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Esta madrugada, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, que ahora espera para ser ley en el Senado. La iniciativa fue aprobada por 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones. El proyecto establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 📷 Fotos: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia “El Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero”, establece el artículo 5 del proyecto y además, aclara que, para acceder a los puestos de trabajo, no será necesario acreditar el cambio registral en el DNI y que se creará un Registro Único de Aspirantes para que las personas interesadas puedan anotarse, sin que tal inscripción sea obligatoria. De ser aprobado por el Senado, el cupo tendrá fuerza de ley nacional a través de la “Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”.

El Ni Una Menos marcó un hito en la lucha feminista visibilizando la violencia machista y por supuesto, su consecuencia más grave y visible, el femicidio. A seis años de su surgimiento la lucha continúa, mientras la violencia y los casos de femicidio crecen a costa de un Estado ausente. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Fotos: Natalia Bernades El 3 de junio de 2015 llegaba para cambiar la mirada de todas y todos. Ese día las calles se llenaron de gritos, consignas, abrazos y llantos. El repudio hacia el patriarcado resonaba fuerte cuando las pibas decían: “Nos están matando”. No fue el grito de una, fue el grito de muchas, de todas, dejando en claro que el patriarcado y la violencia machista no van más. A seis años del surgimiento del movimiento, seguimos denunciando la ausencia del Estado y la falta de aplicación de verdaderas políticas públicas para la prevención de femicidios.  Según el observatorio Ahora Que Sí Nos ven, desde el 3 de junio de 2015 hasta el 3 de junio de 2021, se cometieron 1717 femicidios, un femicidio cada 31 horas. El 64% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas y ocurrieron en la vivienda de la víctima.  Luego de seis años de gritar “Ni una menos, vivas nos queremos”, siguen preocupando la altas cifras de violencia de género y femicidios. La violencia machista no cesa y lo vemos reflejado en los números.  ¿Y la Justicia? Hoy en día no nos sorprende, ante un femicidio, conocer que la víctima había realizado denuncias previas al hecho.  El análisis realizado por el observatorio Ahora Que Si Nos Ven demostró que 2 de cada 10 víctimas habían realizado al menos una denuncia previa a su femicidio y sólo 1 de cada 10 tenía una medida de protección judicial.  “Tenés que ir a hacer la denuncia”, te dicen. Pero lo que la mayoría de la gente ignora es que el Poder Judicial falla ante este pedido de ayuda. Los funcionarios y funcionarias del Estado no brindan las herramientas suficientes y a veces, directamente, no brindan ninguna. ¿Por qué no alcanza una denuncia, una perimetral, un botón de pánico? Ya haciendo este planteo, dejamos expuesta la ineficacia del Estado, sus agentes judiciales y policiales.  Ante la ausencia de políticas de contención, seguimiento, acompañamiento y representación luego de realizar una denuncia, le sigue la frustración frente a un proceso que no puede continuar o que no contribuye a la solución del problema.  Además de la ineficiencia estatal solemos encontrarnos frente a diversos cuestionamientos de la sociedad: “¿Por qué no hizo la denuncia?”, “tendría que haber denunciado y así evitaba que la mataran”, siempre poniendo en cabeza de la víctima la responsabilidad de no terminar siendo una más en las estadísticas por femicidio y no en quien realmente debe perseguir a los acusados y acompañar a las víctimas. Existen muchísimas razones por las cuales las mujeres, ante situaciones de violencia, deciden no acceder al sistema de Justicia: obstáculos a la hora de realizar la denuncia, miedo a que la violencia se incremente, exceso de burocracia, revictimización y humillación por parte de las mismas instituciones estatales, tantas otras distintas situaciones por las cuales no confiamos en el Estado ni en el Poder Judicial. Aún así, seguimos realizando reclamos constantes para haya una respuesta eficaz y rápida ante denuncias y una investigación exhaustiva frente a los femicidios.  Por otro lado, seguimos observando que ni la Justicia ni las fuerzas de seguridad nos protegen. Del 1 de enero al 29 de abril de este año, el 20% de las víctimas realizó al menos una denuncia, pero sin embargo sólo un 10% obtuvo una medida de protección judicial. El incremento de la violencia machista en contexto de pandemia  Según Naciones Unidas Argentina, la cuarentena aumenta los riesgos de violencia de género y abuso sexual, ya que el encierro, el hacinamiento y la posible discontinuidad de redes de protección social afectan los determinantes sociales de la salud, el bienestar de las mujeres y las desigualdades de género preexistentes. La cuarentena agrava la violencia de género y en algunos casos aumenta los asesinatos de mujeres que no pueden salir de sus hogares, no tienen dónde ir, ven cortadas sus redes familiares y sociales o son reprendidas por salir a la calle, aunque esté establecido que sí podrían circular para realizar la denuncia por tratarse de un caso de “fuerza mayor”. A partir de información del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad desde el 20 de marzo de 2020, el promedio diario de llamados recibidos por la línea telefónica 144 de atención a víctimas de violencia de género, superó en un 39% al de los días anteriores.  85 femicidios en 2021  Este año fueron cometidos 85 femicidios entre el 1 de enero y el 29 de abril. La violencia no cesa, como así tampoco su consecuencia más grave: los femicidios.  Hubo 1 femicidio cada 50 horas en abril. 66 intentos de femicidios en lo que va del año. El 73% fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas. El 32% ocurrió en la vivienda de la víctima. 17 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 10 tenían medidas de protección. Al menos 60 niños y niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista.  Un grito incansable Ya hace seis años demostramos estar hartas de la no visibilización, del destrato y de la violencia. Cada vez que tocan a una, nos tocan a todas, y es por esa misma razón que esta ola imparable no se cansa de pedir justicia por cada piba asesinada, por todas las mujeres que han sido y son violentadas, y por cada una que no fue escuchada. Somos muchas; estamos acá, diciendo: “Ni una menos. Vivas nos queremos”. 

Lo dijo Marina Benítez Demtschenko, abogada especialista en derecho informático de la UBA y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, en diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos de La Retaguardia y Radio Sur. Habló de la responsabilidad de los y las periodistas a la hora de comunicar, de la protección normativa hacia las personas menores de edad y de la visibilización de los agresores frente a una situación de violencia de género. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Virginia Chaile La era digital trajo aparejado cierto nivel de responsabilidad que muy pocas veces se respeta. Los medios de comunicación tradicionales suelen descuidar de manera habitual el respeto por los derechos de las personas menores de edad a la hora de comunicar. Consultada acerca de esta problemática, Marina Benítez Demtschenko, abogada especialista en derecho informático y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, dijo: “Es una tendencia bastante nueva y empieza a partir de los casos de violencia machista, por ejemplo, cuando las víctimas son colocadas en los medios de comunicación con una identificación plena de su persona, de sus antecedentes afectivos, o parejas anteriores. Las mujeres como sector poblacional tenemos esa problemática encima, que hay como un rastreo que fundamentaría ciertas cuestiones muy de la mano del ‘algo habrá hecho’, ‘hay que ver cómo fue hasta ahora para terminar siendo víctima de femicidio’. Imaginen la cantidad de casos que hemos tenido delante de los ojos en el último tiempo en que fuimos detectando paulatinamente este tratamiento”.  ¿Cuál es el límite?  Benítez Demtschenko explicó los cambios paulatinos que se están dando para una protección mayor cuando intervienen las redes sociales. “Sabemos muy bien que en las redes sociales, principalmente en la plataforma Twitter, tenemos usuarias y usuarios que generan novedad todo el tiempo y que muchas veces estas ‘novedades’ o comentarios, o información que se viraliza, termina en los medios de comunicación y acá tenemos la delgada línea de dónde generar una protección distinta y dónde cuestionarnos esto: cómo tratamos información personal desde la prensa y qué pasa con las leyes vigentes. ¿Cuál es el límite?”, planteó. En Argentina existe una normativa que protege la identidad y privacidad de las personas menores de edad. Sin ir más lejos, la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes tiene jerarquía constitucional y contempla diversos derechos y obligaciones para los Estados parte: “En el artículo 16, particularmente, se preveé esta protección a la privacidad, a la vida privada. Por ejemplo, a la familia, al domicilio de correspondencia del menor o de la menor, a no ser atacado en su honor. Acá es donde también tenemos una previsión normativa que nos puede ayudar a dar un marco a cómo tratar esto. No sólo la identidad, sino por sobre todo, la privacidad que es un derecho fundamental”, afirmó.  La (i)rresponsabilidad de quienes tienen las herramientas En marzo de 2021 fue denunciada la desaparición de una niña menor de edad. Su madre denunció y el caso enseguida tomó relevancia en los medios de comunicación, en redes sociales, y exhibió una clara falta de responsabilidad hacia los derechos de la misma. “Lo que nos encontramos frente a su desaparición es que se estaba videograbando la casa en precarias condiciones de habitabilidad de la niña, qué hacía la madre, una sobre exposición absoluta que definitivamente eso contraría las previsiones de la Convención y acá debería de intervenir el Estado activamente, porque al ser una norma con rango constitucional no necesitamos ningún tipo de intermediación para ver si aplica o no. Pero esto es parte también de la desinformación que hay en la comunidad entera de cómo opera el derecho para proteger bienes jurídicos tutelados, en este caso, de menores”, dijo la abogada.   Sin ir más lejos, este mes se viralizó en redes sociales un video donde se ve al cantante de Mala Fama, Hernán Coronel, junto a su nieta quien es menor de edad. En el video, Coronel tiene la mano por debajo de la remera de ella. El repudio no tardó en llegar y se difundieron las imágenes mostrando el rostro de la niña menor de edad, incluso en algunos medios de comunicación. “Hay que distinguir dos órbitas de responsabilidad. Por un lado la responsabilidad sobre quienes detentan un poder, en este caso, la órbita del periodismo, de la prensa, que tiene una jerarquía mayor a una persona particular y una responsabilidad diferencial y por otro lado tenemos que distinguir la esfera que corresponde a las personas de la comunidad digital. Cuando podemos distinguir estas dos órbitas, vamos a tener que hablar de la mayor responsabilización de órbitas de poder. Esto también comprende al Estado, al sector privado, a empresas y demás, que tienen una posición privilegiada en función de la persona común. Y por tener una posición privilegiada también les corresponde mayor responsabilidad, esto también está previsto en la Ley de Protección de Datos Personales, 25326, que es nacional, y me parece que es necesario que hablemos en dos niveles distintos por el hecho de que no puede responsabilizarse a una persona particular o cualquier usuario/usuaria de una red social de la misma manera”, explicó. Y continuó: “Es una problemática acuciante la falta de contemplación de estas cuestiones por parte de usuarios y usuarias comunes y es preocupante porque tiene que ver con la alfabetización digital y también con el conocimiento de los derechos y con los límites. La sobreexposición es un mal de época y pareciera como que cualquier cosa que se vuelca en una red social está habilitado y no es así y me parece que esto es crucial empezar a pensarlo”. La visibilización del agresor frente a la protección del macho —La Retaguardia: Los medios de comunicación ante casos de femicidio suelen mostrar la imagen de la víctima y proteger la identidad del femicida, ¿qué pensás de esta situación? —Marina Benítez Demtschenko: La concientización sobre la visibilización o no de determinadas cuestiones en

Analía Mas, abogada y Secretaria de Género y Laicismo de la Federación Argentina LGBT, dialogó con el programa Oíd Mortales de Radio La Retaguardia en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. La abogada explicó las razones por las que cada 17 de mayo se conmemora que la homosexualidad haya salido de la lista de enfermedades mentales. Además, hizo mención al atraso que tienen algunos países en referencia a la discriminación a la comunidad LGBT y destacó a la Argentina como uno de los más avanzados en este tema dentro de la región, sin dejar de remarcar lo que todavía falta.  (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Cristina Varela/ Luis Angió ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: Natalia Bernades El pasado lunes 17 de mayo se cumplió un nuevo aniversario del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Analía Mas, Secretaria de Género y Laicismo de la Federación Argentina LGTB, contó cuál es el motivo por el que se elegió esa fecha en particular para la celebración: “Un 17 de mayo de 1990 la OMS (Organización Mundial de la Salud) eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. También se señala a este día internacional contra la discriminación por orientación sexual, porque mucha gente sigue mencionando los términos de homofobia o transfobia, y en realidad no es una fobia, porque la fobia es una enfermedad, sino que es netamente discriminación. Hace poco, Esther Díaz, que escribe siempre en Página 12, escribió una nota muy linda sobre este tema. En un momento ella se preguntaba por qué nombrar a esta discriminación usando el  nombre de una enfermedad como es la fobia. Ella dice: la fobia no agrede, pero el odio sí”, explicó. Países atrasados Por otro lado, se refirió al retroceso que existe sobre esta temática en algunos países:“Es un día de celebración en algún sentido, pero también es un día para recordar qué ocurre en el mundo con este tema. Leí en otra nota que 69 de los países que son miembros de Naciones Unidas castigan hasta el día de hoy con prisión y hasta con pena de muerte a los adultos que tengan relaciones sexuales consensuadas con personas del mismo sexo. También,  hay más de 40 países que ponen barreras a la libertad de expresión. Por ejemplo en Rusia, donde no podés mencionar o expresarte de ninguna manera teniendo una bandera del ‘orgullo gay’ o algo similar. En otros lugares, se continúan haciendo terapias de reconversión, o en Polonia hay zonas libres de LGBT. Los fundamentalismos religiosos y políticos subsisten también”, criticó. Argentina se destaca en la región La abogada mencionó a nuestro país como de avanzada en algunos aspectos referidos a la ampliación de derechos de las personas LGTB y lo fundamentó basándose en la legislación vigente:“Argentina fue el décimo país en sancionar la Ley de Matrimonio Igualitario; dos años después se sancionó la Ley de Identidad de Género; hay leyes de técnicas de reproducción humana asistida, o de aborto legal. Esta última contempla a los varones trans, es decir, los beneficiarios y beneficiarias son todas las personas que tengan la capacidad de gestar”, manifestó.  Lo que falta y el pedido por la aparición de Tehuel “Todavía faltan algunas cosas, como la Ley Nacional Antidiscriminatoria que es post dictadura y todavía no contempla este prejuicio discriminatorio en la ley; Hacer realidad el cupo laboral travesti-trans en muchas provincias y localidades. En algunas se sancionaron las leyes pero no se aplican. Y sumo a lo que falta, y es lo que estamos pidiendo hace más de un mes, la aparición con vida de Tehuel. Es un varón trans que salió de su casa para buscar un trabajo y nunca más volvió. Lo tenemos que buscar como cualquier otra persona que desaparece”, remarcó Mas. En la ciudad de la furia La abogada repasó algunos de los cambios que notó en la sociedad con la implementación de estas leyes y destacó el tratamiento de la problemática dentro de la Ciudad de Buenos Aires:“Hubo un cambio enorme con relación al antes y al después -sobre todo de la Ley del Matrimonio Igualitario- en el sentido del debate que se dio durante casi cuatro años en las calles, las escuelas, los trabajos y en nuestras casas. Esto modificó mucho la cantidad de consultas que recibía antes por un actuar indebido de la policía, de vecinos, o de personas que insultaban o reaccionaban en la calle. Con esto no quiero decir que no siga sucediendo. Ha habido un montón de casos de varones gays que han sido agredidos físicamente incluso llegando a estar bastante graves. Por otra parte, la Ley de Identidad de Género es fundamental, pero queda la cuestión principal que es que accedan a trabajos formales y a viviendas dignas. De todas maneras, la situación en la Ciudad de Buenos Aires es mucho mejor que lo que sucede en otras ciudades del país”, contó. En el Hospital Pirovano, actualmente, funciona un grupo interdisciplinario especial de profesionales de la salud de atención para la diversidad, un ejemplo en el ámbito de la salud porteña. Al respecto Mas expresó:“Es muy valorable la iniciativa. Yo siempre festejo cuando se abren consultorios amigables en todas las provincias del país. Sería ideal llegar al momento a que esto no sea necesario, y que todes les mediques y profesionales de la salud estén capacitados para atender sin discriminación a las personas LGBT con las problemáticas específicas de salud que tienen”, cerró. 

La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento presentó una acusación contra dos de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Mar del Plata, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, para llevar adelante el jury por lo absolución de los femicidas de Lucía Pérez. En diálogo con el programa radial Hasta Que Vuelvan Los Abrazos, Guillermo Pérez, padre de Lucía, habló sobre el caso y opinó de la perspectiva de género en la Justicia. También contó acerca de la muestra “El cuarto de Lucía” realizada en Mar del Plata y que ahora se puede ver en el museo Petorutti de La Plata. (Por La Retaguardia)   🎤 Entrevista: Julián Bouvier/ Irene Antinori ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: Natalia Bernades En 2018 los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale absolvieron a los acusados de abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez -Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel-. La Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires acusó a Gómez Urso y a Viñas de “negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta”. —La Retaguardia: Sabemos que se anuló el fallo que absolvía a los tres acusados del femicidio de Lucía y que se abre el camino para un nuevo juicio. Contanos cómo llegan esas novedades y qué está pasando con el caso. —Guillermo Pérez: Se anuló la queja que había hecho la defensa a la Suprema Corte de Provincia. Queda una instancia más que puede ser, por ejemplo, alguna otra apelación de la Defensa y ahí ya estamos, después de esa apelación, en condiciones de empezar a pedir la fecha de juicio. —LR: Es muy importante resaltar que dos jueces que dictaron la sentencia fueron acusados por negligencia, incumplimiento de deberes de funcionario y parcialidad manifiesta por la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Irán por la separación de estos jueces? —GP: Sí, en el jury vamos por la separación. Yo creo que entre el miércoles y el jueves ya se terminan los plazos porque la Defensa de estos jueces tiene que hacer un escrito de defensa y, ya después de eso, nosotros estamos en condiciones de pedir la primer fecha de jury. Por el delito que cometieron estos jueces, incumplimiento de funcionarios públicos, también tenemos que pedir que sean apartados del cargo.  —LR: Estamos hablando de los jueces Gómez Urso, Viñas y Carnevale que son integrantes del Tribunal N°1 de Mar del Plata y que son los responsables de que no se haya impartido justicia en el caso de Lucía y en un montón de otros casos similares -o no tanto- de injusticia en Mar del Plata y toda la zona. —GP: Sí. De todas maneras, dos jueces van a ir a jury. Carnevale no porque se jubiló anticipadamente. La salida se la dio María Eugenia Vidal en su gobierno, porque los últimos que firman la salida de los jueces son los gobernadores. Entonces, por eso a Carnevale no lo podemos llevar a juicio. El cambio es para Lucía y para todas —LR: Recordemos que la Corte está integrada por los jueces Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Sergio Gabriel Torres y la jueza Hilda Kogan . Es un fallo que cambia el criterio porque dictaron que faltó perspectiva de género. Es un fallo  importante para tener en cuenta, sobre todo porque en la Provincia de Buenos Aires la perspectiva de género, por lo general, no se considera. ¿Qué pensás al respecto? —GP: Yo creo que ya se viene viendo la perspectiva de género desde el fallo anulado que dio Casación. Ya lo vienen haciendo y la Suprema Corte de Provincia también lo está viendo. Esta Justicia tiene que tener un cambio en violencia de género y yo creo que ellos al ver la perspectiva de género, están viendo las cosas de la manera que las tienen que ver. Como digo yo, es muy difícil ser mujer en esta época y ellos más que nadie tienen que ver esa perspectiva y tienen que estar adheridos a los cambios que se están viviendo en este país. —LR: ¿Cómo sigue la lucha de la familia Pérez por conseguir justicia?. ¿Cuáles son los próximos pasos en los cuales podemos acompañar? —GP: Los pasos en los que ustedes nos pueden acompañar como periodismo es apoyarnos, porque este cambio se está generando para Lucía y para todas. Entonces eso es lo que nosotros pedimos; que nos apoyen. Entre todos podemos generar un cambio, porque solos no podemos. Nosotros ya hace cuatro años y medio que venimos pidiendo justicia por Lucía y la familia ya está cansada. Estamos un poco cansados, pero también queremos ver que se haga justicia por ella porque sino va a ser un crimen impune más. Hasta el momento es un crimen impune, ahora estamos viendo de que no sea impune, de que Lucía tenga su justicia.  —LR: Esto refuerza la lucha de otras personas que están padeciendo lo mismo. ¿Cómo se vinculan con  familiares que atraviesan la misma situación?  —GP: Cuando nos encontramos con ellos nos encontramos con toda la gente que ha perdido hijas e hijos: los papás de Carla; los papás de Melina; con Gustavo Melman. Con todos. Por ahí hablamos otro idioma pero, por ejemplo, todos sentimos lo mismo y todos sentimos la falta de los hijos, ¿no? Entonces por ahí podemos llegar a entendernos un poquito más rápido que con otras personas. La lucha es de todos y de todas. Eso es a lo que apuntamos nosotros, a la unidad de las víctimas,hacer el reclamo y entre todos tratar de generar un cambio. Son las cosas fundamentales como para que este país tenga justicia en este tipo de casos. Hay algunos casos que son muy especiales; nosotros hablamos de narco-femicidios porque, como pasó con el caso de Lucía, captan a sus víctimas, torturan con droga, después violan y matan. Eso es un narco-femicidio y eso también lo

Lo dijo Tamara Kallsen, integrante de la Campaña Justicia por Caro Ledesma, en diálogo con el programa radial Tengo una idea. Carolina Ledesma tenía 21 años y estaba embarazada cuando fue asesinada de un disparo en el abdomen por quien era en ese momento su pareja, Ángel Andrada, el 18 de febrero de 2019. El 4 de mayo comienza el juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Lomas de Zamora. Kallsen explicó cómo fueron los hechos, remarcó la importancia de una reforma judicial con perspectiva de género y se refirió al rol de los medios de comunicación en estos casos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Nicolás Rosales/Carlos Morchio ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Campaña Justicia por Caro Ledesma —La Retaguardia: ¿Quién era Caro Ledesma? ¿Cuándo sucedió esto y dónde?  —Tamara Kallsen: Caro era una piba que en el momento en el que fue asesinada tenía 21 años, vivía en Villa Fiorito. En realidad, era oriunda de Villa Fiorito, estaba viviendo en Ingeniero Budge, un barrio vecino, en Lomas de Zamora. Ella era madre de dos niñes, estaba embarazada de su tercer hije cuando fue asesinada por su expareja, Ángel Andrada. Ella era trabajadora de una cooperativa, tenía diez hermanos y hermanas y sus proyectos y sueños fueron arrebatados en manos de quién era el progenitor del bebé que estaba en camino. Y le digo bebé porque había un deseo de ella de poder continuar con ese embarazo y fue asesinada el 18 de febrero de 2019 de un balazo en su vientre por Ángel, quien actualmente está detenido en prisión preventiva esperando el juicio. —LR: ¿La pareja tenía antecedentes? ¿Ella había hecho la denuncia? —TK: No, ella no había denunciado el vínculo violento que tenía con él. Estaban saliendo hace pocos meses, venían de una relación bastante violenta, por lo que fueron comentando la madre de Caro y amigas de ella, que culminó finalmente en el femicidio. El rol de los medios de comunicación —LR: ¿Por qué crees que este caso no tiene o no ha tenido tanta repercusión como sí han tenido otros? —TK: Nosotras lo que creemos es que, más allá de que hay muchos casos de femicidio y muchas situaciones de violencia que no se mediatizan y que por eso no aparecen en las estadísticas que realizan las organizaciones que vienen laburando con esta temática, pero los barrios populares, en particular, y los femicidios que suceden en barrios populares tienen aún menos mediatización. Son como rincones invisibilizados que además de haber sido vulnerados y negados territorialmente y estructuralmente de un montón de derechos, a la vez todo lo que sucede ahí si no es parte de los estereotipos que se quieren marcar de lo que es un barrio popular, de lo que es una villa o un asentamiento,  no son vidas que importen en la farándula ni en el morbo mediático que realizan muchos medios de comunicación. En el momento del femicidio, sólo se acercaron dos canales de televisión, el día que estaba siendo el entierro de Caro, con una actitud bastante revictimizante y violenta de toda la situación, peleándose por la primicia. A ver quién lograba hablar primero con la madre cuando ni siquiera tenían bien identificado ni qué había pasado, ni quién era Caro, poniendo en las placas fotos de otra chica, esa despersonalización de la situación más angustiante que podría sucederle a una familia nos parece que es muy significativo y que muestra también desde qué lado se busca, muchas veces, comunicar los hechos que no es más que para vender y tener una noticia reciente y no en realidad en buscar contar una historia, en buscar un pedido de justicia de una familia que no tiene los recursos para estar llamando y pidiendo a los canales hegemónicos que mediaticen lo que les sucedió. La necesidad de una reforma judicial con perspectiva de género —LR: ¿Les parece importante el camino hacia una reforma con perspectiva de género en la Justicia? —TK: Sí, nosotras creemos que eso es una pata fundamental, que hace falta, pero no solamente desde una mera capacitación donde se les diga y explique y forme a las diferentes personas que trabajan dentro del Poder Judicial lo que es la violencia machista, lo que es el patriarcado, sino también reformas reales, estructurales. Tanto del Poder Judicial como de otras patas que son parte de la prevención de la violencia, porque no solamente queremos condenas firmes y efectivas para los femicidas, no queremos que nos maten más. Queremos llegar antes de esa situación. Entendemos que es un cambio largo y que mientras tanto tiene que haber una reforma en el último escalón pero el Poder Judicial muchas veces interviene, casi siempre, cuando ya hay un delito consumado, ya nos golpearon, ya hubo abuso sexual o cuando nos matan. Necesitamos previamente que haya políticas efectivas y reales en todos los barrios, no solamente en los barrios céntricos, sino también en la periferia, en el barrio popular, donde podamos tener recursos para estar protegidas realmente de la violencia y no tener que seguir llorando compañeras que nos arrebatan todos los días.  —LR: ¿Están las pruebas suficientes para que este hombre sea condenado? —TK: Por un lado, sí. Ángel le dispara y va en un remis a buscar a la mamá (de Carolina) para que ella la encuentre. Le dice que la hija había salido lastimada de una balacera, que necesitaba su ayuda, que vaya a buscarla y le paga un remis que la deja en la casa donde Caro estaba agonizando. Niveles de perversión y violencia muy fuertes. Dentro de su poco cuidado, por así decirlo, en el asesinato, nosotras creemos que sí hay varias pruebas que lo ponen a él en la escena del crimen porque no solamente intentó limpiarla de una manera muy poco prolija sino que  de la escena del crimen se trasladó en un remis a la casa de la mamá para avisarle, ese mismo remis la lleva a la madre y

La legisladora del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Mujer de la Legislatura porteña, Laura Velasco, dialogó con el programa radial Tengo una idea. Allí hizo referencia a la resistencia del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para ampliar el presupuesto para políticas sociales y la decisión de no avalar un proyecto que implicaba la creación de un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad porteño como el que hay en Nación. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur 📷 Fotos: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia El oficialismo dentro de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se opuso al proyecto de crear un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad presentado por Laura Velasco, legisladora del Frente de Todos  y presidenta de la Comisión de la Mujer. El mismo contaba con el apoyo de la Defensoría del Pueblo porteña.  Al respecto, la diputada explicó el por qué de la negativa: “El Gobierno, en relación a todos los temas que tienen que ver con las políticas sociales, viene teniendo una enorme resistencia a ampliar presupuestos. Y en particular en este tema, siendo que el 8 de marzo, en la sesión que fue la primera de la Legislatura porteña donde estuvimos solamente mujeres legisladoras y todas decidimos llevar ese día un cartel que decía ‘Vivas y libres nos queremos’, dijimos quizás tengamos la posibilidad de tener algunos consensos en la Comisión (de la Mujer) en relación con este proyecto. Finalmente, primó esta máxima que tiene permanentemente el Gobierno porteño que es no avalar proyectos que impliquen erogación presupuestaria en áreas que evidentemente no están dispuestas a ubicarlas como prioritarias. Lo que plantea el proyecto de mi autoría, que pusimos en discusión y que acompañamos en conjunto desde el espacio político  Frente de Todos en la Legislatura, es que en el plano nacional tenemos un ministerio de esa índole y que hemos tenido por primera vez un presupuesto votado con perspectiva de género. Esto implicaría jerarquizar en la Ciudad un área de lo que es simplemente una Dirección de la Mujer para que haya un presupuesto acorde con algo que es cada vez más grave, que es la necesidad de tener políticas públicas urgentes para frenar la violencia hacia las mujeres”, expresó. Mientras tanto… Por otro lado, Velasco detalló lo que ya existe en el ámbito de la Ciudad y lo que continúa haciendo falta: “En CABA existen los Centros Integrales de la Mujer. Sin embargo, durante la pandemia donde se recrudecieron las situaciones de violencia de género por la situación de mayor aislamiento, estos centros estuvieron prácticamente cerrados. Nosotras decimos que tienen que haber más CIM, uno por comuna. Cada 50 mil personas debiera haber uno, por lo cual en algunas comunas tenemos la necesidad de que exista un segundo CIM. Por ejemplo en las del sur, en la 4, 7, y 8, que son donde radican la mayor cantidad de denuncias”, indicó. Mayor presupuesto y reconocimiento  La legisladora del FdT pidió la implementación de la ley Bety Quispe, llamada así por una persona Trans del Bajo Flores, referente y militante social, recientemente fallecida por Covid-19: “Los CIM necesitan de un mayor presupuesto. Lo que planteamos es que se reconozcan a las figuras de promotoras de género y diversidad, impulsando un proyecto que es la “ley Bety”. Ellas son las promotoras que están en el territorio, trabajando por los barrios libres de violencia, acompañando en cercanía las situaciones y que muchas veces ni tienen para cargarse la tarjeta SUBE. Ahí necesitamos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las reconozca como una figura y que sea de alguna manera las que puedan articular los CIM. La otra cuestión que estamos pidiendo es que se mejore la situación laboral de precariedad a las trabajadoras de la línea 144”, reclamó.   Por una reforma judicial feminista “Estamos en búsqueda, además, para tratar el ‘registro único de casos’, que es un proyecto de la Defensoría del Pueblo para que la respuesta sea acorde cuando las mujeres hacen una denuncia. Bregamos por una justicia feminista, y tiene que haber mecanismos para que esto suceda. Tenemos que avanzar también con la Ley Micaela para que efectivamente se aplique en todos los poderes del Estado, para que haya formación particularmente en la Justicia y en las fuerzas de seguridad para atender al tratamiento de los casos”, agregó.  Por último, el proyecto de la creación del Ministerio ya no se podrá tratar este año, pero se pondrá en discusión a partir del próximo: “La negación deja expuesta la situación del Gobierno y un modelo de Ciudad”, dijo Laura Velasco .

Lo dijo Rocío Girat, horas más tarde del fallo de la Cámara de Casación que absolvió a su esposa Marian Gómez, quien había sido condenada hace dos años, después de que la detuvieron en 2017 por besarse en el centro de trasbordo que hay entre subte y tren en Constitución. Luego de la condena de un año a prisión en suspenso, se conoció el fallo de Casación que revierte aquella sentencia. En diálogo con el programa radial La Retaguardia, Girat contó cómo recibieron la noticia. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Rolando Andrade Stracuzzi “Estamos cayendo, de a poco. Nos enteramos a las cinco de la tarde de la absolución de Marian, mi compañera, de que los tres jueces por unanimidad decidieron absolverla de los dos cargos por los que estaba condenada, tanto el de lesiones leves y el desacato a la autoridad”, comenzó Rocío Girat, la esposa de Marian Gómez, quien había sido condenada a un año de prisión en suspenso. Girat contó cómo vivieron estos cuatro años desde que comenzó el proceso: “Estábamos asustadas, no sabíamos si íbamos a terminar siendo embargadas, porque si la condena de Marian quedaba rectificada íbamos a tener que abonar los costos de este juicio así que más que agradecidas por el trabajo del abogado que nos acompañó, un compañero, desde un primer momento. Muy agradecidas y muy conmovidas”. La molestia del amor libre al sistema judicial Rocío manifestó qué significa este fallo para ella y su compañera, haciendo hincapié en el mal funcionamiento del sistema judicial. “Teniendo tantas urgencias, tantos emitidos, hay un montón de temas muchos más urgentes para dedicarle audiencia que por una situación de que a un policía le haya molestado ver a dos tortas besándose en Constitución. Me parece que en Argentina estamos viviendo problemáticas más importantes y que atentan con nuestra vida. Estamos viendo cómo personas denunciadas por abuso, donde el sistema judicial no está funcionando y no los enjuician y hasta que no matan a una piba no se enteran que estaba denunciado. Entonces, realmente es penoso que el sistema judicial gaste dinero en perseguir, en querer adoctrinar a un movimiento, un colectivo, que realmente se despertó. Estamos en otra generación. No deberían de suceder estas cosas”, expresó. “El Estado gastó muchísimo dinero y es injusto para cada una de las muertas que tenemos todos los días. Es injusto. Es injusto porque muchas son compañeras que denuncian muchísimas veces y no son escuchadas. Y mirá qué rápido actúa la justicia para estigmatizar, para condenar, para procesar, para meter al sistema a una lesbiana visible, a una chonga. Esa diferencia”, dijo. Girat contó que Marian todavía tiene antecedentes penales y que al día siguiente del hecho fue la fiscal quien ordenó que la pusieran en el sistema. “Entonces vemos cómo se actúa con tanta rigurosidad en algunos casos y con tanta liviandad en otros. Realmente espero que esta sea la última vez que pase. Y si sigue pasando, los movimientos y ustedes desde su lugar de comunicadores tenemos que estar ahí para repudiarlos hasta que salga como salió hoy la absolución de mi compañera”, agregó. Luchar y combatir con el miedo En una charla con La Retaguardia en junio de 2019, previa a la sentencia, Rocío había dicho “Ahora me cuido de dar un beso y de otras cosas”. Acerca de esta frase, explicó: “Siendo sincera, si estamos en un grupo, contenidas, en un lugar seguro, obviamente no hay problema en estar visibles. Pero delante de la yuta la pasamos muy mal. No fue solamente el procesamiento, el enjuiciamiento, la condena, el embargo, los pedidos de allanamiento, no fue solamente eso. A Marian la desnudaron en una sede policial, la revisaron entre un montón de policías. Ojalá que esto sea como un poquito de sanación y que nadie, nadie debería sentir miedo ni esa sensación de ahogo de que en cualquier momento viene un yuta y te caga a palos. Nadie merece sentir esa sensación. Luchamos y combatimos ante todo con el miedo”. Al momento de enterarse de la absolución, Rocío se encontraba junto a su esposa: “Realmente nos sorprendió porque una está tan acostumbrada al palo, palo, palo, que cuando te viene una absolución y vos ves con fundamentos que los tres jueces realmente están teniendo un poco de perspectiva de género, un poco de perspectiva de la situación de lo que vivimos nosotras ese día en Constitución, de que nadie debería de vivir una situación discriminatoria así, de que no debería haber agentes policiales que traten a las personas de esa manera y que estén sueltos, trabajando y ocupando cargos con tanta liviandad. Vamos cayendo de a poco”, finalizó. DESCARGAR

El 22 de marzo recibió dictamen favorable en el Senado un proyecto de ley que busca incorporar al Código Penal de la Nación un artículo sobre la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos, a través de multas y penas de prisión. Senadores y senadoras de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de la Banca de la Mujer decidieron unificar en un solo proyecto dos propuestas sobre el acoso callejero. Una de ellas ya había recibido media sanción de la Cámara de Diputados/as en 2019, aunque se resolvió incorporarle una serie de modificaciones. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele 📷 Fotos: Natalia Bernades La propuesta es incorporar el artículo 129 bis al Código Penal: “Será penado con multa de 1.000 a 15.000 pesos el que, en lugares públicos o de acceso público, mediante gestos, expresiones, palabras, contacto físico o arrinconamiento no consentido, con connotación sexual, perturbare la dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión y siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado”.  A su vez, estipula un aumento de multa de 5.000 a 30.000 pesos si la víctima fuese menor de edad o el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad. Además, la multa llevará como medida accesoria la obligatoriedad por parte del condenado de realizar talleres o encuentros orientados a la educación, concientización y erradicación del acoso sexual callejero y la violencia de género por un plazo no menor a los tres meses. Se contempla, también, la incorporación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia (N° 26.485), políticas públicas y la realización de campañas que difundan y contribuyan a concientizar, dar visibilidad y a desnaturalizar la violencia con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión en el espacio público conocida como “acoso sexual callejero”. La importancia de la tipificación El acoso callejero ya se contemplaba a través de la ley 27.501, que modifica la 26.485 e incorpora la figura del acoso como una modalidad de violencia contra las mujeres. La normativa reconoce e identifica el acoso pero, ¿es un verdadero avance en materia de reconocimiento de derechos, tales como, una vida libre de violencias? La respuesta es sí, pero no alcanza. Que la propuesta del proyecto salga de la órbita de una “simple norma” y exija el reconocimiento y tipificación del delito de acoso callejero es un avance más. Ya no sólo se contempla, se reconoce, se identifica, también se castiga. Y dentro de ese castigo entendemos por qué ya no se toleran más los piropos, los silbidos, las apoyadas en el colectivo o en el subte.  Una vez más la lucha feminista da cátedra y esta se ve reflejada en el proyecto. Queremos habitar las calles tranquilas y que deje de ser un ambiente hostil para nosotras.

Pablo Lachener, reconocido abogado de derechos humanos y dirigente del Club Atlanta, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, dialogó con el programa radial La Retaguardia. Allí brindó algunos detalles sobre la novedosa cláusula de “integridad” que se incorpora a los contratos de futbolistas y que entró en vigencia este año. Se trata de una medida que significa un paso más en la lucha contra la violencia de género, articulada con otras acciones como la creación de una Comisión y Protocolo específico para la intervención sobre múltiples formas de violencias. Además, destacó la posibilidad de ampliar y fortalecer la inclusión de las mujeres en el ámbito del fútbol en el club. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur 🖍️ Ilustración: Archivo Lorenzo Dibiase/La Retaguardia   La cláusula de “integridad” funciona como una herramienta para saber cómo actuar ante una situación o denuncia de violencia de género y se incluye dentro de los contratos de los futbolistas profesionales del fútbol argentino. Está siendo aplicada por el club Vélez Sarsfield, del barrio porteño de Liniers, y ahora por Atlanta, de Villa Crespo. Una cláusula con perspectiva de género El abogado y dirigente de fútbol Pablo Lachener hizo referencia de manera detallada a cómo se fue dando el escenario para establecer esta cláusula, “Es un motivo de orgullo que empecemos a instrumentar institucionalmente algunas barreras frente a la realidad de la violencia de género que lamentablemente se multiplica día a día y que la vemos constantemente en el ámbito del fútbol, en particular. Desde el club Atlanta, y desde hace unos años, vamos identificando a partir del empuje de muchas socias que los clubes de fútbol no son muy receptivos a la participación de la mujer. entonces, esos canales hay que ir creándolos, y en ese marco se creó la subcomisión de género, diversidad e inclusión. Además se sancionó mediante asamblea un protocolo específico de actuación del club para casos tanto de violencia de género y discriminación como para casos de violencia entre niños, niñas y adolescentes, esto último en un nuevo marco legal de la normativa para las infancias. En ese marco, una de la patas que nos quedaba un poco renga era saber qué hacíamos con la cuestión del fútbol sobre todo a partir de casos muy resonantes en determinados clubes, sobre todo de primera división, que impactaron mucho sobre la población. Observamos también que hay una tendencia internacional de agregar en los contratos de futbolistas profesionales una cláusula específica que hace referencia iluminando y alertando al jugador de fútbol: tiene que saber que mientras dure la relación contractual tiene que tener una conducta íntegra, por eso la llamamos cláusula de integridad. Colora un poco la conducta que tiene que tener el jugador adentro y afuera de la cancha y, en particular, le hacemos conocer la existencia del protocolo de género que tiene el club. En consecuencia, están avisados que en cuanto haya cualquier información de un caso dentro de la violencia de género y discriminación, va actuar el equipo de profesionales que se encarga de llevar adelante este protocolo y asesorar a la comisión directiva para que tome medidas”, explicó el dirigente y detalló en qué podrían consistir: “Las medidas no pueden ser penales, porque eso es un poder exclusivo, un monopolio del Estado, pero por otro lado hay cuestiones patrimoniales y que tienen que ver con la posibilidad de apartar al jugador del plantel profesional, un montón de medidas que uno puede tomar en el medio en función de la gravedad de la situación, o tal vez hacer una mediación por algún problema específico”, agregó. Acciones concretas Lachener contó que la llamada cláusula de integridad ya está vigente a partir de este año y especificó una de las medidas tomadas por el club contra sus futbolistas: “Esto es un tema que a los dirigentes los pone contra la espada y la pared. Nosotros tuvimos casos con dos jugadores profesionales y tomamos la decisión de apartarlos del plantel. Fuimos firmes en eso, aun sabiendo que iba a tener un impacto en un partido que se venía que era por el ascenso a primera división. La cláusula ya está vigente en los contratos que firmamos en este año y lo hicimos público en el marco del 8 de marzo. El club entiende que la violencia no es solamente física, muchas veces es simbólica y tiene que ver con casos de discriminación, o baja de las tribunas y a veces es muy difícil trabajar sobre eso”, opinó. Por último, el abogado puso dos ejemplos donde el club Atlanta activó el protocolo. Uno de ellos fue en un chat público de un canal de deportes de televisión, donde la gente se insulta, y el otro caso fue por violencia de género:“ Fue cuando el tribunal de disciplina de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) manifestó que perdían vigencia las sanciones hacia los jugadores durante el 2019 y el 2020. En el caso del ‘Pitu’ González, un jugador del Club Chicago, de Mataderos, que salió haciendo gestos antisemitas en un partido contra Atlanta. Ahí también el protocolo actuó y se comunicó con las autoridades de la AFA, y exigió que en el caso de él la sanción se cumpliera”, concluyó.