ESMA
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En el juicio que se le sigue a Adolfo Donda Tigel por su participación en la apropiación de su propia sobrina, la actual presidenta del INaDi Victoria Donda, se proyectó el testimonio del sobreviviente Enrique “Cachito” Fukman, quien murió en 2016. ¿Qué le dijo y por qué podría ser una prueba esencial en su contra? Cachito Fukman lo hizo de nuevo. A pesar de que murió en julio de 2016, su testimonio se vuelve a convertir en fundamental. Esta vez contra Adolfo Donda Tigel, acusado de haber participado en la apropiación de su sobrina, Victoria Donda. Parte del testimonio de Fukman en ESMA II se proyecto esta mañana en la sala de audiencias. Allí se refirió a un momento de su cautiverio en el que el genocida le reconoció su participación en el hecho. Victoria recuperó su identidad en 2014. Además, se vieron otros segmentosnde su testimonio histórico, en el que relató con detalles la suerte del “Grupo Villaflor”. Su relató de las torturasnfue crudísimo, tanto en lo que tiene que ver con delitos sexuales, como en las torturas recibidas por sus compañeros, como el caso de Carlos “Sueco” Lorkipanidse, quien recibió picana eléctrica con su bebé de meses apoyado en el pecho. Una vez más, quedó expuesto el valor del aporte de Fukman a la memoria histórica, a la que aportó desde la Conadep, pasando por el Juicio a las Juntas y la megacusa ESMA, hasta su sorpresiva muerte. Compartimos su testimonio completo.
El genocida se victimizó y se mostró desafiante frente al juez Canero. Además, responsabilizó al sobreviviente Carlos Loza por su extradición; Loza lo tomó como una amenaza. Todo esto, escondido detrás de un gran barbijo blanco y guantes negros. La Retaguardia transmitirá el miércoles el cierre de su indagatoria. Hasta el momento, no podríamos difundir por TV las testimoniales. Las querellas repitieron esta semana el pedido para que el TOF revierta la medida. Redacción y cobertura en juicio: Diego AdurEdición: Fernando TebeleFoto: Captura de transmisiòn en vivo de La Retaguardia El comienzo del juicio estaba pactado para las 9:30 del miércoles 14 de septiembre, pero casi una hora y media después dio inicio la audiencia. La sala ya estaba repleta de familiares de Abriata, compañeros y compañeras, estudiantes y algunos medios de comunicación. La expectativa venía creciendo desde el día anterior, cuando el TOF 5 confirmó la semipresencialidad del debate: Sandoval iba a estar en Comodoro Py. Después de problemas técnicos que impedían que el sonido de la sala llegara a las personas conectadas a través de la plataforma virtual –como el juez Obligado y la jueza Palliotti- el juez Canero, presidente del Tribunal, ordenó la lectura de cargos contra el único imputado de este sexto tramo de la Megacausa ESMA, Mario Alfredo Sandoval. La indagatoria Mario Alfredo Sandoval arribó a los tribunales de Comodoro Py una hora y quince minutos después de comenzada la audiencia. Entró a la sala con un barbijo muy bien acomodado que la cubría la mayor parte del rostro y con guantes negros. Se sentó del lado izquierdo, bien escondido detrás de sus defensores públicos y custodiado por dos agentes del Servicio Penitenciario Federal, que casualmente se interpusieron entre el imputado y las cámaras de los medios que aguardaban su llegada. Escuchó imperturbable la lectura de cargos y el planteo de las partes, hasta que el juez le preguntó si iba a prestar declaración indagatoria. Asintió, se levantó y fue a sentarse delante del estrado. Desde allí dio comienzo a su show: Respondió las preguntas identificatorias del juez con cinismo, aclaró que no tenía ningún “apodo, sobrenombre ni alias”, dio su edad exacta -69 años y 14 días-, dudó un momento antes de decir que su estado civil era casado, dijo que su profesión era jubilado y que si bien tenía nacionalidad francesa y argentina, la argentina era por obligación, “aunque abandoné los derechos políticos de la Constitución hace más de 35 años”. Sobre sus estudios, aunque conocido que dio clases en la Universidad La Sobornna y fue asesor político de Nicolás Zarkozy, dijo simplemente que sabía leer y escribir. Ante la insistencia del juez, respondió que tenía los estudios “suficientes para saber leer y escribir”. Cuando le tocó responder sobre su estado de salud, contó que tiene “los padecimientos típicos de la edad”, que tuvo Covid 19 en dos oportunidades y que el parte médico entregado por la Unidad 34, donde se encuentra en prisión preventiva, forma parte del secreto médico. En este particular intercambio con Canero, Sandoval explicó que iba a responder preguntas de manera parcial: “después le voy a aclarar las preguntas que voy a responder”. El juez no entendía y siguió: -¿va a contestar preguntas sí o no?-. “Sí, parcialmente”, fue la respuesta que conformó finalmente al juez. Sobre el final aclararía que respondería preguntas del juez “si fueran formuladas por usted”. La amenaza a Loza A lo largo de su exposición, Sandoval hizo un repaso por lo que fue su extradición desde Francia. El pedido de la familia de Abriata fue en 2012 y recién fue otorgada en diciembre de 2019. El imputado señaló a Carlos Loza como uno de los responsables de dicha extradición: “El señor Loza hizo todo lo posible para que me extraditen”. El sobreviviente de ESMA, que compartió cautiverio con Hernán Abriata, calificó ante La Retaguardia su nombre en boca de quien formó parte del Grupo de Tareas de la ESMA como una amenaza: “Los dichos de Mario Alfredo Sandoval me causan un profundo desconcierto. Es mentira. Yo no protagonicé esa extradición sino que fue el juez Torres quien la solicitó. Nosotros pedimos publicidad y seguimos todos los trámites del proceso judicial que se estaba dando en Francia para extraditarlo. Que me haya mencionado una persona que estuvo en Coordinación Federal, en el séptimo piso de Asuntos Políticos, lo siento como una amenaza. No es cualquiera, sino una persona que está imputada. El hecho de personalizar la extradición en mi persona me pone en una vidriera que me obliga a tener que tomar recaudos y sentirme amenazado porque sabemos la manera de actuar de ellos. Lo central es que Sandoval responda dónde está el cuerpo de Hernán Abriata, no quién lo extraditó y quién se movilizó por eso”, explicó. Un simple agente del Estado Se lo veía desesperado a Sandoval, temeroso, pero a la vez provocador. Negó ser la persona que participó del secuestro de Hernán. Solo reconoció pertenecer a la Policía Federal Argentina y pidió que tengan cuidado sobre las denominaciones que hacían de él porque podía verse afectado: “Tanto ustedes como en mi caso estamos en busca de la verdad jurídica. El sustento de la sociedad es la verdad. La mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. La mentira constituye una violencia particular para mí, porque están mintiendo sobre mí. ¿Cómo no me voy a sentir afectado? ¿Para qué comenzar un juicio cuando todas las partes saben que no soy la persona que cometió el hecho investigado? Cada uno de los integrantes del tribunal, el fiscal (Fillipini), la familia Abriata y los ilegales querellantes saben que no soy el inspector o comisario Sandoval que vino al domicilio de la familia Abriata en 1976 y luego al del señor Hernán Abriata… No quiero que se escuchen palabras que pueden afectarme moralmente de parte del público. Yo estaba completamente en desacuerdo con que saquen fotos. Espero que en lo sucesivo eso no ocurra y que podamos llevar un juicio en tranquilidad, sin esos
Mañana, desde las 9:30, comenzará el sexto tramo de la Megacausa ESMA. El único imputado será Mario Alfredo ‘Churrasco’ Sandoval, extraditado desde Francia en 2019 por el secuestro y la desaparición de Hernán Abriata, ocurrido el 30 de octubre de 1976. Las voces de Mónica Dittmar y Carlos Loza, esposa y compañero de cautiverio de Hernán. Si bien el TOF 5 de la CABA, a cargo de la causa, no permitió que se televisen los testimonios, La Retaguardia transmitirá el inicio del juicio y la etapa de alegatos. El SiPreBA denunció la situación. Redacción: Diego AdurEdición: Fernando TebeleFoto de portada: Sandoval cuando llegó extraditado desde Francia (Reuters) Hernán Abriata era militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y estudiaba Arquitectura en la UBA. El 30 de octubre de 1976, a la madrugada, lo secuestraron del domicilio en el que vivía junto a su esposa, Mónica Dittmar. Se supo que estuvo en una quinta de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires y luego fue llevado a la ESMA, donde permaneció detenido en el sector de Capuchita hasta los primeros días de enero del 77. Abriata permanece desaparecido. La historia de amor y compromiso de Mónica y Hernán es conmovedora, aun ante tanto horror atravesado. Dittmar, repasó los largos años de impunidad que arrastró Sandoval, y aseguró a La Retaguardia que su rol como testigo será confirmar la participación del genocida en el secuestro de Abriata: “Tantos años esperando el juicio. Primero fue esta extradición tan larga de casi 8 años. Desde 2012 comenzamos este constante derrotero por cada organismo de Derechos Humanos, embajada y cancillería. Pasó por una cantidad de procesos innumerables. Todos estos años fue alargar la tortura. Sigue siendo una tortura la desaparición forzada, esa sensación de que no termina y sigue estando presente. Y sin justicia, eso es lo doloroso. La mamá de Hernán tiene 95 años. Ha ido desmejorándose, sus recuerdos van y vienen. Y siempre su pregunta, qué hicieron con Hernán. La hermana de Hernán, Juliana, va a atestiguar. Mi hermana Claudia y yo también. Vamos a dar cuenta de que Sandoval estuvo en nuestra casa, se presentó y era él. Queremos verlo en la sala, en Comodoro Py. Estamos esperanzados en que se va a hacer justicia. Necesitamos esta reparación como para poder abrazarnos con tantos compañeros”. Durante el operativo, primero en la casa familiar de Abriata y luego en el domicilio de donde secuestraron a Hernán, Mario Alfredo Sandoval se identificó como inspector de Coordinación Federal, mostrando su carnet. Churrasco, como se lo conocía, era policía de la Superintendencia de Seguridad Federal y formaba parte del grupo de tareas de la ESMA. Gracias a ese desliz de impunidad del genocida, la familia Abriata ha podido realizar las denuncias pertinentes contra él para llevarlo a juicio. Desde marzo de 2012, familiares, compañeros y compañeras de Hernán comenzaron el periplo para lograr la extradición de Sandoval, que recién se consiguió en diciembre de 2019. Carlos Loza, del Encuentro Cachito Fukman, es sobreviviente de la ESMA y compartió cautiverio con Hernán en Capuchita. Fue Abriata quien en ese lugar de terror y miedo le dio esperanza a él y a sus compañeros cuando le aseguró que ellos iban a ser liberados porque sus capuchas eran blancas y llevaban la inscripción ‘Posible Franco’. Loza nunca olvidó ese gesto de calidez. Hoy, a horas del juicio contra el genocida Sandoval, el sobreviviente lamentó las prohibiciones que anunció el TOF 5 para este juicio: “Las expectativas que tenemos sobre el juicio a Sandoval dejan mucho que desear. Después de 46 años y más de 8 años del pedido de extradición, vamos con todas las ganas de que salga una condena a Sandoval por haber participado del hecho en el que secuestraron a Hernán Abriata. El inicio del juicio, lamentablemente, no consagra la posibilidad de que las testimoniales sean también televisadas. Nos deja mucho que desear. Lo de oral y público quedó en ayunas. Nosotros venimos hace 46 años tramitando esto. La familia, por un lado, y nosotros, que fuimos compañeros de cautiverio de Hernán. También estaban Claudio Adur, Bibiana Martini, y Jorge Mendé. Ninguno de los 4 fueron liberados y permanecen desaparecidos”. Loza espera justicia: que se condene a Sandoval y que pueda escucharlo Bety, la mamá de Hernán: “Esto me genera un desgaste personal. Esperamos que se haga justicia. Que Sandoval sea condenado. Esto es un delito continuo, aun se sigue cometiendo. Hasta que él no diga dónde está el cuerpo de Hernán -que es por el único caso que lo elevan a juicio- no va a caducar la causa. Estamos esperanzados en que también se cumplan las expectativas de Bety, la mamá de Hernán, que con 95 años está esperando la condena de este represor”, culminó. Se presume que Sandoval participó de cientos de operativos similares al secuestro y desaparición de Abriata. Una vez restablecida la democracia, el genocida huyó a Francia, donde logró esconderse e incluso hacer carrera como docente de la Universidad de La Sorbonne y como asesor del expresidente Nicolás Sarkozy. Si bien el genocida está acusado de por lo menos 600 crímenes de lesa humanidad, la extradición se otorgó solo por el caso de Hernán Abriata. El juicio, que fue pospuesto dos veces en lo que va del año, finalmente comenzará este miércoles, a partir de las 9:30 horas, en la sala SUM de los tribunales de Comodoro Py. En la audiencia inaugural se leerán los cargos contra Sandoval y se le realizará la declaración indagatoria. Seguramente habrá planteos preliminares de las partes. El TOF 5 de CABA, está integrado por el juez Daniel Obligado, la jueza Adriana Palliotti y el juez Fernando Canero. Representando a la Fiscalía estará Leonardo Fillippini y la auxiliar fiscal Marcela Obetko. Entre las personas citadas como testigos, además de Carlos y Mónica, estarán Claudia Dittmar y Juliana Abriata. Además, se escuchará la grabación de los testimonios de la mamá de Hernán, la madre de Plaza de Mayo Bety Cantarini de Abriata.
Cuestiones preliminares, lectura de cargos contra Mario Alfredo Sandoval e indagatoria. Sandoval fue extraditado desde Francia en 2019 después de varios años de lucha de sobrevivientes y de la familia de Hernán Abriata, el único caso por el que podrá ser juzgado.
Se trata de Horacio Ferrari, quien aguarda juicio por su participación en los crímenes del Terrorismo de Estado. Había quedado libre durante el ESMA IV. Luego zafó del veredicto recusando a los jueces. Ahora tiene un nuevo tribunal solo para él. Le cambiaron su libertad por prisión preventiva con domiciliaria. Ahí comenzó la odisea por colocarle el dispositivo electrónico de control, que incluyó la alternativa de que la pagara una querella. El último episodio del culebrón fue la semana pasada, cuando según su abogado Guillermo Fanego, desatendió el llamado para la colocación por miedo a un robo. El abogado querellante Ariel Noli repasó toda la trama. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Paulo Giacobbe/Fernando Tebele 💻 Edición: Fernando Tebele “Cuando a Ferrari lo llaman desde la Instrucción le decretan la prisión preventiva. Lo que logró su defensa, (el abogado Guillermo Fanego), a través de una recusación, es un fallo de Casación respecto de Daniel Obligado y Adriana Palliotti (juez y jueza del TOF N°5 a cargo de la megacausa ESMA). En virtud de eso pidió que se morigeren las condiciones en las cuales se iba a continuar bajo proceso y le hicieron lugar, ordenando el cese de la prisión preventiva”, explicó Noli a La Retaguardia. Ferrari, alias Pantera, no había sido llamado por la Justicia en ningún tramo de la megacausa ESMA y así quedaba en libertad. “Cuando nosotros recurrimos, vamos a Casación, llegamos a la Corte y el 12 de agosto la Corte hace lugar a nuestro recurso de queja y dispone que se revoque la libertad. A partir de ahí empezó una odisea con el tribunal, porque ahí se dieron cuenta de que este hombre no tenía jueces que integren el nuevo tribunal desde noviembre del año pasado”. Así pasaron casi tres meses más a la espera de que se integre el tribunal solo para juzgar a Ferrari y se cumpla el fallo de la Corte. Finalmente, el 1 de noviembre se efectivizó la revocación. Pero entonces, Gabriela Illarregui, desde la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación informó al tribunal que cuentan con “un número limitado de dispositivos electrónicos” y que “se dará prioridad a aquellas personas que se encuentren detenidas en una unidad penitenciaria”. También recordaron que, “en atención a la necesidad de optimizar el uso de los recursos disponibles, la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria a través de la NOTA N°2/2019 remitida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que los dispositivos electrónicos no resultan necesarios en todos los casos”. Noli calificó de asombroso lo ocurrido. “Llama poderosamente la atención. Da la sensación que no sería un criterio prioritario monitorear a un genocida por parte del Ministerio de Justicia, cosa bastante asombrosa”. Pero a su vez se dieron cuenta de que, anteriormente, cuando el TOF N°5 ordenó que tuviera un dispositivo de monitoreo, tampoco ocurrió. “Atento el contenido de la contestación de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica suscripto por Gabriela Illarregui, del que surge que el imputado Ferrari no cuenta a la fecha con un dispositivo de geolocalización colocado y, toda vez que ello se dispuso al conceder el cese de prisión preventiva revocado el día de ayer, venimos a solicitar se requiera a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica informe de manera urgente las razones del incumplimiento de la manda judicial por espacio de más de dos años”, dice el escrito que presentaron ante el Tribunal desde la querella unificada encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, y que también representa a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Pero fueron más allá y propusieron hacerse cargo de la compra de la tobillera: “En cuanto a la escasez de dispositivos para su colocación y la prioridad que tendrían las personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios por sobre los imputados por crímenes de lesa humanidad que transitan su detención en sus domicilios, esta querella hace saber su disposición para adquirir por su exclusiva cuenta y cargo el dispositivo necesario para el monitoreo del imputado Ferrari, el cual en comodato gratuito y a su cargo le será entregado, ello con el objeto de evitar erogaciones al erario público y contribuir de esa forma a la recuperación económica del país, solicitando a V.S. tenerlo presente a sus efectos”, continúa el escrito presentado. Si bien la situación es insólita, que una querella pague el dispositivo, para Noli es “peor que no lo monitoreen. No deberíamos tener que hacer esto. Yo entiendo que deberían darle desde el ministerio prioridad a que un genocida esté monitoreado. Cuando uno ve situaciones de presos comunes, sociales, cuando los tribunales ordenan un dispositivo se lo ponen a las 24 horas, esto pasa nada más que con los genocidas”. Por último, el abogado querellante se refirió a las demoras en el comienzo del juicio. “Acá tenemos que entre los jueces que recusó (el abogado defensor Guillermo) Fanego, los jueces que se apartaron por la suya y los que aceptaron la recusación, ya llevamos diez jueces separados de esta causa”. El 5 de noviembre llegó la respuesta del Tribunal Oral en los Criminal Federal N5 conformado por los jueces Sabrina Namer, Enrique Méndez Signori y Fernando Machado Pelloni: “Hágase saber a la Directora Gabriela Illarregui que por el presente se dispone la realización del informe técnico de viabilidad y, asimismo la implementación del mecanismo de vigilancia electrónica. Por lo demás, adjúntese una copia digital del requerimiento de elevación a juicio y de la resolución que concede el arresto domiciliario”. Pero además le informa: “Horacio Luis Ferrari ha sido imputado por el representante del Ministerio Público Fiscal como autor de 43 privaciones ilegales de la libertad doblemente agravadas; 180 privaciones ilegales de la libertad triplemente agravadas; 246 tormentos; 74 homicidios y 17 sustracciones, retenciones y ocultamiento de menores. Y estos delitos son considerados de Lesa Humanidad y habrían sido cometidos dentro de la estructura del Grupo de Tareas 3.3.2. que habría funcionado en
Allí vivió el periodista hasta su secuestro, asesinato y desaparición en marzo de 1977, mientras divulgaba clandestinamente su magistral Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar. El inmueble permanece ocupado por una familia de policías. Un proyecto de ley propone declararla de utilidad pública para convertirla en espacio de memoria. Está en la legislatura bonaerense a la espera de ser tratado. María Piovani trabaja con la diputada Florencia Saintout. En diálogo con el programa radial Mis hijos están con el padre, dio todos los detalles. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Braulio Domínguez/Silvio Florio ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Braulio Domínguez/La Retaguardia Allí, en aquella casa de la ciudad de San Vicente que continúa ocupada por una familia policial, el brillante periodista redactó la carta dirigida a las Junta militar, destinada a denunciar el Terrorismo de Estado mientras estaba en pleno desarrollo. Fue precisamente momentos antes de viajar hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde fue asesinado a la altura de la estación Entre Ríos de la Línea E del subterráneo, que hoy también lleva su nombre. “Este proyecto tiene como objetivo poder declarar como un bien de interés histórico cultural la casa de Walsh en San Vicente. Y además declararla de utilidad pública y sujeta a expropiación para poder convertirla como un espacio de memoria y reflexión. Una memoria viva, como aquella que se escapa del olvido, sobre todo para aquellas personas que han sido perseguidas, torturadas, y asesinadas”, comenzó María Piovani, militante de La Cámpora y asesora de la diputada bonaerense Florencia Santiout, quien presentó el proyecto. Acerca del estado del intento de recuperación, que no es el primero, Piovani señaló: “Este proyecto pasó por instancias parlamentarias anteriores. Porque a nivel nacional se había presentado algo de similares características y nosotras lo retomamos porque lo consideramos central”. “El hecho de poder que esa casa emblemática testigo de aquella carta a las juntas, no solo es un acto reparatorio, sino principalmente un acto de justicia con todos los compañeros y compañeras y la sociedad en su conjunto”, reflexionó. Proyecto encaminado Por otro lado, la militante del Frente de Todos tiene una mirada positiva respecto al avance del proyecto: “En principio creeríamos que no habría ningún impedimento en poder expropiar la casa, este proyecto, en la medida que esté acompañado por una fuerza política, puede ser empujado. Ya está trabajado en su primera comisión, que es la de tierras. Nicolás Mantegazza, el intendente del municipio de San Vicente, respondió positivamente ante las consultas, mostró buena voluntad. Incluso, una vez expropiada la casa, el propio municipio se haría cargo de la conservación de la misma. Después, el proyecto pasará por otras tres comisiones para que se convierta en ley, pero por lo menos vemos que está en movimiento”. Antecedentes en su memoria La Retaguardia también pudo saber que hace muy poco tiempo se realizó una intervención artística en la vieja estación de trenes de San Vicente desde la que Walsh iba y venía a la CABA, denominada “Las ultimas sus huellas”, en homenaje a Walsh y a todas las víctimas del Terrorismo de Estado. Una acción conjunta del municipio y el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia de San Vicente. Las indicaciones intentan mostrar los últimos pasos del periodista y escritor antes de comenzar su viaje a Buenos Aires, donde lo esperaba una patota de la ESMA para intentar secuestrarlo, a lo que Walsh intentó resistirse. Anteriormente, en cercanías de la casa, se habían colocado algunos carteles indicadores con crónicas descriptivas y también hay un par de murales realizados por colectivos culturales en el trayecto entre la vieja estación convertida en predio ferial y la casa ocupada. Además, la calle lleva el nombre de Rodolfo Walsh. Centro provincial de la memoria como algo vivo “Lo que pretendemos es que el espacio funcione como un Centro de la memoria, que esté abierto, y no solo como un lugar de visita de algo que tiene que ser mostrado en los términos que por ahí se piensa un museo, más que sea algo lleno de vida, que se produzcan actividades de índole políticas y culturales en interacción con los vecinos y vecinas de San Vicente. Pero también que pueda ser visitado por las escuelas de la provincia, corriendo los límites de lo que implica solamente un museo”, concluyó Piovani sobre el proyecto de ley.
Se trata de Horacio Luis Ferrari, quien había sido liberado en 2019 durante el juicio ESMA IV, en el que además logró evitar que lo condenaran recusando al tribunal. Ahora la Corte Suprema de Justicia ordenó revocar su libertad a partir del pedido de la querella que encabezan el sobreviviente Carlos Lordkipanidse y la hija de Rodolfo Walsh, Patricia, en representación de la querella de Justicia YA! (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Fernando Tebele 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: La Retaguardia. El informe que deja en evidencia que Ferrari estuvo destinado en la ESMA desde el 28 de enero de 1977 El camino de Horacio Luis Ferrari, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA y nunca condenado en los tramos anteriores, parece conducir a toda velocidad a la cárcel. Con los votos mayoritarios de Ricardo Lorenzetti, Horacio Maqueda y Elena Highton de Nolasco, la Corte Suprema de Justicia aceptó el Recurso de queja presentado por la querella colectiva de Justicia YA!, y ordenó al Tribunal que dictara un nuevo fallo. Ferrari, conocido con el apodo de Pantera dentro de la ESMA, afrontó el tramo IV del juicio como acusado. Incluso su abogado defensor, el histriónico negacionista Guillermo Fanego, llegó a alegar extensamente a su favor, mientras Casación tramitaba un pedido de recusación de los jueces Daniel Obligado y Adriana Palliotti. Cuando salió la resolución a su favor, a días del veredicto, Ferrari quedó fuera del juicio, a la espera de que otro tribunal lo juzgue. El tribunal de alzada también había rechazado el pedido de revocar su libertad, concedida por Tribunal Oral Federal N°5 en mayo de 2019, en pleno juicio. Entonces la querella encabezada por Carlos “Sueco” Lordkipanidse y Patricia Walsh, que representa al Colectivo Justicia YA! y también reúne a integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, decidió presentar una queja a la Corte Suprema. Incluso tuvieron que juntar 40 mil pesos para poder acceder al derecho al fallo. Ese pedido también fue acompañado por el Fiscal en la instancia de Casación Raúl Pleé. Para Ariel Noli, abogado de esta querella junto a Adrián Krmpotic “el fallo es lógico, porque además como fundamento del recurso utilizamos un fallo de la misma Corte en un caso análogo de poco tiempo atrás. La implicancia del fallo es muy buena porque necesariamente el TOF tiene que emitir una nueva resolución judicial respecto de la liberación de Ferrari en el medio del juicio, por lo que entendemos que corresponde que vaya a prisión”. Ahora los nuevos jueces del TOF deberán resolver sobre el tema. Si bien Ferrari cuando fue liberado contaba con el beneficio de la prisión domiciliaria, sería esperable que llegue a juicio sin privilegios, y en una cárcel común. Así lo pidió la querella horas después del fallo de la Corte.
La actual interventora de los servicios de inteligencia, Cristina Caamaño, recibió ayer por la mañana a Carlos Lordkipanidse y Carlos Loza, integrantes del Encuentro Militante Cachito Fukman. Fueron en representación de miles de firmas que apoyaron un petitorio entregado al presidente Alberto Fernández el 3 de diciembre pasado exigiendo la apertura de archivos de los años del genocidio. Les mostraron varios muebles con fichas, entre ellas una de espionaje, siempre ilegal, al sobreviviente de la ESMA Enrique Fukman, fechada en 1986. El mensaje de Nora Cortiñas para Caamaño. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista y redacción: Nicolás Rosales 📷 Fotos: Natalia Bernades/La Retaguardia 💻 Edición: Fernando Tebele Los dos Carlos caminan con pasos firmes dejando a sus espaldas el fondo de la Casa Rosada bajo un sol otoñal. Uno de ellos es Carlos “Sueco” Lordkipanidse y el otro es Carlitos Loza. Ambos son sobrevivientes de la perversidad de la ESMA durante el genocidio, e integran el Encuentro Militante Cachito Fukman. Desde este espacio, habían convocaron a una conferencia al mediodía en la Pirámide de la Plaza de Mayo, que también derivó en charla con La Retaguardia. Lordkipanise y Loza se reunieron ayer a las 11 de la mañana con Cristina Caamaño, interventora de la AFI (Agencia Federal de Informaciones ex SIDE), en la sede de los servicios de inteligencia, apenas a 40 metros de la Casa de gobierno. La cita es una respuesta del gobierno nacional a una rápida y nutrida juntada de firmas que el EMCF entregó en la Rosada hace algunos meses con la exigencia de la apertura de todos los archivos de la dictadura. Al culminar la reunión, en diálogo con La Retaguardia, bajo la sombra de la pirámide, El Sueco, claramente conmovido y algo ansioso por expresar sus primeras sensaciones dijo: “Nosotros vinimos acá con una premisa clara que es la que se manifestó en el petitorio que le habíamos presentado previamente al Presidente Fernández, que como ya se sabe nos mandó a contestar en primera instancia por el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, con una respuesta absolutamente insuficiente. Por lo tanto presentamos una nota, y en lo que consideramos un salto cualitativo, nos llamó la interventora y nos citó en la AFI. Si bien no nos agradó, concurrimos a la cita. Respecto al petitorio presentado exigimos saber el paradero de los desaparecidos, los lugares donde estuvieron detenidos, quiénes son los responsables, y dónde están los niños y niñas apropiados”. En referencia a la respuesta recibida contó: “Ellos tienen esto que han encontrado que son los famosos archivos, y que nos mostraron. Son tres muebles grandes, de un conjunto de trece en total, o sea que faltan diez. Nos dijeron que supieron de estos faltantes por unas fotos viejas que encontraron. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está la información faltante? Por ahora no sabemos”. Por otro lado hizo referencia a ciertas limitaciones burocráticas: “La información que ellos nos brindaron a nosotros fue de carácter personal. Lo que quiere decir que tiene que venir una víctima o familiar a buscar su información. No dan información por el cumplimiento de una ley, que desconocemos. Esta respuesta, entre otras cosas, fue la que esperábamos. También les entregamos el petitorio que habíamos hecho en mano y que lo firmaron como recibido. Además nos transmitieron que, a pedido de la justicia, este material está disponible”, y en varias ocasiones fue utilizado en juicios por crímenes de lesa humanidad. Para acceder a esa información personal se puede escribir al correo electrónico informacion.publica@afi.gob.ar El mensaje de Norita para Caamaño En el transcurso de la reunión, El Sueco puso sobre la mesa un mensaje muy especial para Caamaño. “Cuando le conté a Nora Cortiñas que íbamos a venir, me dijo: `Bueno, haceme un favor, cuando hables con ella decile que en la información que le hicieron llegar a Madres de Plaza de Mayo, me encontré con una ficha mía que dice que me espiaron cuando yo estaba entrevistando a una delegación internacional. Decile a la doctora que sé que me han espiado en cada uno de mis pasos, pero que lo que yo quiero saber es el destino de mi hijo”. Hace algunos meses, el gobierno entregó a varios organismos de derechos humanos carpetas de espionaje a sus integrantes. En ese paquete estaba la ficha a la que se refiere Norita. Expediente Fukman Lordkipanidse hizo una pausa, y visiblemente emocionado detalló que le mostraron una ficha con material de espionaje sobre su querido compañero de militancia, Enrique Cachito Fukman, quien falleció en 2016. “Cuando nos muestran el material, que fueron tres personas, uno de ellos me dice: ‘Acá tengo algo que te puede interesar, la ficha de Cachito Fukman’. Que está elaborada en el año 1986, en plena democracia. Se nota que hay una investigación, un seguimiento a él y a un grupo de personas. Investigaron todos los viajes que hizo al exterior, con quien se reunió, donde militaba en esa época”, dijo acongojado como cada vez que pronuncia su nombre. Lordkipanidse dejó ver cierta disconformidad por el resultado de la reunión: “Sigue habiendo una confusión de qué es lo que queremos. Por eso en el petitorio lo dejamos claro”, pero remarcó una diferencia con gestiones anteriores: “Esta administración puso mucho esmero en deslindarse de todas las administraciones anteriores en función de la tenencia de este material, y que el mismo no se haya hecho público nunca. Lo que implica una situación compleja, porque pasaron gobiernos que responden a la línea política, o fueron muy cercanas o iguales a la del actual”. Carlos Loza agregó: “Además de los archivos metálicos como los mencionan, está el álbum de fotos que estaba ahí adentro en un armario, que salió en los medios. Y en el altillo encontraron material deteriorado, sucio, viejo, comido por ratas. Lo que nos dijeron además, es que ellos no tienen otros archivos; y que los que están, los están digitalizando. Nos entregaron una carpeta sobre este trabajo que vienen haciendo”. Por último, ambos coincidieron en una misma sensación: perciben que se
Los 8 imputados llegaban por primera vez a juicio. No eran los nombres más reconocibles de la megacausa. Las penas bajas y la negación del genocidio. La descripción de Carlos Loza, sobreviviente e integrante del Encuentro Militante Cachito Fukman, quien conoce el expediente en detalle. (Por La Retaguardia) ✍🏻 Texto: Paulo Giacobbe 📺 Entrevista y cobertura en juicio: Fernando Tebele/Luis Angió ⌨️ Edición: Fernando Tebele El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, integrado por Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñiguez, condenó a 8 represores por privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción, retención y ocultamiento de menores, en el cuarto tramo de la Megacausa ESMA. Raúl Cabral, Carlos Castellví y Miguel Conde fueron condenados a prisión perpetua. Carlos Carrillo, Jorge Luis María Ocaranza, Ramón Zanabria y José Ángel Iturri, enfrentarán 15 años de prisión. El tribunal consideró coautores a unos, y partícipes secundarios a otros. En cambio, a Claudio Vallejos lo consideraron “partícipe necesario” y fue condenado a seis años, “la que se tiene por compurgada por el tiempo en detención sufrido”. Vallejos, quien declaró ser periodista, transitó parte del demorado proceso excarcelado, había estado prófugo y fue extraditado en 2002 desde Brasil. En ese país dio entrevistas ufanándose de sus crímenes. Al comienzo del juicio su abogado dijo que fue expulsado de su casa y estaba viviendo en la calle. Solo dos de los represores se encuentran en un penal: Zanabria y Carrillo. El resto goza del beneficio de la prisión domiciliaria. “Los ñatos”, como nuestro compañero Víctor Basterra nombraba en genérico a todos los represores, fueron condenados en este comienzo del 2021, videoconferencia mediante. En su fallo, los jueces declararon a los hechos “constitutivos de crímenes de lesa humanidad” e imprescriptibles. Pero, por mayoría, no hicieron lugar al pedido de la querella representadas por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, “respecto a considerar los hechos analizados del presente proceso como constitutivos de la tipificación normativa del Delito de Genocidio”. Los delitos sexuales no fueron considerados y los fundamentos quedaron para el 19 de abril de este año. Condenados por la tarde La jornada comenzó por la mañana con las últimas palabras del represor Carlos Carrillo, quien negó su firma en documentación presentada por la fiscalía y trató de desprestigiar el testimonio de Víctor Basterra, que lo ubicó en la ESMA. Carlos Loza, integrante del Encuentro Militante Cachito Fukman participó de la transmisión en vivo de La Retaguardia y dijo que Carillo tenía varios alias dentro del centro clandestino de detención, tortura y exterminio: “Son excusas que siempre dan, que ya estamos acostumbrados. Que era marinero, que no había estado, que no correspondía, que cumplía otras funciones. Estamos ya cansados que no quieran asumir la responsabilidad que tuvieron, más o menos lo mismo que dijo el otro imputado que está preso con él, Zanabria”. Carrillo o Cari o El Salteño, como lo identificó Víctor Basterra “y otros testigos”, estuvo en el campo de concentración, aportó Loza. Cuatro de los represores fueron ubicados por documentación interna, recordó el militante: Iturri, Zanabria, Néstor Tauro (fallecido en 2019) y Ocaranza “están en el listado que hizo Sergio Tarnopolsky. Hay como cuarenta nombres y es un trabajo de militancia como el que hizo Víctor Basterra. Sergio, su hermana, su esposa y sus padres se encuentran desaparecidos”. Radiografías Calos Loza brindó un rápido repaso de los prontuarios de dos represores, uno que fue condenado en este juicio y otro que logró evadir a la justicia por un tiempo más. “Un personaje muy importante porque era un personal civil de inteligencia, Miguel Conde, que iba de Campo de Mayo a la ESMA”, detalló Loza, “según Ana María Martí, sabía más de la organización Montoneros que cualquiera de los militantes. Es un hombre ya condenado en otra causa, esta con prisión domiciliaria, tiene más de 90 años y está siendo juzgado en simultáneo en la Megacausa Campo de Mayo. Un hombre muy importante porque se dedicaba a interrogar a las víctimas y a armar el rompecabezas de la organización y eso le permitía hacer nuevos procedimientos. Había penetrado en todas las estructuras a partir de estos interrogatorios y ubicando a cada uno había llegado a reconstruir las estructuras de la organización Montoneros”, fue la radiografía que Carlos Loza sacó del represor Miguel Conde. El militante y sobreviviente también habló de Pantera, tal como se hacía llamar en el campo de exterminio de la ESMA el contralmirante retirado Horacio Luis Ferrari: “un caso que no está por una arbitrariedad es el de Ferrari”, denunció Loza. La Corte Suprema dejó firme un fallo de la Sala II Cámara Federal de Casación Penal: “ordenó que no puede ser juzgado por este tribunal con la participación de Daniel Horacio Obligado y Adriana Palliotti, porque ellos ya intervinieron en juicios anteriores y tienen opinión formada. Lo que está formado es la materialidad de los hechos, no los integrantes del tribunal”, por eso dijo Loza que es “lamentable” la decisión de juzgar a Ferrari “por este tribunal pero con otros integrantes, esto ha sido apelado y es una arbitrariedad, porque siguen ganando tiempo”. Ferrari, como otros represores, “se escudó en que estaba navegando y está claro que estuvo en la ESMA y lo certifican varios testigos”, subrayó el integrante del Encuentro Militante Cachito Fukman. Impunidad Biológica Carlos Loza calificó las prisiones domiciliarias como parte de un sistema para consolidar la impunidad de los genocidas: “este sistema está diseñado para la impunidad”. Y explicó que hasta que no llegue una sentencia firme, siguen detenidos en esa condición. Que a la espera de apelaciones, idas y vueltas por Casación, hasta recorrer el laberinto que conduce a la Corte Suprema pasan muchos años: “Nos va a encontrar muertos a nosotros, a ellos. Para tener una idea, el juicio que terminó en 2017, Casación todavía no lo confirmó. Tiene que ir a la Corte y la Corte tiene alrededor de 60 casos para confirmar sentencia. Algunos tienen ocho años de atraso. Son cuatro años y ocho años,
Últimas palabras del imputado Néstor Carlos Carrillo y la previa de la lectura del veredicto.