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Lesa Humanidad

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Lo dijo el sobreviviente Daniel Ricardo Mercogliano en la audiencia 14 del juicio por crímenes de lesa humanidad del circuito de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”. Redacción: Camila Cataneo (La Retaguardia)/Alejandro Volkind (Radio Presente)Edición: Pedro Ramírez Otero (La Retaguardia)Foto de portada: Transmisión conjunta de Radio Presente y La Retaguardia Su relato fue crudo y duró aproximadamente dos horas. En ese tiempo dio información tanto de las diferentes torturas que se llevaban dentro de los centros clandestinos, como también violaciones a las mujeres que estaban en cautiverio. Contó cómo era aquel lugar donde estuvo encerrado, cuál era el trato de los represores. Recuperó escenas como el momento previo a uno de los Vuelos de la Muerte. Daniel Ricardo Mercogliano fue secuestrado el 19 de abril de 1977 y liberado el 6 de julio de ese mismo año. Estuvo en cautiverio en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Puente 12, el Club Atletico, y luego fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de Resistencia, Chaco y al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa. Ese día llegó a la casa de su padres y un grupo de personas que portaban armas largas lo estaban esperando adentro. “Siento que la puerta estaba abierta, cosa que no me preocupó porque normalmente mi madre nos esperaba cuando llegábamos tarde”, relató Mercogliano. Al ingresar prendió la luz y alguien le puso algo en la cabeza. Comenzaron a golpearlo, luego lo esposaron y le empezaron a preguntar por su nombre de guerra y la organización de la que formaba parte. El sobreviviente se negó a responder. En ese momento, lo semidesnudaron y le pasaron un cuchillo por la garganta hasta los genitales. “Simularon que me iban a castrar”, comentó Daniel. Mucho tiempo después se enteró que su abuela estaba encerrada en el baño de plata baja y sus padres y hermanos junto a su cuñada y un sobrino de tres años estaban atados y amordazados en un dormitorio. También supo que minutos antes de que llegara a la vivienda, su hermano ingresó a la casa cuando regresaba de la facultad y comenzaron a dispararle, pero logró sobrevivir. Es el día de hoy que la escalera y los muebles de esa casa tienen las perforaciones. Luego de la golpiza que le dieron en el interior de la vivienda lo subieron a un Fiat 128. “Me sientan atrás con un tipo grandote y me hacen recostar en el asiento. Fue un viaje de aproximadamente 30 o 40 minutos”, dijo. Al llegar al Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Puente 12, lo metieron en una celda que “era totalmente ciega, sin iluminación ni ventilación. Estaba completamente sucio y había sangre”. Esa noche se quedó en vela pero al día siguiente fue anotando los movimientos del techo. Al otro día lo torturaron durante muchas horas con la picana eléctrica, le preguntaban qué estaba haciendo en el aeropuerto de Formosa el 5 de octubre de 1975. “Yo en ese momento no tenía militancia política (…) ahí la dictadura mostró su verdadera cara”, dijo en referencia a la tortura. Daniel manifestó que en ese momento “no podía concebir que un ser humano pudiera hacer eso”. “Cuando llegué a la celda, una chica me dijo que no tome agua por 24 horas porque si no me iba a morir. Me pasó un trapito húmedo por las muñecas y por los tobillos para tratar de calmarme”, expresó Daniel sobre los momentos posteriores a la primera vez que lo torturaron. Y continuó: “Cada vez que escuchaba que se abría el cerrojo de las celdas temblaba porque tenía miedo de que me lleven de vuelta a la sala de tortura”. Su relato siguió: “Éramos tantos que nos ponían de a dos. A mí me toca con un compañero que después supe que se llamaba Eduardo Pena. En un momento se quedó dormido y empezó a hablar. Él pedía que su mamá atendiera el teléfono y yo, a modo de consuelo, le digo: ‘Espera, espera, que ya te va a atender’. De repente alguien me levanta de los pelos y me tira contra una pared y me golpea, me sube como a una tarima o un escalón y me hace tomar una posición, donde tenía que apoyar la punta de los dedos sobre la pared en un ángulo de 45 grados. Ahí me comenzaron a pegar en la espalda, en el pecho y en todo el cuerpo. Se me acalambraban las piernas y me caía. Cada vez que me movía me pegaban”. Tiempo después se enteró de que era una práctica habitual de un represor llamado “Kung fu”. “Allí dentro, todos los privados de la libertad estábamos en total indefensión general. No había posibilidad de nada. Estaba todo el mundo maniatado y engrillado. Todos la pasábamos mal. Las mujeres y los judios la pasaban peor. Ni hablar si éramos mujer y judía”, manifestó Daniel. El 2 de mayo sacaron a todos de la Leonera y los sentaron en un patio interno. Allí les dijeron que los iban a meter en los tubos. “Mi celda era la 22 y tenía los camastros separados”, contó. Su compañero se llamaba Alberto Tomas Aguirre era correntino y militaba en la Juventud Peronista. “Días y noches escuchando constantemente gritos, llantos, golpes, obscenidades. Hoy tengo grabado muchos de esos gritos. Había compañeros sometidos a trabajo esclavo”, contó Daniel y mencionó a Laura Perez Rey, una compañera que lo atendía en la enfermería. Ella estaba en cautiverio y la hacían trabajar de manera esclava. En ese entonces la conoció como “Soledad”, que era su nombre de guerra. Recuerda a Ofelia Alicia Cassano y a Elizabeth Kasselman, entre las secuestradas que lo cuidaron luego de la tortura. Tercerizar la violencia El sobreviviente recuerda que una noche lo llevaron a las celdas y en ese momento se encontraba hablando con una compañera que se llamaba Maria Ines Lopez Gomez y le decían “la Negrita”. Su celda daba a un pasillo y ella siempre

Lo dijo la abogada francesa Sophie Thonon, quien representó a nuestro país en el pedido de extradición contra el genocida condenado esta semana a 15 años de prisión por el caso de Hernán Abriata. Redacción: Ailín BullentiniEdición: Fernando TebeleFoto de portada: Captura Transmisión La Retaguardia/La Colectiva El teléfono de Carlos Loza sonó minutos después de que el juez Fernando Canero, en su rol de presidente del Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires, diera por concluído el sexto debate que, en la historia del proceso de juzgamiento de los crímenes de la dictadura, revisó aquellos que tuvieron lugar especialmente en la ESMA y con el caso de Hernán Abriata. Atendió.  –Lo logramos, Carlos –le dijo Sophie Thonon desde París. Lloraron juntos.  Algunas horas después del veredicto del tribunal argentino que condenó a 15 años de prisión a Mario Sandoval por el secuestro de Hernán Abriata, en octubre de 1976, y las torturas que sufrió en el centro clandestino desde el que la Armada gestionó el terror durante la última dictadura en plena ciudad de Buenos Aires, a metros de la General Paz, la abogada Thonon dijo, otra vez al teléfono, ahora con La Retaguardia, que está “muy feliz”. “Para mí fueron 12 años de espera por un juicio que lo condenara, pero para la familia de la víctima y para quienes como Carlos lucharon para que este momento llegara, fueron 46. Y eso es muchísimo tiempo. Siento una gran satisfacción por el trabajo realizado”, reflexionó.   Es que el trabajo de Thonon tuvo mucho que ver con la condena que el miércoles recibió el inspector de la Policía Federal que comandó la patota de la ESMA durante el operativo de secuestro de Abriata, la madrugada del 30 de octubre de 1976. Fue la abogada que llevó a cabo el proceso judicial de extradición de Sandoval desde París, Francia, una vez que el juez que entonces estaba a cargo de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad de la ESMA, Sergio Torres, solicitó juzgarlo por más de 500 casos de secuestros y torturas contra gente que allí estuvo cautiva durante el genocidio argentino. Finalmente, solo se lo envió a Argentina por el caso de Abriata, pero se lo pudo juzgar y condenar.  Thonon celebró que el fallo definiera los hechos como crímenes de lesa humanidad, algo que la mantenía preocupada. “La decisión de extradición fue muy clara y precisa: a Sandoval se lo extraditó por imposición de torturas, privación ilegal de la libertad agravada, crímenes contra la humanidad, cometidos contra Hernán Abriata”, subrayó. Festejó, además, ya que el fallo “confirma que Argentina no claudica y que a pesar de algunas excepciones sigue en su camino de ser ejemplo del mundo en juzgar genocidas”.  La abogada insistió en aclarar que si bien en 2019 solo se refirió al caso Abriata, el proceso de extradición no clausura que el represor pueda ser investigado, procesado, juzgado y condenado por los alrededor de 500 sobre los que hay sospechas. “Francia decidió que en el caso de Abriata las pruebas eran contundentes, no así las que acompañaron los otros casos. No obstante, no hay ningún impedimento para que abogados de esas víctimas y otros actores del proceso pidan a jueces argentinos que soliciten extender la extradición de Sandoval por esos otros casos, pruebas nuevas mediante, pruebas con sustento más sólido”, explicó.  Los obstáculos superados Desde 2012, fueron casi 8 años de sortear instancias judiciales en las que el represor se metió en el expediente para evitar que lo subieran a un avión y así enfrentar a la Justicia argentina. Sandoval llegó a París en 1987 donde, sin negar su pasado de Policía Federal en Argentina, vivió libre y tranquilo la vida de profesor universitario y experto en Seguridad que se inventó, que le permitió dar conferencias, participar de negociaciones en conflictos internacionales, integrar la nómina de profesores de la exclusiva universidad parisina Sorbonne. Todo bien para él, hasta que un artículo publicado en Página/12 en 2008 reveló esa otra parte de su pasado tan experto él en ocultar: su participación en el plan sistemático de secuestros, torturas y exterminio que sucedió en Argentina.  La noticia fue recogida por varios medios locales y regionales a los que, por supuesto, Sandoval se encargó de querellar por difamación. Thonon fue la representante legal de uno de esos medios. “Entonces conocí a Sandoval, quién era, de qué se lo acusaba. Hasta entonces, no sabía quién era”, contó. Aquel juicio duró unos dos años y se resolvió en favor del medio digital al que representó la abogada, que recordó la última audiencia: “Era un tribunal provincial que no estaba para nada acostumbrado a resolver este tipo de casos. De repente, se encontró con una sala repleta por 200 personas con pancartas, con fotos de Hernán Abriata, y falló en contra de Sandoval”.   Al poco tiempo, el juez federal Torres solicitó a Interpol una orden para que lo capturaran y al gobierno francés un pedido para que lo enviaran a Argentina: Torres quería indagarlo por haber formado parte del grupo de tareas 3.3.2. de la ESMA. El secretario judicial que trabajó la vinculación de Sandoval con el centro clandestino que funcionó en el Casino de Oficiales del predio de Avenida del Libertador fue Pablo Yadarola, hoy juez en lo Penal Económico N°2 y parte del viajecito que Clarín les pagó a miembros del Poder Judicial hasta la estancia de Joe Lewis, en la Patagonia, all inclusive.  Se sabía: Sandoval no la haría fácil. Entonces, Argentina contactó a Sophie Thonon para que llevara el proceso de extradición por los vericuetos en donde el represor lo intentara llevar con el objetivo de echarlo por tierra. El juicio por difamación que Thonon le ganó a Sandoval no era el único elemento dentro del currículum de la abogada que la convertía en la letrada perfecta para llevar adelante la batalla por la extradición. En 1990 fue la querellante en el juicio en ausencia que en Francia se llevó a cabo contra

El expolicía de la Federal, Mario Alfredo Sandoval, fue condenado a 15 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. El juicio tuvo como única víctima a Hernán Abriata, estudiante de arquitectura y militante de Juventud Universitaria Peronista, secuestrado en octubre de 1976 y visto por última vez en la ESMA. Sandoval había sido extraditado de Francia en 2019 después de una lucha de 8 años por parte de la familia de Abriata y sobrevivientes del genocidio. Redacción: Paulo GiacobbeEdición: Fernando Tebele/Pedro Ramírez OteroFotos: Captura Transmisión La Retaguardia/La Colectiva El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compuesto por los jueces Fernando Canero, Daniel Obligado y Adriana Palliotti, condenó a la pena de 15 años de prisión por crímenes de lesa humanidad al expolicía de la Federal, Mario Alfredo Sandoval. El juicio tuvo como única víctima al estudiante de arquitectura y militante de Juventud Universitaria Peronista, Hernán Abriata, secuestrado de su domicilio en octubre de 1976 y visto por última vez en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El fiscal Leonardo Filippini y la auxiliar fiscal Marcela Obetko habían pedido para Sandoval la pena de 20 años de prisión, al igual que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; la querella Walsh-Lordkipanidse-AEDD había solicitado prisión perpetua por el delito de genocidio, como es costumbre; en tanto el CELS junto a Kaos pidieron 21 años. El 23 de febrero de 2023 a las 17 horas se conocerán los fundamentos. Luego de un extenso proceso, Sandoval fue extraditado desde Francia en 2019 y alojado en la Unidad N° 34 del Servicio Penitenciario Federal de Campo de Mayo, donde cumplirá su condena. Los testimonios del juicio se podrán ver en el canal de YouTube de La Retaguardia y en este portal en los próximos días, ya que el TOF negó la posibilidad de que fueran vista en vivoNo hay genocidas Por la mañana, el expolicía tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras. En los casi 20 minutos que duró su oratoria se dedicó a victimizarse y atacar al Ministerio Publico Fiscal. Se dijo inocente, que no estuvo en el domicilio de Hernán Abriata cuando fue secuestrado: “No soy ni el comisario Sandoval ni el inspector Sandoval que fue al domicilio de la familia Abriata y luego del señor Abriata, no soy el que detuvo a esas personas”. Su declaración de inocencia vino acompañada de la negativa a la existencia de un pacto de silencio. Se declaró ajeno a los hechos y por tal motivo dijo que nada podía aportar. “¿Cómo puedo guardar algo que no sé?”, preguntó. La negativa de la existencia de un pacto de silencio vino acompañada del desconocimiento de los hechos como crímenes de lesa humanidad y, desde ahí, negó el genocidio del que formó parte. “En la Argentina no se vivió un genocidio, no hay genocidas”, dijo. Durante la lectura del veredicto, los jueces (por mayoría) van a coincidir con Sandoval: no fueron delitos de genocidio. En este punto hubo un voto en disidencia, probablemente el del juez Daniel Obligado, quien ya en otras ocasiones había votado a favor del pedido para que se comprendieran los hechos ocurridos en la ESMA como punibles por el delito internacional de genocidio. Una característica de Sandoval durante el debate fue el uso de barbijo tapándole parte del rostro. El condenado sostuvo que no era por temor a ser identificado por otras víctimas, sino por razones sanitarias. Le dedicó también unos minutos a ese tema y justificó: “En la unidad lo utilizo en forma permanente”. Un gran impulso de Memoria, Verdad y Justicia La pequeña sala de usos múltiples (SUM) donde se conoció el veredicto estaba repleta de brazos en alto con carteles con el rostro de Hernán Abriata en blanco y negro. Cuando el presidente del Tribunal leyó “el juicio ha concluido”, se completó un ciclo de 46 años de lucha por justicia. Para ese momento Sandoval abandonaba el cuarto acustizado del Servicio Penitenciario donde estaba escuchando la audiencia. Se levantó, abrió la puerta a sus espaldas y volvió a su celda.

El sobreviviente Humberto Amaya y el testigo Federico Westerkamp lograron aportar datos clave acerca de qué sucedió con Manuel Guerra, el primer secretario de la Juventud Comunista Revolucionaria. Sucedió en la audiencia 13 del juicio por crímenes de lesa humanidad del circuito de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”. Redacción: Camila Cataneo (La Retaguardia)Textuales: Alejandro Volkind (Radio Presente)Edición: Fernando Tebele / Pedro Ramírez Otero (La Retaguardia)Foto: Transmisión conjunta de Radio Presente y La Retaguardia A Manuel Guerra lo secuestraron el 1 de noviembre de 1977. Tenía 26 años cuando fue interceptado por hombres vestidos de civil en un bar de la Ciudad de Buenos Aires, según contó el testigo Federico Westerkamp. Tiempo después se supo que estuvo en “El Atlético”, gracias al testimonio del sobreviviente Humberto Amaya, quien lo reconoció estando en cautiverio. Manuel fue el primer secretario de la Juventud Comunista Revolucionaria (JCR). En sus años de militancia participó del Cordobazo y fue responsable de la comisión juvenil del SMATA Córdoba, que lideraba René Salamanca. Crónica del secuestro Ese día Manuel entró al bar “Plazon”, que estaba ubicado en Avenida Pueyrredón a metros de la Avenida Las Heras. Eran las cinco y media de la tarde. Federico Westerkamp también se encontraba ahí y fue testigo de lo sucedido. “Entraron dos personas e intentaron sacarlo del bar. Él logra escaparse y se mete en la farmacia que había en la esquina”. Al ver esa situación, Federico salió del bar y observó cada detalle. Desde la calle vio que los hombres sacaban a Manuel del local y lo reducían para meterlo en un auto. En ese momento pasó un patrullero. Federico lo paró y le informó que estaban secuestrando a alguien. El testigo contó que se bajaron y se dirigieron hacia el auto parado que estaba sobre Pueyrredón mirando hacia Santa Fe. Ahí dijeron:soSon de la Brigada”, y se fueron. En ese momento, Federico se acercó a Manuel y le hizo una seña con las cejas. Manuel le gritó su nombre y entonces lo metieron en el auto. Era un Taunus color ladrillo. Chapa C 740920, según contó en su declaración durante la Instrucción de este juicio. Al ver que se iba el auto, anotó el número de la chapa y llamó a su casa donde estaba su madre. Su padre era miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y fue miembro fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Llamé y conté todo lo que sucedió”, dijo Federico. El testigo comentó que no conocía a Manuel antes del secuestro, pero recordaba del instante en el bar que era de tez morena y muy fornido. En el momento del secuestro las personas que se llevaron a Manuel estaban vestidos de civil, pero tenían el arma reglamentaria. Federico agregó: “Eso lo sabía porque yo hice el Servicio Militar en la Policía. Cuando lo conocí Luego declaró el sobreviviente Humberto Amaya. Su relato estuvo cargado de dolor y de detalles que fueron de gran ayuda para reconstruir su historia y la de Manuel. Comenzó el relato contando sus orígenes. Su voz estaba quebrada y la mirada un tanto perdida. Los recuerdos comenzaron a salir de su boca: “Vengo de una provincia y de un pueblo olvidado, de una familia pobre, con siete hermanos, de Alvear, Mendoza (…) Cuando llegué a Córdoba, mientras hacía el secundario, trabajaba en fincas y empresas, como golondrina”. En ese contexto, Humberto hizo referencia a que lo “unió una amistad con un muchacho pobre, como yo; que venía de un pueblito, como yo. Ese muchacho se llamaba Manuel Guerra. Esas compatibilidades reforzaron una amistad profunda”. Humberto habló sobre su relación con Manuel y donde militaban: “Decidimos sumarnos a una militancia concreta, y ahí nos sumamos a organizaciones políticas: yo, a la Corriente de Izquierda Universitaria, y Manuel también”, al tiempo que señaló a Guerra como uno de los fundadores. Humberto fue delegado de la Federación Universitaria de Córdoba y de la UBA y pasaron a formar parte de un partido político: el Partido Comunista Revolucionario (PCR). “En Córdoba siguió tomando responsabilidades políticas y Manuel se instaló en Buenos Aires”, agregó. El sobreviviente recordó: “En Córdoba yo vivía con mi pareja Nora Gandini. Cuando se produjo el sangriento golpe de 1976 sabíamos lo terrible que iba a ser. Esa misma noche dejamos el lugar donde estábamos. Me expulsaron de la Universidad”. Y puntualizó: “Así las cosas, seguimos con la militancia. Perseguido, me fui a Mendoza. El día previo al cumpleaños de mi pareja, allanaron esa casa y se llevaron a Nora y a dos compañeros más. Y supimos que los habían llevado a La Perla, en Córdoba. Yo seguí viviendo como podía y donde podía. Finalmente me enteré de que Nora, tras un mes, había quedado en libertad, así que me trasladé a Buenos Aires para verme con ella”. Durante la madrugada del 8 de noviembre de 1977 rompieron la puerta de la casa que alquilaba su familia. Los tiraron al piso. “Abajo todos”, gritaba un grupo de civiles armados. Golpearon a todos los que estaban ahí. Humberto contó que “preguntaban dónde estaban las armas. Los chicos eran chiquitos, estaban llorando, y les preguntaban si habíamos hecho pozos”. Luego les vendaron los ojos a ambos. Los metieron en autos separados y los llevaron a un lugar que “era espacioso”. El sobreviviente hizo referencia al número que le asignaron para quebrarles la subjetividad: “X78 y X79. Nos pusieron candados en pies y manos. Sólo podíamos mirar hacia abajo, se escuchaba que jugaban al ping pong. Nos interrogaron, golpearon a mi mujer. Había que bajar escaleras”. Lo vi Humberto relató cómo fue su cautiverio. Su relato fue crudo y cada palabra expresó ese dolor que guarda en el cuerpo. “Nos pusieron separados pero en el mismo lugar. Era una penumbra, había muchas personas tiradas en el piso, pero había pequeños divisorios. Yo veía algo por debajo de la venda”, dijo, y agregó: “Todo el interrogatorio se basaba no solo

El lugar que funcionó como centro clandestino de detención tortura y exterminio entre 1976 y 1979 sigue siendo una comisaría de la Bonaerense. Las opiniones de Pablo Llonto sobre las altas condenas. Redacción: Paulo GiaccobeEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Captura transmisión de La Retaguardia El tribunal Oral Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, compuesto por Ricardo Basílico y las juezas Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez dio a conocer el veredicto de la causa Comisaría de Ramos Mejía. Fueron condenados por crímenes de Lesa Humanidad tres exoficiales del Ejército Argentino: Rodolfo Enrique Godoy a la pena de 18 años de prisión, Francisco Rodolfo Novotny a 17 años y Roberto Godoy a prisión perpetua. Será analizado el beneficio de la prisión domiciliaria que actualmente gozan y se comunicará al Ministerio de Defensa de la Nación para el procedimiento de baja y el retiro de las armas que posean. Los fundamentos se darán a conocer el 7 de marzo de 2023 a las 17 horas. Antes de finalizar, Basilico aclaró: “El veredicto es unánime a excepción del punto 1, donde las colegas han considerado que constituye delitos de crímenes de lesa humanidad, coincidimos en eso, pero el suscripto considera que han sido también en el marco de un genocidio”.   Por la mañana Rodolfo Novotny había tenido la oportunidad de decir sus últimas palabras. Dijo estar sorprendido de su detención. “Por mi forma de ser y proceder nunca di motivo para que ello ocurriera”, explicó. “Desde que tengo uso de razón vi como se trata de vulnerar la ley como un deporte nacional”, agregó, y dijo detestar al “pícaro criollo” y confiar en la justicia para revertir esa cultura “para que todos seamos iguales ante la Ley”. Un minuto con veintiséis segundos duró su exposición. En la jornada anterior habían hablado los otros dos condenados, quienes se tomaron más tiempo pero tampoco dijeron nada de relevancia.  El abogado querellante Pablo Llonto, en dialogó con La Retaguardia, consideró “que el resultado es bueno”. “Que un juez considere que fue en un marco de genocidio está bueno, que se corra vista del pedido de domiciliarias también. Tenemos sentencias en las que nos han dicho que sí a la revocatoria de las domiciliarias. Esto es un escaloncito”, planteó. El abogado también se mostró entusiasmado por conocer los fundamentos: “Vamos a esperar los fundamentos. Van a ser interesantes. Tengo expectativas en escucharlos”. Por último se refirió a la importancia jurídica que significó el reconocimiento fotográfico realizado por Héctor Ratto, una de las víctimas. “Evidentemente va a haber un fundamento jurídico que establezca que un testigo, después de tantos años, con un álbum de fotos está en condiciones de reconocer a un represor al que veía en la comisaría. Eso cuando lo veamos va a ser un punto jurídico importante para todo lo que es reconocimiento fotográfico en instrucción”, dijo Llonto. “Hoy llegó, después de tantos años, el momento que esperábamos y por el cual trabajamos todo este tiempo, pidiendo Memoria, Verdad y Justicia. Estamos satisfechos con el veredicto”, dijo Alcira Camusso, otra de las víctimas de la comisaría. También agradeció al juez y a las juezas por haberla escuchado. Sobre las domiciliarias se mostró dispuesta a continuar: “Somos conscientes de que hay nuevas etapas que esperar y seguir, y ahí estaremos. Y vuelvo a reiterar que algo fundamental para nosotros es que la cárcel sea común y efectiva. Desde la querella vamos a insistir”.  Alcira también tuvo palabras de amor para su compañero Gabriel Rodríguez, padre de su hijo y su hija, asesinado en el operativo donde ella fue secuestrada: “Esto que estaba pendiente, la impunidad de todos estos años, por lo menos pudimos juzgar a los culpables. No nos lo devuelven pero seguro va a estar en paz, donde esté. Seguro nos está mirando y sabe que no lo olvidamos ni lo vamos a olvidar”.  

El juez Daniel Rafecas detuvo en las últimas semanas a 8 militares por secuestros y torturas ocurridas durante el último genocidio en el Regimiento del Ejército en pleno Buenos Aires. Aquí la historia de la mujer cuyo testimonio dio pie a la apertura de la causa. Redacción: Ailín BullentiniEdición: Fernando Tebele Un buen día, ocho años atrás, decidió que ya era tiempo de ponerle fin al silencio, que “por más pequeño que fuera” aportaría un “granito de arena al Nunca Más”. Lo que nunca imaginó esta sobreviviente de la última dictadura cívico militar eclesiástica fue que su testimonio, que en un principio fueron un puñado de “recuerdos muy fragmentados”, sería el primer ladrillo de la estructura que permitió convertir el funcionamiento de un centro clandestino en el Regimiento de Infantería N°1 de Patricios en causa judicial. Ocho años después de su testimonio, el primero en el expediente, el juez federal Daniel Rafecas indagó a ocho militares retirados que en aquellos años de terror fueron jefes del Regimiento, la institución militar con asiento en pleno barrio porteño de Palermo que supo ser sede del Comando del Primer Cuerpo del Ejército, por el secuestro y las torturas de la denunciante y de por lo menos otras 90 personas, muchas de ellas permanecen desaparecidas. Casi todos los indagados quedaron detenidos en sus casas y se espera que sean procesados antes de fin de año. Esta mujer, que prefiere conservar su anonimato, fue secuestrada cuando tenía 16 años, n abril de 1976. Fueron quince días, tan solo, que cambiaron su vida “para siempre”: dejó el secundario, amigos, barrio, militancia. Por miedo, no aportó su vivencia a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. ”Recién regresaba la democracia, pero ¿quién nos aseguraba que no vendría una dictadura de nuevo? ¿Una dictadura con toda esa información en sus manos? No”, recordó ante La Retaguardia Por “desconfianza en el aparato del Estado” mantuvo aquellos recuerdos “fragmentados y escondidos” dentro suyo hasta 2014, cuando decidió que ya era hora. “Primero, porque después de mucho esfuerzo pude correrme del lugar de víctima para posicionarme en el de sobreviviente. Pero, además, el menor de mis hijos ya era más grande de lo que yo cuando pasó todo aquello, y también sentí que era hora de intentar que la Justicia repare, de aportar lo mío, de comenzar a sacar afuera lo que me había pasado para aportar a que las nuevas generaciones puedan vivir en un lugar mejor”, contó a La Retaguardia en relación al cautiverio que transitó durante cuatro días en el sótano de uno de los edificios emplazados en el gran predio que el Ejército aún ocupa entre las avenidas Bullrich, Dorrego, Campos y Santa Fe, en Palermo. Los resultados comenzaron a aparecer unos años después. La cúpula del “Patricios” Entre octubre y los primeros días de noviembre, Rafecas detuvo y concretó la indagatoria de ocho militares retirados que ocuparon cargos jerárquicos en diferentes áreas del Regimiento de Infantería 1 de Patricios entre 1976 y 1980, en plena dictadura. Jorge Farinella fue oficial de Personal; Ramón Vega integró el área de Inteligencia de la Plana Mayor; Carlos Urqueta fue jefe de inteligencia durante 1977 y Héctor Mónaco lo sucedió hasta 1980; Héctor Ranfagni fue oficial de Operaciones; Miguel Ángel Ciruzzi, de Logística al igual que Alfonso Reuther; Hugo López, por último, fue jefe del Sector Finanzas. Hasta entonces, ninguno había sido vinculado a los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Rafecas los indagó y ordenó su arresto domiciliario preventivo –a excepción de Ciruzzi, a quien mandó a analizar previamente– hasta definir sus procesamientos por considerarlos partícipes necesarios de privaciones ilegales de la libertad llevadas a cabo en lo que fuera el Área II de Capital Federal –sobre el que el Regimiento “Patricios” tenía injerencia– así como de los cautiverios que tuvieron lugar en el predio, que podría ser considerado como un centro clandestino. De los elementos que figuran en el expediente –testimonios y datos de víctimas que integran la extensísima investigación judicial sobre los crímenes del Primer Cuerpo del Ejército durante el último genocidio– se puede inferir que el “Patricios” no fue un lugar de permanencia larga para las víctimas que los genocidas hicieron pasar por allí; así como también que no fue un solo lugar utilizado para los cautiverios, que cambió con los años. Por allí pasaron, según calculan en el Juzgado de Rafecas, unas 96 personas. entre ellas, Carmen Lapacó y su hija Alejandra, que luego fue llevada al Club Atlético; Cristina Navajas y Alicia D’ambra, embarazadas que luego fueron llevadas a Pozo de Banfield. Integrantes del grupo empresario Chavanne. Daniel Cabezas y Nora Hilb, parte de la Contraofensiva de Montoneros. Javier Bedne y su familia saben que su hermano desapareció en el Regimiento. Darío Bedne tenía 20 años, militaba en la Juventud Peronista y estaba haciendo la colimba en el Patricios. El 20 de julio de 1976, Javier lo despertó, Darío se cambió y se fue al regimiento. De allí, a mitad de aquella mañana, llamaron a su madre para avisarle que el joven no había llegado. A la tarde, su padre se acercó al predio para averiguar. “Lo recibió en la puerta un soldado que mi viejo reconoció de ser compañero de club de Darío, en el Hebraica, y que le dijo que Darío había entrado al Regimiento”, reconstruyó Bedne. Su papá sigue averiguando y entonces un teniente, de apellido Ferrero, “a quien Darío siempre mencionaba como un tipo que lo hostigaba por ser judío”, se lo negó. La familia Bedne denunció la desaparición de Darío ante la Conadep. Desde el juzgado de Rafecas, muchos años después, intentaron revisar el libro de ingresos al Regimiento de aquel 20 de julio. “Le respondieron que se había incinerado”, contó Javier. “Yo estuve ahí” Durante muchos años, la primera denunciante del Regimiento “Patricios” no supo adónde había sido torturada. Tenía retazos de aquellos días que pasó “congelada” y no por una cuestión de baja temperatura, en medio del cautiverio clandestino al que fue sometida

Con diez perpetuas y penas desde 4 a 22 años, culminó el juicio más grande realizado hasta el momento por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. Por 350 víctimas, el juicio duró más de tres años y las condenas dejaron un sabor agridulce en algunos familiares, ya que los imputados fueron 19 y hubo 10 perpetuas. El tribunal no se expidió en cuanto a la modalidad de cumplimiento de las penas, por lo que solo 2 de los genocidas permanecerán en cárcel común. Cobertura en juicio: Fernando Tebele / Lucrecia Raimondi / Valentina Maccarone / Camila CataneoRedacción: Camila Cataneo  /Fernando Tebele Luego de 127 audiencias terminó el histórico juicio de la Megacausa Campo de Mayo contra 19 imputados. Hace algunos meses murió Carlos Villanova, Gordo 1 o Tordo, uno de los más feroces torturadores. Ante una sala colmada de público y más gente en una carpa en la calle cortada al tránsito, sobre Pueyrredón, en el Partido de San Martín, el TOF N°1, presidido por Daniel Gutiérrez junto a las juezas Nada Flores Vega y Silvina Mayorga, condenó a prisión a perpetua a 10 de los genocidas. También hubo otras penas:  Este juicio agrupó diversas causas que ocurrieron dentro de la megaciudad que es Campo de Mayo. Este predio de la zona oeste y norte de la provincia de Buenos Aires abarca aproximadamente 4 mil hectáreas. Se estima que unas 5000 personas pasaron por los diferentes lugares de torturas que allí funcionaron. La tasa de supervivencia es muy baja con respecto a otros Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio: tan solo el 1% sobrevivió. En la Megacausa se condenaron a 2 policías, 2 gendarmes, 2 marinos y 13 militares. Por la mañana se llevó adelante el cierre del juicio. Solo quedaba el veredicto que se conocería por la tarde. En audiencias pasadas, algunos de los imputados tuvieron la posibilidad de dar las últimas palabras antes de conocer la decisión de los jueces y para esta mañana solo restaba escuchar a dos de ellos. La audiencia duró aproximadamente cinco minutos. Tanto Arnaldo Jorge Román como Ramón Vito Cabrera prefirieron no hacer uso del derecho a dirigirse al Tribunal.  Desde temprano organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos se concentraron frente a la sala de audiencias para escuchar el veredicto. Al finalizar la lectura se realizó un acto en el que hablaron la fiscal auxiliar Gabriela Sosti; el abogado querellante Pablo Llonto; el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. Noticia en desarrollo Las condenas Santiago Omar Riveros: Prisión perpetua  Luis Del Valle Arce: Prisión perpetua  Eugenio Guañabens Perello: Prisión perpetua Luis Sadi Pepa: Prisión perpetua  Calos Javier Tamini: Prisión perpetua  Carlos Eduardo José Somoza: Prisión perpetua Miguel Ángel Conde: Prisión perpetua Mario Rubén Domínguez: Prisión perpetua Francisco Rolando Agostino: Prisión perpetua Pacífico Luis Britos: Prisión perpetua Hugo Miguel Castagno Monge: 22 años de prisión Bernardo Caballero: 20 años de prisión  Carlos Alberto Rojas: 13 años de prisión  Alfredo Oscar Arena: 12 años de prisión Roberto Julio Fusco: 11 años y 6 meses de prisión  Federico Ramón Ramírez Mitchell: 11 años de prisión Ramón Vito Cabrera: 10 años y 6 meses de prisión Arnaldo Jorge Román: 9 años de prisión Carlos Daniel Caimi: 4 años de prisión

Ampliación de indagatoria de los imputados Martín Sánchez Zinny, Emilio Morello y Horacio Linari.

Testimonio de María Seoane