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Declararon seis personas encargadas de realizar peritajes sobre los cuerpos de las víctimas, sus familiares y los sobrevivientes. Dieron cuenta, por un lado, de cómo murieron los 7 pibes. Por otro, se refirieron al trauma y la culpa que opera en familiares y sobrevivientes y que -señalaron de manera unánime- sólo puede ser reparado por el propio Estado que violó sus derechos humanos. También declaró un policía motorizado que se retiró de la comisaría cuando los sucesos comenzaron a desencadenarse. El juicio seguirá el próximo lunes con las últimas testimoniales. (Por El Diario del Juicio*)  El afuera de esta audiencia fue especial por tratarse del segundo día del mes. Son las 7:30 de la mañana, y el sol no alcanza siquiera a entibiar la fría mañana de Pergamino. Los tribunales de la ciudad están ubicados frente a una plaza. En una de sus veredas, hay una parada de colectivos que llama la atención por su extenso techo. En otra de las aceras, la que mira al edificio de Tribunales que ocupa toda la manzana, hay un grupito de gente que busca todas las maneras posibles de evitar el frío intenso.Es 2 de octubre. Y en Pergamino, desde marzo de 2017, los segundos días de cada mes tienen una marca dolorosamente sellada a fuego. Las familias llegaron temprano para colocar un gazebo casi tan grande como el techo de la parada de bondis. Un parlante montado sobre un carrito con dos ruedas sirve para pasar algo de música. Las banderas trepan de árbol en árbol. “Justicia x los 7”, dice la más grande, pero también hay otras con los rostros y los nombres de los pibes que ya no están.Es probable que haya sido casualidad, pero exactamente a 31 meses de la Masacre de Pergamino, cuando entremos a la sala, escucharemos hablar de los pibes, de sus familias y de los sobrevivientes. El duelo y el traumaLa audiencia de cierre de la cuarta semana del juicio por la Masacre de Pergamino incluye testigos que se sientan en grupo frente al tribunal. Las psicólogas Paula Ruíz y María Cristina Vidal; y la Trabajadora Social y directora del Programa de Salud Mental de la Comisión Provincial por la Memoria Natalia Rosetti, peritos de parte de la querella, son las primeras en ingresar.Las tres licenciadas plantean, tomando como marco legal la Ley Nacional de Salud Mental, la necesidad de un testimonio en conjunto que refleje el trabajo transdisciplinario que realizaron con las familias de los 7 de Pergamino. Comienzan explicando al tribunal la metodología de trabajo, fundamentalmente entrevistas individuales. El objetivo fue, entre otros, observar de qué modo impactó la Masacre en la vida de las familias.La querella pregunta a qué se refieren con el concepto de “impacto”. Desde el equipo responden que, si bien las consecuencias son subjetivas y sintomáticas, se trata de un análisis integral del sujeto, evaluando “impactos” en lo psicológico, económico y laboral. La exposición continúa adentrándose en dos nociones: duelo y trauma.Las profesionales hablan sobre cómo opera el duelo:  “El afecto depositado en esa persona, debe sacarse poco a poco del otro para poder depositarlo en otras personas, en otros procesos de la vida”, explican. Según las licenciadas, “todos los familiares estaban con duelo suspendido, con la implicancia que eso tiene en la vida de una persona: una detención de sus proyectos y sus actividades cotidianas, de continuar viviendo”.Sobre el trauma dicen que “implica un quiebre en la vida de una persona”. Es una bisagra. A partir de eso, el sujeto no vuelve a ser el mismo, y eso se manifiesta de diferentes maneras: físicamente, con enfermedades  y trastornos de todo tipo (cáncer, alopecia, trastornos digestivos, pérdidas significativas de peso”); socialmente, con dificultades para relacionarse y trastornos psíquicos (abulia, depresión, desgano, desinterés, tristeza y angustia continua, dificultades para dormir”); y económicamente, con problemas para desempeñarse laboralmente“imposibilidad de trabajar o de generar dinero”. El juez Burrone consulta a las peritos que presentaron sus informes luego de entrevistas con las familias y los sobrevivientes. La culpaLas tres profesionales se van pasando el micrófono inalámbrico. Entre el público, mientras se nombran sus síntomas, las mujeres -madres y hermanas fundamentalmente- lloran. Están hablando de ellas como víctimas. Están escuchando de boca de las licenciadas, ni más ni menos que un diagnóstico profesional con palabras técnicas de lo que sienten cada día en el cuerpo y el corazón: -Tienen reminiscencias de los hechos, sobre todo del acontecimiento alrededor de la muerte. Todo lo que se desarrolla en la comisaría en el momento en el que ellos llegan, o en los momentos previos en los que muchos son avisados por las víctimas de que están en situación de peligro. Estos mensajes y llamadas vuelven a la cabeza de ellos como recuerdos y como una sensación de desesperación por no poder hacer nada ante el peligro de sus hijos- afirma Vidal. -¿Esto último que estás comentando genera culpa en los familiares? -consulta Margarita Jarque, abogada de la CPM. -La culpa es otro indicador muy importante que encontramos presente. Una culpa sostenida y muy fuerte. La culpa es angustiante para el sujeto. Es aplastante, el sujeto no puede hacer nada con eso. La culpa surge de la desesperación de no haber llegado a tiempo o no haber podido hacer nada para evitar eso. Eso los dejó perplejos y en estado de dolor, lo que se transformó en culpa, que es un problema en la vida de las personas. Es necesario que eso se alivie. Entendemos que de alguna manera, poder fijar la responsabilidad en quienes son responsables produciría un alivio subjetivo que permitiría que el reproche no venga ya contra sí mismos, sino que sea dirigido contra quienes tiene que serlo. -¿Y esos síntomas son actuales? -puntualiza Jarque. -Evaluamos hace un mes -responde Vidal. -Muchos familiares se enteraron por los medios. También fue traumática la agonía que padecieron sus familiares -completa Rosetti- La manera en la que fue la muerte agrega sufrimiento. La muerte abrupta, violenta y en manos de quienes debieron garantizar el cuidado. Por otro

Desde hoy y hasta mañana se realizará el V Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel. La jornada tendrá lugar en el Centro Cultural Paco Urondo, 25 de Mayo 201, CABA, con entrada libre y gratuita. Es el quinto año que se lleva a cabo el Encuentro, organizado por el Programa de Extensión en Cárceles (PEC) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. (Por La Retaguardia) Con el lema “La libertad es no tener miedo”, el PEC en conjunto con el C.C. Paco Urondo dio inicio al V Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel. La jornada que se desarrollará este jueves 11 y viernes 12 de octubre, desde el mediodía hasta las 20 horas, contará con diferentes talleres, lecturas, espectáculos, paneles y una feria. Se realizarán muestras constantes de cortos y publicaciones producidas en contextos de encierro en penales de distintos puntos del país.Asistirán al Encuentro liberados que participaron del PEC ya sea como espectadores o leyendo sus cuentos y poemas escritos en contexto de encierro. También habrá liberados presentando sus libros.Habrá mesas de investigación debatiendo sobre las condiciones de encierro en nuestro país y pensando qué lugar tiene la educación, el arte, la cultura y la escritura en los penales.Tendrá lugar una feria de cooperativas integradas por liberados que venderán comida y distintos tipos de productos. También se desarrollarán actividades artísticas, talleres de rap y bandas en vivo.La entrada es libre y gratuita en el Paco Urondo, 25 de Mayo 201, CABA, y con acreditación mediante se otorgarán certificados de asistencia.El Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel es un espacio artístico y cultural donde confluyen producciones de personas en contexto de encierro de todo el país. Es un lugar de encuentro y reflexión para conocer a un sector invisibilizado de la sociedad.

El gobierno nacional decidió desoir la medida cautelar dictada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y envió al Lonko mapuche desde el Penal de Esquel hacia Mendoza para luego extraditarlo a Chile. (Por La Retaguardia) Foto: Jones Huala en el juicio que decidió su extradición (archivo La Retaguardia/Agustina Salinas) El anuncio lo hizo la madre del Lonko, Isabel Huala, a través de un audio desesperado. Allí anunció que esta tarde Facundo fue llevado en helicóptero desde el penal federal N°14 de Esquel hacia Mendoza. La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que en algún tramo de este largo proceso participó de la defensa de Jones Huala a cargo de Sonia Ivanoff, publicó en Twitter que desde el aeropuerto El Plumerillo de Mendoza, el Lonko será trasladado a Chile para dar cumplimiento a la orden que dictó en primera instancia el Juez Gustavo Villanueva y luego reafirmó la Corte Suprema de Justicia.La semana pasada, el Comité de Derechos Humanos de la ONU había dictado una cautelar en la que pidió al gobierno argentino suspender la extradición mientras sus expertos analizaran y resolvieran la cuestión de fondo. Según informó a La Retaguardia la abogada del lonko, Sonia Ivanoff, la notificación le llegó en el mismo momento en el que las fuerzas de seguridad lo fueron a buscar al penal, lo que imposibilitó que Facundo pudiera despedirse de sus familiares; de paso, evitaron cualquier tipo de manifestación que pudiera producirse para intentar evitar la medida, o al menos a modo de protesta. Las últimas semanas estuvieron cargadas de gestiones. Isabel Huala estuvo en Buenos Aires y en San Pablo. En la CABA participó de diferentes actividades, entre ellas de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ese mismo jueves, junto a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y el Comité por la libertad de los presxs políticos de pueblos originarios, presentó una nota en la Casa de Gobierno dirigida al Presidente Mauricio Macri.En el audio que reproducimos aquí abajo, Isabel Huala convoca a organizarse para protestar.Una vez en Chile, Jones Huala debería ser juzgado por un incendio ocurrido en la Estancia Pisu Pisue, en ese país. El hecho ocurrió el 10 de enero de 2013. Jones Huala estuvo, por este hecho, en prisión, en detención domiciliaria y luego clandestino, todo esto en Chile. El lonko cruzó la frontera hacia Argentina pero nunca pudo despegarse de la persecución. Así contaba la secuencia Elizabet Gómez Alcorta a La Retaguardia: “Chile pidió en 2014 la orden de captura internacional. En febrero de 2015 se inició el trámite por la extradición y recién es detenido en mayo de 2016. A los cuatro días de esa detención, el juez federal de Esquel dejó sin efecto la orden de captura. Se llevó adelante el juicio por la extradición y se declaró nula porque se tomó conocimiento de una situación de tortura a un miembro de las comunidades mapuche para identificar dónde estaba Facundo en la Argentina y tareas de inteligencia ilegal por parte de la AFI. En septiembre del año pasado, el juez federal dejó a Facundo en libertad. La fiscal presentó un recurso de apelación pidiendo que se revoque esa nulidad y que la Corte Suprema conceda la extradición.”.Pero la libertad duró poco. En junio del año pasado, apenas unas horas después de una reunión entre Mauricio Macri y la entonces presidenta chilena, Michel Bachelet, Jones Huala fue detenido en un control vehicular. Lo identificaron y lo llevaron preso. Apenas un mes después, en una protesta en la Lof en Resistencia de Cushamen, se produjo la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. A partir de allí, todo es posible.El gobierno argentino no escucha a los organismos internacionales, que reclaman con preocupación por la situación del Lonko, como durante la última dictadura pedían preocupados también por la situación del país. Paradójicamente, Jones Huala llegará a Chile un 11 de septiembre, en un nuevo aniversario del golpe de Estado que derrocó, en 1973 al presidente democrático Salvador Allende.Aclaración importante: otros medios han publicado fotos de Facundo Jones Huala mientras se producía su traslado a Chile en avión. La Retaguardia no publica información ni ningún otro tipo de material que provenga de fuentes de fuerzas de seguridad. DESCARGAR

El miércoles pasado, en el marco de la audiencia pública en el juzgado de garantías Nº 1 de Pergamino, el fiscal Nelson Mastorchio y las partes querellantes solicitaron al juez de garantías Cesar Solazzi la prisión preventiva para el ex comisario Alberto Donza, máximo responsable de la Masacre que terminó con la vida de 7 jóvenes. Hoy se conoció la decisión del juez: denegar los pedidos de excarcelación extraordinaria y/o arresto domiciliario solicitados por la defensa del ex comisario Alberto Donza, que esperará el juicio detenido en un penal. (Por Colectivo de Medios de Comunicación Popular*) Crónica de una audiencia La mañana del miércoles 13 de junio helaba. A las 10 estaba citada la audiencia pública que definiría el destino del ex comisario Alberto Donza, que permaneció prófugo de la justicia por más de 400 días, con pedidos de paradero nacional e internacional.La audiencia no sería simple: no se sabía si Alberto Donza estaría presente, pero todo hacía suponer que sí. Las madres, hermanas, compañeras, de las víctimas de la masacre de Pergamino no pudieron dormir la noche anterior. Era la primera vez que tendrían en frente al máximo responsable de la masacre. El que faltaba, el que la justicia no buscó, el que armó una red que le permitió permanecer más de 400 días prófugo, el que mintió en su declaración cuando se entregó. El que dejó morir a los pibes, el que no entregó las llaves, el que no usó los matafuegos.La llegada al poder judicial de Pergamino siempre es tensa para las familias de los siete pibes que murieron producto del fuego y de la acción policial el 2 de marzo del 2017 en la celda 1 de la comisaría primera de Pergamino (ex centro clandestino de detención). Es que desde el que abre la puerta hasta el que cuida los pasillos del palacio son policías, todos compañeros de los responsables de la masacre. Ahí están, en todos lados, actuando, como acostumbran, de forma corporativa, de miradas desafiantes y provocaciones concretas.  Que los registremos no les gusta, al punto que uno de ellos no se aguanta y nos pregunta “¿para qué necesita sacar fotos, señorita?”, “soy prensa, vengo a registrar”. Así es la espera en los pasillos de los tribunales de Pergamino. La audiencia que estaba citada a las 10 empezará pasadas las 11. Alberto Donza salió de Campana, donde permanece preso, a las 8:45, nos informan. Seguramente, pensamos, lo esperaran a que desayune tranquilo, trato diferencial para el ex comisario, a los pibes los sacan a las 4 de la mañana cuando tienen audiencias. Pero al ex comisario no. La espera de más de una hora se vuelve ansiedad, decidimos salir al frío y dar la vuelta al edificio, a esperar frente al portón que abre el garage a ver si llega Donza. Un llamado desde dentro nos avisa que en la sala ya está todo dispuesto para el inicio de la audiencia. Que volvamos porque no podremos entrar luego. Casi instantáneamente llega la camioneta policial que traslada a Donza. No logramos verlo, custodiado entre dos integrantes del servicio penitenciario bonaerense.Corremos a la sala, entramos. Aún no había ingresado Alberto Donza. El aire se cortaba  con la mano y un silencio enorme invadía todo el espacio. Ahí estaban las familias de las víctimas: Sergio Filiberto, Franco Pizarro, Fernando Latorre, Federico Perrota, Noni Cabrera, Alan Cordoba y Jhon Claros.  Sostenían carteles con las caras de sus hijos, compañeros, hermanos. También estaban los/as abogados/as de las querellas, entre ellas, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Es 13 de junio, se vota la despenalización y legalización del aborto en el Congreso, y los pañuelos verdes también están en esta sala, en el cuello de la abogada de la CPM, en la muñeca de Ludmila, en las mochilas. Sentados frente a las querellas y a las familias de las víctimas se ubicaron los abogados del ex comisario Alberto Donza, Federico Mastropierro y Carlos Esteban Torrens. Ingresaron más tarde el fiscal, Nelson Mastorchio y el juez de garantías Cesar Solazzi. En la puerta, detrás nuestro, al lado del juez, al lado de los/as abogados/as,  hay  policías. La espera se extendió por casi 10 minutos eternos, hasta que se abrió la puerta del costado e ingresó Alberto Donza, con casco, chaleco antibalas, y esposas. Custodiado por hombres fuertemente armados. Uno de ellos llevaba un crucifijo colgado de la gorra que reza “SPB”. Donza se sentó. Le sacaron el casco y las esposas. No miró en la hora y media que duró la audiencia nunca para el lado de las familias. Donza en primer plano al ingresar a la sala de audiencias. El fiscal inició su argumentación señalando todos los hechos que, a su criterio, justificaban el pedido de prisión preventiva por existir “riesgo procesal”: la gravedad del delito, las características personales del imputado y sobretodo la profuguez que sostuvo durante 13 meses, las contradicciones con sus compañeros coimputados y testigos de la causa, así como con sus mismas declaraciones. Una de las mentiras señaladas por el fiscal fue en torno a la declaración de Alberto Donza sobre lo que pasó ese 2 de marzo: “no escuché voces. Solamente una voz que decía ‘aguanten aguanten’”. El período de instrucción ya demostró que los gritos de los pibes se escuchaban hasta la calle. Además, con su anterior abogado defensor Donza en su declaración inicial había dicho que él mismo había intentado abrir la puerta aquel 2 de marzo, mientras que en la declaración que se le tomó hace poco más de un mes cuando se entregó, sostuvo que él no estaba en el lugar. Estas son sólo dos de las muchas mentiras y contradicciones que señalaron el fiscal y las querellas.Las partes querellantes acompañaron en términos generales el pedido del fiscal, aunque sumaron aspectos que deben ser centrales en la investigación de la masacre, y a los que el fiscal no había hecho referencia. En este sentido, Pedro, por la querella de la CPM expresó ante el juez “también hay que analizar que

En la fría madrugada del domingo 10 de marzo esperábamos a eso de las 4 de la mañana, en Moreno, el 57 ramal Mercedes. Estábamos con Fabiola, la madre de Diego Chávez, un pibe del lugar que está preso víctima de una causa armada. El colectivo demoró más de una hora, y en ese tiempo charlamos con ella, que nos empapó en el tema: ¿Quién es Diego Chávez? ¿Por qué está preso? ¿Qué es una causa armada? ¿Quiénes las arman y con qué fin? Son preguntas que, con un rato de charla con Fabiola, se responden. Esas respuestas, sin embargo, inundan de bronca, al comprender que muchos pibes y muchas pibas están presos injustamente, lejos de sus familias, por ser pobres y estar indefensos en un sistema que se encarga de sostener la desigualdad. (Por Julian Bouvier y Lorenzo Dibiase para La Retaguardia) *Diego Chávez y su mamá Fabiola, en la foto sacada por su novia Ornella. “¿Sabéis qué me gustaría conseguir como poeta? Poder contar y oír lo que nadie oye”.     Goethe                     “La sensación cuando termina la visita se puede comparar a la de tirarse en un volcán de amargura en erupción. Es cuando quisiera congelar el tiempo tan solo para degollar con un pedazo de vidrio todas las yugulares de cada uno de los guardias ¿Cuál es la felicidad de transformar en un cubito de hielo de la vida, qué mejoría trae a sus penurias el sentirse autoridad? Es la idea en la que continuamente se cae”* Eran cerca de las cinco cuando llegó el colectivo y rápidamente se llenó de los y las familiares que se acercaban a Mercedes a visitar a sus hijos, esposos, padres, amigos, etc. En ese tramo de más de una hora, Fabiola nos siguió contando sobre Diego, las familias que conoció a partir de la lucha y la organización, de los medios que se acercaron (y sobre todo de los que no se acercaron). Empezaba a amanecer cuando bajamos del colectivo y caminamos las diez cuadras que hay, aproximadamente, hasta el penal. Hicimos una larga cola que duró más de dos horas, calvario al que se acostumbran las familias cada domingo cuando van a visitar a sus pibes que están adentro. Mientras iban requisando, uno por uno y una por una, en diferenciadas colas de varones y mujeres, visitamos el plagado almacén donde todas las familias compran sus últimas cositas para llevarle a los pibes. Cigarros, fuego, pan y algún fiambre, una gaseosa, aguas.Mientras esperamos, charlamos un buen rato con el padre de un pibe que está adentro y que hace varios días había sufrido una golpiza y tiroteo por parte de la policía (luego de una discusión en la que el pibe se negaba a darles su celular para que luego lo vendieran, los carceleros le metieron seis tiros en la pierna y en el pie). A las nueve y monedas nos hicieron pasar por un pasillo, nos requisaron, nos hicieron sacar remera y pantalones (aclararon que era una rutina al darse cuenta de que era la primera vez que íbamos) y nos hicieron pasar acompañados de un carcelero. Toda la sensación hasta ahí era bastante dura, por las condiciones del penal y el clima de tristeza y frialdad que se siente en un lugar así. El trato diferenciado y “amable” de la policía hacia nosotros, y todo lo transcurrido hasta el momento, nos hizo sacar la rápida conclusión de que por nuestra condición de clase, jamás iríamos a parar a ese lugar. Que este lugar es exclusivo para los pobres.“No hay buenos, ni malos. Todos son hormigas de la fábrica del machete, nunca vi un espejo tan grande (casi del tamaño de nuestro continente) por el que miran la extraña mutación de su futuro muerto. Díganle a mi espalda violeta y verde y a mis tibias fragmentadas que ellos son simplemente mercenarios de un sistema”* Entramos a un gran galpón, con mesas familiares no muy grandes (contamos unas 80 o 90 mesas), cada una con un mantel de diferentes colores, con un banco de cada lado y un infaltable ventilador de pie. Arriba, colgado en la pared, otro ventilador; atrás, la ventana abierta; luego las rejas y por último, el cielo. Grandes murales en las paredes hechos por los mismos presos: imágenes gauchescas, paraísos hawaianos con parejas besándose en el atardecer. Enfrente, las ventanas de los cuartos del “encuentro”, como le dicen a las visitas íntimas. Muchos pibes esperaban ansiosos a que fueran entrando sus familiares y amistades para reencontrarse. “FELI DÍA DEL NINO”, decían las letras en cartulina mientras dejaban caer sus partes. Niños y niñas corriendo por los pasillos, y el reiterado grito de quienes repartían la comida: “58, ¡¡PIZZA!!”, “63, ¡ASADO!”; los números son personas. Las palomas pasean sobrevolando nuestras nucas. El Reggaeton. Abrazos, besos, sonrisas, encuentros.Buscamos a Diego, al que sólo conocíamos por fotos, mientras un carcelero nos preguntaba una y otra vez de qué piso era él, dato que no teníamos, hasta que lo reconocimos a lo lejos, a pesar de su cambio de look (nuevos reflejos rubios).“Nunca imaginé que llegaría a odiar tanto al escuchar apellidos y mucho menos que me tatuarían un 653 en la nuca”* Nos saludamos, a él lo notamos un poco frío, pero cordial y amable. Nos recibió con unos mates y nos prestó unos buzos mientras esperábamos a Fabiola; la mañana estaba fresca. Fuimos haciéndole algunas preguntas como para romper el hielo y en principio Diego nos respondía bien al pie, y miraba hacia la entrada, esperando a la vieja. Preguntas que apuntaban a conocer cuál es la realidad que se vive en un penal. Cómo (sobre)vive él allí, siendo tranquilo, pacífico. Una vez que entró Fabiola, unos 15 o 20 minutos después que nosotros, la charla se puso dinámica. Consultamos si podíamos tomar nota, ya que por supuesto no se pueden ingresar teléfonos, ni grabadoras. Ante la positiva, empezamos la entrevista, que vale aclarar, el diálogo fue

El genocida, que había conseguido el beneficio de la prisión domiciliara a fines del año pasado y como parte de un plan del gobierno para liberar genocidas, deberá retornar a la cárcel. Así lo decidió la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Ayer por la mañana se habían realizado dos audiencias ante Casación, en la que las querellas de La Plata y de Puente12/Vesubio, representadas por Guadalupe Godoy y Pablo Llonto respectivamente, entregaron sus argumentaciones. El Servicio Penitenciario Federal había sugerido especialmente que se le otorgara el beneficio, aduciendo urgencias sanitarias. Ese documento que La Retaguardia publicó la semana pasada fue parte de las argumentaciones presentadas. Los organismos de derechos humanos, vecinos y vecinas del Bosque Peralta Ramos, organizaciones sociales y políticas, que se mantuvieron movilizados casi desde la efectivización misma de la domiciliaria, celebran la vuelta atrás de un acto vergonzante de la justicia. (Por La Retaguardia) El siluetazo realizado en enero en el Bosque Peralta Ramos, una de las tantas movidas para conseguir lo que falló la Cármara. (Foto de Agustina Salinas para La Retaguardia) La Sala IV de la Cámara de Casación Penal, compuesta por Mariano Hernán Borinsky comoPresidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos como vocales, La Cámara rechazó la excusa de la salud de manera contundente: “En cuanto al estado de salud de MiguelOsvaldo Etchecolatz ––supuesto también invocado por el a quo para conceder el arresto domiciliario-, cabe señalar que los informes confeccionados por el Cuerpo Médico Forense obrantes a fs. 693/695 y fs. 701/704, dan cuenta de las patologías que padece el imputado. Sin embargo, tal como fuera señalado por los impugnantes en sus recursos de casación, de dichos informes no se advierte impedimento alguno para que el nombrado permanezca en un establecimiento penintenciario, recibiendo la atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios paraatender sus patologías”. De esta manera además, deja expuesta la maniobra del Servicio Penitenciario Federal, que la semana pasada publicó La Retaguardia, donde el SPF pedía “destacar (del listado de personas propuestas para domiciliarias, entre ellas 110 genocidas), por su delicada situación, aquellos internos pacientes con Patología terminal, como así también aquellos que se encuentran con pronóstico reservado”. Casación dice ahora que eso no es cierto y alguien debería hacerse cargo de semejante responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad del asunto: que un genocida esté con prisión domiciliaria implica, en el mejor de los casos, que sus movimientos estén controlados por la tobillera electrónica, pero se dejan de controlar las visitas, las reuniones y los posibles planes criminales de gente que jamás demostró arrepentimiento alguno y, en cambio, sí demostraron ser capaces de cualquier cosa para escapar el alcance de la justicia.El fallo de la Sala IV por ahora solo remite a la causa conocida como Puente 12/Vesubio, ahora en trámite ante el TOF de San Martín. Todavía tiene que resolver sobre las domiciliarias que le fueron concedidas en La Plata. Aunque ya con una revocada, el genocida no podrá evitar regresar a la que nunca debió dejar de ser su casa: la cárcel común, perpetua y efectiva.Ahora resta saber si, revocada la domiciliaria más simbólica, la de Etchecolatz, también se revocan las restantes 16 que fueron otorgadas en noviembre y diciembre, tras el plan del gobierno para mandarlos a sus casas bajo la excusa del hacinamiento en las cárceles, cuestión que los genocidas no sufren porque están en pabellones especiales. Saber que pasará con el resto, nos ayudará a entender si nos entregaron a Etchecolatz para poder seguir liberando por goteo al resto o si, efectivamente, el gobierno vuelve atràs y los genocidas permanecen en las cárceles. DESCARGAR

Esta semana explotó en los medios tradicionales la noticia que La Retaguardia publicó en diciembre. El SPF generó listados de genocidas mayores de 70 años para que los juzgados los envíen a sus casas. La diferencia entre un listado y otro es que el plan está en plena ejecución. Aquí presentamos un documento que prueba que el SPF pidió “destacar por su delicada situación” a Miguel Osvaldo Etchecolatz, que hoy está en su casa de Mar del Plata.El comunicado preocupado del SPF. La nota de La Nación que habló del tema sin nombrar a los genocidas y la reacción tardía de la prensa y los organismos, que conocían el tema desde nuestra publicación. (Por Fernando Tebele para La Retaguardia) Tres meses después, debemos admitirlo, habíamos perdido todas las esperanzas. Pretendíamos y esperábamos que tras la publicación de aquella nota de diciembre, se produjera lo que sucedió el martes. Que el tema explotara. Que el gobierno, de manera directa o indirecta, tuviera que salir a explicar, ratificar o negar.Es raro todo. La nota nuestra tuvo muchísima repercusión, decenas de miles de lecturas, y hace tres meses que figura en nuestra lista de “más leídas”. Durante la transmisión en vivo del escrache a Etchecolatz, que fue visto por centenares de miles de personas, volvimos a hablar de esos listados. Enviamos la nota a organismos de derechos humanos. Nos encargamos de que les llegara a los medios tradicionales. Y salvo un comunicado de HIJOS La Plata adviritiendo acerca de la publicación, un reenvío a través del Boletín Electrónico de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), y algunas entrevistas que nos hicieron en medios alternativos, tuvimos menos eco político y periodístico que un grito debajo del agua.Si bien claramente nos gusta que nos citen, nos preocupa mucho más el objetivo político de la publicación de la noticia. En este caso es evidente: quisimos parar la nueva estrategia del gobierno para liberar genocidas. No lo conseguimos. Habrá allí una parte de responsabilidad propia: llegamos lejos, pero no tanto; nos faltan más herramientas para ser eficaces. Necesitamos más ayuda en la difusión de nuestros propios lectores/as y oyentes para crecer y que los canales alternativos nos aseguren romper el cerco informativo por cuenta propia. También quienes recibieron la noticia en aquel momento y no hicieron nada deberían pensar qué sucedió. Por qué no la publicaron hace tres meses, o por qué no se manifestaron públicamente, según el caso.Lo cierto es que el martes Infobae, Página 12 y El cohete a la luna, publicaron en términos de novedad la existencia de un listado de 96 genocidas que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) recomienda a los juzgados enviar a sus casas con tobilleras electrónicas. En parte es cierto, es novedoso, porque no es el mismo listado que publicamos nosotros. El de la nota de diciembre era un listado de noviembre; el que publicó El cohete es de enero. ¿Qué diferencia un listado de otro? Lamentablemente, la diferencia es que el plan del gobierno está en plena vigencia y comenzó a aplicarse incluso antes de nuestra publicación.De aquellos 110, 15 ya consiguieron regresar a sus casas. Empezando por Etchecolatz, Miguel Osvaldo – Ricchiuti, Luis José (San Martín) – Ríos, Víctor (La Plata) – Garachico, JuLio César (La Plata) – González, Osvaldo Néstor (CABA) – Herrero Anzorena, Emilio Alberto (La Plata) – Juncos, Rodolfo Antonio María (La Plata) – López Fader, Rafael Félix (San Martín) – Nani, Emilio Guillermo (Mardel) – Ríos, Juan Adolfo (CABA) – Vidal, Alfredo Hugo (CABA) – Vidal, Jorge Héctor (La Plata) – Gordillo, Roberto Edgardo (Tucumán), Rodríguez, Miguel Angel Alberto y Codina, Rubén Alcides (Gral Roca), ya están en sus casas disfrutanto del Plan Tobilleras electrónicas para todos y todas. En algún caso incluso tienen libertad condicional o total por haber recibido luego penas bajas o absoluciones, como el apropiador Ricchiuti o Rodríguez que recibió 8 años en el último tramo de la ESMA. Al cierre de esta nota, no pudimos reunir confirmaciones acerca de Guzmán, Oscar Francisco (Jujuy) – Otero Arán, Darío (Catamarca) – Lobos, Víctor Manuel (Gral. Roca) -,, que también dejaron de ser sugeridos de un listado a otro. La certeza que tenemos es que de los 110, 15 no están más en las cárceles. Quizá con eso se haya resuelto la cuestión del hacinamiento…Decíamos en esa ocasión, “La excusa es garantista, esa palabra que tan poco les gusta. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (¿o habrá que decir, en este caso, de La Nación?) dictó, el 27 de diciembre de 2016, la acordada Nº43. Citamos un tramo: “Requerir del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tenga bien implementar medidas concretas en el marco de sus competencias para dar solución Ia situación de las unidades carcelarias, lo que tiene directo impacto en el Centro de Detención Judicial”. Traducimos al lenguaje cotidiano: es la respuesta de la Corte a un reclamo, realizado entre otros por la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional), para mejorar las condiciones de detención en la Unidad 28 (Centro de Detención Judicial, ubicada dentro del palacio de justicia), donde la Procuvin constató el 2 de septiembre de 2013 “las condiciones infrahumanas” en las que se encuentran las personas detenidas allí. Incluso su titular en aquel momento, Abel Córdoba, dijo que lo que vio le recordaba a los testimonios que había escuchado de personas secuestradas durante el genocidio, ya que fue fiscal en causas de lesa humanidad en Bahía Blanca. El SPF respondió que esa situación de detenciones prolongadas en un lugar que debería ser de tránsito hasta que los presos declaren, tiene que ver con el hacinamiento en las unidades penitenciarias. Entonces recomienda utilizar el recurso de las indagatorias vía videoconferencia para evitar los traslados, y aprovecha para reforzar la idea del uso de la tobillera electrónica, como manera de descomprimir la grave situación de hacinamiento de los presos comunes”. Una prueba de que esto que decíamos es correcto, podría ser una nota del diario La Nación. La publicación se realizó el mismo día en

Desde hace semanas La Retaguardia venía intentando dialogar con Agustín Santillán. Anoche sonó el teléfono, número privado decía, y allí estaba su voz y tono inconfundibles. Agustín quería hablar pero tenía que ser en ese momento. Así, rápidamente, iniciamos este diálogo interrumpido varias veces por la poca señal y, al final, ya sin batería, Agustín no llegó a decirnos lo que luego nos anunciaría. La semana próxima, si no se resuelve su excarcelación en la segunda instancia que se está tramitando, reiniciará una huelga de hambre. Además describió su lugar de detención, agradeció a Félix Díaz por el acompañamiento y explicó que la causa más grave que tiene en la actualidad es por una toma de la intendencia, en la que integrantes de su comunidad se llevaron donaciones para la gente inundada que estaban arrumbadas en un galpón. (Por Fernando Tebele para La Retaguardia) Agustín Santillán: -Quiero contar un poco la situación que estoy viviendo acá en Las Lomitas.La Retaguardia: -Llevás más de dos meses preso, ¿cómo estás? AS: -Todavía estoy en un calabozo desde el que me trajeron cuando me detuvieron en Ingeniero Juárez. Le pido ayuda a los hermanos o a los que están escuchando esta grabación, que ellos me puedan ayudar. Pido que se difunda porque no puede ser que nosotros estamos en democracia y a mí me tienen como un preso político por estar en contra del gobierno de Formosa. A mí me persiguen hace varios años. Venía recibiendo amenazas. Cualquier cosa que pasa en Ingeniero Juárez me echan la culpa. Tengo como seis causas. Entre esas está incluida la toma de la municipalidad. En ese momento nosotros reclamábamos por la inundación que sufrimos. Hermanos que perdieron todas sus cosas y no tenían ayuda de nada. Entonces el gobierno mandó cosas y el gobierno en lugar de repartir, guardaron en depósitos. Entonces la gente decidió ir a la municipalidad y encontraron mercaderías, colchones y frazadas. Algunas cosas ellos llevaron porque sabían que eran de ellos. Ahí me armaron la causa por robo en poblado y en banda. Después está el tema de la delegación zonal. Nosotros hicimos una manifestación pacífica, reclamamos por seguridad en las escuelas. Hay muchos hermanos que están cobrando 1000 pesos, 500 pesos por estar trabajando en la escuela y ellos querían un aumento. Ahí también me armaron una causa. Y el enfrentamiento de los jóvenes con la policía. Que ellos decían que yo soy el cabecilla y yo no tengo nada que ver y no tengo conocimiento de esas cosas. Por eso estoy detenido y castigado acá en un calabozo. Por eso pido a todos los hermanos. A los derechos humanos y a todas las organizaciones ayuda así yo puedo recuperar mi libertad, porque estoy acá en un calabozo, una pieza de 2×3. Tengo dos descartables donde tengo que orinar y después a la mañana tirarla afuera. LR: -La causa principal por la que no te dan la excarcelación es la del robo en poblado y en banda. ¿Esa es la que la gente se llevó los colchones y otros artículos de primera necesidad tras las inundaciones?. AS: -Sí, eso también está en la causa. Robo en poblado y en banda con armas decían. Cuando nosotros tomamos la municipalidad nosotros pedíamos al intendente, la gente pedía no yo, y el intendente dijo acarreó en su vehículo y llevó a los barrios. Por esa causa estoy detenido. Después en un barrio (Barrio Obrero) había problemas que unos jóvenes habían enfrentado a los policías y en eso también dijeron que yo los mandé, que yo participé; es que justo yo paso y por eso me incluyen. En todas las causas me incluye la policía para que yo no me quede libre, para que me metan preso. Cualquier cosa y me acusan a mí, y por eso estoy detenido. LR: -¿Te considerás un preso político? AS: -Sí. A mí me meten preso por estar reclamando por todas las injusticias que están pasando en nuestra comunidad. Mira que hubo tantas inundaciones ahí en Ingeniero Juárez y no pasa nada, realmente nada. Mandaban a los policías a los barrios para que anoten los nombres y después no había ayuda. Hay muchos chicos que murieron, porque ellos estaban dentro del aguas, sus casas y sus cosas se perdieron, y eso es lo que quiere ocultar el gobierno, por eso yo estoy preso por difundir, por hablar de la realidad que ellos no reconocen. A mí me tienen marcado, pero yo las cosas que hacen los jóvenes yo no sé nada. Nuestra comunidad sufrió muchas cosas en estos últimos meses. Primero pasó la tormenta. Luego se inundó totalmente Ingeniero Juárez y todas las comunidades están bajo agua. Con los jóvenes hicimos reclamos. Cortamos la Ruta 39 pidiendo ayuda al gobierno o a alguno que venga a ayudarnos, y por eso a mí me persiguen: por reclamar y difundir la realidad.LR: -¿Cómo fue la detención? AS: -Yo me enteré que había problemas esa noche y a la mañana se estaba por hacer una reunión para ver qué se podía hacer con los jóvenes que se estaban enfrentando con los policías y los vecinos. Yo fui para participar en la reunión. Yo veía, pasaba por la sala y después me paré ahí y me llamó el comisario de Juarez. Me bajé, lo saludé, dijo: “llévenlo”, y ahí comenzaron a golpearnos. Me metieron una patada en la cabeza, tenía toda la cabeza hinchada. Me golpearon las manos. Me golpearon entre todos los policías y yo tenía miedo que me pasara algo, que me golpearan en la columna y quedara inválido. Así me llevaron, como a un criminal. Me llevaron a la comisaría y me dijeron que estaba detenido por estas causas. Después me llevaron a Las Lomitas y me metieron en el calabozo en el que estoy hasta ahora. LR: -¿Cómo es el lugar de detención? AS: -Mira es una pieza de 2×3. Tengo una camita, una mesita, mi termo, y dos bidones donde puedo orinar. Tiene la luz. Es un lugar

Gustavo Hernán Giménez está preso en Ezeiza y podría ser extraditado a los EEUU por una causa armada. Era trabajador de un call center, estaba precarizado con la mitad del sueldo en negro, pasó 9 años ahí y de un día para otro la empresa lo dejó en la calle. Cuatro años más tarde INTERPOL lo fue a buscar a su nuevo empleo acusándolo de los mismos delitos que se le imputan a su patronal. En el Enredando las Mañanas de este jueves hablamos con Noelia Rivera, su pareja, quien está desesperada intentado evitar la extradición y procurando su libertad. (Por RNMA)Foto: La angustia de Noelia. (Agencia Para la Libertad) “Mi marido se llama Gustavo Hernán Giménez, tiene 34 años al igual que yo; se encuentra detenido desde el 23 de febrero en Ezeiza”, comenzó contando Noelia Rivera. “Durante 9 años trabajó en un call center que cierra en el año 2013”, explicó. “Él va a trabajar un día como hacía cotidianamente y se encuentra junto con sus compañeros el call center cerrado; la gerente de la empresa, Constanza Cabra, informa que su tío, dueño de la empresa, y su socio, se encontraban detenidos en Miami, entonces la orden era borrar toda la intranet, los correos, quemar todas las documentaciones; los empleados, ante este temor, querían guardarse cosas pero no los dejaron ingresar: ese fue el último contacto que mi marido tuvo laboralmente con la gerenta y con su trabajo, de un día para otro quedó en la calle”, explicó.La mujer relató que “el call center vendía productos de estética del mercado hispano de EEUU, por ejemplo fajas reductoras, cremas para adelgazar; estaba localizado en Argentina y todo lo que era el armado, la distribución y la entrega de paquetes era en Miami, se encargaban los dueños que son Martín Rioja y Daniel Carrasco, que actualmente se encuentran detenidos desde el año 2013 con una pena de 12 y 10 años respectivamente acusados de conspiración, estafa electrónica, fraude postal y enriquecimiento ilícito”. A ellos “se les inició una causa penal y civil, se les embargaron cuentas en paraísos fiscales, alrededor de 20 propiedades alrededor del mundo, yates, motos de agua, autos de alta gama, era una familia muy enriquecida y poderosa no solamente en EE.UU. sino también aquí en Argentina”.Luego de que Giménez queda sin trabajo “empezamos a mandar los telegramas a las diferentes direcciones que teníamos, porque también era una empresa inestable en cuanto a su razón social, cambiaba reiteradamente de nombre”, además “él tenía la mitad del sueldo en blanco y la mitad en negro”. Buscaban que se liquide su último sueldo y la indemnización por haberse desempeñado 9 años en esa empresa, pero “todo fue rechazado, así que asumimos que estaba perdido y se puso a buscar trabajo, a los dos meses consigue de telemarketer y estuvo trabajando hasta el 23 de febrero del 2017 en un call center que vende líneas de teléfono e Internet de una misma empresa”. Ese día “llegan siete agentes de INTERPOL y se lo llevan diciendo que tiene un pedido de extradición a Estados Unidos”, relató la mujer. Se lo llevaron a la Alcaidía de General Paz y Madariaga  y luego a Comodoro Py.“Los cargos que a mi marido se le atribuyen son estafa electrónica, estafa postal y tentativa de asociación delictuosa, que son los mismos cargos que tienen los dueños”, remarcó Noelia Rivera, quien “empeñando hasta lo que no tengo conseguí la posibilidad de abonar un abogado particular, empezamos a leer el expediente y los dueños se presentan como testigos colaboradores de la justicia norteamericana y manifiestan que Lucas Herrero, que era gerente de la empresa, y Gustavo Giménez eran los que se encargaban de manejar el call center aquí en Argentina, motivo por el cual lo acusan de cometer esos delitos y piden la extradición para ser enjuiciados allá; o sea, a mi marido se le atribuye ser un socio gerente de una empresa, con cargos similares a los cuales por los que están detenidos hoy los dueños, cuando era un simple empleado y de eso están todas las pruebas”. También explicó que “en Estados Unidos está la institución de la ´delación premiada´, que es algo parecido a lo que se está discutiendo hoy acá del ´testigo colaborador´, significa que a cambio de aportar alguna información que sea relevante o importante para la causa se pueden obtener beneficios generalmente en términos de reducción de pena; es muy probable que tenga que ver con esto”. Sin embargo, relató, “eso es inconstitucional, porque en la delación premiada no se puede delatar a un inferior, siempre tiene que ser a alguien jerárquicamente por encima, que es lo que nuestros abogados van a exponer el día del juicio por extradición, para el que todavía no tenemos fecha”.La compañera de Giménez aseguró que él “ni siquiera tenía contacto directo con los dueños, siempre era a través de la gerencia de la empresa”.En relación a la esfera judicial, dijo que “se presupuso que por algún motivo la embajada estaba presionando bastante, en dos o tres días se abrió el proceso penal que suele tardar varios meses y ahí se frenó” y resaltó que “estamos esperando que el Juzgado Federal ponga fecha para el juicio de extradición porque mientras tanto mi marido sigue detenido; no le han dado la excarcelación por un error burocrático administrativo, por una mala elevación que se hizo desde el juzgado federal diciendo que hay peligro de fuga”. Agregó también que “no hay un argumento sólido de por qué no corresponde llevar esto a Corte Suprema y se entregó el día lunes nuevamente el recurso de queja para que lo vuelva a rever Casación a ver si nos autoriza que la Corte Suprema vea el tema de la excarcelación porque mientras se definen fechas él sigue detenido”.Gustavo Giménez lleva más de tres meses detenido. “Él está muy angustiado, nunca tuvo antecedentes, no tuvo ninguna conducta inapropiada a lo largo de su vida”, remarcó Rivera: “hace 18 años que estamos en pareja, tenemos

El gobierno nacional retomó el debate de un proyecto que apunta a bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. En el programa radial La Retaguardia, que conducen Fernando Tebele y Eugenia Otero, hablamos con Laura Taffetani, integrante de la Fundación Pelota de Trapo que trabaja cotidianamente con niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad, para conocer su opinión sobre esta discusión que una vez más aparece en la sociedad argentina impulsada por el poder de turno. (Por La Retaguardia) “Si uno fuera cínico diría que está bueno que bajen la edad de imputabilidad incluso para los bebés, cosa que creo que los chicos estarían mejor en las cárceles que en las tierras en las que están viviendo, en los asentamientos, con tema narcotráfico, con el paco, con el hambre, con la policía, esos sí que son infiernos. Son cárceles legitimadas y naturalizadas por la propia sociedad, y ahí hay millones de pibes y es ahí donde están penalizados desde que nacen”, afirmó Laura Taffetani de Pelota de Trapo en el inicio del diálogo con el programa radial La Retaguardia.La abogada, especialista en infancia y adolescencia, señaló que cuando se habla de bajar la edad de imputabilidad en realidad habría que pensar más en qué es lo que se quiere lograr en relación al tema específico de la inseguridad: “creo que el principal logro, y lo logran realmente cada vez que largan estas discusiones a la opinión pública, es que se construya como enemigo a los pibes y no se vea todo lo que está sucediendo. Desde hace tiempo, recibimos desde los noticieros las noticias más graves con una naturalidad impresionante, vemos entonces que hay una ciudad tomada por los narcos como Rosario, que la policía o dos por tres un comisario están involucrados en todas estas acciones, ciudades enteras, barrios enteros, la 1-11-14, y con una naturalidad escuchás a los periodistas decir que no se puede entrar a un pasillo, hablar de la cantidad de muertos, de las balas perdidas… de todo esto es de lo que no hablamos cuando empezamos a hablar de la baja en la edad de imputabilidad. Es una cosa muy perversa por los costos que tienen después, uno sabe bien que después de estas discusiones es cuando dejamos más inermes a los pibes, porque la sociedad misma piensa en el enemigo y entonces siente que está lejos de tener una responsabilidad en esto y una responsabilidad en las generaciones que vienen, hay que pensar que un país se construye a partir del proyecto que se tiene como infancia, entonces es como ‘listo, no es más mi problema, es más, es mi enemigo y si los terminan es mejor’”, reflexionó.Para Taffetani, la instalación del tema de la baja en la edad de imputabilidad, aunque después el proyecto no avance, se da generalmente en momentos en que el tema de la inseguridad empieza a tener fuerza en los medios: “venimos viviendo en los últimos tiempos muchísimos hechos de mucha gravedad, es la consecuencia de la impunidad con la que se mueven; pero lo cierto es que esta discusión viene siempre que se suceden varios hechos delictivos en los que es cuestionada la política de seguridad del gobierno que corresponde ante cada hecho, entonces lo que se hace es desviar el eje. En este caso yo lo desconozco, pero uno ha tenido varios años en esto como para saber que hay internas que se juegan en seguridad y evidentemente cada vez que se suceden hechos como los que han pasado estos últimos días tiene que ver con internas que quizás nunca nos enteraremos. Podríamos hacer un rastreo y creo que sería muy sano hacer una investigación al respecto, pero tuvimos varios gobernadores en la provincia de Buenos Aires desde (Carlos) Ruckauf en adelante, pero (Daniel) Scioli fue recurrente en esto, siempre venía con el tema de la baja de imputabilidad en momentos en que estaba habiendo alguna conflictividad más seria de lo habitual en el tema de inseguridad, entonces desviaba el eje, construía el enemigo pero no se hablaba más de la policía”.En este punto, Taffetani retomó lo sucedido en los últimos días, con el asesinato del adolescente Brian Aguinaco: “lo vemos en el tema de Flores, que inclusive es lo que terminó derivando en esta discusión, las primeras marchas allí fueron justamente por las zonas liberadas de la policía, después terminamos hablando de Brian el autor (menor señalado como autor del asesinato de Aguinaco), con todo lo terrible porque realmente es un fenómeno doloroso cómo dos jóvenes terminen, uno siendo victimario del otro, en una cosa simplista de discutir que el problema de seguridad en nuestro país se debe a los chicos que delinquen. La verdad que es muy hipócrita”. Exclusión, locura e individualismo La integrante de la Fundación y Agencia Pelota de Trapo relacionó directamente estas acciones y discusiones con la exclusión social: “a esta altura del partido puedo conocer cuál es la razón con la que se mueve un Estado para sostener una exclusión social como la que sucede en Argentina y que ha ido creciendo en estos 40 años, es decir sostener la desigualdad, sostener nosotros en nuestra mirada la desigualdad que tenemos a ojos vista no es fácil. Una cosa que me había impactado mucho es que Alberto (Morlachetti, referente del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo y de la Fundación Pelota de Trapo, fallecido en 2015) hablaba siempre de la condición humana – porque trabajaba mucho el tema – y decía que realmente para una persona convertirse en asesina o aceptar un genocidio tiene que siempre encontrar razones, sino se vuelve loco. Entonces de qué forma nosotros aceptamos una sociedad como en la que estamos viviendo, evidentemente es buscando siempre razones por las cuales es válido que chicos mueran de hambre, crezcan cercenados en las facultades más concretas, sean personas que terminan siendo analfabetas funcionales porque no han tenido ningún tipo de estímulo y sobreviven mutilados o lo que sucede después cuando van creciendo que a ellos les toca