Feminismo
Página: 4
Una vez más, la jornada del 8 de marzo fue histórica. Calles repletas, brazos en alto, solidaridad y mucho glitter con predominio abrumador de verde y violeta. Una vez más, las pibas levantamos la voz, bien alto, para que quede bien claro que no nos callamos más. Compartimos un fotoinforme de la jornada en la Ciudad de Buenos Aires. (Por La Retaguardia) 📷 Fotos: Bárbara Barros/La Retaguardia
Estamos ante un nuevo 8 de marzo y las cifras de femicidios aumentan, los casos de abusos se intensifican, como así también la complicidad del Poder Judicial. Es alarmante la situación y gritamos que paren de matarnos y abusarnos. Hoy es un día especial. Pero no para emocionarnos con las flores y el “feliz día”. Hoy es un día especial porque sentimos que en este día, más que nunca, es cuando deben escuchar nuestros gritos de indignación y furia, cuando deben mirar nuestra lucha imparable. Todos los días luchamos. Todos los días gritamos. Pero hoy, el grito es mundial. Salgamos a las calles a pedirle nuevamente al Estado que se haga cargo de sus deberes como garante de derechos. Salgamos a gritar por las pibas que se llevaron y también por las pibas que nos mataron. Por las sobrevivientes que son obligadas a recordar y, que siendo descreídos sus relatos, padecen las violencias más inusitadas en los procesos judiciales. Hoy es por mí. Hoy es por vos. Por todas; las que estamos, las que no están y las que vendrán. (Por La Retaguardia) #DóndeestáTehuel #AbsoluciónparaHigui #Sevaacaer 📷 Foto: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia
El 15 de marzo a las 9.30 comienza el juicio que tiene como imputada a Eva Analía de Jesús, Higui, quien hace 4 años, fue víctima de ataque sexual y, al defenderse, le quitó la vida a uno de los agresores. Gabriela “Chiqui” Conder, abogada de Higui, pasó por el programa radial La Retaguardia y contó cómo se llega a este juicio. La Retaguardia junto a Feminacida hemos pedido autorización para televisar el juicio en vivo y realizar una cobertura especial en conjunto. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero/Agustina Sandoval Lerner 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia La abogada Gabriela Conder contó quién es Eva Analía de Jesús y por qué llega a la situación de estar sentada en el banquillo como “culpable”. “Higui es una chica que es lesbiana, que estuvo cerca de ocho meses presa por defenderse. Sufrió un ataque sexual, lo que se llama ‘intento de violación correctiva’, por su condición de lesbiana. Lo que le decían los agresores es que ‘querían hacerla mujer’. Ella en esa oportunidad se defendió y el resultado es que uno de sus atacantes fue muerto. Ahora empieza el juicio. Está acusada con el cargo de homicidio simple. No tuvieron en cuenta que había varios hombres, que ella es una persona que mide 1,50, ni su condición de mujer”, dijo. Y agregó: “Higui hoy se encuentra en libertad, porque la Cámara de Apelaciones se la concedió, después de una gran lucha. El Tribunal de Instrucción fue totalmente misógino. A Higui la sacaron las pibas”. Conder contó cómo fue el maltrato policial que recibió Higui después de lo sucedido, entre otras irregularidades. “Después de que sucede el hecho, estaba en la comisaría, y cuando ella declara que la querían violar, se burlaban de ella. Le decían: ‘¿Quién te va a violar a vos?’. Esto es parte del hostigamiento que sufrimos las mujeres. Ella estaba muy golpeada y no la dejaban cambiarse. Esto consta en las fotos, porque había algún certificado de un médico que decía que Higui tenía algún hematoma. Pero una cosa es ver un certificado y otra es ver cómo estaba Higui en ese momento, porque acababa de recibir una paliza”, dijo. “Higui está viviendo esto de una manera muy intensa. Muy tensa también. Con mucha angustia y mucha ansiedad. La acusación que cae sobre ella es muy grave. Ahora hubo una convocatoria que surgió a través de compañeras lesbianas que acompañan a Higui desde el principio. Hubo un montón de chicas que se juntaron y empezaron a organizarse. La idea es que acompañen el juicio, algunas desde adentro, otras en la calle. Darle visibilidad a este caso y a la temática en general. La cantidad de violaciones correctivas que hay es increíble. Hemos tenido reuniones que fueron muy duras, porque desconocía la magnitud horrible de estos casos”, dijo la abogada. En las últimas semanas hubo concentraciones en Plaza de Mayo en apoyo a Higui. Conder, acerca de una de estas convocatorias, concluyó con alegría: “Hacia el final de la jornada a Higui le cambió la cara cuando una de las chicas sacó una pelota de fútbol. Es su pasión”.
La agresión ejercida por José Ernesto Schulman, ahora expresidente de la centenaria Liga Argentina por los Derechos Humanos, a una trabajadora de la Terminal de ómnibus de Santa Clara del Mar, nos abre la puerta no sólo al análisis del video viralizado, algo que los medios tradicionales ya han hecho hasta el cansancio, sino a un movimiento más comprometido con la reflexión en torno a la violencia en nuestros espacios cotidianos, utilizando las herramientas que nos brinda la experiencia del movimiento feminista. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Chechu Rodríguez/Tamara Alfaro Moreno 💻 Edición: María Eugenia Otero/Fernando Tebele 🖍️ Ilustración: Marilina Contreras/La Retaguardia En el video, claramente, hay un acto de violencia patriarcal, un abuso de poder simbólico y físico perpetrado por un hombre mayor sobre una mujer joven en su ambiente laboral. Sin embargo, la mayoría de los titulares pusieron el foco en que el atacante es (¿era?) un referente de los derechos humanos en nuestro país. Por eso mismo la condena social se extendió tan rápida y públicamente como fue posible. Hubo mucha gente apurada por “despegarse” de la figura de Schulman. Aparecieron indignadìsimos -y muy bien escritos- repudios al hecho, acompañados de solidaridades vacías hacia la empleada. En las redes sociales se multiplicaron los comentarios, algunos desde la ignorancia absoluta sobre la militancia que Schulman viene sosteniendo por los DDHH y, otros, sobre hechos anteriores de violencia patriarcal, de carácter mucho más sutil, que Schulman habría tenido con compañeras en esos mismos espacios de lucha. En el video se puede ver cómo el sistema patriarcal se manifiesta con claridad, con todo el abuso de poder en primera plana, pero, ¿qué pasó con esas situaciones previas que no implicaban violencia física ni amenazas y que no fueron filmadas ni viralizadas? Para ser recordadas a partir del video, debieron ser vistas y reconocidas como injustas e inapropiadas cuando sucedieron; sin embargo, el trasfondo patriarcal parece esclarecerse recién ahora, con todos los dedos señalando a Schulman. “Vergüenza es robar y que te pesquen”, dice un viejo dicho. Desde registrar micromachismos, sutiles y a veces imperceptibles ejercicios de dominio masculino en la vida cotidiana que atentan contra las subjetividades femeninas, hasta visibilizar las violencias más explícitas, como las psicológicas, políticas, económicas o sexuales, es importante mirar nuestros espacios cotidianos desde la perspectiva de género. De otra manera los hechos se contemplan por el impacto de los mismos como si fueran un “sin sentido” o “un desborde” de quien se posiciona en protagonista, justamente por la carencia del análisis contextual e histórico de estos actos. La disculpa de Schulman, precisamente, sólo abarca el único hecho de violencia que se hizo público, presentándolo como un hecho aislado en una vida de lucha y militancia, como una acción contraria a todas sus convicciones. Y seguramente él lo perciba de esta manera y muchas/os de sus compañeras/es de militancia, también. Y no es mentira: efectivamente hay una vida de militancia antes de este hecho; es cierto que Schulman es un referente de los derechos humanos; también es verdad que esto va en contra de las convicciones que defendió a lo largo de su vida. Pero también hubo (hay) una violencia no percibida, normalizada y, seguramente, silenciada. Existe un silencio cómplice, un pacto entre caballeros que suele establecerse entre los varones, especialmente entre aquellos que ocupan posiciones de poder. Pero también existe otro silencio, el de la costumbre, por llamarlo de alguna manera, que incluso puede ser no solo de varones. Se percibe el acto como algo violento, pero también se lo minimiza y se lo excusa hablando de generaciones distintas, de malos momentos o de desbordes; se lo olvida a la luz de los logros y/o del cariño hacia quien lo realiza; se supedita el bienestar de quien padece esa violencia por un bien mayor, el de la organización o el de la lucha conjunta… Cuando no podemos mirar nuestros espacios cotidianos desde la perspectiva de género, se nos olvida que todas, todes y todos crecimos en una sociedad patriarcal. Eso incluye a las personas referentes, y nadie está exento de comportarse en forma violenta. Ni siquiera nuestras propias prácticas, ni las de nuestras amistades, familias y militancias quedan afuera. Condenar públicamente una conducta violenta porque fue filmada y viralizada sin reflexionar en clave de género sobre las prácticas institucionales que habilitaron la escalada de violencia, es convertir al victimario en un chivo expiatorio. Es lavarse las manos. Una salida fácil y políticamente correcta para las organizaciones y los medios tradicionales de comunicación. Incluso, da lugar a la victimización de la persona violenta. Entonces, continuando con esta tarea reflexiva y ya que vivimos y asistimos al mismo sistema educativo, nos desarrollamos laboralmente y nos criamos dentro del sistema patriarcal, sin señalar o escandalizarnos casi como tomando distancia del hecho, pero poniéndolo en contexto, cabe preguntarnos: ¿estamos pudiendo ver en nuestros espacios cotidianos las acciones mínimas simbólicas, psicológicas, verbales, que anticipan situaciones violentas como las publicadas? ¿Qué estamos haciendo para erradicar este tipo de violencia en ellos? ¿Qué hacemos con quienes cometen un acto de este tipo? Demasiadas preguntas quizás. Apostamos a que, en la medida en que nos las hagamos, podamos encontrar respuestas. Y que sean, sobre todo y esencialmente, nuevas construcciones colectivas.
En un comunicado oficial, la Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre la incorrecta aplicación del Síndrome de Alienación Parental (SAP) en casos de violencia sexual en España contra niños, niñas y adolescentes. El organismo internacional se refiere a un caso específico en que la justicia desprotege a una madre y a su hija e ignora los testimonios de la niña que denuncia el abuso de su progenitor. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Tamara Alfaro Moreno 💻 Edición: Diego Adur 🖍️ Ilustración: Marilina Contreras En los últimos días se hizo público un documento periodístico en el que la ONU alerta que en España se encuentran utilizando falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) en documentos profesionales periciales, forenses y judiciales en casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Esta falsa teoría desmentida por organismos internacionales y colegios de profesionales a lo largo de todo el mundo (en Argentina describen la gravedad de su uso la Dra. Eva Giberti o el Dr. Carlos Rozanski, por ejemplo), todavía es utilizada en informes profesionales que deslegitiman el testimonio invaluable de la persona que padece el abuso, con el esfuerzo psíquico que conlleva ponerle palabras a lo innombrable, y la exponen a violencias aún más graves por haberlo hecho. Además de que responsabilizan a la madre protectora por “hacerle creer eso al niño/a”. En el documento se recuerda que este no es un caso aislado. Que desde las relatorías de Naciones Unidas se ha pedido explicaciones al Gobierno español sobre el uso de estereotipos de género en la justicia y concretamente sobre lo extendido del uso del Síndrome de Alienación Parental en al menos cuatro ocasiones: “Nos preocupa que, a pesar de ellas, los problemas estructurales referidos sigan presentes de diferentes formas”, refiere el escrito. En estos lares, lastimosamente no cambia la situación. En 2020, a raíz de una situación que sucedió en los medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos, la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entre otros organismos firmantes, manifestaron el rechazo al uso del SAP en un documento público (“La aplicación del denominado Síndrome de Alienación Parental produce severas afectaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes”). A pesar de ello y desoyendo estas sugerencias, lo continúan utilizando en evaluaciones solicitadas judicialmente. Esto se vio de manera evidente en el caso de la lucha de Daniela, madre protectora e impulsora del #Alerta Martin, quien se encuentra atravesando en este momento una dura lucha judicial para proteger a su hijo de los abusos de su progenitor. Convivimos con mitos a diario que nos impiden quitarnos el velo y ver la vida con otra perspectiva. En este caso el SAP potencia el mito de “las falsas denuncias”, y si quien lo dice es un equipo de profesionales especializados de la justicia o de donde sea, el impacto para las víctimas es irreparable. La violencia sexual existe, arrasa las mentes y cuerpos de quienes la padecen y en la mayoría de los casos sucede en los lugares que pensamos que son los más seguros.
Lo dijo Victoria Aguirre, vocera nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), acerca del informe que redactó el Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos”, sobre 38 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en enero de 2022. En diálogo con el programa radial La Retaguardia, Aguirre puntualizó en detalles del informe, habló de la responsabilidad del Estado como garante de la integridad física y de cómo influye el acompañamiento de las redes de contención. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 🖍️ Ilustración: Chechu Rodríguez El Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” de Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) presentó un nuevo informe en el cual constan 38 muertes violentas de mujeres, travestis y trans desde el 1 hasta el 31 de enero. De las 38 muertes a manos de femicidas, 24 son femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios. Ocho muertes están asociadas al género, vinculadas a economías delictivas; como el narcotráfico, la venganza, las deudas, y a delitos comunes. Hay tres muertes de mujeres en proceso de investigación y tres suicidios femicidas. Victoria Aguirre, vocera nacional de Mumalá, desarrolló los puntos principales del informe. Acerca de esta problemática, dijo: “Continuamos con esta denuncia, con el pedido de declaración de emergencia, de Ni una menos. Pasó enero y lamentablemente tenemos que contabilizar 38 muertes violentas, una muerte cada 19 horas en Argentina de una mujer, una persona travesti-trans en ocasión de violencia, ya sea por economías delictivas o por femicidio intrafamiliar”. —Vemos que fueron 24 los femicidios vinculados y travesticidios, ¿qué englobamos ahí? —Dentro de esos 24 femicidios, 19 son directos, es decir, la víctima es la mujer, la feminidad disidente, a la cual se quería lesionar. Un vinculado de niña mujer, es decir, que este fallecimiento tiene que ver con provocar el dolor, en este caso a la madre de esta niña o persona cercana, porque posiblemente el vínculo es otro para causarle dolor. Esa es la diferencia entre femicidio directo y femicidio vinculado. El femicidio vinculado se puede dar por dos formas, una es con esa intención de presionar una víctima principal, que en este caso es la mujer o femenina disidente, y en otro caso es cuando esa tercera persona se interpone a fin de evitar el femicidio y termina en la línea de fuego o en la ocasión de la violencia, tratando de guardar la otra vida. Cuando vemos el informe también vamos a tener femicidios vinculados de varones o de niños y tienen que ver con esta situación, con el vínculo que tenía con esta mujer, la cual el fin último era tratar de lesionar. En este caso la lesionan psicológicamente con un daño tan enorme como perder un hijo. —Lo que suelen arrojar siempre estas estadísticas es que la gran mayoría de los casos son en las viviendas de la víctima y muchas veces son parejas o gente conocida. —Exactamente. Ese es un dato que está desde el 2015, creo. Que lo seguimos reflejando y la verdad es que yo siempre voy hacia el mismo ejercicio. Hoy estamos en un 55% de femicidios cometidos por parejas o exparejas. Normalmente este número siempre es arriba de 65. Pero si sumamos parejas, exparejas, hombres conocidos por la víctima, familiares directos o indirectos, el número total es 90. El 90% de los agresores tienen un vínculo con la víctima. El informe también aclara que hubo en enero 28 intentos de femicidios. Teniendo en cuenta que las muertes violentas son 38, y de haberse consumado esos intentos, el número sería el doble. Al respecto, Aguirre dijo: “Ahí es donde tenemos que reforzar esto de ¿qué sucede ahora con estos intentos de femicidio? Porque la contracara de lo que nosotras denunciamos en este informe es que estas víctimas de intento de femicidio si no tienen un sostén económico importante para poder llevar una querella, dependen exclusivamente de la voluntad de los juzgados”. ¿Y las fuerzas de seguridad? Del 1 de enero al 22 de noviembre de 2021 se cometieron 203 femicidios de un total de 298 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. El informe de Mumalá de ese año refleja que un 13% de los femicidios fueron cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. En el informe que contempla sólo enero de 2022, el 5% de los femicidios fueron en manos de integrantes de las fuerzas. —En muchísimos casos no se les quita el arma reglamentaria a los integrantes de las fuerzas que son femicidas y tampoco se los condena. Es muy complicado aplicar justicia de alguna manera, ¿no? —El porcentaje anual suele ser el 13 o el 15%. Un 5% en una primera estadística es un montón. Es muy grande el número. Es muy representativo en 24 femicidios. El tema es que no termina de cerrar ese círculo y justamente lo que nosotras vemos en la relación con las fuerzas de seguridad es que además de la violencia sufrida, también hay un cierre hacia adentro que no permite que las y los familiares de las víctimas puedan acceder a la justicia también. Porque es difícil encontrar una institución donde sus propios integrantes, no todos, pero un porcentaje que es el que venimos denunciando, cometen delitos o tienen la potestad de estar circulando con un arma. Están capacitados físicamente para poder someter a las víctimas. O sea, es muy compleja la situación de quienes están atravesando violencia en manos de fuerzas de seguridad. Uno de los últimos casos que hubo en Chaco es que la víctima tenía 24 denuncias hechas a un policía. Entonces ya ese es otro caso muy similar al de Úrsula (Bahillo), que fue muy emblemático y lo que justamente nos refuerza es que no se está trabajando con las fuerzas de seguridad de forma criteriosa, que no hay una implementación de la Ley Micaela, no hay un resguardo de las personas que denuncian violencia, y lo más preocupante es, ¿cuál es el verdadero acceso que tienen estas personas que están sufriendo violencia a manos
A un año de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE Ley Nº 27.610), repasamos los derechos que allí se manifiestan, para tenerlos a mano. El comienzo de 2022 y las historias angustiantes de tres niñas que debieron haber sido asistidas en el marco de la ley. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Tamara Alfaro Moreno 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia ⚠️ Si colocamos en a la búsqueda de Google “Niña de 10 años abusada”, las tres primeras publicaciones de enero del 2022 son las historias de tres niñas publicadas por Página 12. Una de ellas de 11 años violada y asesinada durante el festejo de año nuevo, y otras dos niñas de 10 años que fueron obligadas a parir en nuestro país. De estas dos, la primera de ellas reside en Misiones; la otra en Tucumán. En este caso, su agresor sexual se encuentra prófugo. Mientras tanto, transcurrieron siete meses en el que el cuerpo de la niña se fue transformando por el embarazo sin que nadie dijera nada. Ni la Justicia de familia, ni la dirección de niñez, ni el servicio de salud al que acudió, ni quien fuera su tutor o tutora legal e incluso la escuela a la que asistía. ✅ Tenés derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana catorce (14) inclusive, sin tener que explicar los motivos de tu decisión. ✅ Cuando el embarazo es resultado de una violación o existe riesgo para la salud o la vida, no importa cuántas semanas lleves de embarazo. ✅ Podés solicitar y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud, de conformidad con lo establecido en la ley. ✅ Podés solicitar y recibir atención después del aborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la ley. ✅ También podés prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, Educación Sexual Integral y a métodos anticonceptivos eficaces. ✅ La sanción de esta ley brinda una gran herramienta jurídica. Pero hay que seguir luchando no solo para garantizar su implementación, sino también por las de todo el conjunto de leyes que se encuentran vinculadas y que sirven para garantizar derechos básicos: 👉🏽 Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26150/2006), 👉🏽Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 26060/2006) 👉🏽Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales (Ley 26485/2009). No es si o no, es legal o clandestino y, en consecuencia, es tortura.
Marta Montero, madre de Lucía Pérez, la joven víctima de femicidio y violación en Mar del Plata en 2016, habló sobre la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de suspender a los jueces que actuaron en el juicio que se realizó en 2018. Facundo Gomez Urso y Pablo Viñas serán sometidos así a un jury por mal desempeño. Montero, en diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, se refirió también a la anulación del juicio a los femicidas de Lucía donde los habían condenado sólo por venta de estupefacientes. Esperan una nueva fecha para juzgar a Matías Farías y Juan Pablo Offidani. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramirez Otero/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Pedro Ramirez Otero 📷 Fotos de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Lucía Pérez, de 16 años, fue asesinada en 2016 en Mar del Plata. Luego de años de lucha y un juicio con falta de perspectiva de género, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se reunió en el Salón Dorado del Senado bonaerense, en la ciudad de La Plata y resolvió por unanimidad admitir la acusación contra los jueces Facundo Gomez Urso y Pablo Viñas y los suspendió de sus cargos para que sean sometidos a un jury por mal desempeño. Aldo Carnevale, el otro juez del caso, se jubiló en 2019. En el juicio que se realizó en 2018 decidieron absolver a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel por el femicidio y violación de Lucía, y condenaron a ocho años de prisión a los primeros dos por venta y suministro de estupefacientes. Este año, la Cámara de Casación anuló el juicio y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ordenó uno nuevo del que se espera una fecha de inicio. Marta Montero, mamá de la joven, contó cómo conocieron la noticia de la suspensión y el jury para los jueces: “Fue excelente para nosotros. La recibimos en la calle, bajo el sol de La Plata, en las afueras del Senado con muchas mujeres que acompañaban. Siempre hemos estado en las calles y nos encanta saber que tanta gente nos acompaña. Ese acompañamiento es sagrado, porque esto que va a pasar no es solo por Lucía y para Lucía, es para todas. Es un cambio que empieza a generarse desde la Justicia para todas. Esto es el primer paso de una reforma judicial en serio”. También habló de los antecedentes del Tribunal Oral Criminal N°1 de Mar del Plata, que antes de la causa de Lucía ya había sido garante de la impunidad en muchas otras. “Estos tres mismos jueces dejaron libre a una docente que tenía decenas de denuncias de abuso sexual en una escuela privada. El caso de Lucía Bernaola, donde Federico Sasso, hijo de unos poderosos de Mar del Plata, la atropelló y la mató, también fue juzgado por ellos y ahí otra vez aseguraron la impunidad. Todas esas atrocidades y más, eso son estos tres jueces. Por eso no nos tenemos que quedar en la denuncia y debemos accionar. Estos jueces abusan de su poder porque la gente no actúa. Nosotros hace 3 años venimos atrás de este jury. Y hemos gastado lo que no tenemos, hemos hecho cosas que nunca antes hubiéramos hecho, y sin embargo seguimos adelante. Si uno no hace las cosas, nadie las va a hacer por uno. Si esta Justicia actúa mal, nosotros tenemos que hacer ver a la gente que esto estuvo mal. Ellos siguen gozando de sus sueldos, de su privilegio. Y yo a Lucía no la tengo más. Ellos dieron ese fallo, salvando a tres adultos vendedores de droga, sabiendo lo que hacían. No les importó nada”, dijo. A partir de la anulación del juicio, Farías y Offidani serán juzgados por el femicidio y violación de la joven. El tercero de los acusados, Alejandro Maciel, falleció en 2020. Según informó Montero, se estableció un plazo para volver a aportar las pruebas y luego se tiene que fijar una fecha para el nuevo juicio. “Eso tiene que ser cuanto antes, porque a Lucía hace 5 años que la mataron y nosotros seguimos sin justicia. Queremos que el juicio sea ya. Estamos exigiendo esa fecha. La causa está destinada al Tribunal N°2”, planteó. Por último, reflexionó acerca del impacto que tuvo el caso de Lucía en lo social y en lo comunicativo: “Todavía hay muchas cosas que cambiar. Los medios de comunicación forman y deforman la información, pero hoy siempre hay alguien para marcarles o decirles que las cosas que dicen son una barbaridad. Ahí estaremos siempre las mujeres haciendo lo que corresponde y luchando para que estas cosas dejen de pasar”.
Es un dato escalofriante que surge del Registro Nacional de Femicidios del Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala). Una de sus integrantes, Victoria Aguirre, en comunicación con el programar radial La Retaguardia, profundizó en las estadísticas de las violencias hacia las mujeres y disidencias. En el Día Internacional de Lucha por la Eliminación de la Violencia de Género, las cifras sirven para visibilizar la cruda realidad. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele
A ocho meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, joven trans de 22 años, su papá Andrés, exige que continúe la búsqueda con vida de su hijo y se investigue la hipótesis de un caso de trata de personas. El martes 9 de octubre a pedido de la fiscal que lleva la causa, el juez Martín Rizzo cambió la acusación contra los detenidos a homicidio en contexto de odio a la identidad de género. Ahora se investiga un asesinato sin cuerpo y sin certezas de muerte. Andrés de la Torre accedió a charlar con medios autogestivos, que elaboramos esta nota colectiva. 📷 Foto: Agustina Salinas Cuánto puede un cuerpo, el cuerpo de un padre que hace ocho meses busca a su hijo desaparecido. Cuántas veces hay que gritarle a la justicia para que deje de hacerse la sorda. Cómo lograr que la sociedad entienda que las vidas de las personas trans también importan. “Hace dos meses que la causa está parada. Hace 15 días aproximadamente estuve con el Procurador de la Provincia (Julio Conte Grand). Le llevé mis inquietudes, aunque ya es tarde para ciertas cosas porque pasaron ocho meses. Al mes me di cuenta, y tengo la esperanza que así sea, que Tehuel pueda estar viva, pudo haber sido víctima de una red de trata de personas y esa es la hipótesis por la que más lucho. La fiscalía siempre la buscó muerta, hizo un rastrillaje tras otro y yo siempre peleé para que la buscaran viva con la misma intensidad, pero no sucedió. La alerta naranja la sacaron tres meses después, muy tarde, cuando deberían haberlo hecho a la semana de su desaparición. Pienso que porque es trans o no es la hija de alguien importante, el Poder Judicial y la Policía no le prestó la debida atención y por ese motivo estoy muy enojado”, cuenta Andrés de la Torre en una entrevista virtual organizada por medios autogestivos. Tehuel de la Torre, el pibe trans de 22 años desaparecido, fue visto por última vez el 11 de marzo cuando se dirigía hacia Alejandro Korn, localidad bonaerense del partido de San Vicente. Luis Alberto Ramos, de 37 años, es el hombre que lo citó en su casa por un supuesto trabajo de mesero y hoy es uno de los dos detenidos e imputado por homicidio en contexto de odio a la identidad de género. El segundo imputado es Oscar Alfredo Montes, un chatarrero de 46 años que aparece en una foto donde se ve a los tres juntos (Tehuel, Montes y Ramos) el día en que desapareció Tehuel. La imagen fue encontrada en el celular de Montes. En la casa de Ramos encontraron un pedazo de tela quemada que fue reconocida como la campera de Tehuel y partes de su celular. La causa, en la que interviene la Unidad Funcional Descentralizada San Vicente, a cargo de la fiscala Karina Guyot, había solicitado el cambio de carátula, que hasta el lunes 8 de noviembre era de búsqueda de paradero. El juez Martín Rizzo aceptó este martes el pedido y la nueva acusación contra Ramos y Montes es la de Homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género. La hipótesis de una red de trata de personas Hace ocho meses en nuestro país hay un pibe trans desaparecido y el pasado 6 de noviembre cuando las calles de la Ciudad de Buenos Aires se llenaron de orgullo insurrecto fue la memoria colectiva la que volvió a preguntarse ¿Dónde está Tehuel? a pesar de que no fue una de las consignas principales de la trigésima marcha del orgullo LGTBIQNB+. Para Andrés de la Torre la ausencia de su hijo Tehuel es una herida que se desgarra, sangra y duele todos los días. Su gran motor es no parar de buscarlo. Tocó todas las puertas: fiscalías, ministerios, se reunió con funcionarios/as, con el procurador de la Provincia de Buenos Aires y presentó más de diez escritos ante la justicia con diversos reclamos. Un camino que se vuelve cada vez más desgastante y agotador cuando la justicia no solo es lenta sino también indiferente. Andrés cree que la negativa de la justicia en avanzar con la hipótesis de que Tehuel podría ser víctima de una red de trata de personas se debe a “una cuestión que involucra al poder político, policial, judicial, en eso me tienen que ayudar los medios a difundir esta hipótesis porque no hicieron nada para buscarla viva”. Adelantó el cambio de la situación de los dos detenidos, que hasta ayer era falso testimonio y entorpecimiento, aunque lo que más le interesa es saber dónde está Tehuel. Y agregó: “La causa tiene más de dos metros de altura pero de qué me sirve si no sé dónde está Tehuel”. De la Torre sostiene su hipótesis a partir de varios indicios y situaciones que llamaron su atención. El 6 de marzo Tehuel le envió un mensaje contándole que el sábado iba a comenzar con un trabajo de mozo. “Después que Tehuel desapareció, Luciana, su pareja, me contó que ese día se pinchó y la llamaron de vuelta el jueves por lo mismo. Yo pienso que no era una entrevista de trabajo, el día sábado no se dio para llevársela y se dio el jueves. Después no se la pudo encontrar más, la buscaron por todos lados con un armamento impresionante, pero mira que casualidad, se olvidaron el celular y la campera media prendida fuego y media rota en el frente de la casa de Ramos, a la vista de todos. ¿No será para desviar la investigación? Ese es uno de los tantos indicios, hay otro más suave, me cambiaron el jefe de la DDI en plena investigación y después los 100 mil pesos que le depositaron a Ramos en su cuenta. Hace dos meses más o menos que se enteraron de esto y todavía no se sabe de dónde vino esa plata. Toda esa demora cuando es algo que se puede averiguar como mucho en