Kosteki y Santillán
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Una delegación de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales se reunieron este miércoles por la mañana en los tribunales de Comodoro Py para presentar un Amicus curiae colectivo al juez Ariel Lijo, que lleva adelante la causa por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda. Fue el cierre del año de una causa cargada de novedades. (Por Paulo Giacobbe y Rosaura Barletta para La Retaguardia)La feroz represión sucedida el 26 de junio de 2002 en el corte de movimientos piqueteros al Puente Pueyrredón en reclamo de fuentes de trabajo y planes sociales para paliar la crisis económica que embestía especialmente a los sectores más vulnerables, causó los asesinatos de los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En aquella oportunidad, pudo acreditarse no sólo que los crímenes fueron cometidos por las fuerzas de seguridad sino también que hubo órdenes políticas de alto rango para que se produjera la represión. El juicio realizado por los dos asesinatos acabó con prisión sólo para los responsables materiales, quienes dirigieron el operativo en el lugar y quienes gatillaron. Las familias Santillán y Kosteki y el Frente Popular Darío Santillán llevan adelante una campaña que logró la reapertura de la causa para condenar a los responsables políticos y conformó la Comisión Independiente de Justicia para Darío y Maxi. Algunos de los funcionarios y ex funcionarios que se busca sentar en el banquillo de los acusados son: Jorge Vanossi, entonces ministro de Justicia; Aníbal Fernández, entonces secretario general de la Presidencia; Juan José Álvarez, secretario de Seguridad; Alfredo Atanasoff, jefe de Gabinete; Felipe Solá, gobernador de la Provincia y Eduardo Duhalde, presidente. Luego de la presentación, en conferencia de prensa, hablaron los referentes políticos que se presentaron y, algunos de ellos, ampliaron sus declaraciones en diálogo con La Retaguardia.Orlando Aguero, militante del Frente Popular Darío Santillán, inició la intervención como moderador y destacó al presencia de referentes de la lucha por los derechos del pueblo y los derechos humanos y sugirió hacer circular el micrófono para que ellos puedan explicar sus sensaciones luego de la presentación y la reunión con el juez Lijo. “La lucha y la perseverancia es lo que nos permite transformar, cambiar, llevar adelante la justicia popular con fuerza, con ganas y con convencimiento”, aseguró. Vicente Zito Lema y un pedido de justicia: “aquí en la tierra y bien pronto” Albeto Santillán y Vicente Zito Lemaingresando a la reunión con Lijo. “Breve para que todos hablemos y el sol no lastime más la cabeza de los compañeros y las compañeras, y de tantos niños. Hace más de doce años, trece años, que estamos acompañando a Alberto en esta lucha que él ha dado buscando justicia por Darío y Maxi. La causa judicial se sigue moviendo al lento ritmo de los que no quieren llegar a la verdadera justicia”, comenzó su intervención el periodista y escritor. Para Zito Lema es sumamente importante sostener el proceso judicial hasta las últimas consecuencias: “Si se abandona la lucha a la mitad del río, no sólo no alcanzaremos justicia sino que nos ahogaremos todos de rabia y de bronca porque necesitamos a la justicia aunque el poder la quiera negar. Hoy vinimos a decirle al juez que sabemos bien, porque no somos niños, que ellos modifican continuamente las leyes, las formas de las leyes y su fondo”. El poeta, periodista y militante político y social, hizo referencia a la excusa del juez Lijo para explicar la falta de avances en la causa: según el magistrado, la instrucción es responsabilidad de la fiscalía. “Siempre hay un juez al final del camino”, respondió Zito Lema y señaló que la comisión que ingresó a reunirse le dejó en claro que no abandonaría a las familias de Kosteki y Santillán: “Aquí en la tierra y bien pronto. La justicia de los cielos no nos interesa, el único cielo es aquí, abajo, aunque huela a podrido como este. El juez sabía y sus empleados sabían que aquí abajo estaban ustedes y eso es lo que les preocupa más. No sé cuántos somos, no importa, cada uno de ustedes representa a un montón de gente”. El periodista aseguró que, luego de tantos años de lucha, lo reconforta encontrarse con tantos jóvenes militantes en estas actividades: “Sé que la historia no se termina porque las nuevas generaciones siempre estarán transmitiéndose el fuego, la historia, la necesidad de cambiar el mundo y el mundo necesita cambiarse siempre. En ese cambio estará la justicia para Darío y Maxi. Gracias, compañeros, por todo lo que hacen”. María del Carmen Verdú: “Un juez es un policía que se recibió de abogado”La abogada y dirigente se presentó como militante de las agrupaciones Correpi e Izquierda Revolucionaria. “Mientras Vicente hablaba y decía ‘es un juez’ y hablaba de sus reglas y de sus leyes, yo me acordaba, porque soy muy memoriosa, de la última vez que estuve en el despacho del juez Lijo. Hoy estaba tan simpático, tan amable, les decía a Alberto y a Leo: ‘¿Se acuerdan la última vez que hablamos?’, y lo trataba a Vicente como si él también, como nosotros, lo considerara un prócer”, comenzó. Verdú relató una anécdota pasada con ese mismo funcionario judicial en el que su actitud fue la contraria, el episodio fue en una vigilia que duró dos días luego de la que Lijo recibió a la comitiva militante: “Nos cagó a pedos porque seguíamos ahí, nos dijo que teníamos que abandonar el edificio. Lo que estábamos haciendo era montar guardia esperando que se resolviera la excarcelación de 104 compañeros que habían detenido en la Plaza de Mayo durante un escrache al representante del Fondo Monetario Internacional que estaba en el ministerio de Economía”. Emocionada, Verdú destacó que “algunos de esos 104 compañeros están hoy acá o militan con muchos de los que hoy están y se acuerdan de qué 31 de agosto estoy hablando”.Sobre las consecuencias judiciales de aquel escrache, la militante relató que el cierre de esa causa llevó 10 años y denunció: “Ese es el juez Lijo. No la
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el 19° Informe Anual de la Situación Represiva en Argentina en la Plaza de Mayo el pasado jueves 26. La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) realizó una transmisión especial en vivo del acto del organismo antirrepresivo, en el cual se hizo un repaso cronológico de lasituación represiva durante los 12 años del ciclo del gobierno kichnerista, donde se contabilizaron 3.070 casospersonas asesinadas por gatillo fácil, represión en marchas y asesinatos en cárceles, comisarías e instituciones de encierro, dejando en claro la continuidad de una política represiva que se mantiene como política de Estado. (Por RNMA) Estar allí en la Plaza durante la presentación del archivo anual es natural para quienes integramos la RNMA. Los actores sociales que desfilaron por el escenario tomando la voz, son parte esencial de nuestros medios. Son noticias, pero no casos. La diferencia conceptual entre noticia y caso no es menor. Somos parte de ese proceso que contamos. Caminamos al lado de los familiares que reclaman justicia. ¿Cómo no íbamos a estar allí? Naturalmente sí. La transmisión comenzó a las 18 junto con el acto, dando cuenta de la finalización de los números artísticos que diferentes colectivos militantes culturales venían desplegando en la plaza desde las 17 y la feria de stands de organizaciones y familiares de víctimas de la represión policial e institucional, que ofrecían sus materiales, periódicos, remeras, pines y banderas. Para darle un marco general a la presentación del informe, el primer móvil de la RNMA fue con María del Carmen Verdú, referente del organismo antirrepresivo, quien comenzó caracterizando el repaso represivo de diciembre de 1983 hasta la fecha, en el marco de la transición presidencial de este año, con el triunfo de Mauricio Macri en el balotaje: “Nos estamos enfrentando ahora a un escenario en el que tenemos unaultraconcentración de fuerzas represivas en manos de una sola expresión política, la alianza Cambiemos, que va a tener el control de la totalidad de las fuerzas federales, de las fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires – la Policía Metropolitana más la Federal que va a ser transferida-, más las policías de la provincia de Buenos Aires y su Servicio Penitenciario, más las policías de las tres provincias en las cuáles la gobernación es radical o de integrantes de la misma alianza Cambiemos. La conclusión es obvia: si no nos organizamos, si no mejoramos todos los mecanismos habidos y por haber para la coordinación y la unidad de acción, estamos en el horno”. Con respecto a la continuidad de las políticas represivas estatales a pesar de los cambios gubernamentales, Verdú remarcó que “la curva general de casos represivos siempre es ascendente, hay alguna etapa de amesetamiento, por lo general, después de las grandes crisis de crecimiento, que coinciden absolutamente con las crisis del capitalismo”, y agregó: “si comparamos el momento en qué el número anual se instaló en los tres dígitos o en qué momento salió del centenar para ubicarse mucho más arriba de los dos centenares de casos, va a coincidir con la crisis 1999/2000/2001, o te va a coincidir con la crisis 2007/2008/2009. O sea, te está mostrando cuándo se reprime más. Pero después de esos picos ascendentes no se produce una baja, se produce un amesetamiento”. Verdú caracterizó los asesinatos ocurridos durante el ciclo kirchnerista y dejó cifras contundentes: “Hoy estamos hablando,sobre 4.970 casos totales, de 3.070 ocurridos en los últimos 12 años. El 65 % del total son muertes ocasionadas después del 25 de mayo del año 2003, y eso incluye a todos los que están gobernando hoy y a todos los que van a seguir gobernando después del 10 de diciembre. Y sabemos que el 49 % del total son chicos de entre 15 y 25 años, y de 0 a 25 años es el 52 %, donde la mayoría de los niños menores a 12 años son femicidios vinculados, niños asesinados junto con sus madres en hechos de femicidio, que abarca casi al mitad del archivo, donde el femicida es integrante del aparato represivo estatal”. Cerrando el análisis destacó, finalmente, que en el total de casos, las provincias de Santa Fé, Tierra del Fuego, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires son, en ese orden, en las que se mantiene el mayor índice de personas asesinadas por al aparato represivo del estado. El origen de CORREPI: la continuidad de la represión en democracia Siguiendo un orden cronológico, y con carteles que anclaban lo que decía la voz en off el relato contaba la poco difundida historia de la continuidad represiva e impunidad incluso con la vuelta de la democracia: “El 8 de mayo de 1987, Willi, el Negro y Oscar, tomaban una cerveza en Figueredo y Guamini, Budge. Dos autos patrulleros pararon frente a ellos, al grito de ´¡al suelo señores!´.Descendieron tres policías de la bonaerense: Juan Ramon Balmaceda, Isidro Romero y Jorge Miño. Los efectivos apuntaron, los tres pibes tirados en el piso recibieron 19 disparos. La Masacre de Budge destapó lo que ya muchos sabían. Para los pibes del barrio y los trabajadores el verso que decía ´con la democracia se come, se educa, se cura´ no era más que un eslógan televisivo. Aunque estos no fueron los primeros casos de gatillo fácil de nuestra historia, fue la primera vez que el dolor individual de las familias se rodeó de solidaridad y militancia popular”. Y comenzaba a contar, luego, la resistencia que se empezó a dar en torno a ese emblemático caso de represión policial: “Las movilizaciones de las comisiones de amigos y vecinos fueron el inicio de un largo camino para visibilizar la represión en los barrios. Aunque con distintos métodos y con diferentes objetivos,la represión en democracia seguía existiendo. Los fusilamientos, las torturas, el verdugueo y las detenciones arbitrarias no eran casos aislados, ni obra de algún loquito suelto, sino parte de una política de estado. Los desaparecidos tampoco habían terminado con la dictadura, aunque muchos fueron y siguen siendo ocultados. El primero que
Como todos los 26 de cada mes, el Frente Popular Darío Santillán cortó la avenida Hipólito Yrigoyen a la altura de la estación Darío y Maxi, en el Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Además de recordar a los piqueteros asesinados, exigen el juicio y castigo a Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, Felipe Sola y todos los responsables políticos de la masacre. Este miércoles declarará la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas. Dialogamos con Leo Santillán, hermano de Darío. (Por Paulo Giacobbe para La Retaguardia) Leonardo Santillán, hermano de Darío, se refirió al resultado de las elecciones a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que se conocieron ayer por la noche; esta mañana, la consulta se hacía inevitable, sobre todo teniendo en cuenta que los familiares acusan al derrotado Aníbal Fernández de ser uno de los responsables políticos de la masacre: “La verdad que nos sorprendió a todos, pensamos que Aníbal Fernández iba a ser uno de los que iba a estar ganando. Antes de las elecciones se venía barajando eso. Y bueno, sorprende bastante que haya ganado (María Eugenia) Vidal y personalmente creo que esta bueno que no hayan ganado Felipe Solá ni Aníbal Fernández, pero tampoco nos engañamos que acá va a haber algo mejor, ¿no? Cualquiera de las tres alternativas no es ningún panorama mejor para los que estamos luchando y vamos a seguir estando en la calle como lo venimos haciendo”, aseguró Santillán.El próximo miércoles 28 de octubre a las 9 de la mañana, en los Tribunales de Comodoro Py, en la Fiscalía Federal Nº 10, a cargo de la fiscal titular Paloma Ochoa, se incorporará a la causa que investiga a los responsables políticos del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki el testimonio de Nora Cortiñas Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Será la cuarta testigo que presenta el Frente Popular Darío Santillán desde que se reabrió la causa: “Habíamos presentado un testigo que era el intendente de Avellaneda (Oscar Laborde) y se pudieron aportar algunas declaraciones importantes -dice Leonardo-. Ese fue el tercer testigo que aportamos en un lapso de dos meses y ahora hacemos la presentación de un cuarto testigo que es Nora Cortiñas, que va a comentar un poco lo que fue cuando llamó a Felipe Solá, que era gobernador en el 2002 y la respuesta que le da Solá. Norita Cortiñas lo llama preocupada y diciéndole que estaban matando gente en lo que era el corte del puente y Felipe Solá le responde: ‘quédese tranquila que se están matando entre piqueteros. Quédese tranquila que es una guerra de pobres contra pobres’”, adelantó el hermano menor de Darío, que también participó de aquella fatídica jornada.Anteriormente a la declaración de Oscar Laborde, habían declarado Eduardo Villalba, ex Secretario de Seguridad de la Municipalidad, y Hernán Fernández y Mayan, ex secretario de Gobierno de Avellaneda. Orlando Agüero, integrante del Frente Popular Darío Santillán, dijo que “desde la comisión independiente Justicia por Dario y Maxi se espera que los responsables sean citados a declarar para poder ser condenados en el juicio. En esta nueva etapa logramos que ex funcionarios de la Municipalidad de Avellaneda tuvieran la posibilidad de declarar ante la justicia, cosa que no había pasado en los últimos 13 años. Las declaraciones de estos ex funcionarios del gobierno municipal estuvieron muy bien, Oscar Laborde dio nombres y apellidos de funcionarios nacionales y del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que le decían que se calle y no diga nada de la represión”.La del miércoles será una jornada esperada, como lo fueron ya las de las declaraciones citadas. La causa por las responsabilidades políticas va recopilando testimonios y la fiscal Ochoa deberá definir luego qué solicita al juez de la causa con los aportes que ha ido recibiendo. DESCARGAR
El viernes 9 de octubre, declaró en la causa por las responsabilidades políticas en los asesinatos de Darío y Maxi, el intendente de Avellaneda en aquel momento. Las familias de Santillán y Kosteki impulsan una campaña que consiguió la reapertura de la causa para establecer las órdenes políticas de la Masacre de Avellaneda, ocurrida el 26 de junio de 2002. En la actualidad, Laborde es Representante Especial para la Integración Económica Regional y la Participación Social del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Aquí la entrevista realizada durante el programa radial La Retaguardia, que conducen Fernando Tebele y María Eugenia Otero, en la que acusó a Duhalde, Atanasof, Solá y Juanjo Álvarez de participar de una represión coordinada y especial para aquel día. (Por La Retaguardia) “Cuando los familiares y compañeros de Darío me propusieron aportar, lo hice porque hay una ausencia en la búsqueda de la verdad sobre lo que pasó. Aquel día fue determinante para esta etapa de la democracia: producto de lo sucedido quien era presidente, Eduardo Duhalde, adelantó las elecciones y no se presentó él”, señaló inicialmente Laborde, que aportó datos fundamentales sobre el accionar de varios funcionarios del gobierno. “Haber dado con los asesinos de Darío, no así de Kosteki, deja la necesidad de dar con los que mandaron a Franciotti. No me quedan dudas de que fue una orden y que tuvo que ver con el gobierno nacional y con el gobierno provincial. No tengo elementos para decir si se mandó a matar o no, pero por lo que recuerdo de aquellas horas y lo que supe posteriormente, había una sincronización”, destacó categóricamente.La declaración de Laborde fue -al menos hasta ahora- la última de una serie de funcionarios de su gestión. Por tratarse del intendente, pudo dar cuenta de todos los hechos que abonan su teoría de la sincronización de diferentes fuerzas y ambos gobiernos, y de lo especial de aquella represión. Otras vías de comunicaciónEl ex intendente recordó el rol de Atanasoff, Jefe de gabinete entonces, que dijo unos días antes: “’subir al puente era una declaración de guerra’. Esto se relaciona con la declaración de Ruckauf que reivindica en aquel momento su firma en el polémico decreto en la época de Isabelita que ordenaba exterminar la subversión”. Laborde también informó que compañeros y trabajadores del hospital Fiorito, ubicado en Avellaneda, le contaron que desde el Ministerio de Salud de la Provincia llegó la indicación de despejar la mayoría de las camas. “Eso nos hizo pensar que se preparaba una represión dura –denunció-. En aquel momento teníamos cortes habituales y no se tomaban esas medidas. Luego supe que cuando hay conflictos así la Bonaerense solicita una banda particular para que no se confunda con la del handy que se usa para cosas cotidianas. No sólo no lo hizo sino que utilizó handys propios, otro elemento que me producía sospechas”. El desborde de SoláLaborde señaló que, tanto por testimonios como por filmaciones, se supo que la Prefectura marchaba con la Bonaerense por la calle Yrigoyen. “Había un acuerdo porque la Prefectura no puede participar en una provincia si ésta no la habilita. ¿Hubo un acuerdo especial para esta ocasión?, ¿hubo un protocolo general, o no, y fue simplemente una invasión de jurisdicción? Lo extraño, además, es que caminaban juntas las dos fuerzas”, amplió el ex intendente. Un empleado municipal, según contó Laborde, recibió un disparo de parte de la Prefectura. “Esa mañana Franciotti me dijo, cuando yo lo requerí, porque él era jefe de la policía de Avellaneda y tenía diálogo conmigo, que tenía conversaciones con (Oscar) Rodríguez, el segundo de la SIDE. Mi impresión es que había un conocimiento y hasta una coordinación. Se lo comuniqué a Felipe Solá (por entonces gobernador de la provincia) y se lo reiteré en varias oportunidades”, aseguró. Laborde sostuvo que el ex gobernador respondió que no era así y que la situación lo había desbordado. Con respecto al comportamiento de Prefectura, “me dijo que lo habían puenteado. Después me junté, porque había recibido aprietes, con el jefe de la Prefectura. Fui solo al edificio de Macacha Güemes y le hice las mismas preguntas, y él tampoco supo contestar si ellos tenían o no atribución para ir a la Provincia. Esa falta de conocimiento me llevó a que efectivamente había una decisión de reprimir fuertemente y que eso estaba coordinado por el gobierno nacional y el gobierno de Solá”, dijo con total convicción.“Lo mínimo es la necesidad de informarse e involucrarse. Se venían momentos duros, y eso habla de la inoperancia de un gobernador al que la policía no le avisa que no va a usar la banda que le corresponde, ni siquiera pedir una especial… es difícil que un comisario de la policía hable con la SIDE y el gobernador no lo sepa, y que tampoco sepa que se dio una indicación desde el Ministerio de Salud por el asunto de las camas del Fiorito”, expresó Laborde sobre el comportamiento de Felipe Solá durante su gestión en la Provincia. “Son muchas ignorancias, incapacidad o efectivamente un conocimiento”, caracterizó a Sola, recientemente escrachado por la familia Santillán. La búsqueda de la verdadSobre su relación con los movimientos sociales, el ex intendente aseguró que era estable, y que se reunía con ellos en un comité de crisis que trabajaba en Avellaneda. “Se abrieron las puertas del establecimiento municipal para que entren, y entraron 400 manifestantes, protegidos de la furia de la Bonaerense y de Franciotti. Cuando la familia y los amigos de Santillán me pidieron que me acerque a declarar, dije que sí porque me parece que hay que buscar la verdad”, rememoró. Laborde analizó que Duhalde, cuando adelantó las elecciones y descartó la posibilidad de ser candidato, “asumió la responsabilidad con sus actos, aunque después no la reconoció, pero se partió la base por la dimensión, recordemos que el mandato terminaba en diciembre de 2003″. “No podemos creer que fueron dos locos desaforados”Según Laborde, el Jefe de la policía de Avellaneda, Franciotti, nunca se había
Integrantes de la Comisión independiente por Justicia por Darío y Maxi, conformada por el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, irrumpieron ayer en una charla dictada por Felipe Solá en la facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El objetivo del escrache fue señalar al candidato a gobernador como responsable intelectual impune de la masacre de Avellaneda, ocurrida el 26 de junio de 2002. La Comisión realizó hoy una conferencia de prensa para sentar su posición sobre los hechos. Así como los medios tradicionales se encargaron en aquel momento de desviar las responsabilidades de los verdaderos responsables (con el ya mítico título de Clarín “La crisis causó 2 nuevas muertes” como bandera), hoy pusieron toda su artillería en denunciar una operación de prensa que no fue. (Por Rosaura Barletta y Paulo Giacobbe para La Retaguardia) “Agradecemos a los medios y los trabajadores de prensa que están cubriendo esta actividad, que se comprometen con la información y no sólo dan voz al candidato a gobernador Felipe Solá, indicado por nosotros como responsable de los asesinatos de 2002, sino también a los familiares y compañeros de Darío Santillán” destacó inicialmente el documento leído por la Comisón. El grupo denunció, no sólo que no se comportaron con violencia para llevar a cabo el escrache, sino que fueron agredidos por una patota del Frente Renovador: “En los videos se puede ver cómo un hombre de remera rayada golpeaba en la cara a Leonardo Santillán, hermano de Darío, y cómo varias personas arrojaron mesas y sillas desde el primer piso de la facultad de Ciencias Económicas hacia la planta baja donde estaban retirándose nuestros compañeros”.Con respecto a los medios de comunicación, que en su mayoría calificaron la medida como violenta, los militantes sostuvieron: “Como el 26 de junio de 2002, medios y políticos se hicieron eco de lo que dicen los poderosos. Sostuvieron que los violentos somos los que pedimos justicia y que las víctimas son quienes comandaron la represión que terminó con la vida de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Parece el mundo del revés”. El grupo rechazó la vinculación que hicieron medios de comunicación e integrantes del Frente Renovador de la actividad realizada con sectores del kirchnerismo y el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Parrilli y denunciaron: “No es inocente intentar vincular el reclamo legítimo de un movimiento popular que ha mantenido la bandera de los derechos humanos de ayer y de hoy levantada a lo largo de 13 años con los servicios de inteligencia”. Además, señalaron que en todo este tiempo denunciaron y escracharon por igual a Eduardo Duhalde, presidente durante la represión; Felipe Solá, gobernador; Luis Genoud, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires; Juan José Álvarez, ex agente de la SIDE durante la dictadura militar y encargado de la operatoria de seguridad aquel 26 de junio y Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia.Para solventar su postura en relación a la proveniencia de la violencia, la Comisión planteó que las imágenes y los videos demuestran “quiénes son los violentos”. El comunicado expresa, además, el logro militante que implicó poder reabrir la causa por las responsabilidades políticas de la masacre pero sostiene que “mientras no haya justicia, va a haber escrache porque los poderes políticos, judicial y mediático, se apañan unos a otros”. Definieron como una ofensa a la memoria de Kosteki y Santillán que ninguno de los respnsables intelectuales haya sido siquiera indagado y que, además, se candidateen. El estallido Alberto Santillán, padre de Darío, explicó que la situación de impunidad generó “un estallido que se manifiesta yendo a buscar a los responsables intelectuales de la masacre de Avellaneda. Lo que pasó ayer es un pedido de justicia. Es la única manera que tenemos los menos poderosos de acceder a un poco de justicia. Son suficientes las pruebas que hemos mostrado y el trabajo que hemos hecho nosotros como familiares y como movimiento”, sentenció. Con respecto al proceso judicial, Santillán señaló que se recarga sobre la familia el trabajo que debieran hacer jueces y fiscales.El hombre se mostró conmocionado y aseguró que la acción tomada es “para que se terminen los pibes asesinados en los barrios, los compañeros presos. Es una manifestación de una búsqueda permanente de justicia y es una manifestación más que clara de que a donde vayan los iremos a buscar. Es la única manera de que en este país puedan cambiar las cosas”. Dejó en claro, por último, que la organización que reivindica la militancia de su hijo “no actúa para ningún partido político, no se vende, no trabajamos para el kirchnerismo, ni para (Oscar, actualmente a cargo de la SI) Parrilli, ni para Aníbal Fernández; caminamos en una vereda totalmente opuesta de lo que es el kirchnerismo y tantos partidos políticos. Lo que hacemos es defender a rajatabla la búsqueda de justicia por Darío y Maxi”. La violencia de no tener a DaríoLeonardo Santillán, integrante del Frente Popular Darío Santillán y hermano de Darío, señaló que en la circunstancia del escrache los militantes se encontraban en total desventaja y que se ve con claridad cómo son agredidos. Sobre las acusaciones de violencia, el joven señaló como ejemplo de violencia que “hace 13 años convivimos con la ausencia de Darío, con el pedido de justicia, hace 13 años vemos a Duhalde, a Solá, a Aníbal Fernández, soportamos las chicanas y que usen al nombre de Darío para tirarse la mierda. Jamás nadie ha investigado, a nadie le preocupa, nadie siente lo que sentimos”. Santillán recordó cuando el movimiento de su hermano fue acusado públicamente de sedición y de insurrecto por funcionarios del gobierno en aquel entonces. “Nosotros nos remitimos a gritar. Tenía enfrente a una persona que considero un asesino, se me ocurrieron millones de cosas, y se me siguen ocurriendo, pero nos limitamos a esperar a una justicia que no llega y es muy ajena a nosotros. Lo único que hicimos fue gritarle asesino”, aseguró. Orlando Agüero, integrante del Frente Popular Darío Santillán, señaló: