que las fuerzas de seguridad no se pueden controlar a sí mismas. Y eso creo que es un gran problema. Por eso lo indicado por la ley era lo correcto, debía depender de Jefatura de Gabinete de Ministros”. Además, el Comité tenía su dirección operativa conformada por equipos de cinco ministerios y varios de ellos ya no existen.
Despidos: más allá de una preocupación personal
Sumado a la desestructuración del organismo, también despidieron a más de 30 trabajadores y trabajadoras que lo integraban. “El Comité Ejecutivo no ha sido la excepción en relación con muchos otros despidos en distintos organismos. La situación es que nos habían dicho que iban a renovar estos contratos hasta el mes de junio, ya que la mayoría de los delegados y delegadas y quienes trabajamos en el Comité pertenecemos a lo que sería una planta transitoria. Después del fin de semana largo de Pascuas, recibimos un llamado telefónico, simplemente. Ninguna comunicación oficial, ningún mail, ningún telegrama de despido, ni nada por el estilo”, de este modo explicó Gordon cómo les informaron que no se iban a renovar sus contratos.
“Más allá de que es una preocupación perder la fuente laboral, si hay algo que también nos parece importante resaltar es la pérdida de los derechos de las personas, es decir, todo esto que había sido trabajado a conciencia, pensando específicamente en la situación que atraviesan personas que han sufrido este tipo de violencias tan extremas, me lleva a pensar y reflexionar acerca de cuáles serán las consecuencias”, señaló la excoordinadora.
En tal sentido, reflexionó sobre consecuencias: “Sabemos que cuando las personas son rescatadas y quedan libradas a su suerte es muy probable que vuelvan al mismo circuito que las estaba dañando, perjudicando y explotando. Entonces, tal vez todo esto que está pasando y que ocurre en un contexto de extrema crueldad e indiferencia hacia las personas realmente va a tener la consecuencia inevitable de que estas situaciones se van a ir agravando. Creo que la pérdida más importante, es la pérdida de estos derechos. Eso nos afecta a todos y todas como sociedad”.
Línea 145
Comunicándose a la Línea 145 todavía es posible recibir orientación, solicitar asistencia o denunciar casos de trata y/o explotación de personas. Esta línea es nacional, anónima y gratuita y está atendida por operadoras especializadas (psicólogas y trabajadoras sociales).
