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Lo contó el sobreviviente Carlos Muñoz en el juicio donde se investiga la participación de Adolfo Donda Tigel en la apropiación de su sobrina Victoria Donda Pérez. Este hecho sucedió dos años después de la recuperación de la democracia. Los represores fueron a la pizzería donde estaba comiendo y frenaron su Falcon verde frente de él.  Redacción: Camila CataneoEdición: Pedro Ramírez Otero/Fernando TebeleFotos: Captura transmisión de La Retaguardia Solo habían pasado dos años de la recuperación de la democracia. Carlos Muñoz estaba comiendo dos empanadas con un moscato en La Americana, una pizzería muy conocida de la calle Callao. Estaba parado en el mostrador y vio que se estacionaba un Falcon verde. “A mí se me paralizó el cuerpo”, aseguró Carlos. En ese auto estaban Juan Antonio Azic y Adolfo Donda Tigel. El marino bajó del auto y le hizo una seña para que se acerque. Carlos contó que le dijo: “Yo no tengo nada que hablar con ustedes, yo no quiero saber nada con ustedes”. Esa fue la última vez que Carlos vio a sus represores.  Muñoz recordó ese encuentro en el juicio donde se investiga la participación de Adolfo Donda Tigel en la apropiación de su sobrina Victoria Donda Pérez. Ella nació en la maternidad clandestina de la ESMA durante el cautiverio de su mamá, María Hilda Pérez de Donda, quien continúa desaparecida. La beba fue apropiada por el prefecto Juan Antonio Azic, quien ya fuera condenado por el hecho en 2012. Victoria Donda recuperó su identidad en 2004. “La primera vez que lo vi fue el día que me secuestraron. La última vez que lo vi fue en 1985”, manifestó el sobreviviente y aseguró que “había una relación de cercanía” entre Donda y Azic, que es relevante para el juicio, porque el imputado niega haber tenido una relación estrecha con el apropiador de su sobrina.  Me secuestraron dos veces Carlos fue secuestrado dos veces en la última dictadura cívico militar. La primera sucedió el 3 de junio de 1976 y estuvo doce días en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. Luego, el 21 de noviembre de 1978 fue nuevamene secuestrado y lo llevaron a ESMA. El 15 de febrero de 1980 recuperó la libertad. Durante su cautiverio en la Superintendencia fue brutalmente golpeado y torturado. “Mi papá hizo gestiones a través de su primo”, explicó. Este familiar era el comisario mayor Aurelio Arturo Cavani. Carlos contó que los primeros días no había modificado su situación ahí dentro pero a los días fue liberado y a su compañero le pegaron un tiro delante de él.  En esos días conoció a Omar Deuderes. Le decían “el Francés”, era un guardia marino. Había participado en la sublevación de la Escuela de Mecánica de la Armada en el año 1972. Omar le había contado que “lo iban a pasar por derecha, es decir, legalizarlo porque su hermano estaba en la patota”. El guardia luego pasó a la Unidad 9.  “A mí me salvó la vida mi tío y al otro chico su hermano”, dijo, y puntualizó en que “hubo alguna influencia porque los demás están desaparecidos”.  Luego de dos años fue secuestrado por segunda vez. Ese día estaba durmiendo en su casa con su exesposa y su hijo de tres meses. Tiraron la puerta y realizaron el típico procedimiento de esos tiempos. Allí entró un grupo armado vestido de civil. “Estaba conducido por el en ese momento teniente de Fragata Alfredo Astiz. Acompañado por otro teniente de Fragata que después le decían Gordo Tomás (Rodolfo Oscar Cionchi) y también estaba Claudio Pintana. Además estaba otro policía más que hace poquito fue condenado (Mario) Sandoval, al cual le decían Churrasco”, declaró Muñoz. Luego comentó: “Nos subieron en autos y me arrastraron hasta un cuartito. Me hicieron desnudar y me ataron las extremidades y me aplicaron picana eléctrica”. Ese día conocí a Donda “Me llevaron a un cuarto que no logro identificar si era la huevera. Me esposaron y me dieron una resma de hojas y una lapicera. Me pidieron que escriba la ‘historia de mi vida’”, contó. Ese día conoció a Donda. Estaba muy golpeado e intentó abrir sus esposas con la tapa del escritorio y en ese momento entró el teniente de Navío Donda (alias Gerónimo o Palito) y le dijo “ah, te querés fugar” y le dió una paliza feroz hasta desmayarlo. Cuando se despertó estaba en una colchoneta esposado. Luego pudo saber que era Capuchita.  “Lo vi reiteradas veces, era una presencia permanente en el sótano. Casi diaria”, aseguró el sobreviviente al situar al exmarino en el centro clandestino y recordó que “una noche estaba de guardia Donda y nos hizo salir a todos para afuera y nos dio copas para brindar por la muerte de un compañero”. También manifestó que “Donda era el jefe de operaciones” y que “Azic no era marino pero formaba parte del grupo de operaciones”. El sobreviviente siguió recordando momentos claves donde tuvo que interactuar con el represor: “Un día me llevaron a Capucha y vi que estaba el proyector que me habían robado cuando me secuestraron. Ahí le planto a (Luis ‘Abdala) D’Imperio si podía proyectar películas. Él me autorizó con la condición de que sea primero en la oficina de Operaciones. Ahí estaban todos los oficiales (..:), entre ellos, estaban Donda y Azic”. Además manifestó que Donda le “ponía una pequeña escopeta en la cabeza cuando se desenfocaba el proyector”.  Carlos contó que cuando estaba en cautiverio se hablaba de que Donda tenía un hermano montonero, “que Gerónimo lo entregó” y que eso le daba una alta valoración entre sus compañeros.  También relató cómo fue el día donde se enteraron que dos o tres compañeras habían declarado públicamente en la Asamblea Francesa. Carlos dijo que “Imperio era más conciliadora y Donda quería que nos maten a todos”. D’Imperio bajó esa noche al sótano y les dijo que “el proceso de recuperación continúa pero no podiamos salir del país”.  Continuó su relato e hizo mención a lo que sucedió con

Hace algunos días el exfiscal Luis Moreno Ocampo dijo en la TV Pública que “si mostrabas el carnet del Partido Comunista no te torturaban”. Jorge Garra, durante su testimonio en el juicio Brigadas, relató su paso por la Brigada de San Justo y al cierre repudió las declaraciones del exfiscal del Juicio a las Juntas.

En la tercera audiencia del Juicio Contraofensiva III declaró Daniel Cabezas, quien dio testimonio respecto a su experiencia como sobreviviente. En el juicio donde se juzga la participación del excomisario Roberto Álvarez en la represión a la acción de Montoneros, Cabezas habló acerca de su detención y relató lo que pudo reconstruir de las caídas de sus compañeros y compañeras. Este miércoles desde las 9 serán los alegatos de las partes acusadoras. Redacción: Mónica MexicanoEdición: Pedro Ramírez Otero/Fernando TebeleFoto de portada: Transmisión de La Retaguardia Daniel Cabezas se acomoda en su silla, ajusta el micrófono para que se escuche con claridad lo que tiene para decir. Comienza su testimonio y habla del momento en el que en 1978, junto otros exiliados en México, conformaron un grupo de prensa para imprimir la revista Evita Montonera. En esa imprenta trabajaba con Aixa Bona, su compañero Gervasio Guadix y otras personas  más.  En 1979 ante el llamado de la organización para el retorno a la Argentina en el contexto de la Contraofensiva, vuelven al país junto con sus familias, se instalan en Buenos Aires en diferentes casas, y continúan con la tarea de imprimir, encuadernar y distribuir el libro “Montoneros, el Camino de la Liberación”. Daniel y Nora Hilb, su compañera, buscan trabajo, transitan la clandestinidad, esperando tener noticias de la organización. Comienzan a notar  seguimientos, hasta que un día, al volver a su casa, son detenidos. Los llevan a la Comisaría 44 y luego a Campo de Mayo. En la Comisaría es entregada la hija de Daniel a su suegro.  No es la primera vez que Daniel declara, lo hizo en el Juicio Contraofensiva I, donde pudo contar la reconstrucción que pudo hacer muchos años después de su liberación, hablando con los demás sobrevivientes, de la caída de sus compañeros y compañeras. Luego de su secuestro, Daniel estuvo en la cárcel 4 años, en Rawson y Caseros, ya como preso político de la dictadura.  La declaración en el juicio Cabezas contó lo que pensó cuando Aixa Bona narró el hecho de su traslado, que había realizado el imputado Roberto Álvarez. Era llamativo que luego de tantos malos tratos sufridos en Campo de Mayo el oficial quisiera conversar con ella, motivo suficiente para que el personaje fuera claramente recordado.  Para el momento de las detenciones eran conscientes de la gravedad de la situación represiva, tenían conocimiento de las torturas en los campos de detención, tortura y exterminio. Sabían que estas personas, patotas, policías y militares, eran parte del Plan de Reorganización Nacional, que buscaba destruir a la militancia, afectar a la sociedad para imponer un plan económico. Álvarez era también parte de ese plan.  Daniel dijo que gracias a la transmisión de las audiencias por parte de La Retaguardia, Aixa pudo reconocer al imputado sin duda alguna. Él se encontraba en la sala virtual cuando Álvarez dio testimonio en el juicio anterior.. “Álvarez armó un cuentito para deslindar responsabilidades. (…) Recuerdo que Álvarez contó que iba con un coche que no era operativo por una ruta y vio a una mujer que estaba como perdida, que la levantó y la llevó a la comisaría, que él la trataba muy bien (…) no solo como persona, sino como policía”, había declarado Bona. “Me quedó este cuento de buena persona, algo que han hecho la mayoría de los militares que testimoniaron. No se acuerdan de nada. A mí me llama la atención cómo no ganó Montoneros, porque ninguno nos combatía, ninguno estaba persiguiéndonos, entonces siempre digo, tendríamos que haber ganado, según ellos”, agregó con ironía Cabezas.  Durante su declaración, Daniel leyó un documento de Inteligencia del Ejército que fue parte de las pruebas presentadas durante el juicio anterior, donde se refiere el supuesto suicidio de Guadix (esposo de Bona) y la posterior detención del grupo al que pertenecían Cabezas y Bona. En el documento hay testimonios de Colores (Juan Antonio del Cerro), un militar a cargo de la acción represiva, “donde queda claro cómo estaban organizados y quienes intervinieron”.  Respecto a cuál fue el destino de los miembros de su grupo, Daniel refirió que de quien menos se sabe es de Alfredo Lires y Graciela Álvarez, de quienes suponen que para finales de 1980 aún se encontraban vivos en Campo de mayo. Ambos permanecen desaparecidos. Daniel y su compañera Nora salieron de la cárcel el 4 de mayo de 1984, tras la intervención de la diplomacia de Alemania. Aixa Bona, recuperó su libertad a fines del 83. Acerca de Guadix, dijo: “Supimos en 1980 que armaron el operativo para hacer pasar su asesinato por un suicidio. De los tres fue el único cuerpo que se encontró”.  Posteriormente, Alejandro Elorz, el abogado defensor del imputado le preguntó a Cabezas qué era Montoneros. Después de un cruce entre las partes acerca de si la pregunta era pertinente, respondió: “Era una organización político militar que se formó con distintas organizaciones y movimientos en la dictadura anterior y tenían como objetivos luchar de distintas maneras, de todas las maneras, para que se termine la dictadura y para construir una sociedad justa”. Más adelante agregó que Montoneros “era una organización emblemática y por eso tuvo relación con tantas organizaciones de liberación en el mundo”.  El defensor nuevamente le preguntó los motivos por los cuales Montoneros pasó a la clandestinidad. Cabezas dijo: “Habría que preguntarle a la conducción cuándo toma esa decisión”. A partir del inicio de la dictadura, de las prácticas genocidas, “la clandestinidad fue una manera de resistir, porque sobrevivir era resistir”. Agregó además que Montoneros siempre comunicó a la sociedad lo que hacía, ya sea mediante comunicados o conferencias de prensa, daba cuenta de la diversidad de sus acciones. “Hay muchísima información sobre sus políticas y por qué en cada momento decidió distintas líneas, incluida la lucha armada, un tema que en esta sociedad todavía falta discutir”, agregó el sobreviviente. Daniel relató su participación en la conferencia de prensa en México donde filmó a “Tucho” Valenzuela, militante montonero, a quien llevaron “para que marque a la Conducción. Y él, en connivencia con

En otra jornada de testimonios de sobrevivientes, Mercedes Alvariño, Daniel Mirkin y Carlos Pellioli relataron las torturas que recibieron durante sus secuestros previos al golpe de Estado. También declaró Alicia Sanguinetti, compañera del Capi Munarriz, jefe de logística del PRT-ERP, quien fue secuestrado en 1974. El rol del Oso Ranier, infiltrado por la inteligencia del Batallón 601. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Transmisión de La Retaguardia Mercedes Alvariño, sobreviviente de Puente 12, relató su secuestro a manos de una patota que actuó bajo órdenes de Aníbal Gordon, una figura emblemática del Terrorismo de Estado. Ella fue torturada en forma brutal en Puente 12 “hasta sufrir una hemorragia” vaginal por un represor vestido en forma elegante y con una voz que parecía imitar a la de un conocido actor argentino.    También dio testimonio Alicia Sanguinetti, la compañera de Alberto José Munarriz, “Capi”, responsable nacional de logística del PRT-ERP. El dirigente cayó en una emboscada que planificó Jesús “El Oso” Ranier, el agente del Batallón 601 que se había infiltrado en la organización.  Los otros testigos fueron Daniel Mirkin, militante de Política Obrera secuestrado en La Tablada y llevado a Puente 12, y Carlos Pellioli, sometido a torturas en mayo de 1975, cuando estaba cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio.  Los testimonios Daniel Mirkin, militante de Política Obrera (hoy Partido Obrero) fue secuestrado con tres compañeros el 1 de mayo de 1975, en San Martín y Crovara, en La Tablada. La agrupación hizo una reunión pública con vecinos de la zona. La charla duró unos 45 minutos y Mirkin se retiró caminando del lugar, acompañado por Oscar Lanfranco, Oscar Carbonelli y María Elena Hernández.  Fueron interceptados por dos vehículos particulares de los que bajaron ocho hombres de civil, con armas largas. Les vendaron los ojos y les ataron las manos a la espalda, para luego obligarlos a tirarse al piso, boca abajo, en la calle. Los tuvieron varias horas y luego los subieron a un vehículo tipo furgón.  Los llevaron a un lugar de detención que luego supieron era Puente 12. A poco de llegar escucharon “los gritos de dolor de Lanfranco”, el primero en ser torturado.  Luego lo llevaron a Mirkin, lo obligaron a desnudarse, lo acostaron sobre el esqueleto metálico de una cama y lo torturaron con picana eléctrica.  “Me dieron picana en todo el cuerpo, en los genitales, en la boca, en las encías”, contó. Como a otros secuestrados, lo colgaron del techo. Los ataban con sogas que pasaban por debajo de las axilas. “Tenías que apoyarte en el piso, en puntas de pie, para tratar de aliviar el dolor en los hombros”, dijo, pero todo era “insoportable”.  De niño solía ir con su padre a Ezeiza, de manera que para él fue fácil identificar que el lugar de torturas estaba en Riccheri y Camino de Cintura. Como ya relató Carbonelli en el juicio, luego los llevaron a la Brigada de Investigaciones de San Justo y a la comisaría de Villa Madero.  Muchos años después, con Carbonelli pudieron ingresar a la División Cuatrerismo de Puente 12, sin que nadie les impidiera el paso.  “Fue en diciembre de 2015 y, cuando llegamos, la gobernadora María Eugenia Vidal, que recién había asumido, estaba promocionando un operativo por drogas, estaba lleno de periodistas y nos dejaron pasar sin problemas”, recordó. Ese día terminaron de reconocer el lugar donde habían sido torturados.  Con posterioridad sufrió un nuevo secuestro que no tiene relación con esta causa. Mirkin pidió disculpas a las otras víctimas porque recién ahora, por primera vez, prestó declaración ante la Justicia.  La patota de Gordon La siguiente en declarar fue Mercedes Alvariño, una sobreviviente que al comenzar rindió homenaje a Cristina Comandé, fallecida el año pasado, por el trabajo de reconstrucción realizado para que todos puedan reclamar justicia.  Alvariño fue secuestrada por primera vez “por la Triple A, el 12 de junio de 1974”. Eso pasó cuando vivía en una casa de la calle Albariño 3945, de Lanús.  Cuando recuperó la libertad se mudó a una vivienda en la calle Cacique Coliqueo, en Ramos Mejía. Allí volvió a ser secuestrada el 19 de noviembre de 1975. Los que irrumpieron en la casa eran “siete personas muy sacadas, con olor a alcohol”. Tiempo después, mirando fotografías en una causa judicial, pudo reconocer al agente de la ex SIDE Aníbal Gordon como el jefe del operativo. “Él controlaba todo, mientras los otros revisaban la casa y se robaban todo lo que había”, declaró.  La sacaron de su vivienda sin capucha y sin los ojos vendados. “Gordon me dijo: ‘Vos caminá como si estuvieras saliendo sola”. La subieron a un Ford Falcon azul francia y se la llevaron a ella sola. Su marido, Miguel Angel Alberti, era delegado en una fábrica de armas.  La persecución había comenzado antes de su segundo secuestro, cuando una patota de civil amenazó con llevarse a su hermana María Luz, junto con su bebé. Eso había sucedido en la casa de Lanús, donde seguía viviendo su familia. Para evitar que se llevaran a su otra hija y a su nieta, el padre de Mercedes le dio a la patota la dirección de la vivienda de Ramos Mejía.  Sus captores parecían formar parte de un grupo marginal “si hasta tenían escopetas atadas con alambre”. En el lugar de detención le presentaron a una mujer que la conocía y que había suministrado datos sobre sus actividades políticas.  Le hicieron preguntas sobre Juan Carlos Microcini, que también estuvo secuestrado en Puente 12. “Me torturaron con picana eléctrica, pero primero me bañaron con un balde de agua, me sacaron la ropa y lo más insoportable fue cuando me pasaban la picana por la boca”, relató.  En las sesiones de tortura también le provocaron “una hemorragia porque me introdujeron algo en la vagina”. Sostuvo que en el lugar que luego identificó como Puente 12, pudo ver “a chicos de la villa Los Ceibos, un barrio obrero de Lanús donde nosotros militábamos”.  Los torturadores se burlaban de los secuestrados. “Uno de ellos me

Lo dijo la sobreviviente Isabel Mercedes Fernández Blanco en el juicio por crímenes de lesa humanidad del Circuito ABO. En aquel momento había formado un grupo junto a otras 5 mujeres que también estaban transitando sus embarazos en cautiverio. Además testimonió Diana Kordon, quien repasó las marcas de la dictadura y la historia de acompañamiento a Madres, víctimas y familiares. Redacción: Camila CataneoEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Transmisión conjunta de La Retaguardia y Radio Presente El 28 de julio de 1978 Isabel Mercedes Fernandez Blanco fue secuestrada y estuvo en cautiverio en los centros clandestinos de detención tortura y exterminio “El Banco” y “Olimpo”. Estaba embarazada y con el pasar de los días comenzó a formar un grupo con otras mujeres que tuvieron que gestar en cautiverio. “Éramos varias. Estaba Lucía Tartaglia, que llegó a finalizar su embarazo y hace poco su hija pudo recuperar la identidad porque la habían apropiado. Marta Vaccaro, al momento que nos sacan del Olimpo, el 28 de enero de 1979, estaba con un embarazo casi a término. No supimos nada de su hijo o hija. Dos días antes de sacarnos del Olimpo, a Graciela Trotta la llevaron a la “maternidad Sardá”, nombró tal como le decían al espacio donde se daban los nacimientos clandestinos en la ESMA, en referencia al hospital público que lleva ese nombre. “Allí nació su hijo Julian”, agregó. También estaba ‘Pequi’ (Irma Nesich), que perdió su embarazo; como también le sucedió a Marta Muñoz (Cuca) que tenía un embarazo muy avanzado, pero lo perdió”, recordó Fernandez Blanco. “Cuca estaba en el Olimpo, en la celda al lado nuestro. Ella compartía con Salo. No sabíamos su nombre ni apellido, pero siempre nos preguntamos porque nos había pasado esto. Pensábamos que salíamos todas y que después íbamos a poder juntarnos una vez por año. Del grupo es la única desaparecida. Cada vez que nos encontrábamos, Cuca estaba en nuestros recuerdos”, contó Isabel en audiencia de ABO V, y recordó cuando conoció a los sobrinos y al hijo de Cuca. “Me llamaron de la subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad para que vaya urgente porque tenían algo importante que decirme. Así que fui y me encontré con ellos. Ahí supe que era Marta Muñoz, fue muy emotivo”, dijo. La Mudanza Este juicio tiene la particularidad de ventilar hechos ocurridos en tres centros clandestinos que funcionaron como un circuito concentracionario. Primero estuvieron en El Atlético, luego en El Banco y finalizaron en El Olimpo. “Mudaron a presos y archivos del Banco al Olimpo”, recordó Isabel sobre el momento en que fue trasladada al centro clandestino del barrio porteño de Floresta. La sobreviviente contó que las personas secuestradas fueron llevadas en un camión y estaban engrilladas de a dos y en la culata llevaban los archivos. Al ser consultada acerca de si había visto algunos de esos archivos, la sobreviviente manifestó que no logró saber qué eran esos papeles. En cada uno de los centros clandestinos el trato era diferente. Isabel dijo que “en El Banco los represores eran parte de las patotas y también hacían guardias. (…) Había otros represores que recorrían, pero no estaban a cargo de la vigilancia de los presos”. Respecto a lo que sucedía en El Olimpo, recordó los sobrenombres de los represores: “Cortéz, Quintana y Nelson, eran los jefes de los gendarmes”. Y continuó con los detalles: “Había un grupo de paraguayos, después había uno de más jóvenes”. Además, se refirió puntualmente a uno de los represores. Dijo que lo recordaba muy bien, que tenía el sobrenombre “Pajarito” y que él siempre decía que venía del Operativo Independencia. Según lo que contaron las y los sobrevivientes del Olimpo, allí estaban atendiendo dos médicos. Isabel aclaró que “a uno le decían ‘El Tordo’, que era del ejército y otro era un preso llamado Jorge Vazquez y le decían ‘Caballo Loco’”. La sobreviviente recordó que fue atendida por él cuando tuvo una gran hemorragia y estaba a punto de perder el embarazo. El Tarta y La Gorda Casi al final de la audiencia, Fernandez Blanco fue consultada por los nombres “El Tarta y la Gorda”. La sobreviviente hizo una pequeña mueca y dijo: “La conocí ahí, era la compañera de él, la vi cuando nos bañamos”. También comentó que el hombre era una persona de contextura grande. Un día sacaron de las celdas a “El Tarta” y al compañero de Isabel para que se pelearan entre ellos. Ella se enteró cuando su esposo volvió a la celta y estaba todo golpeado. “Los obligaron a pelear y con un borcegos le pegaron en la frente y lo atendió el Cabo Loco”, recordó. Las heridas de la dictadura En la misma audiencia fue citada Diana Kordon, fundadora y coordinadora del Equipo de Asistencia Psicológica de Madres de Plaza de Mayo (1979-1999) y también co-fundadora y actual coordinadora del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP). Allí contó su relación con Teresita Castrillejo, la esposa de Manuel Guerra y su trabajo con las Madres. Luego analizó cómo afectó la dictadura a las y los sobrevivientes y sus familias. Diana conoció a las Madres de Plaza de Mayo en plena dictadura. “Cuando se enteraron de mi profesión, atendí a Madres que estaban deprimidas. En ese camino surgió la necesidad de convocar a Lucila Edelman y Darío Lagos para formar el Equipo de Asistencia Psicológica de Madres de Plaza de Mayo, y luego armamos el Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP)”, recordó. “Las Madres son un símbolo extraordinario. Haber ocupado la escena pública fue muy importante para su preservación psíquica”, dijo sobre el trabajo que realizaron y siguen haciendo las Madres de Plaza de Mayo y remarcó que “primero pidieron aparición con vida y luego exigieron el castigo a los culpables”. La psiquiatra planteó, en referencia a cómo se fueron armando las historias de las y los desaparecidos y sobrevivientes, que hubo una “transmisión transgeneracional de la construcción de la memoria colectiva”, y agregó: “Los desaparecidos fueron los

La Inteligencia del Ejército fue clave durante el último genocidio. Dos de sus integrantes son juzgados en Puente 12 III. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Cultivada por primera vez por los Incas, antes de la llegada de los colonizadores, la batata es la más simple de las hortalizas. Sin embargo, en la jerga de los genocidas, “Batata” era la denominación –en clave de torturador— del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, artífice del secuestro, tortura y exterminio de miles de personas. Los crímenes fueron en Argentina y en otros países a los que llegaron las garras de sus espías, en el marco de la planificación continental de la Operación Cóndor.Desde el sombrío edificio de Callao y Viamonte, en Buenos Aires, partieron miles de órdenes y de ejecutores hacia cada rincón del país. Algunos tuvieron nefasta fama, como Raúl Antonio Guglielminetti, retratado en 1984 cuando “custodiaba” a Raúl Alfonsín y a María Estela Martínez de Perón. Otros, como el coronel Carlos Alberto Roque Tepedino, durante décadas permanecieron en el anonimato, aunque fueron figuras claves del Terrorismo de Estado. Hoy, en el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de Puente 12, dos ex jerarcas del Batallón 601 están siendo juzgados: el exteniente primero Enrique José Del Pino –condenado en otras causas— y el excapitán Walter Roque Minod, por primera vez en el banquillo de los acusados. En este juicio, la tercera audiencia se realizará el próximo viernes 5 de abril a partir de las 8:30. Un asesino fotogénico Raúl Antonio Guglielminetti, exagente del Batallón 601, fue el primero en recordar, en 1984, que la dictadura seguía vigilando a la frágil democracia. Su primera foto publicada en los diarios fue acompañando al entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli y a la expresidenta María Estela Martínez de Perón, de visita en Buenos Aires. Luego, en otra foto, aparecía a pocos metros del presidente Raúl Alfonsín.Lo más grave fue que Guglielminetti no estuvo “infiltrado” sino que fue convocado a partir de una idea del subsecretario general de la presidencia Dante Giadone, exsuboficial auditor del Ejército. Lo que hicieron fue crear un grupo de Inteligencia al servicio de Alfonsín, porque Guglielminetti los había convencido de que se estaba gestando un atentado contra el Presidente.El llamado Grupo Alem tenía su sede en Leandro Alem 218, a cuatro cuadras de la Casa Rosada. Lo integraron otros notorios represores como Juan Antonio del Cerro, alias “Colores”; Juan Carlos Fotea, alias “Lobo” o “Juan Carlos Linares”; Daniel Alejandro González; el capitán de navío Marcelo Marienhoff, hijo de un marino amigo de Alfonsín; el prefecto Juan Carlos Liaño, alias “Roilla”, quien como “Colores” había estado en el circuito “Club Atlético”, “El Banco” y “El Olimpo”.También estuvieron Jorge Rivero, alias “El Gitano”, un policía de la Superintendencia de Coordinación Federal denunciado como integrante de la Triple A, y el coronel Eusebio Gustavo González Breard, a cargo de la agrupación Seguridad e Inteligencia de la Casa Militar de la Presidencia. En la interminable lista figura un oficial de apellido Choffi, apodado “Nino”, que pertenecía al Batallón 601, al igual que José Benayas, el médico Arturo Horacio Poiret y Carlos Alberto Vivas, alias “Jaime Vidal”.El 8 de abril de 1987 en varios medios periodísticos se adjudicó al 601 un atentado ocurrido en la Capital Federal. El Estado Mayor del Ejército aclaró: “El denominado Batallón de Inteligencia 601 no existe en la actualidad, por haber sido reestructurado”. En el mismo comunicado se admitía que sólo había cambiado de nombre. Se llamaba ahora “Central de Reunión de Inteligencia Militar (CRIM)”. El coronel Tepedino A comienzos de 1996, a la Casa de las Madres llegó un sobre cerrado destinado a los periodistas que hacíamos el periódico Madres de Plaza de Mayo. El documento anónimo, que también llegó a Página 12, tenía 23 carillas y hacía referencia a oscuras operaciones que se realizaban desde el Estado Mayor General del Ejército, cuando su titular era el general Martín Balza.El eje de la denuncia era la presencia, en la Jefatura II (Inteligencia), de un hombre clave de la represión, el coronel retirado Carlos Alberto Roque Tepedino, acompañado por uno de sus viejos colaboradores, el coronel retirado Carlos Enrique Rospide.El currículum de Tepedino era elocuente. Entre 1975 y 1977 había sido director del área de Inteligencia Interior de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Desde el 27 de octubre de 1976 hasta fines de septiembre de 1979 fue jefe del Batallón 601. Luego pasó a ser secretario de Seguridad Interior del Ministerio del Interior. Con ese cargo llegó hasta el 10 de diciembre de 1983 y se fue de la mano del último presidente de facto Reynaldo Bignone.Desde ese momento y hasta 1999, el refugio oculto de Tepedino fue la Jefatura II (Inteligencia) del Estado Mayor General del Ejército, bajo el paraguas que le abrió el general Martín Balza.En el documento anónimo se afirmaba que Tepedino fue la “eminencia gris” de todos los jefes de inteligencia que se sucedieron desde el 10 de diciembre de 1983. El 14 de junio de 1997, en una nota publicada en el diario Página/12, se confirmó la presencia de Tepedino en el séptimo piso del Edificio “Libertador”, sede del Comando en Jefe del Ejército.El viejo coronel había sido indultado en 1989 por el presidente Carlos Menem, ya que estaba procesado por el encubrimiento del crimen de Elena Holmberg, exdiplomática de la dictadura de Jorge Rafael Videla, asesinada por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Homberg pagó con su vida las diferencias que el Ejértico tenía entonces con el almirante Emilio Massera.En 1994, Tepedino condujo el encubrimiento del crimen del soldado Omar Carrasco. Era un experto en eliminar pruebas y adulterar la escena del crimen.Con los datos aportados por el informe anónimo, fue fácil encontrar a Tepedino en el Comando en Jefe del Ejército: sólo hubo que llamar al número 4346-6100 del conmutador y pedir por él o discar el interno 1371. El militar atendió el teléfono, confirmó su

Después de dos años de espera y varios amagues, el jueves 18 de mayo empieza el juicio unificado por 1 y 60 y Comisaría 8va, centros clandestinos de detención que fueron de los primeros eslabones de la policía y las FFAA durante la dictadura en la ciudad. Va a ser de modalidad mixta: presencial y virtual. Es la primera vez que, en 17 años, el Tribunal de un juicio de Lesa Humanidad de la región va a estar presidido por una mujer: la Dra. Karina Yabor. Pulso Noticias y La Retaguardia transmitirán en vivo. Esta semana fue la audiencia preliminar y se fijó fecha para el inicio del debate oral de un juicio unificado que la ciudad está esperando hace mucho tiempo: el juicio de lesa humanidad sobre el Centro de Detención, Tortura y Exterminio de 1 y 60 y Comisaría 8va va a empezar el jueves 18 de mayo.  ¿Qué se va a juzgar?  Se juzgarán a ex militares del Ejército y ex policías de la provincia de Buenos Aires que, articuladamente, actuaban dentro de dos Centros Clandestinos de Detención: el de la sede central del Cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la calle 1 entre 59 y 60 junto con en el Regimiento de Caballería que está a la vuelta, en 60 entre 1 y 115 y en la Comisaría 8va, que queda sobre avenida 7 esquina 74, en Villa Elvira. Es la primera vez que se va a juzgar a militares que eran parte del Regimiento 7 de Infantería Mecanizado ubicado, hasta 1982, en la Plaza Malvinas y que varios testigos demostraron haber visto en el CCD de 1 y 60. “1 y 60 era un centro de distribución de personas detenidas desaparecidas, que se constituyó en el inicio de la dictadura”, dijo Guadalupe Godoy, abogada querellante, en comunicación con Pulso Noticias y agregó: “Hay un montón de personas que estuvieron secuestradas ahí que provienen del cordón industrial de La Plata, Berisso y Ensenada; los que sufrieron detenciones el mismo 24 de marzo, muchos casos que conocimos por las Fuerzas de Tareas 5, para luego pasar a la libertad o como presos políticos de la Unidad 9. En otros casos fue la puerta de ingreso al denominado Circuito Camps”, explicó respecto al proceso judicial unificado que se llevó adelante en 2011 y 2012.  Mientras tanto, Comisaría 8va, que queda sobre avenida 7 esquina 74, en Villa Elvira nunca dejó de ser una comisaría y tenía una doble función: había personas detenidas por delitos comunes y era un Centro Clandestino de Detención. Durante la dictadura “los detenidos eran custodiados por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el que se hallaba siempre bajo la tutela de la estructura represiva implementada desde el Primer Cuerpo del Ejército y hubo una importante intervención del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 7 ‘Coronel Conde’, así como del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Existió, asimismo un enorme grado de interconexión entre la Comisaría Octava y otros Centros Clandestinos de Detención que se encontraban en la zona de La Plata”, dice una de los pedidos de elevación a juicio. Fue un lugar de preblanqueo o de libertad de las personas detenidas: “Llegaban como provenientes del Circuito y desde ahí eran puestos a disposición del Poder Ejecutivo”, explicó Godoy y agregó que en algunos casos las víctimas venían de La Cacha, el CCDyT contiguo al Penal de Olmos. “Algunos casos que venían de La Cacha, están registrados como que han pasado por ahí para luego ser detenidos desaparecidos o asesinados”, agregó.  El juicio va a ser enorme y va a tener la dimensión del Juicio Brigadas, que Pulso Noticias transmite todos los martes desde hace dos años junto con La Retaguardia. El juicio de 1 y 60 y Comisaría 8va va a contar con más de 300 personas convocadas como testigos, entre las que hay 210 víctimas y también lo transmitiremos en vivo.  “La mayoría de las personas que están imputadas no tienen sentencias previas. Eso lo diferencia bastante de, por ejemplo, el Juicio Brigadas, donde la mayoría de las personas imputadas ya tienen una sentencia”, comparó Godoy con respecto al juicio que cubrimos los martes.  Quiénes llegan como imputados  “Hay una cantidad alarmante de imputados que ya fallecieron o que quedaron afuera del juicio por incapacidad sobreviviente”, asegura Godoy. La lista de responsables que la Fiscalía había señalado en sus requerimientos de elevación a juicio, que data de 2015, contaba 30 nombres. Al día de hoy hay 14 imputados que fallecieron y 3 están sobreseídos por incapacidad sobreviviente. Muchos llegan al juicio sin sentencias previas.  Miguel Angél Amigo, Juan Rafael Pochelú y Oscar Antonio Gómez Mígenes, están sobreseídos por incapacidad sobreviviente. Mientras que a lo largo de todos estos años de espera  Héctor Reinaldo Amuchastegui; José Luis Benitez; Gustavo Adolfo Cacivio; Ricardo Armando Fernandez; José Clemente Forasteiro; Roberto Arturo Gigli; Carlos Hidalgo Garzon; Alberto Larroca; Raúl Guillermo Muñoz; Anselmo Pedro Palavezzati; Alberto José Esteban Pulvermacher; Adalberto Oscar Rincón, Emilio Herrero Anzorena y Rubén Rodolfo Sabich están muertos.  Los que quedan imputados son:  Por su accionar en 1 y 60: Roberto Armando Balmaceda (que también está siendo juzgado en Brigadas); Carlos Ernesto Castillo “El Indio”, condenado por CNU; Alberto José Crinigan; Tomas D´ottavio; Carlos Hugo Leguizamon; Claudio Rubén Mejías; Raúl Ricardo Monzon y Juan Antonio Vidal.  Por su accionar en Comisaría 8va: Enrique Armando Cicciari; Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramirez y Ruben Vicente Sanchez junto a  tres imputados que también están siendo juzgados en Brigadas: Jorge Hector Di Pascuale (cumpliendo condena en cárcel común); Jaime Lamont Smart y Carlos María Romero Pavon.   Por el accionar conjunto en 1 y 60 y Comisaría 8va: Lucas Marcelo Castro; Ismael Ramón Veron y Enrique Francisco Welsh.  Preocupación por la situación subrogante de los jueces Para Godoy hay algo sintomático en la jurisdicción y que lo vemos en el Juicio Brigadas, Hogar Casa de Belén o Benavides: la ausencia de jueces titulares. Por eso, el Tribunal se

En una jornada tensa, que incluyó gritos del juez Daniel Horacio Obligado a la fiscal María Ángeles Ramos, se escucharon cuatro testimonios crudos. En esta crónica la primera parte de la jornada, con los testimonios de la sobreviviente María del Carmen Cantaro y su hijo Enrique Pastor. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Capturas Transmisión de La Retaguardia En el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de Puente 12, una madre y su hijo relataron los horrores vividos por una familia que ahora demanda “que se juzgue a los culpables de crímenes atroces cometidos durante la dictadura militar”. Enrique Pastor tenía once meses cuando secuestraron a su madre, María del Carmen Cantaro, sobreviviente, y a su padre, Alberto Manuel Pastor, quien sigue desaparecido. Ambos eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).Enrique recordó que cuando cumplió 2 años, el “festejo” fue en una cárcel donde estaba su madre. A su padre lo había visto por última vez un año antes, el día en que “festejó” su primer año de vida. Nunca más lo vio porque sigue desaparecido. María del Carmen, por su parte, aseguró que no sufrió “ninguna agresión sexual” explícita durante su cautiverio, pero que deben considerarse “las vejaciones a las que fui sometida” durante sesiones de tortura con picana eléctrica sobre las partes más sensibles de su cuerpo. Alberto Pastor, el padre, estuvo preso en 1972 y fue beneficiado por la amnistía de 1973. Lo secuestraron junto con su esposa días después del golpe del 24 de marzo de 1976, pudo fugarse, pero lo volvieron a secuestrar en mayo de 1977, junto con su nueva pareja, una militante del PRT que estaba embarazada. María del Carmen Cantaro, admitió que le “impactó” saber las circunstancias en que se produjo ese secuestro de su esposo. “No cambió para nada el amor que yo siento por él, porque sigue siendo el padre de mi hijo y la persona que luchó por un mundo más justo”, dijo. Recalcó que “el horror” que les tocó vivir “no puede destruir al amor” de personas que, como ellos, “luchábamos por un mundo mejor”. Los testimonios La segunda audiencia con testigos en el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad en Puente 12 comenzó a los gritos. El presidente del Tribunal Oral 6, Daniel Horacio Obligado, se puso a la defensiva antes de escuchar un planteo preliminar de la fiscal María Ángeles Ramos. “Me está gritando”, dijo la titular del Ministerio Público, mientras Obligado decía que sólo había “levantado la voz”. Cuando volvió la calma, la fiscal pudo al fin solicitar que el Tribunal anuncie con antelación la lista de testigos de cada audiencia, para “tener el tiempo necesario como para organizar las preguntas”. El testigo Enrique Pastor, que presenció el entredicho, dijo que lamentaba que haya ocurrido en el momento previo a su testimonio. Enrique es hijo de Alberto Manuel Pastor, detenido desaparecido, y de María del Carmen Cantaro, sobreviviente del centro clandestino. Enrique Pastor dijo que esperó “mucho tiempo” para hacer el reclamo de justicia “por la desaparición de mi padre y el secuestro y cautiverio de mi madre”. Agregó que quería reconocer “el compromiso de mucha gente que con su lucha hizo posible que pudiéramos llegar a esta instancia”. Señaló que el viernes 14, día en el que se sentó frente al tribunal, se cumplían 28 años de la creación de la agrupación HIJOS, que “luchó también por llegar a esto, desde cuando no teníamos tribunal alguno que nos escuchara”. Sus palabras fueron selladas con el aplauso del público presente. Recordó que desde su infancia supo del calvario de su madre, a quien visitó de la mano de su abuela en los penales de Olmos y de Devoto, luego de que su madre fuera puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Denunció las requisas vejatorias sufridas por su abuela, en cada visita a las cárceles, y recordó que festejó su segundo cumpleaños “en el patio de un penal”. Así comienzan sus “vivencias” por la “tragedia” de su familia. Su padre y su madre fueron secuestrados el 28 de marzo de 1976. Enrique tenía 11 meses cuando eso ocurrió. Su padre había sido detenido con anterioridad, en 1972, por efectivos de la Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal. Fue dejado en libertad en 1973, favorecido por la amnistía decretada por el expresidente Héctor Cámpora. Con posterioridad su padre comenzó a militar en el PRT. El testigo nació en abril de 1975 y a poco de su nacimiento se mudaron de una casa en el barrio porteño de Boedo a Lomas del Mirador, en La Matanza, por “razones de seguridad porque mi padre se dio cuenta de que eran vigilados”. El día del secuestro de sus padres él quedó al cuidado de unos compañeros de militancia, quienes lo entregaron luego a su abuelo materno, Francisco Cantaro y a su tío Luis Cantaro. Una tía de su familia paterna vivía en Buenos Aires, pero no se veían con ella porque estaba casada con un hombre que era personal civil de la Fuerza Aérea y estaba “relacionado ideológicamente” con la dictadura cívico-militar.Sus padres fueron secuestrados en la localidad de Cañuelas, junto con un compañero llamado Osvaldo Carmelo Mollo. Con posterioridad los llevaron a Puente 12, “donde fueron sometidos a tormentos de toda índole”. Tres días después de estar en el centro clandestino de detención su padre “logra fugarse cuando lo trasladaban en vehículos a identificar una casa operativa del PRT en la localidad de Aldo Bonzi”.A su padre lo volvieron a secuestrar, el 12 de mayo de 1977, en San Justo, en una casa ubicada en la calle Lezica al 3800. Lo detuvieron junto con Nora Luisa Maurer, con quien su padre tenía una relación de pareja. Ella estaba embarazada. El posible nacimiento es investigado por las Abuelas de Plaza de Mayo.Pastor se consideró una víctima de lo ocurrido con sus padres. Su madre, luego del secuestro, estuvo cuatro años detenida, en las cárceles mencionadas

Fue por el pedido que realizaron los condenados Eduardo Emilio Kalinec, Juan Carlos Avena y Luis Donocik para dejar la cárcel común y volver a sus casas. Los tres actuaron en el circuito represivo Club Atlético, Banco, Olimpo (ABO). Los jueces del TOF N°2 de CABA escucharon a las víctimas y ahora deberán tomar una decisión, que podría conocerse mañana. Redacción: Paulo GiacobbeEdición: Pedro Ramírez Otero/Fernando TebeleFoto de portada: Captura transmisión de La Retaguardia y Radio Presente El pasado 4 de abril, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 subrogando al TOF N°2 de la Ciudad de Buenos Aires escuchó a algunas de las víctimas de Eduardo Emilio Kalinec, Juan Carlos Avena y Luis Donocik, pues estos represores condenados por crímenes de lesa humanidad pidieron que se les otorgue la prisión domiciliaria. A su turno manifestaron su repudio: Cristina Jurkiewicz Artero, Delia Barrera y Ferrando, Ana María Careaga, Miguel Ángel D´Agostino, Silvia Graciela Fontana, María Esther Basualdo, Silvia María Pía Ríos Armelin, Carlos Pisoni y Camilo Daniel Ríos; entre otros y otras víctimas, sobrevivientes y familiares de desaparecidos y desaparecidas. “En los tres casos existen pericias médicas del año pasado que son todas coincidentes en que ni Kalinec, Avena o Donocik presentan problemas médicos que les impidan continuar la ejecución de la pena en prisión con debidos controles”, detalló en la audiencia Alejandro Alagia del Ministerio Público Fiscal. Eduardo Kalinec tiene 71 años y cumple su condena en la Unidad 33 del Servicio Penitenciario Federal; Donocik tiene dos años más; y Avena es el mayor con 75. Estos dos últimos cumplen sus condenas en la Unidad 31. Alagia subrayó que en esa unidad penitenciaria tienen atención “médica los siete días de la semana, las 24 horas. Consultorios, kinesiología, rehabilitación, sala de urgencia, ambulancia las 24 horas”, y en el caso de la unidad 33 cuentan con todas las “instalaciones para tratar enfermedades crónicas”. Además, dijo que los condenados no comprendieron la gravedad de sus delitos y no existe una resocialización. “No hay ninguna constancia de que haya un registro en este sentido, de que hayan comprendido la gravedad, la falta de arrepentimiento, el silencio… no hay sobre ese punto un resultado positivo”, planteó. Citó también al Estatuto de Roma, que no prevé la prisión domiciliaria para estos casos: “Al contrario, tiene un régimen especial para crímenes de lesa humanidad”. Ese tratado también resalta la importancia de aportar información, más allá de nombres de otros represores, algo que sirva como reparación a las víctimas. “La apropiación de niños y niñas, información relativa a qué pasó con la desaparición de personas”, recordó el fiscal, quien pidió al tribunal que rechace los pedidos. Un fragmento de lo manifestado por las víctimas Silvia María Pía Ríos Armelín es hija de Juana María Armelín y José Ríos. Silvia María realizó un recorrido de su vida y su historia: “Yo me entero de la desaparición de mis padres cuando tenía tres años y vivo ese momento, pero no lo tengo como recuerdo”. Desde ahí fue reconstruyendo su historia con relatos y trató de asimilarlo. Sus sentimientos fueron mutando con los años. “Por ejemplo, cuando me explicaron lo que le habían hecho a mis padres yo tenía mucho rencor hacia las personas que le habían hecho tanto daño, que además estaban en libertad. Y entonces pude ir como transformando ese sentimiento en mis años de juventud en resistencia, juntándome con gente que le pasaba lo mismo”, dijo. Reclamó justicia luchando en las calles. Silvia repasó así el juicio a las juntas, las leyes de impunidad y la llegada, nuevamente, de los juicios. Y entonces explicó que, en lo personal, haber logrado la prisión para los genocidas significó que el recorrido no fue en vano. Para Silvia sería un retroceso político muy grande si les otorgan la domiciliaria. “No debería hacerse por una cuestión de responsabilidad”, consideró. “No creo que nada pueda redimir el dolor que sentimos los damnificados. Ya no importa la violencia y crimen que se haya cometido contra mi madre, fueron muchos crímenes en un solo devenir. Pero sí importa que una vez que se ha logrado algo, no se baje de eso que se ha logrado. La justicia argentina pese a haber sido lenta tiene que estar orgullosa de lo que logró y tiene que mantenerlo. Eso significa una decisión diaria y me parece que hay gente que tiene que sostenerlo y tiene cargos de responsabilidad. No sería un acto de justicia, sería sostener una decisión. Y eso es lo que nos da a nosotros tranquilidad para poder transitar el resto de nuestras vidas, que no es una vida común, es el resultado de este terror”, expresó. Delia Barrera y Ferrando estuvo 92 días secuestrada en el centro clandestino de detención tortura y exterminio Club Atlético, donde también llevaron a su esposo Hugo Alberto Scutari. En el Atlético pudieron charlar muy brevemente antes del traslado de Hugo. Delia se opuso “a cualquier libertad o arresto domiciliario”. La sobreviviente contó que no fue fácil para ella la decisión de declarar: “Una de las razones principales es el cansancio que representa para muchos volver a tener que dar explicación de por qué no queremos salidas transitorias ni arrestos domiciliarios de los genocidas. No son pobres ancianos, no están arrepentidos, no rompen un pacto de silencio que nos traería a muchos saber cuál fue el destino de nuestros queridos ausentes. Nuestra lucha de hoy sigue siendo la misma de ayer. Mi lucha, a pesar de los años que voy teniendo, sigue siendo con el mismo compromiso que asumí cuando salí del campo de concentración y después de escuchar las últimas palabras de mi esposo cuando se despedía cuando era trasladado, que me pidió que fuera fuerte y que no lo abandonara. No los abandono. Por eso me tomo el atrevimiento de exigirles que no sigan brindándoles impunidad ni privilegios. Y si creen que no pueden cumplir con el pedido de tantas víctimas, de tantos familiares, de tantos ausentes, los señores jueces deberían renunciar porque su debilidad demuestra

El Centro de Estudios sobre Genocidio, el Observatorio de Crímenes de Estado y la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán realizaron un informe sobre las víctimas del Operativo Independencia. Ana Jemio, socióloga tucumana, codirectora del estudio, dialogó con La Retaguardia y dio significado a los datos del informe. Entrevista: Fernando TebeleRedacción: Paulo GiacobbeEdición: Pedro Ramírez Otero El 5 de febrero de 1975, la presidenta de la Nación Argentina, María Estela Martínez de Perón, en Acuerdo General de Ministros, firmó el decreto secreto y reservado N° 261/75: “El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de TUCUMÁN”. El 9 de febrero llegaron a la provincia de Tucumán las tropas del Ejército Argentino. No se puede decir que la orden presidencial tomó por sorpresa a los militares que, inicialmente, movilizaron 1.500 soldados. El coronel Acdel Vilas fue el responsable del Comando Táctico y el despliegue de las tropas hasta diciembre de 1975. El general Antonio Domingo Bussi fue su reemplazo. En una escuela sin terminar montaron el primer Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio. En https://escuelitadefamailla.org/historia/ cuentan la historia de ese lugar, “La Escuelita” de Famaillá: “A fines de 1976, el Comando se trasladó al exingenio Nueva Baviera, el edificio de “la Escuelita” se terminó de construir y, en 1978, se inauguró como escuela “Diego de Rojas” donde empezó a funcionar el nivel primario y, con el tiempo, el nivel terciario”. Hoy es un Sitio de Memoria. El Operativo Independencia es el comienzo del plan sistemático de desaparición de personas que a partir del 24 de marzo de 1976 se extendió a todo el país. Los números del operativo independencia El Centro de Estudios sobre Genocidio (UNTREF), el Observatorio de Crímenes de Estado (FSOC UBA) y la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán realizaron un informe sobre las víctimas del Operativo Independencia. Construyeron una base de datos teniendo en cuenta fuentes judiciales y documentos de acusación producidos por el Ministerio Público Fiscal en causas de Lesa Humanidad. Partiendo desde ese lugar pudieron establecer que el Operativo Independencia tuvo 812 víctimas entre 1975 y 1976. Es importante aclarar que según el propio diario de campaña de Acdel Vilas, en “La Escuelita” estuvieron secuestradas más de 1.500 personas en el mismo periodo. Por eso es necesario subrayar el modo de trabajo utilizado para el informe: las fuentes judiciales para la creación de la base de datos. De esas 812 víctimas que pudieron ubicar con nombre y apellido, 375 fueron secuestradas en San Martín de Tucumán, Tafí Viejo, Yerba Buena y Cruz Alta; 359 en Lules, Famaillá, Monteros y Leles; 50 en el resto de la provincia; y 5 fuera de ella. De las 23 víctimas restantes no obtuvieron datos sobre el lugar del secuestro. Además pudieron establecer que entre 1974 y 1983 hubo 1692 víctimas en la provincia de Tucumán. El estudio fue dirigido por Ana Jemio y Julia Vitar, junto a 15 estudiantes universitarios y graduados. Jemio dialogó con La Retaguardia y explicó que el Operativo Independencia tuvo carácter de formación para el Ejército Argentino: “Funcionó como una escuela, mandan a cuadros de todo el país a entrenarse”. Al tiempo que se ubica como punto de partida del genocidio. “Si uno le quiere poner un elemento visible al comienzo del genocidio, es la existencia de un sistema de campos de concentración en que el Estado persigue a sus oponentes y opositores, donde secuestran, torturan y desaparecen. Este hecho arranca en 1975 en Tucumán y no con el Golpe de Estado del 76. Esto no significa que el Golpe de Estado no cambie muchas otras cosas. Una dictadura militar no es lo mismo que un gobierno constitucional. Lo que sí cambia es la manera en que el Estado decide resolver su crisis y su problema con las clases populares, y decide resolverlo a través de un genocidio”, dijo. Previo a la llegada de tropas en 1975, en el informe pudieron encontrar la existencia de 55 víctimas en 1974. “La compañía de monte ‘Ramón Rosa Jiménez’ del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) había abierto un frente rural en Tucumán y el Estado había iniciado una serie de operativos antiguerrilleros. Lo que pasa en febrero de 1975 es algo distinto, habían hecho tropelías el año anterior, pero esta vez van, se quedan e instalan campos de concentración”, explicó. Sobrevivir Según el listado elaborado, sobrevivieron el 80% de las personas que pasaron por el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio “La Escuelita”. Ana Jemio dijo que esos datos sirven para entender la magnitud del genocidio y la figura del sobreviviente: “Nos ayuda a profundizar en esto que decimos que el genocidio no solo es algo que le acontece a quienes han sido víctimas directas de lo que les ha pasado sino que es una manera de transformar a quienes quedan vivos. La ‘Asociación de exdetenidos/as desaparecidos/as’ tiene un escrito que dice ‘¿Por qué sobrevivimos?’ , y ellos mismos piensan qué funcionalidad pensó el aparato represivo para los sobrevivientes. Y entonces decían si ese terror era clandestino, adentro de un lugar secreto, para que produzca terror alguien tenía que enterarse, aunque sea a media voz. Y el que salía de ese lugar y a media voz contaba lo que estaba pasando era la figura del sobreviviente. La figura de la desaparición ha sido la más importante pero transcurridos tantos años de lucha empezamos a pensar otros efectos que ha tenido el genocidio que quizás en su momento no han sido tenidos en cuenta porque se denunciaban situaciones más graves. Y eso lo vemos hoy en las denuncias. Para mucha gente que sobrevivió decía: ‘A mí no me ha pasado nada porque el que no volvió es él, a él le pasó lo grave’. Con el avance de los juicios y la conciencia de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, esas cosas pueden ir saliendo”. La gran mayoría de las víctimas eran