Feminismo
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La detención de la médica salteña que garantizó una Interrupción Legal del Embarazo en el Hospital de Tartagal, generó una rápida reacción del movimiento feminista. En varios puntos del país se produjeron manifestaciones que determinaron su liberación a mitad de la tarde. Compartimos un fotoinforme de la jornada en la CABA. (Por La Retaguardia) 📷 Fotos: Virginia Chaile/La Retaguardia
La habían detenido esta mañana. Lo acaba de confirmar a La Retaguardia Macarena Villena, médica de familia de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir en Salta, quien esta mañana dialogó con Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Allí se había referido a la situación que derivó en la detención de su compañera. Señaló a quiénes la denunciaron y se refirió a la falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud. La médica fue liberada, después de que se difundió el hecho y se convocó a una concentración en la casa de la provincia de Salta y otras actividades virtuales. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Una médica integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Tartagal, Salta, fue detenida en el marco de la realización de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) esta mañana por orden del juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta, a pedido del fiscal penal Gonzalo Vega. “La verdad es que estoy sumamente preocupada por toda esta situación y sin embargo no soy yo la que está presa. Estamos bastante indignadas con todo esto”, comenzó relatando esta mañana Macarena Villena, también integrante de la Red de Profesionales. Al momento de publicar esta nota, la médica fue liberada. Consultada acerca del por qué de la detención, contó: “El contexto se da en una interrupción, en este caso no voluntaria, sino legal del embarazo, dada la edad gestacional que era de 22 semanas. En este sentido, cuando pasan las 14 semanas, no hay un cambio en la legislación. Sigue siendo la interrupción bajo causales. En este contexto, la colega practicó una interrupción bajo estas causales en que se acompañó, además, de un equipo interdisciplinario”. En Argentina, la ILE existe en la legislación desde 1921. Esta contempla el aborto legal bajo dos causales: que el embarazo sea producto de una violación o que éste implique un peligro para la salud física o psíquica de la persona. En 2020, el Congreso nacional sancionó la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14. Pasadas esas semanas, operan automáticamente las causales de la ILE. Y continuó: “Había familiares que estaban en desacuerdo con que la usuaria realice la interrupción, pero por ser mayor de edad, la paciente ejerció su autonomía aun en contra de la voluntad de la familia. Que es lo que legalmente corresponde. A raíz de esto, los que realizan esta denuncia son los familiares. Con una denuncia falaz, hablando de que la obligó a la usuaria a realizar el aborto, cuando hay un consentimiento legal y hay un registro en la historia clínica. Por esto, lamentablemente la usuaria va a tener que salir a declarar. Lo cual es sumamente violento”. Justicia patriarcal No sorprende enterarse que el abogado que actúa como querellante es el mismo que actuó en una denuncia contra un ginecólogo acusado de abuso sexual. —Existen dos ejes en este tema. En primer lugar la justicia patriarcal, encarnada por estos personajes y, por otro lado, una sociedad conservadora, con un tinte religioso muy fuerte. —Lo considerábamos un territorio bastante hostil hasta el momento. Estamos bastante acostumbradas las compañeras a violencias, que en este momento nos parecen bastante menores. Pero esta situación nos resulta sumamente grave, sumamente preocupante. Necesitamos que el Ministerio de Salud se expida y nos garantice nuestra seguridad porque no se puede trabajar así. La problemática del 0800 Hay muchos llamados a la línea del 0800 que no son respondidos. De acuerdo a los números de consultas que se reciben desde la Línea Nacional de Salud Sexual, el 25% son reclamados, es decir, personas que no han podido acceder a la práctica en tiempo y forma. “Claramente no hay un compromiso institucional ni político como para que podamos estar de manera más eficaz. Nosotras, cuando se sancionó la ley en enero, como ya veníamos trabajando desde la Red, acompañando lo que en este momento era ILE, nos pusimos a disposición del Ministerio para poder armar un trabajo que sea más efectivo. Proponíamos un sistema de trabajo en equipo, pero hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta de lo solicitado ante el Ministerio de Salud”, dijo Villena. Para finalizar, expresó: “En la militancia feminista que hay que estar más atentos, porque si bien si es ley la interrupción voluntaria del embarazo, siempre hay que estar atento a la aplicación de esa ley, claro. Pero en este caso es mucho más grave todavía, porque estamos hablando de derechos que ya estaban garantizados antes de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo en la que estaba permitido acceder a ese derecho por causales”.
La detención e incomunicación de la médica ocurrió esta mañana luego de que miembros de la familia de la mujer que solicitó la interrupción legal del embarazo realizaran la denuncia. Macarena Villena, médica de familia de la Red de profesionales por el derecho a decidir en Salta, habló con Hasta que vuelvan los abrazos en La Retaguardia y Radio Sur. La Red de Profesionales por el derecho a decidir convoca a las 12 a un pañuelazo en los lugares de trabajo y a las 15 a una concentración con distancia en la casa de la provincia de Salta ( Roque Sáenz Peña 933) para exigir la liberación inmediata de la médica, criminalizada por acompañar un aborto legal. (Por La Retaguardia) AUDIO CON LA ENTREVISTA COMPLETA 👇
Con decisión unánime, absolvieron a Jessica Vanesa Osores, de 28 años, acusada por homicidio agravado por el vínculo. Por lo que dispusieron que se revoque la prisión domiciliaria, se le quite la tobillera electrónica y se disponga su inmediata libertad y que el Estado la asista psicológicamente. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner “No existen dudas de que la señora Osores fue víctima de violencia de género y lo hizo en defensa propia”, argumentaron las juezas Carolina Ballesteros e Isabel Méndez y el juez Dante Ibáñez. El fiscal Carlos Sale había solicitado una condena de 8 años de prisión por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, mientras que Jessica, desde el principio, aseguró que se trató de legítima defensa. “Era él o yo” Durante la audiencia, Jessica se mostró muy arrepentida de los hechos pero resaltó que en el momento de la agresión había recibido amenazas de muerte por parte de su pareja. La decisión del tribunal de absolver a Jessica es un paso muy importante hacia una justicia con perspectiva de género al contemplar el derecho de legítima defensa de las mujeres que día a día son sometidas a tormentos. Jessica fue víctima de su pareja durante 9 años. Hoy, después de un largo proceso judicial, se encuentra libre y con una sentencia que refleja más igualdad y un Estado un poco más presente.
Se llama Jessica Osores y se encuentra detenida en prisión domiciliaria por asesinar a su pareja, a quien había denunciado. Vicky Disatnik, directora de la Casa de las Mujeres Norma Nassif de Tucumán, dialogó con el programa radial La Retaguardia. Allí relató el caso de Jessica y contó qué esperan del veredicto que se conocerá el próximo lunes. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Agustina Sandoval Lerner ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: La Casa de las Mujeres Norma Nassif Jessica Osores, militante de la Corriente Clasista Combativa (CCC) de Tucumán, está siendo juzgada por asesinar a su pareja en septiembre de 2020 en un caso que ocurrió en contexto de violencia de género. “Lo que le pasó a Jessica es lo que le pasa a muchas mujeres que en años de sufrir violencias, en algún momento, intentan defenderse. En medio de una golpiza muy fuerte, peleando, lo mató. Esto, que es una tragedia, y que ella misma explica que está arrepentida, le pasa a las que deciden defenderse porque el destino de las mujeres en contexto de violencia es el cementerio o la cárcel”, comenzó relatando Vicky Disatnik, directora de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, acerca del caso. Jessica vive con sus tres hijos en el barrio de San Cayetano, en Tucumán y está embarazada. Su hija de 10 años presenció el momento del crimen y ha declarado en Cámara Gesell: “La nena cuenta las cosas que hacía este hombre con su mamá, por lo tanto hay varias pruebas, hay situaciones de suma violencia que vivió Jésica y está esperando un bebé, ya está en fecha. El juez se ha apurado, a ver si termina el juicio el lunes para que ella pueda tener su bebé una vez terminado el juicio”, explica Vicky, y continúa: “Es una situación extrema de esta tragedia. Hasta hoy han pasado testigos de ambas partes. La familia de él, por supuesto, la hace responsable de la violencia a Jessica. Y familiares y amigos de ella han atestiguado contando cómo era este hombre, que era adicto, y que muchas veces ejercía violencia sobre ella y una serie de situaciones muy graves que la llevaron a Jessica en un momento de desesperación a matarlo. El movimiento de mujeres se organizó, nosotras tenemos una relación desde la Casa de las Mujeres con la Corriente Clasista y Combativa y rápidamente nos pusimos al servicio de ellos y estamos peleándola”, dijo. La tan conocida violencia judicial “Como para que se den una idea de la situación, el fiscal de la causa dijo: ‘Lo que pasa es que esta mujer no se deja’. Yo me quedé helada. O sea, es una mujer de carácter que no se deja. ¿Dejarse qué significaría? Que la mate”, contó Disatnik. —Es una costumbre este tipo de violencia que se genera en un proceso judicial. —Claro, el argumento. Porque él podría decir que es una asesina, que lo mató a sangre fría. No que tiene carácter y que no se deja. Es un fiscal de la provincia… En el caso de Jessica, nosotros hemos logrado gracias a la movilización popular que se cambiara la carátula de homicidio agravado por el vínculo por la carátula de homicidio en contexto de violencia de género y eso reduce muchísimo la pena máxima, de perpetua. Que sería la que le corresponde con la otra carátula, pasa a una pena máxima de ocho años. Con lo cual estábamos muy contentos, pero igual entendemos que debe ser absuelta porque fue en defensa propia y hay mucha jurisprudencia sobre esto en distintos lugares del país. Yo digo que es un juicio paradigmático porque es el destino que les queda a las mujeres que osan defenderse, como dijo el fiscal, no se dejan. —Respecto al cambio de carátula, muchas veces el tema es meramente burocrático pero, en este caso, si bien lo que se busca es la absolución de Jessica, este cambio de palabras es muy importante. —Se le iba la vida si no hubiesen cambiado la carátula. Es muy importante lo que ha ocurrido. Fue después de una marcha. Nosotras al principio no teníamos una relación directa con ella y cuando hicimos la primera marcha luego de que ella fuera a declarar en varias audiencias, al otro día el juez cambió la carátula. Efectivamente el cambio ha sido muy importante, sobre todo en caso de ser condenada, la condena sea mucho menor. Jessica está con prisión preventiva en su domicilio desde el momento del asesinato, ya que se encuentra amamantando a uno de sus hijos. “Pudimos llevarle cosas para el bebé nuevo, que no tiene nada, no tiene ni un pañal porque su mamá no puede trabajar. Estamos juntando mercadería para poder llevarle a ella, a su bebé nuevo, para los nenes. Nosotros acompañamos a todas las víctimas mujeres pero, en este caso, doblemente porque es una situación que nos sirve mucho para mostrar la tragedia de la violencia de género, lo que le pasa a las mujeres que sufren violencia de género en el marco de la soledad absoluta, con un sistema de asistencia y prevención que casi no existe. ¿Qué hubiera pasado con Jessica si hubiera contado con asistencia mientras era víctima de violencia? Seguramente se hubiera evitado el homicidio. ¿Qué hubiera pasado si este hombre era detenido en tiempo y forma? Jessica no tuvo esta posibilidad. Hay una denuncia que no prosperó y Tucumán no tiene refugios. Yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si en el barrio donde ella vive existiera un refugio? Ella no tuvo a dónde ir. Entonces, es más de lo mismo: un círculo vicioso donde en realidad lo que se pone por delante es la fachada y no la vida de las mujeres. Para nosotros este caso es muy importante y queremos que se le de trascendencia nacional”, dijo Disatnik. Para finalizar la directora de la Casa de las Mujeres Norma Nassif de Tucumán planteó cómo es la situación de la Justicia en la provincia argentina: “Tucumán tiene
Gabriela Mansilla, mamá de Luana, la primera niña trans en obtener su DNI con género autopercibido, reflexionó acerca de las niñeces travestis-trans y la invisibilización por parte del sistema educativo y del Estado. Laura Taffetani, integrante de la Fundación Pelota de Trapo, habló del festejo comercial del Día de las Infancias mientras que en Argentina más de la mitad de los niños y niñas crecen en familias pobres. Ambas pasaron por el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, de La Retaguardia y Radio Sur. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Julián Bouvier/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Julián Bouvier/Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia El Día de las Infancias tiene por lo general un fin de festejo con una fuerte impronta mercantil y de consumo. Los juguetes como objetos garantes de felicidad se instalan a través de las publicidades en las calles, comercios e incluso en los medios. Sin embargo, existen otras realidades y miradas poco reflejadas en los medios tradicionales de comunicación. Niñeces trans Gabriela Mansilla, la mamá de Luana, la primera niña trans en obtener su DNI con género autopercibido, describió cómo viven, desde su mirada, las niñeces hoy en nuestro país. “Las infancias resisten y padecen este mundo. Esta sociedad y este sistema capitalista. De hecho el famoso ‘Día del Niño’ es una fecha comercial, donde tenemos que salir a gastar lo que no tenemos. Y me pregunto si con estos índices de pobreza que hay en el país, todos los niños y niñas van a recibir algún regalo. Seguimos reproduciendo además las lógicas de la cocinita rosa para la nena y el superhéroe para el campeón azul. Y vale destacar que no en todos los lugares donde se comercializa, se habla de ‘Día de la Niñez’. ¿Qué hacemos con esas niñeces? ¿Cuán estructuradas están nuestras niñeces en estereotipos de género? ¿Cuántas voces se están escuchando? Yo creo que todavía no tienen ningún lugar las niñeces”, dijo. La presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres se refirió también al funcionamiento del sistema educativo. “Las niñeces también padecen la educación. Tanto las niñeces trans, travestis, como las cis género. Tenemos una educación que no está encuadrada en la realidad actual. Ya ha caducado, quedó en el pasado. Ni siquiera teniendo hace 15 años (desde 2006) la Ley de Educación Sexual Integral se puede trabajar con esa perspectiva. Hay una resistencia enorme que viene de los sectores más conservadores, pero que también bajan desde el Estado. Hay una decisión de no ampliar la mirada. Y es muy peligroso, porque la escuela no solo tiene que alojar y albergar a las niñeces travestis, trans, no binarias, sino que también tiene que educar a la sociedad que después las mata, las castiga constantemente, planteó. Y remarcó que a pesar de las leyes y los cambios logrados en el sistema educativo, las modificaciones no se llevan a cabo en todas las instituciones. “Hay excepciones de docentes copados y copadas, pero no son la regla. La escuela sigue expulsando y replicando la misma violencia, de más de 100 años atrás. Sería bueno que toda la sociedad reclame eso, y todavía no sucede. Solo lo hacemos los sectores más perjudicados. Y quizá nos ponen un parche, como si fuese que nuestras niñeces se desprenden de lo normal y hay que atender esa urgencia porque no les queda otra. No se toma a la infancia ni a la diversidad como parte de la raza humana, sino como ‘algo’ que se desprende y que jode atenderlo. Es una sociedad que a través de la educación que tiene y de la cultura que se replica, ha naturalizado tanto las violencias que no las podemos detectar, todavía”, agregó Mansilla. La autora de “Yo nena, yo princesa”, el libro que relata la historia de su hija Luana, habló de las dificultades que se encuentran a la hora de aplicarla ESI en las escuelas. “No tiene que ser más la voluntad de la Dirección de la escuela. Esto tiene que ser a nivel nacional. Tiene que salir del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Educación de cada provincia. Tiene que ser una normativa, tener un contenido que les aloje, porque las niñeces travestis-trans ya están en el aula, y no pueden esperar más. No hay nada para ellas. Tenemos la Ley de Identidad de Género, pero en el 65% de las escuelas públicas y privadas del país no conocen la ley o no la saben aplicar. Y si quieren aplicarla, se encuentran con un montón de obstáculos para poder hacerlo. Entonces no hacen nada. El año pasado tuve reuniones con el ministro de educación Nicolás Trotta. Le hemos presentado todo el trabajo que realizamos en Infancias Libres, todos los cuadernillos, libros, láminas, todo lo que hemos realizado autogestivamente, y todavía estamos esperando que lo vuelquen en algo. Todo este tiempo, esta burocracia, es la vida de nuestros hijos e hijas. Es la vida de niñeces que evidentemente importan menos que el resto. Es lo que dice siempre la comunidad travesti-trans: ‘Hay vidas que importan y vidas que no’. Estas vidas les vienen a incomodar y a obligar a pensar otra estrategia, y se están tomando un tiempo difícil de sostener. Es muy doloroso”, dijo. Y contó cómo transita Luana educación en la escuela secundaria: “Mi hija sostiene estar en una clase con un contenido biologicista, un contenido que la expulsa y la violenta. Y lo puede seguir haciendo porque estoy yo acá al lado. Pero pensemos en otras niñeces trans-travestis que no tengan familia, o que no lo pueden decir. La escuela tiene que poder decir: ‘si tu familia no se da cuenta o no te acompaña, nosotres te vamos a acompañar y vamos a intentar trabajar con tu familia, y te vamos a proteger en aula, para que nadie se burle de vos’. Eso todavía no está sucediendo. Y esto implica calidad de vida. Porque todo lo que padecen ahora lo van a acarrear por el resto de sus
La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva publicó ayer el Reporte sobre Causas judiciales contra la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención post aborto. El documento detalla las acciones judiciales que pretenden declarar la inconstitucionalidad de la norma. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 📷 Fotos: Natalia Bernades/Bárbara Barros/Virginia Chaile/Archivo La Retaguardia Desde enero de 2021 se presentaron en fueros federales y provinciales acciones de Amparo que pretendían declarar la inconstitucionalidad de la ley 27.610. También se interpusieron medidas cautelares para suspender su aplicación en todo el país. Hasta ahora se presentaron 34 causas. La Justicia se expidió y rechazó 22 de estas demandas. Del resto, 8 se encuentran a la espera de pronunciamiento judicial y cuatro fueron desestimadas. Las acciones fueron presentadas en las provincias de Buenos Aires, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Chubut, La Pampa, San Juan. Además, hubo 5 causas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “En cada una de las intervenciones del Ministerio de Salud de la Nación se ha enfatizado en que la Ley 27.610 es una norma que ha sido debatida y aprobada democráticamente por el Congreso de la Nación y que constituye una política pública de gran relevancia en términos de salud sexual y reproductiva. Asimismo, se ha expresado que la suspensión de la vigencia de la Ley 26.710, afectaría gravemente el interés público en tanto el aborto es una garantía de derechos humanos y una cuestión de salud pública altamente sensible al acceso oportuno y de calidad a los servicios de interrupción voluntaria (IVE) e interrupción legal (ILE) del embarazo”, establece el texto publicado por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Les falta legitimación Las decisiones judiciales que han rechazado estas acciones, principalmente se fundan en que no se ha demostrado la existencia de una controversia, por lo tanto, no cuentan con legitimación activa. La Justicia federal y provincial entendió que la mera petición de un ciudadano o ciudadana de que se respete el orden constitucional o legalidad no resulta suficiente para habilitar un proceso y la actividad jurisdiccional. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió que la demostración de un perjuicio en concreto es necesaria para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma. No es no Este documento no hace más que reafirmar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, conquista llevada a cabo por el movimiento feminista desde hace décadas. La Justicia es clara al marcar los argumentos por los cuales los planteos de inconstitucionalidad y suspensión de la norma de IVE no son viables. Desde que el Congreso sancionó la 27.610 nos plantamos firmemente a decir: “La IVE no se toca”.
Viviana Mazur, médica a cargo de la Coordinación Salud Sexual, VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) de la Ciudad de Buenos Aires y referente del Postítulo de Especialización en Educación Sexual Integral del Instituto Joaquín V. González, pasó por el programa radial La Retaguardia. Habló acerca de la discusión por la compra de los penes de madera desde el Ministerio de Salud de la Nación, una oportunidad para hablar de ESI en nuevos espacios. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Daniela Cormick 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Bárbara Barros Mazur analizó la polémica y reforzó la importancia de enseñar el uso y colocación correcta del preservativo frente al aumento de las infecciones de transmisión sexual como la sífilis, particularmente en jóvenes. Se refirió al amplio desconocimiento de la anatomía de vulva y vagina, y el debate para instalar un modelo de vulva para trabajar en ESI y desde el sector salud. Además compartió su mirada sobre la aprobación del uso de la X en el DNI para personas con identidades de género no binarias.
La abogada Raquel Hermida Leyenda defiende a tres mujeres que denunciaron abusos sexuales en el Sanatorio Güemes, de la Ciudad de Buenos Aires. En su paso por el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, de La Retaguardia y Radio Sur, se refirió a estos casos y denunció la complicidad que existe dentro de la institución para encubrirlos. Además, planteó que hubo más situaciones similares y que el mal accionar de la Justicia para investigarlos permitió que sigan sucediendo. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Camila Calvo/Miriam Libertad/Fernando Tocco ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Raquel Hermida Leyenda, abogada penal y criminóloga, defiende a tres mujeres que denuncian abusos sexuales en el Sanatorio Güemes. Habían sido llevadas a cirugías de urgencia y dos de ellas, al llegar a sus casas, pudieron reconocer los abusos que habían sufrido. La otra, contó Hermida Leyenda, “lo hizo dentro del sanatorio, y antes de bañarse, con lo cual las pruebas quedaron intactas y nadie puede poner en duda que esto sucedía dentro del Sanatorio Güemes”. La abogada explicó que los casos son muchos más: “Queda claro que utilizaban la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que estaban anestesiadas. Una de ellas, al despertar, se encontró con sangre y llamó a la policía. Fueron secuestradas las cámaras de seguridad del sanatorio, y un médico legista corrobora un abuso sexual doblemente agravado, no solamente por el acceso carnal, sino por la situación de guarda en la que se encontraba la víctima dentro del sanatorio”, dijo. “Las personas anestesiadas, al estar inconscientes, carecen de recuerdos. No pueden identificar personas, entonces es muy difícil reconstruir estos abusos. Y las cicatrices psicológicas y psiquiátricas que esto deja son para toda la vida”, planteó. Y reflexionó: “Imaginate estar yendo a una cirugía de urgencia y que encima te abusen. Es una situación inexplicable. Estas víctimas lloran y les cuesta reconocer porqué. Tienen comportamientos en el estómago que no saben de dónde vienen. Se encuentran con lastimaduras en su genitalidad. Es perverso”. Hermida Leyenda aseguró que el abusador no pudo actuar solo. Y expresó que es difícil empezar la investigación “creyéndole a gente que ocultó esto durante tantos años”, porque una de las denuncias es de un hecho ocurrido en el 2015. “La persona que está detenida es, como muchas veces, alguien estigmatizado, de bajos recursos, en este caso un camillero. Y en realidad las víctimas hablan de un anestesista, lo describen perfectamente, todas hablan de una misma edad. Un hombre de ojos claros, de alrededor de 50 años. De eso no se habla”, dijo. Además, la abogada comentó que el caso de la segunda denunciante está certificado por el Hospital Ramos Mejía. Que aunque se haya bañado, tanto el hospital, como la comisaría y la fiscalía pueden dar cuenta de que existió abuso. “¿Por qué entonces dejaron de investigar?”, preguntó. Y agregó: “Si hubieran escuchado a cada una de las víctimas, la siguiente no hubiera existido. Entonces la ineficiencia del Ministerio Público permitió el resto de los abusos”. También denunció la complicidad que existe entre las personas que trabajan en el hospital. “Hay una enfermera que fue a ver a la tercera víctima, quien todavía estaba internada por el dolor, con cortes y sangrados. Le hizo una curación por arriba, y le dijo que no pasaba nada. Cuando la paciente vio que la situación no cambiaba, llamó a otra enfermera y esta segunda se horrorizó. ¿Cuál fue la diferencia entre una enfermera y otra? Evidentemente hay quienes quieren tapar esto que pasa. Hay gente que, por miedo de perder el trabajo, calla”, planteó. Por último, la abogada contó que están exigiendo una intervención del Ministerio de Salud y de todos los entes que regulan el funcionamiento del Sanatorio Güemes, que es uno de los más grandes y concurridos del país. Además reclaman la protección de las víctimas: “Dos de ellas son gastronómicas y por su obra social les corresponde este sanatorio y no tienen otra opción. Las obras sociales también son responsables”, finalizó.
Lo dijo Marina Benítez Demtschenko, abogada especializada en derecho informático y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, en diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, de La Retaguardia y Radio Sur. Allí habló acerca del concepto de “pornovenganza” y dio como ejemplo el caso ocurrido en La Rioja, donde Patricio Pioli fue condenado a 5 años de prisión tras difundir un video íntimo de su expareja. También mencionó la importancia de una ley que tipifique la difusión no consentida de material íntimo. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tocco/Miriam Libertad ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Marina es presidenta y fundadora de la Fundación Activismos Feminista Digital y abogada especializada en derecho informático. A partir del término “pornovenganza” utilizado por los medios comerciales de comunicación se abrió un debate en torno a la revictimización de las denunciantes y la poca carga de responsabilidad que atribuye el término. —¿Qué es la “pornovenganza”? —Nos dejamos llevar por los titulares de todo lo que surgió en torno a la sentencia en el caso Pioli, de La Rioja, en donde la denunciante lo que hizo fue llevar a la Justicia la difusión no consentida de material íntimo que su expareja realizó al finalizar la relación. Una relación muy corta, muy turbulenta que finalmente y luego de varias amenazas, termina con esta distribución irrestricta del material que habían producido en la intimidad los dos. Los medios de comunicación titularon “Porno-extorsión,” “Ciber-extorsión”, “Pornovenganza”. Acá estamos frente auna problemática, una modalidad más de violencia machista que se da a través de esta forma; distribuyendo a terceras personas ajenas al vínculo y a la relación en la cual se produce el material, este material en formato digital que pueden ser fotos, videos con corte sexual, erótico que se ha dado en este intercambio interno. Así que la realidad es que para empezar a hablar de esto, erradiquemos la porno venganza como concepto porque está muy lejos de ser pornografía. La pornografía tiene por definición como destinatarios a los terceros y como objetivo, la excitación sexual de los terceros y este material, que trasciende la órbita de la privacidad, no está destinado a terceros, es parte del ejercicio de la libertad personal. —¿Cuál fue la sentencia en el caso Pioli? ¿Hacia dónde deberíamos ir, en términos jurídicos, para que esto se pueda encuadrar con más claridad? —Es el punto medular en torno al caso y es que si bien también lo que tuvimos a través de los medios fue “la primer sentencia por pornovenganza”, esto en realidad tampoco fue la primer sentencia que versó sobre la difusión no consentida de material íntimo o que condenó al autor de esta difusión por esta razón. En la causa, en realidad, la víctima denuncia muchísimos actos de violencia machista que comprenden, incluso, violencia física durante el último término de la relación y una vez finalizada. Esto se pudo ver por una transmisión pública de casi todo el juicio y las audiencias. Fue abierto a la sociedad, por streaming. La cuestión es que ella denuncia un montón de situaciones de violencia machista entre las cuales se focaliza la causa en las coacciones que son amenazas agravadas, amenazas con el fin de obligar indefectiblemente a la víctima a que haga algo por el agresor para evitar un mal mayor. Esto se dio porque Pioli, el agresor, la obligó o la instaba constantemente a volver a mantener el vínculo afectivo, a no dejarlo porque él se moría, porque no podía vivir sin ella y sino, difundía su material íntimo, esta producción que tenían desde antes entre ellos dos. Esta es la columna vertebral de la causa. —Sería chantaje… —Sí, claro. Es otra figura, pero está dentro del mismo título y tiene una relación directa esto de la afectación o de la coartación de la libertad física de alguien para procurar un bien directo o un beneficio directo del agresor. Las lesiones leves que también son el otro tipo penal de la causa, versan sobre los efectos psicológicos que ella ha tenido porque son lesiones leves psicológicas, todo en concurso real y todo agravado por violencia machista. Este es el foco de la sentencia, la difusión no consentida de material íntimo es una parte más del entramado de Pioli para con su víctima. —¿Desde la Fundación ustedes analizan si sería importante que nuestro Código Penal tipifique específicamente este tipo de delitos? La Justicia, si asume una perspectiva de género, tiene herramientas legales para hacerlo. ¿Esta discusión de tipificación legal aporta o suma más ruido y desnaturaliza el delito que es el mismo? —Es una discusión entre juristas. Principalmente entre abogados y abogadas se da mucho porque “¿para qué más delitos?, ¿para qué más leyes?”. Bueno, para tutelar derechos que al día de hoy son bastante novedosos para nuestra normativa y que, además, la normativa existente puede llegar a aplicarse directamente con algo de creatividad y un poco de fuerza, pero la realidad es que cuando tenemos víctimas que sufren determinadas cuestiones, principalmente que están relacionadas con la tecnología de la información y la comunicación, o sea que pertenecen a los últimos diez años de nuestro país, van a presentarse ante la fiscalía, ante las comisarías y demás, y ante la inexistencia de legislación específica les rechazan la instancia de poder denunciar. Entonces no es simplemente un “que se cristalice esto en la ley”. Esto tiene que ver con una posición que abra la puerta a que en todas las dependencias públicas que receptan denuncias o que tienen asistencia directa a la víctima puedan tomar este instrumento de la problemática y dar tutela a las víctimas. En realidad, la ley como instrumento, nunca como último fin. Es un instrumento necesario. La penalización de la difusión no consentida de material íntimo permitiría no sólo la denuncia sino también la condena efectiva a todos los varones, y digo varones porque son el 99% de los casos y las víctimas son en un 99% mujeres;