Lesa Humanidad
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La condena a 16 años de cárcel contra Carlos Antonio Españadero, exagente de Inteligencia del Ejército, fue confirmada por la sala cuatro de la Cámara Federal de Casación Penal. Españadero fue condenado por 17 casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y por el abuso sexual cometido contra una niña de 15 años, familiar de Mario Roberto Santucho, líder del PRT-ERP. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Captura transmisión de La Retaguardia Los crímenes de lesa humanidad, ocurridos en diciembre de 1975, determinaron la condena de Españadero por el Tribunal Oral Federal N° 6 en el juicio Puente 12 II, el 15 de octubre de 2021. Entre el 8 y 9 de diciembre de 1975, se produjeron los secuestros de Ofelia Maximina Ruiz Paz de Santucho; María Ofelia Santucho, de 15 años; Mario Antonio, un bebé de ocho meses; Ana Cristina, de 14; Marcela Eva, de 13; María Susana, de 14; María Silvia, de 12; María Emilia, de 10; Gabriela Inés, de 10; y Esteban Abdón, de 4. La familia Santucho fue secuestrada cuando celebraba un cumpleaños infantil en una casa de la localidad de Morón. Las otras víctimas fueron Graciela Lucía Bravo, Raúl Pedro Gagliardi, Mariana Méndez, María Rosa Navarro, Mario Antonio Gneri, Ricardo Landriscini y José Luis Uhjelly. Los jueces de Casación Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, rechazaron el planteo de la defensa de Españadero, que argumentó que los hechos ocurridos “no constituían crímenes contra la humanidad” y por eso deberían ser declarados prescriptos. Los jueces señalaron que antes de la dictadura que asoló el país entre 1976 y 1983, se produjeron hechos con “características que los convierten en crímenes contra la humanidad”. Recordó, en ese punto, que luego del golpe de Estado se pusieron en marcha disposiciones que reforzaron “las estructuras organizadas preexistentes” para “erradicar a los así llamados ‘elementos subversivos’”. Lo que se hizo antes y después del 24 de marzo de 1976 fue la aplicación de un plan represivo que incluyó “la desaparición física de aquellos que resultaban sindicados dentro de dicho grupo”. En ese sentido, citaron la causa 13/84, que llevó al juzgamiento y condena de los excomandantes de las Fuerzas Armadas, en el juicio oral realizado en 1985. Allí se probó que los métodos represivos habían comenzado antes del golpe militar. Los jueces señalaron luego la “insalvable nulidad” de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, invocadas también por la defensa de Españadero. Los jueces de Casación señalaron que los sucesos que involucran a Españadero constituyen “un caso paradigmático de ‘ataque contra la sociedad civil’” y que eso los convierte “en crímenes contra la humanidad”. Españadero primero se desempeñó como personal civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército y “por sus calificaciones fue promovido hasta alcanzar el grado de Jefe” de la División Situación General, hasta que renunció el 30 de junio de 1980. Todos los casos ocurrieron en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de Puente 12, en La Matanza, que dependía del Area 114 de la denominada Subzona de Defensa 1.1 del Primer Cuerpo de Ejército. Los jueces afirmaron que las personas que “por referencia o cercanía, real o presunta” eran señaladas desde el poder militar como relacionadas con “las organizaciones sindicadas como ‘subversivas’” sufrieron “violaciones a sus derechos fundamentales”. En el fallo se recordó que en la década del setenta “comenzó a producirse un tipo de hecho que (…) en años posteriores tuvo un auge notable, y que consistió en la desaparición de personas atribuida a razones políticas”. Destacaron que en 1974 y 1975 ya había comenzado una metodología sistemática que luego tuvo un “importante aumento en el número de personas privadas clandestinamente de su libertad, en todo el país a partir del 24 de marzo de 1976”. Recordaron que el 15 de octubre de 1975 el Consejo de Defensa firmó la “Directiva 1/75 (Lucha contra la subversión)”, una norma que abrió la puerta al genocidio con el llamado Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. El abuso sexual Los jueces también rechazaron la objeción de la defensa por el “abuso deshonesto” sufrido en Puente 12 por María Ofelia Santucho. En el juicio oral, la víctima refirió que “había sido objeto de vejaciones sexuales en el contexto de su encierro” en Puente 12. Dijo que lo que hicieron los represores fue “una forma de doblegarla por su género”. En el fallo de Casación se afirmó que la joven “con 15 años de edad, los ojos vendados y las manos amarradas, privada de su libertad y bajo un estado de permanente amenaza, debió soportar el abuso deshonesto por parte de sus captores”. Coincidieron con el fallo del Tribunal Oral 6 en la participación “mediata” de Españadero, porque todo sucedió “en ese marco de clandestinidad e impunidad que aseguraba el sistema represivo ilegal lo que resultó decisorio para la ejecución del abuso”. Lo ocurrido “desnuda el codominio del hecho de todas aquellas personas cuyo aporte tuvo una magnitud e incidencia determinantes para la comisión del delito”. Consideraron que “difícilmente pueda sostenerse que tal circunstancia no era conocida por el imputado Españadero”. Por ese motivo, los jueces sostuvieron que por su rol de jefe “tuvo un control o codominio que permite reputarlo como coautor de los abusos cometidos”. Dada la situación que vivían las víctimas en Puente 12 “no cabe exigir que la autoría se restrinja sólo a quien cometió los abusos sexuales”. Agregaron que “el trato recibido por las y los menores” llevados a Puente 12 fue “denigrante respecto de su sexualidad contra Ana Cristina Santucho”, por “la ausencia de cuidados de un bebé de ocho meses, Mario Roberto Santucho” y por los “maltratos físicos contra todos ellos y la insistencia en interrogatorios similares a los realizados a las personas adultas” allí secuestradas. “La amenaza de tortura, el escuchar (…) los gritos de quienes estaban siendo atormentados, el relato de vejaciones a personas de íntima relación o la promesa de hacerlo constituyen (…) formas de tormento psicológico en un todo asimilables a
Alejandra Cravello aportó en la causa no solo su historia personal como hija de Ricardo, secuestrado y desaparecido en Puente 12, sino en la mirada general sobre un juicio por el que esperó toda su vida. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Fernando Tebele A los 9 años, junto con sus cuatro hermanos menores, Alejandra Cravello sufrió el secuestro de su padre, Ricardo Alfredo Cravello. Junto con él se llevaron a María Cristina Lonardi, la mamá de tres de sus hermanos. Cuarenta y ocho años después, a los 57, Alejandra recién pudo exponer ante la Justicia su dolor, su reclamo de condena a los culpables, y pudo desandar el amoroso recorrido que hizo con sus hermanos para saber dónde estaban sus desaparecidos. La pareja fue secuestrada y torturada, como todos los que pasaron por el centro de exterminio de Puente 12. En un relato descarnado, Alejandra hizo referencia a las 24 personas, entre ellas Ricardo y María Cristina, que fueron secuestradas en un raid de 36 horas, en diciembre de 1975. En uno de los operativos, los secuestrados fueron nueve niños, ocho de ellos hijos o sobrinos de Roberto Santucho, líder del PRT-ERP, cuyos casos fueron expuestos en el juicio Puente 12 II. Denunció también la actitud inexplicable de las actuales autoridades políticas bonaerenses que no ponen fin al brutal cambio de fisonomía del predio de Puente 12. Consideró que eso es “inadmisible porque se trata” de un predio que debe ser preservado porque es “prueba en una causa judicial” que investiga el calvario sufrido por 185 personas, la mayoría asesinadas en la tortura. Aseguró que, a pesar de sus gestiones “formales e informales”, no son recibidos ni por el gobernador Axel Kisillof ni por el ministro de Seguridad, Sergio Berni. El testimonio de Alejandra fue tan contundente que, por primera vez en lo que va del juicio, hubo preguntas de una de las defensas. Horacio Romero Villanueva, quien representa al imputado Walter Roque Minod, ex jefe de Personal y de Logística del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, le hizo a la querellante una consulta capciosa: “¿Usted recuerda si en el año 1975 estaba vigente el Estado de Sitio?”. La respuesta fue rotunda: “También había leyes como la 20.840, que estuvo vigente hasta los años noventa, y otras leyes con las cuales podrían haber realizado juicios justos, entre comillas”, en lugar de las ejecuciones sumarias que realizaron en todo el país. El defensor intervino desde la comodidad de su casa, en forma virtual, ya que no concurre a la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 donde se realizada el juicio Puente 12 III. Alejandra Cravello, de 57 años, es la mayor de cinco hermanos y tenía 9 cuando secuestraron a su padre, Ricardo Alfredo Cravello. “Toda una vida esperando justicia”, fueron sus primeras palabras. Ella y su hermana Valeria, son hijas del primer matrimonio de su padre. En 1969, Ricardo Cravello formó una nueva pareja con María Cristina Lonardi, “Nenina”, luego de separarse “en muy buenos términos” de la mamá de Alejandra. Se formó entonces una “familia ensamblada”, a la que se sumaron tres hijos de la nueva pareja: Paula, María Laura y Ricardo, el menor de los hermanos, nacido en 1975. Alejandra dijo que tenían “una vida normal” y que “no se notaba” la militancia de su padre y Nenina, ya que “no estaban clandestinos” como otros militantes de esos años. Antes de incorporarse al PRT, su padre había militado en el Partido Socialista, en grupos trotskistas como Praxis y en la Resistencia peronista. Ricardo Cravello se había recibido de maestro mayor de obra y fue estudiante de arquitectura y de sociología. Su padre y su pareja se mudaron a una casa grande, con jardín, en la zona de Olivos. La recomendación que recibieron ella y su hermana Valeria, fue la de no decir dónde quedaba la vivienda. Con marcada emoción, Alejandra recordó cuando iba a jugar a la oficina en la que trabajaba su padre y el relato fue llegando a la trágica noche del secuestro. En la primera semana de diciembre de 1975, finalizadas las clases, su papá las fue a buscar a la casa de su madre, como todos los fines de semana, pero no regresaron con su mamá el domingo, como era habitual, sino el lunes 8, porque estaban de vacaciones en el colegio. “Como siempre, mi papá tomó un café con mi vieja, hablaron de nuestra crianza, de la realidad nacional”. Las imágenes de su padre, ese día, están grabadas en la memoria: “El sol de diciembre entraba por la ventana del living, lo acompañamos hasta el ascensor; fue la última vez que lo vimos”. Su madre les dijo a ella y a Valeria, que “se los habían llevado, que los secuestraron, que no se sabía dónde estaban, que seguramente iban a aparecer en diez o quince días detenidos en un penal” a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. “Ese verano fue de mucha angustia, mucho llanto, jugábamos con nuestros primos porque éramos niñas, pero había un agujero impresionante”. Con el tiempo supieron que el secuestro había sido en la noche de ese 8 de diciembre de 1975 y que en la casa “estaban mi papá, Nenina y Emilio, el papá de Nenina, a quien liberaron” horas después. Emilio era civil “pero sus hermanos eran militares, el mayor era Eduardo Lonardi, el que derrocó a (Juan Domingo) Perón”. El general Eduardo Ernesto Lonardi fue el primer presidente de facto luego del golpe de 1955, pero fue desplazado poco después por el general Pedro Eugenio Aramburu. Emilio Lonardi, el padre de Nenina, hizo gestiones que no prosperaron y creyó, al principio, que habían sido llevados a la guarnición de Campo de Mayo. Años después, Alejandra corroboró que su padre y Nenina estuvieron en Puente 12 y no en Campo de Mayo. En los primeros “dos o tres años”, Alejandra no tuvo mucha información, pero a partir de 1979, cuando empezó la secundaria, todos los mediodías iba a comer a la casa de su abuela paterna, que
Analía Kalinec se refirió así al rechazo por parte del TOF N°2 a los pedidos de arrestos domiciliarios para los represores Eduardo Kalinec y Luis Donocik. Ambos actuaron en el circuito comprendido por los tres Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio Atlético, Banco y Olimpo (ABO). Analía, hija del genocida, e integrante del colectivo Historias Desobedientes, habló con La Retaguardia. Texto: Paulo GiacobbeEdición: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele El Tribunal Oral Federal N°2 de la Ciudad de Buenos Aires negó dos arrestos domiciliarios a los represores Eduardo Kalinec y Luis Donocik. Fue luego de escuchar a las víctimas. A fines de abril habían tomado la misma decisión con dos represores del mismo circuito represivo, Jorge Arráez y Juan Carlos Avena. El mayor argumento de las defensas para pedir el beneficio eran las edades de los genocidas, entre 70 y 75 años. En cuanto a sus problemas de salud pueden ser tratados en dependencias del Servicio Penitenciario. Tanto en Kalinec como en Donocik, no se evidencia que presenten “actualmente patologías que tornen necesario el cumplimiento de la pena impuesta bajo la modalidad pretendida (arresto domiciliario) conforme el marco legal vigente, correspondiendo en consecuencia” que los condenados continúen “cumpliendo la pena de prisión oportunamente impuesta en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal”, resolvió el tribunal. Seguramente las defensas recurrirán a una instancia superior. Sobre este punto también se manifestó el TOF 2 de CABA: “Resta indicar que el eje argumental aquí utilizado para analizar el planteo deducido resulta consonante con el criterio adoptado por la Cámara Federal de Casación Penal, la cual tiene dicho que el hecho de que el imputado tenga más de setenta años no genera automáticamente el deber de conceder el arresto domiciliario. Tampoco alcanza con que el encartado tenga un deterioro de su salud, sino que se requiere que el encarcelamiento en un establecimiento impida tratar adecuadamente su dolencia”. Analía Kalinec, integrante del Colectivo Historias Desobedientes y autora del libro “Llevaré su nombre. La hija desobediente de un genocida” —donde relató su camino personal en busca de Memoria, Verdad y Justicia—, dijo a La Retaguardia: “En sintonía con lo que venimos expresando desde el Colectivo Historias Desobedientes y también en mi carácter de hija del genocida Kalinec, celebramos la decisión del tribunal de no otorgar prisión domiciliaria a estos genocidas. Entendemos que hay un deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar los crímenes contra la humanidad y la sanción no puede verse morigerada por salidas transitorias, prisiones domiciliarias o beneficios en la ejecución de la pena, dado la gravedad de los crímenes y la continuidad también del daño que generan a partir del pacto de silencio que mantienen, a partir del no aportar información sensible acerca de los detenidos, desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio”. La hija de Eduardo Kalinec profundizó acerca de la falta de arrepentimiento por parte de su padre y de otros genocidas que deciden mantener el silencio: “A partir de esta reactualización permanente de este daño, entendemos que en la medida que no haya conciencia acerca de la gravedad de los crímenes por parte de estos genocidas, que no haya arrepentimiento, que no haya voluntad de reparar de alguna manera algo de todo el daño que generaron, no hay otro lugar para estas personas que no sea en la cárcel, ese tiene que ser el lugar adonde tienen que estar para poder garantizar una sociedad más justa en la cual no podamos tener la más mínima posibilidad de cruzarnos por la calle con gente que tanto daño ha hecho y tanto daño sigue generando”.
Lo contó el sobreviviente Carlos Muñoz en el juicio donde se investiga la participación de Adolfo Donda Tigel en la apropiación de su sobrina Victoria Donda Pérez. Este hecho sucedió dos años después de la recuperación de la democracia. Los represores fueron a la pizzería donde estaba comiendo y frenaron su Falcon verde frente de él. Redacción: Camila CataneoEdición: Pedro Ramírez Otero/Fernando TebeleFotos: Captura transmisión de La Retaguardia Solo habían pasado dos años de la recuperación de la democracia. Carlos Muñoz estaba comiendo dos empanadas con un moscato en La Americana, una pizzería muy conocida de la calle Callao. Estaba parado en el mostrador y vio que se estacionaba un Falcon verde. “A mí se me paralizó el cuerpo”, aseguró Carlos. En ese auto estaban Juan Antonio Azic y Adolfo Donda Tigel. El marino bajó del auto y le hizo una seña para que se acerque. Carlos contó que le dijo: “Yo no tengo nada que hablar con ustedes, yo no quiero saber nada con ustedes”. Esa fue la última vez que Carlos vio a sus represores. Muñoz recordó ese encuentro en el juicio donde se investiga la participación de Adolfo Donda Tigel en la apropiación de su sobrina Victoria Donda Pérez. Ella nació en la maternidad clandestina de la ESMA durante el cautiverio de su mamá, María Hilda Pérez de Donda, quien continúa desaparecida. La beba fue apropiada por el prefecto Juan Antonio Azic, quien ya fuera condenado por el hecho en 2012. Victoria Donda recuperó su identidad en 2004. “La primera vez que lo vi fue el día que me secuestraron. La última vez que lo vi fue en 1985”, manifestó el sobreviviente y aseguró que “había una relación de cercanía” entre Donda y Azic, que es relevante para el juicio, porque el imputado niega haber tenido una relación estrecha con el apropiador de su sobrina. Me secuestraron dos veces Carlos fue secuestrado dos veces en la última dictadura cívico militar. La primera sucedió el 3 de junio de 1976 y estuvo doce días en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. Luego, el 21 de noviembre de 1978 fue nuevamene secuestrado y lo llevaron a ESMA. El 15 de febrero de 1980 recuperó la libertad. Durante su cautiverio en la Superintendencia fue brutalmente golpeado y torturado. “Mi papá hizo gestiones a través de su primo”, explicó. Este familiar era el comisario mayor Aurelio Arturo Cavani. Carlos contó que los primeros días no había modificado su situación ahí dentro pero a los días fue liberado y a su compañero le pegaron un tiro delante de él. En esos días conoció a Omar Deuderes. Le decían “el Francés”, era un guardia marino. Había participado en la sublevación de la Escuela de Mecánica de la Armada en el año 1972. Omar le había contado que “lo iban a pasar por derecha, es decir, legalizarlo porque su hermano estaba en la patota”. El guardia luego pasó a la Unidad 9. “A mí me salvó la vida mi tío y al otro chico su hermano”, dijo, y puntualizó en que “hubo alguna influencia porque los demás están desaparecidos”. Luego de dos años fue secuestrado por segunda vez. Ese día estaba durmiendo en su casa con su exesposa y su hijo de tres meses. Tiraron la puerta y realizaron el típico procedimiento de esos tiempos. Allí entró un grupo armado vestido de civil. “Estaba conducido por el en ese momento teniente de Fragata Alfredo Astiz. Acompañado por otro teniente de Fragata que después le decían Gordo Tomás (Rodolfo Oscar Cionchi) y también estaba Claudio Pintana. Además estaba otro policía más que hace poquito fue condenado (Mario) Sandoval, al cual le decían Churrasco”, declaró Muñoz. Luego comentó: “Nos subieron en autos y me arrastraron hasta un cuartito. Me hicieron desnudar y me ataron las extremidades y me aplicaron picana eléctrica”. Ese día conocí a Donda “Me llevaron a un cuarto que no logro identificar si era la huevera. Me esposaron y me dieron una resma de hojas y una lapicera. Me pidieron que escriba la ‘historia de mi vida’”, contó. Ese día conoció a Donda. Estaba muy golpeado e intentó abrir sus esposas con la tapa del escritorio y en ese momento entró el teniente de Navío Donda (alias Gerónimo o Palito) y le dijo “ah, te querés fugar” y le dió una paliza feroz hasta desmayarlo. Cuando se despertó estaba en una colchoneta esposado. Luego pudo saber que era Capuchita. “Lo vi reiteradas veces, era una presencia permanente en el sótano. Casi diaria”, aseguró el sobreviviente al situar al exmarino en el centro clandestino y recordó que “una noche estaba de guardia Donda y nos hizo salir a todos para afuera y nos dio copas para brindar por la muerte de un compañero”. También manifestó que “Donda era el jefe de operaciones” y que “Azic no era marino pero formaba parte del grupo de operaciones”. El sobreviviente siguió recordando momentos claves donde tuvo que interactuar con el represor: “Un día me llevaron a Capucha y vi que estaba el proyector que me habían robado cuando me secuestraron. Ahí le planto a (Luis ‘Abdala) D’Imperio si podía proyectar películas. Él me autorizó con la condición de que sea primero en la oficina de Operaciones. Ahí estaban todos los oficiales (..:), entre ellos, estaban Donda y Azic”. Además manifestó que Donda le “ponía una pequeña escopeta en la cabeza cuando se desenfocaba el proyector”. Carlos contó que cuando estaba en cautiverio se hablaba de que Donda tenía un hermano montonero, “que Gerónimo lo entregó” y que eso le daba una alta valoración entre sus compañeros. También relató cómo fue el día donde se enteraron que dos o tres compañeras habían declarado públicamente en la Asamblea Francesa. Carlos dijo que “Imperio era más conciliadora y Donda quería que nos maten a todos”. D’Imperio bajó esa noche al sótano y les dijo que “el proceso de recuperación continúa pero no podiamos salir del país”. Continuó su relato e hizo mención a lo que sucedió con
Hace algunos días el exfiscal Luis Moreno Ocampo dijo en la TV Pública que “si mostrabas el carnet del Partido Comunista no te torturaban”. Jorge Garra, durante su testimonio en el juicio Brigadas, relató su paso por la Brigada de San Justo y al cierre repudió las declaraciones del exfiscal del Juicio a las Juntas.
En la tercera audiencia del Juicio Contraofensiva III declaró Daniel Cabezas, quien dio testimonio respecto a su experiencia como sobreviviente. En el juicio donde se juzga la participación del excomisario Roberto Álvarez en la represión a la acción de Montoneros, Cabezas habló acerca de su detención y relató lo que pudo reconstruir de las caídas de sus compañeros y compañeras. Este miércoles desde las 9 serán los alegatos de las partes acusadoras. Redacción: Mónica MexicanoEdición: Pedro Ramírez Otero/Fernando TebeleFoto de portada: Transmisión de La Retaguardia Daniel Cabezas se acomoda en su silla, ajusta el micrófono para que se escuche con claridad lo que tiene para decir. Comienza su testimonio y habla del momento en el que en 1978, junto otros exiliados en México, conformaron un grupo de prensa para imprimir la revista Evita Montonera. En esa imprenta trabajaba con Aixa Bona, su compañero Gervasio Guadix y otras personas más. En 1979 ante el llamado de la organización para el retorno a la Argentina en el contexto de la Contraofensiva, vuelven al país junto con sus familias, se instalan en Buenos Aires en diferentes casas, y continúan con la tarea de imprimir, encuadernar y distribuir el libro “Montoneros, el Camino de la Liberación”. Daniel y Nora Hilb, su compañera, buscan trabajo, transitan la clandestinidad, esperando tener noticias de la organización. Comienzan a notar seguimientos, hasta que un día, al volver a su casa, son detenidos. Los llevan a la Comisaría 44 y luego a Campo de Mayo. En la Comisaría es entregada la hija de Daniel a su suegro. No es la primera vez que Daniel declara, lo hizo en el Juicio Contraofensiva I, donde pudo contar la reconstrucción que pudo hacer muchos años después de su liberación, hablando con los demás sobrevivientes, de la caída de sus compañeros y compañeras. Luego de su secuestro, Daniel estuvo en la cárcel 4 años, en Rawson y Caseros, ya como preso político de la dictadura. La declaración en el juicio Cabezas contó lo que pensó cuando Aixa Bona narró el hecho de su traslado, que había realizado el imputado Roberto Álvarez. Era llamativo que luego de tantos malos tratos sufridos en Campo de Mayo el oficial quisiera conversar con ella, motivo suficiente para que el personaje fuera claramente recordado. Para el momento de las detenciones eran conscientes de la gravedad de la situación represiva, tenían conocimiento de las torturas en los campos de detención, tortura y exterminio. Sabían que estas personas, patotas, policías y militares, eran parte del Plan de Reorganización Nacional, que buscaba destruir a la militancia, afectar a la sociedad para imponer un plan económico. Álvarez era también parte de ese plan. Daniel dijo que gracias a la transmisión de las audiencias por parte de La Retaguardia, Aixa pudo reconocer al imputado sin duda alguna. Él se encontraba en la sala virtual cuando Álvarez dio testimonio en el juicio anterior.. “Álvarez armó un cuentito para deslindar responsabilidades. (…) Recuerdo que Álvarez contó que iba con un coche que no era operativo por una ruta y vio a una mujer que estaba como perdida, que la levantó y la llevó a la comisaría, que él la trataba muy bien (…) no solo como persona, sino como policía”, había declarado Bona. “Me quedó este cuento de buena persona, algo que han hecho la mayoría de los militares que testimoniaron. No se acuerdan de nada. A mí me llama la atención cómo no ganó Montoneros, porque ninguno nos combatía, ninguno estaba persiguiéndonos, entonces siempre digo, tendríamos que haber ganado, según ellos”, agregó con ironía Cabezas. Durante su declaración, Daniel leyó un documento de Inteligencia del Ejército que fue parte de las pruebas presentadas durante el juicio anterior, donde se refiere el supuesto suicidio de Guadix (esposo de Bona) y la posterior detención del grupo al que pertenecían Cabezas y Bona. En el documento hay testimonios de Colores (Juan Antonio del Cerro), un militar a cargo de la acción represiva, “donde queda claro cómo estaban organizados y quienes intervinieron”. Respecto a cuál fue el destino de los miembros de su grupo, Daniel refirió que de quien menos se sabe es de Alfredo Lires y Graciela Álvarez, de quienes suponen que para finales de 1980 aún se encontraban vivos en Campo de mayo. Ambos permanecen desaparecidos. Daniel y su compañera Nora salieron de la cárcel el 4 de mayo de 1984, tras la intervención de la diplomacia de Alemania. Aixa Bona, recuperó su libertad a fines del 83. Acerca de Guadix, dijo: “Supimos en 1980 que armaron el operativo para hacer pasar su asesinato por un suicidio. De los tres fue el único cuerpo que se encontró”. Posteriormente, Alejandro Elorz, el abogado defensor del imputado le preguntó a Cabezas qué era Montoneros. Después de un cruce entre las partes acerca de si la pregunta era pertinente, respondió: “Era una organización político militar que se formó con distintas organizaciones y movimientos en la dictadura anterior y tenían como objetivos luchar de distintas maneras, de todas las maneras, para que se termine la dictadura y para construir una sociedad justa”. Más adelante agregó que Montoneros “era una organización emblemática y por eso tuvo relación con tantas organizaciones de liberación en el mundo”. El defensor nuevamente le preguntó los motivos por los cuales Montoneros pasó a la clandestinidad. Cabezas dijo: “Habría que preguntarle a la conducción cuándo toma esa decisión”. A partir del inicio de la dictadura, de las prácticas genocidas, “la clandestinidad fue una manera de resistir, porque sobrevivir era resistir”. Agregó además que Montoneros siempre comunicó a la sociedad lo que hacía, ya sea mediante comunicados o conferencias de prensa, daba cuenta de la diversidad de sus acciones. “Hay muchísima información sobre sus políticas y por qué en cada momento decidió distintas líneas, incluida la lucha armada, un tema que en esta sociedad todavía falta discutir”, agregó el sobreviviente. Daniel relató su participación en la conferencia de prensa en México donde filmó a “Tucho” Valenzuela, militante montonero, a quien llevaron “para que marque a la Conducción. Y él, en connivencia con
En otra jornada de testimonios de sobrevivientes, Mercedes Alvariño, Daniel Mirkin y Carlos Pellioli relataron las torturas que recibieron durante sus secuestros previos al golpe de Estado. También declaró Alicia Sanguinetti, compañera del Capi Munarriz, jefe de logística del PRT-ERP, quien fue secuestrado en 1974. El rol del Oso Ranier, infiltrado por la inteligencia del Batallón 601. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Transmisión de La Retaguardia Mercedes Alvariño, sobreviviente de Puente 12, relató su secuestro a manos de una patota que actuó bajo órdenes de Aníbal Gordon, una figura emblemática del Terrorismo de Estado. Ella fue torturada en forma brutal en Puente 12 “hasta sufrir una hemorragia” vaginal por un represor vestido en forma elegante y con una voz que parecía imitar a la de un conocido actor argentino. También dio testimonio Alicia Sanguinetti, la compañera de Alberto José Munarriz, “Capi”, responsable nacional de logística del PRT-ERP. El dirigente cayó en una emboscada que planificó Jesús “El Oso” Ranier, el agente del Batallón 601 que se había infiltrado en la organización. Los otros testigos fueron Daniel Mirkin, militante de Política Obrera secuestrado en La Tablada y llevado a Puente 12, y Carlos Pellioli, sometido a torturas en mayo de 1975, cuando estaba cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio. Los testimonios Daniel Mirkin, militante de Política Obrera (hoy Partido Obrero) fue secuestrado con tres compañeros el 1 de mayo de 1975, en San Martín y Crovara, en La Tablada. La agrupación hizo una reunión pública con vecinos de la zona. La charla duró unos 45 minutos y Mirkin se retiró caminando del lugar, acompañado por Oscar Lanfranco, Oscar Carbonelli y María Elena Hernández. Fueron interceptados por dos vehículos particulares de los que bajaron ocho hombres de civil, con armas largas. Les vendaron los ojos y les ataron las manos a la espalda, para luego obligarlos a tirarse al piso, boca abajo, en la calle. Los tuvieron varias horas y luego los subieron a un vehículo tipo furgón. Los llevaron a un lugar de detención que luego supieron era Puente 12. A poco de llegar escucharon “los gritos de dolor de Lanfranco”, el primero en ser torturado. Luego lo llevaron a Mirkin, lo obligaron a desnudarse, lo acostaron sobre el esqueleto metálico de una cama y lo torturaron con picana eléctrica. “Me dieron picana en todo el cuerpo, en los genitales, en la boca, en las encías”, contó. Como a otros secuestrados, lo colgaron del techo. Los ataban con sogas que pasaban por debajo de las axilas. “Tenías que apoyarte en el piso, en puntas de pie, para tratar de aliviar el dolor en los hombros”, dijo, pero todo era “insoportable”. De niño solía ir con su padre a Ezeiza, de manera que para él fue fácil identificar que el lugar de torturas estaba en Riccheri y Camino de Cintura. Como ya relató Carbonelli en el juicio, luego los llevaron a la Brigada de Investigaciones de San Justo y a la comisaría de Villa Madero. Muchos años después, con Carbonelli pudieron ingresar a la División Cuatrerismo de Puente 12, sin que nadie les impidiera el paso. “Fue en diciembre de 2015 y, cuando llegamos, la gobernadora María Eugenia Vidal, que recién había asumido, estaba promocionando un operativo por drogas, estaba lleno de periodistas y nos dejaron pasar sin problemas”, recordó. Ese día terminaron de reconocer el lugar donde habían sido torturados. Con posterioridad sufrió un nuevo secuestro que no tiene relación con esta causa. Mirkin pidió disculpas a las otras víctimas porque recién ahora, por primera vez, prestó declaración ante la Justicia. La patota de Gordon La siguiente en declarar fue Mercedes Alvariño, una sobreviviente que al comenzar rindió homenaje a Cristina Comandé, fallecida el año pasado, por el trabajo de reconstrucción realizado para que todos puedan reclamar justicia. Alvariño fue secuestrada por primera vez “por la Triple A, el 12 de junio de 1974”. Eso pasó cuando vivía en una casa de la calle Albariño 3945, de Lanús. Cuando recuperó la libertad se mudó a una vivienda en la calle Cacique Coliqueo, en Ramos Mejía. Allí volvió a ser secuestrada el 19 de noviembre de 1975. Los que irrumpieron en la casa eran “siete personas muy sacadas, con olor a alcohol”. Tiempo después, mirando fotografías en una causa judicial, pudo reconocer al agente de la ex SIDE Aníbal Gordon como el jefe del operativo. “Él controlaba todo, mientras los otros revisaban la casa y se robaban todo lo que había”, declaró. La sacaron de su vivienda sin capucha y sin los ojos vendados. “Gordon me dijo: ‘Vos caminá como si estuvieras saliendo sola”. La subieron a un Ford Falcon azul francia y se la llevaron a ella sola. Su marido, Miguel Angel Alberti, era delegado en una fábrica de armas. La persecución había comenzado antes de su segundo secuestro, cuando una patota de civil amenazó con llevarse a su hermana María Luz, junto con su bebé. Eso había sucedido en la casa de Lanús, donde seguía viviendo su familia. Para evitar que se llevaran a su otra hija y a su nieta, el padre de Mercedes le dio a la patota la dirección de la vivienda de Ramos Mejía. Sus captores parecían formar parte de un grupo marginal “si hasta tenían escopetas atadas con alambre”. En el lugar de detención le presentaron a una mujer que la conocía y que había suministrado datos sobre sus actividades políticas. Le hicieron preguntas sobre Juan Carlos Microcini, que también estuvo secuestrado en Puente 12. “Me torturaron con picana eléctrica, pero primero me bañaron con un balde de agua, me sacaron la ropa y lo más insoportable fue cuando me pasaban la picana por la boca”, relató. En las sesiones de tortura también le provocaron “una hemorragia porque me introdujeron algo en la vagina”. Sostuvo que en el lugar que luego identificó como Puente 12, pudo ver “a chicos de la villa Los Ceibos, un barrio obrero de Lanús donde nosotros militábamos”. Los torturadores se burlaban de los secuestrados. “Uno de ellos me
Lo dijo la sobreviviente Isabel Mercedes Fernández Blanco en el juicio por crímenes de lesa humanidad del Circuito ABO. En aquel momento había formado un grupo junto a otras 5 mujeres que también estaban transitando sus embarazos en cautiverio. Además testimonió Diana Kordon, quien repasó las marcas de la dictadura y la historia de acompañamiento a Madres, víctimas y familiares. Redacción: Camila CataneoEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Transmisión conjunta de La Retaguardia y Radio Presente El 28 de julio de 1978 Isabel Mercedes Fernandez Blanco fue secuestrada y estuvo en cautiverio en los centros clandestinos de detención tortura y exterminio “El Banco” y “Olimpo”. Estaba embarazada y con el pasar de los días comenzó a formar un grupo con otras mujeres que tuvieron que gestar en cautiverio. “Éramos varias. Estaba Lucía Tartaglia, que llegó a finalizar su embarazo y hace poco su hija pudo recuperar la identidad porque la habían apropiado. Marta Vaccaro, al momento que nos sacan del Olimpo, el 28 de enero de 1979, estaba con un embarazo casi a término. No supimos nada de su hijo o hija. Dos días antes de sacarnos del Olimpo, a Graciela Trotta la llevaron a la “maternidad Sardá”, nombró tal como le decían al espacio donde se daban los nacimientos clandestinos en la ESMA, en referencia al hospital público que lleva ese nombre. “Allí nació su hijo Julian”, agregó. También estaba ‘Pequi’ (Irma Nesich), que perdió su embarazo; como también le sucedió a Marta Muñoz (Cuca) que tenía un embarazo muy avanzado, pero lo perdió”, recordó Fernandez Blanco. “Cuca estaba en el Olimpo, en la celda al lado nuestro. Ella compartía con Salo. No sabíamos su nombre ni apellido, pero siempre nos preguntamos porque nos había pasado esto. Pensábamos que salíamos todas y que después íbamos a poder juntarnos una vez por año. Del grupo es la única desaparecida. Cada vez que nos encontrábamos, Cuca estaba en nuestros recuerdos”, contó Isabel en audiencia de ABO V, y recordó cuando conoció a los sobrinos y al hijo de Cuca. “Me llamaron de la subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad para que vaya urgente porque tenían algo importante que decirme. Así que fui y me encontré con ellos. Ahí supe que era Marta Muñoz, fue muy emotivo”, dijo. La Mudanza Este juicio tiene la particularidad de ventilar hechos ocurridos en tres centros clandestinos que funcionaron como un circuito concentracionario. Primero estuvieron en El Atlético, luego en El Banco y finalizaron en El Olimpo. “Mudaron a presos y archivos del Banco al Olimpo”, recordó Isabel sobre el momento en que fue trasladada al centro clandestino del barrio porteño de Floresta. La sobreviviente contó que las personas secuestradas fueron llevadas en un camión y estaban engrilladas de a dos y en la culata llevaban los archivos. Al ser consultada acerca de si había visto algunos de esos archivos, la sobreviviente manifestó que no logró saber qué eran esos papeles. En cada uno de los centros clandestinos el trato era diferente. Isabel dijo que “en El Banco los represores eran parte de las patotas y también hacían guardias. (…) Había otros represores que recorrían, pero no estaban a cargo de la vigilancia de los presos”. Respecto a lo que sucedía en El Olimpo, recordó los sobrenombres de los represores: “Cortéz, Quintana y Nelson, eran los jefes de los gendarmes”. Y continuó con los detalles: “Había un grupo de paraguayos, después había uno de más jóvenes”. Además, se refirió puntualmente a uno de los represores. Dijo que lo recordaba muy bien, que tenía el sobrenombre “Pajarito” y que él siempre decía que venía del Operativo Independencia. Según lo que contaron las y los sobrevivientes del Olimpo, allí estaban atendiendo dos médicos. Isabel aclaró que “a uno le decían ‘El Tordo’, que era del ejército y otro era un preso llamado Jorge Vazquez y le decían ‘Caballo Loco’”. La sobreviviente recordó que fue atendida por él cuando tuvo una gran hemorragia y estaba a punto de perder el embarazo. El Tarta y La Gorda Casi al final de la audiencia, Fernandez Blanco fue consultada por los nombres “El Tarta y la Gorda”. La sobreviviente hizo una pequeña mueca y dijo: “La conocí ahí, era la compañera de él, la vi cuando nos bañamos”. También comentó que el hombre era una persona de contextura grande. Un día sacaron de las celdas a “El Tarta” y al compañero de Isabel para que se pelearan entre ellos. Ella se enteró cuando su esposo volvió a la celta y estaba todo golpeado. “Los obligaron a pelear y con un borcegos le pegaron en la frente y lo atendió el Cabo Loco”, recordó. Las heridas de la dictadura En la misma audiencia fue citada Diana Kordon, fundadora y coordinadora del Equipo de Asistencia Psicológica de Madres de Plaza de Mayo (1979-1999) y también co-fundadora y actual coordinadora del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP). Allí contó su relación con Teresita Castrillejo, la esposa de Manuel Guerra y su trabajo con las Madres. Luego analizó cómo afectó la dictadura a las y los sobrevivientes y sus familias. Diana conoció a las Madres de Plaza de Mayo en plena dictadura. “Cuando se enteraron de mi profesión, atendí a Madres que estaban deprimidas. En ese camino surgió la necesidad de convocar a Lucila Edelman y Darío Lagos para formar el Equipo de Asistencia Psicológica de Madres de Plaza de Mayo, y luego armamos el Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP)”, recordó. “Las Madres son un símbolo extraordinario. Haber ocupado la escena pública fue muy importante para su preservación psíquica”, dijo sobre el trabajo que realizaron y siguen haciendo las Madres de Plaza de Mayo y remarcó que “primero pidieron aparición con vida y luego exigieron el castigo a los culpables”. La psiquiatra planteó, en referencia a cómo se fueron armando las historias de las y los desaparecidos y sobrevivientes, que hubo una “transmisión transgeneracional de la construcción de la memoria colectiva”, y agregó: “Los desaparecidos fueron los
La Inteligencia del Ejército fue clave durante el último genocidio. Dos de sus integrantes son juzgados en Puente 12 III. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Cultivada por primera vez por los Incas, antes de la llegada de los colonizadores, la batata es la más simple de las hortalizas. Sin embargo, en la jerga de los genocidas, “Batata” era la denominación –en clave de torturador— del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, artífice del secuestro, tortura y exterminio de miles de personas. Los crímenes fueron en Argentina y en otros países a los que llegaron las garras de sus espías, en el marco de la planificación continental de la Operación Cóndor.Desde el sombrío edificio de Callao y Viamonte, en Buenos Aires, partieron miles de órdenes y de ejecutores hacia cada rincón del país. Algunos tuvieron nefasta fama, como Raúl Antonio Guglielminetti, retratado en 1984 cuando “custodiaba” a Raúl Alfonsín y a María Estela Martínez de Perón. Otros, como el coronel Carlos Alberto Roque Tepedino, durante décadas permanecieron en el anonimato, aunque fueron figuras claves del Terrorismo de Estado. Hoy, en el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de Puente 12, dos ex jerarcas del Batallón 601 están siendo juzgados: el exteniente primero Enrique José Del Pino –condenado en otras causas— y el excapitán Walter Roque Minod, por primera vez en el banquillo de los acusados. En este juicio, la tercera audiencia se realizará el próximo viernes 5 de abril a partir de las 8:30. Un asesino fotogénico Raúl Antonio Guglielminetti, exagente del Batallón 601, fue el primero en recordar, en 1984, que la dictadura seguía vigilando a la frágil democracia. Su primera foto publicada en los diarios fue acompañando al entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli y a la expresidenta María Estela Martínez de Perón, de visita en Buenos Aires. Luego, en otra foto, aparecía a pocos metros del presidente Raúl Alfonsín.Lo más grave fue que Guglielminetti no estuvo “infiltrado” sino que fue convocado a partir de una idea del subsecretario general de la presidencia Dante Giadone, exsuboficial auditor del Ejército. Lo que hicieron fue crear un grupo de Inteligencia al servicio de Alfonsín, porque Guglielminetti los había convencido de que se estaba gestando un atentado contra el Presidente.El llamado Grupo Alem tenía su sede en Leandro Alem 218, a cuatro cuadras de la Casa Rosada. Lo integraron otros notorios represores como Juan Antonio del Cerro, alias “Colores”; Juan Carlos Fotea, alias “Lobo” o “Juan Carlos Linares”; Daniel Alejandro González; el capitán de navío Marcelo Marienhoff, hijo de un marino amigo de Alfonsín; el prefecto Juan Carlos Liaño, alias “Roilla”, quien como “Colores” había estado en el circuito “Club Atlético”, “El Banco” y “El Olimpo”.También estuvieron Jorge Rivero, alias “El Gitano”, un policía de la Superintendencia de Coordinación Federal denunciado como integrante de la Triple A, y el coronel Eusebio Gustavo González Breard, a cargo de la agrupación Seguridad e Inteligencia de la Casa Militar de la Presidencia. En la interminable lista figura un oficial de apellido Choffi, apodado “Nino”, que pertenecía al Batallón 601, al igual que José Benayas, el médico Arturo Horacio Poiret y Carlos Alberto Vivas, alias “Jaime Vidal”.El 8 de abril de 1987 en varios medios periodísticos se adjudicó al 601 un atentado ocurrido en la Capital Federal. El Estado Mayor del Ejército aclaró: “El denominado Batallón de Inteligencia 601 no existe en la actualidad, por haber sido reestructurado”. En el mismo comunicado se admitía que sólo había cambiado de nombre. Se llamaba ahora “Central de Reunión de Inteligencia Militar (CRIM)”. El coronel Tepedino A comienzos de 1996, a la Casa de las Madres llegó un sobre cerrado destinado a los periodistas que hacíamos el periódico Madres de Plaza de Mayo. El documento anónimo, que también llegó a Página 12, tenía 23 carillas y hacía referencia a oscuras operaciones que se realizaban desde el Estado Mayor General del Ejército, cuando su titular era el general Martín Balza.El eje de la denuncia era la presencia, en la Jefatura II (Inteligencia), de un hombre clave de la represión, el coronel retirado Carlos Alberto Roque Tepedino, acompañado por uno de sus viejos colaboradores, el coronel retirado Carlos Enrique Rospide.El currículum de Tepedino era elocuente. Entre 1975 y 1977 había sido director del área de Inteligencia Interior de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Desde el 27 de octubre de 1976 hasta fines de septiembre de 1979 fue jefe del Batallón 601. Luego pasó a ser secretario de Seguridad Interior del Ministerio del Interior. Con ese cargo llegó hasta el 10 de diciembre de 1983 y se fue de la mano del último presidente de facto Reynaldo Bignone.Desde ese momento y hasta 1999, el refugio oculto de Tepedino fue la Jefatura II (Inteligencia) del Estado Mayor General del Ejército, bajo el paraguas que le abrió el general Martín Balza.En el documento anónimo se afirmaba que Tepedino fue la “eminencia gris” de todos los jefes de inteligencia que se sucedieron desde el 10 de diciembre de 1983. El 14 de junio de 1997, en una nota publicada en el diario Página/12, se confirmó la presencia de Tepedino en el séptimo piso del Edificio “Libertador”, sede del Comando en Jefe del Ejército.El viejo coronel había sido indultado en 1989 por el presidente Carlos Menem, ya que estaba procesado por el encubrimiento del crimen de Elena Holmberg, exdiplomática de la dictadura de Jorge Rafael Videla, asesinada por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Homberg pagó con su vida las diferencias que el Ejértico tenía entonces con el almirante Emilio Massera.En 1994, Tepedino condujo el encubrimiento del crimen del soldado Omar Carrasco. Era un experto en eliminar pruebas y adulterar la escena del crimen.Con los datos aportados por el informe anónimo, fue fácil encontrar a Tepedino en el Comando en Jefe del Ejército: sólo hubo que llamar al número 4346-6100 del conmutador y pedir por él o discar el interno 1371. El militar atendió el teléfono, confirmó su
Después de dos años de espera y varios amagues, el jueves 18 de mayo empieza el juicio unificado por 1 y 60 y Comisaría 8va, centros clandestinos de detención que fueron de los primeros eslabones de la policía y las FFAA durante la dictadura en la ciudad. Va a ser de modalidad mixta: presencial y virtual. Es la primera vez que, en 17 años, el Tribunal de un juicio de Lesa Humanidad de la región va a estar presidido por una mujer: la Dra. Karina Yabor. Pulso Noticias y La Retaguardia transmitirán en vivo. Esta semana fue la audiencia preliminar y se fijó fecha para el inicio del debate oral de un juicio unificado que la ciudad está esperando hace mucho tiempo: el juicio de lesa humanidad sobre el Centro de Detención, Tortura y Exterminio de 1 y 60 y Comisaría 8va va a empezar el jueves 18 de mayo. ¿Qué se va a juzgar? Se juzgarán a ex militares del Ejército y ex policías de la provincia de Buenos Aires que, articuladamente, actuaban dentro de dos Centros Clandestinos de Detención: el de la sede central del Cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la calle 1 entre 59 y 60 junto con en el Regimiento de Caballería que está a la vuelta, en 60 entre 1 y 115 y en la Comisaría 8va, que queda sobre avenida 7 esquina 74, en Villa Elvira. Es la primera vez que se va a juzgar a militares que eran parte del Regimiento 7 de Infantería Mecanizado ubicado, hasta 1982, en la Plaza Malvinas y que varios testigos demostraron haber visto en el CCD de 1 y 60. “1 y 60 era un centro de distribución de personas detenidas desaparecidas, que se constituyó en el inicio de la dictadura”, dijo Guadalupe Godoy, abogada querellante, en comunicación con Pulso Noticias y agregó: “Hay un montón de personas que estuvieron secuestradas ahí que provienen del cordón industrial de La Plata, Berisso y Ensenada; los que sufrieron detenciones el mismo 24 de marzo, muchos casos que conocimos por las Fuerzas de Tareas 5, para luego pasar a la libertad o como presos políticos de la Unidad 9. En otros casos fue la puerta de ingreso al denominado Circuito Camps”, explicó respecto al proceso judicial unificado que se llevó adelante en 2011 y 2012. Mientras tanto, Comisaría 8va, que queda sobre avenida 7 esquina 74, en Villa Elvira nunca dejó de ser una comisaría y tenía una doble función: había personas detenidas por delitos comunes y era un Centro Clandestino de Detención. Durante la dictadura “los detenidos eran custodiados por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el que se hallaba siempre bajo la tutela de la estructura represiva implementada desde el Primer Cuerpo del Ejército y hubo una importante intervención del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 7 ‘Coronel Conde’, así como del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Existió, asimismo un enorme grado de interconexión entre la Comisaría Octava y otros Centros Clandestinos de Detención que se encontraban en la zona de La Plata”, dice una de los pedidos de elevación a juicio. Fue un lugar de preblanqueo o de libertad de las personas detenidas: “Llegaban como provenientes del Circuito y desde ahí eran puestos a disposición del Poder Ejecutivo”, explicó Godoy y agregó que en algunos casos las víctimas venían de La Cacha, el CCDyT contiguo al Penal de Olmos. “Algunos casos que venían de La Cacha, están registrados como que han pasado por ahí para luego ser detenidos desaparecidos o asesinados”, agregó. El juicio va a ser enorme y va a tener la dimensión del Juicio Brigadas, que Pulso Noticias transmite todos los martes desde hace dos años junto con La Retaguardia. El juicio de 1 y 60 y Comisaría 8va va a contar con más de 300 personas convocadas como testigos, entre las que hay 210 víctimas y también lo transmitiremos en vivo. “La mayoría de las personas que están imputadas no tienen sentencias previas. Eso lo diferencia bastante de, por ejemplo, el Juicio Brigadas, donde la mayoría de las personas imputadas ya tienen una sentencia”, comparó Godoy con respecto al juicio que cubrimos los martes. Quiénes llegan como imputados “Hay una cantidad alarmante de imputados que ya fallecieron o que quedaron afuera del juicio por incapacidad sobreviviente”, asegura Godoy. La lista de responsables que la Fiscalía había señalado en sus requerimientos de elevación a juicio, que data de 2015, contaba 30 nombres. Al día de hoy hay 14 imputados que fallecieron y 3 están sobreseídos por incapacidad sobreviviente. Muchos llegan al juicio sin sentencias previas. Miguel Angél Amigo, Juan Rafael Pochelú y Oscar Antonio Gómez Mígenes, están sobreseídos por incapacidad sobreviviente. Mientras que a lo largo de todos estos años de espera Héctor Reinaldo Amuchastegui; José Luis Benitez; Gustavo Adolfo Cacivio; Ricardo Armando Fernandez; José Clemente Forasteiro; Roberto Arturo Gigli; Carlos Hidalgo Garzon; Alberto Larroca; Raúl Guillermo Muñoz; Anselmo Pedro Palavezzati; Alberto José Esteban Pulvermacher; Adalberto Oscar Rincón, Emilio Herrero Anzorena y Rubén Rodolfo Sabich están muertos. Los que quedan imputados son: Por su accionar en 1 y 60: Roberto Armando Balmaceda (que también está siendo juzgado en Brigadas); Carlos Ernesto Castillo “El Indio”, condenado por CNU; Alberto José Crinigan; Tomas D´ottavio; Carlos Hugo Leguizamon; Claudio Rubén Mejías; Raúl Ricardo Monzon y Juan Antonio Vidal. Por su accionar en Comisaría 8va: Enrique Armando Cicciari; Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramirez y Ruben Vicente Sanchez junto a tres imputados que también están siendo juzgados en Brigadas: Jorge Hector Di Pascuale (cumpliendo condena en cárcel común); Jaime Lamont Smart y Carlos María Romero Pavon. Por el accionar conjunto en 1 y 60 y Comisaría 8va: Lucas Marcelo Castro; Ismael Ramón Veron y Enrique Francisco Welsh. Preocupación por la situación subrogante de los jueces Para Godoy hay algo sintomático en la jurisdicción y que lo vemos en el Juicio Brigadas, Hogar Casa de Belén o Benavides: la ausencia de jueces titulares. Por eso, el Tribunal se