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La historia personal y familiar de Ramiro Eliseo Ledesma golpeó fuerte en la séptima jornada del juicio Puente 12 III. A pesar del cambio de modalidad introducido por los integrantes del Tribunal Oral 6, orientado a direccionar a los testigos para acotar la extensión de sus intervenciones, el testimonio de Ramiro fue rotundo. Habló de la desaparición de su padre, Juan Eliseo Ledesma; del asesinato de su madre, Noemí Graciela Francisetti; y del fallecimiento a los once meses de su hermano, Guillermo Antonio Ledesma. Hasta hoy, no pudo encontrar los restos de ninguno de los tres. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Captura transmisión de La Retaguardia Ramiro Eliseo Ledesma, hijo de Juan Eliseo Ledesma, víctima del terrorismo de Estado, y de Noemí Graciela Francisetti, asesinada en un “supuesto enfrentamiento”, relató desapariciones, asesinatos, secuestros y persecución de ocho tíos; de la abuela de un primo suyo asesinada, atada con alambres y quemada en una localidad de Córdoba, provincia de la que es oriunda su familia. De dos primos que son “nietos recuperados”. Subrayó que son “heridas que no cierran” y que siguen “esperando que se haga justicia”.  El testimonio fue impactante. Dio en detalle todo lo que supo del secuestro de su padre, el 8 de diciembre de 1975, del asesinato de su madre  y acerca del calvario que vivió toda su familia.  Cuando su padre fue secuestrado, Ramiro tenía 2 años. Su padre nació en Córdoba en 1950 y se recibió de técnico tornero en la escuela secundaria, para luego ingresar en la Universidad Nacional de esa provincia, en la carrera de Ingeniería Química. Al mismo tiempo comenzó a trabajar en  FIAT y a militar en el Sitrac-Sitram, sindicatos históricos de la década del 60. Eran dos filiales de la misma empresa: el Sindicato de los Trabajadores de Fiat Concord (Sitrac) y el Sindicato de los Obreros de MaterFer (Sitram). Fueron gremios de la corriente sindical clasista, protagonistas de luchas memorables que hicieron tambalear a la dictadura de Juan Carlos Onganía. Con posterioridad, el padre de Ramiro se incorporó al PRT-ERP y fue parte de la dirigencia a nivel nacional. Se lo conocía como “El Comandante Pedro” Juan Eliseo Ledesma se trasladó a Buenos Aires en 1975, cuando ya formaba parte de la conducción política del PRT.   Lo que supo del secuestro de su padre, es que ocurrió el 8 de diciembre, cuando un Grupo de Tareas ingresó por la fuerza a una reunión del PRT-ERP. El operativo represivo fue posible por la infiltración del agente de inteligencia Jesús “El Oso” Ranier.  Por los testimonios de otras víctimas, en especial el de Víctor Pérez, supo después que a su padre lo llevaron a Puente 12, “donde fue ferozmente torturado y hasta el día de hoy no sabemos cuál fue su final ni dónde está su cuerpo”.  Ramiro hizo luego un pormenorizado relato sobre “las pérdidas, desapariciones y encarcelamientos” que sufrió su familia. Precisó que su tío Juan del Valle Taborda fue “uno de los primeros muertos (por la represión) en Córdoba, en el año 1971”. En los años 1972, 73 y 74 “sufrieron la cárcel mis tíos Héctor Francisetti, Liliana Salvador, María Francisetti, Huberto Colauti”. Explicó que su tía Elda María Francisetti estuvo presa y fue liberada en mayo de 1973, pero luego fue secuestrada y está desaparecida, junto con su compañero Gustavo Ferri.  También sufrió la desaparición de sus tías Marta Susana Ledesma y Sergio Comba, en un hecho ocurrido el 10 de diciembre de 1975 en Córdoba, “debida también a la infiltración del Oso” Ranier. Ellos dos “desaparecieron junto con un grupo grande de compañeros que fueron llevados al Campo de la Ribera”, un centro clandestino de tortura y exterminio que funcionó en un predio militar. El caso llegó a juicio y se comprobó que “fueron torturados y fusilados”. Uno de los responsables de esos hechos fue el capitán Héctor Vergéz. Ledesma mencionó además el caso de “una abuela de mi primo que la mataron en Río Cuarto, en 1977, el Grupo del D-2”, como se denominaba al Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. En ese caso fue juzgado “como principal responsable” el policía Miguel Angel “Gato” Gómez.  La abuela estaba buscando a su hijo, Sergio Comba, motivo por el que “el famoso Gato Gómez y otros integrante del D-2 la hostigaron, la secuestraron varias veces, hasta que la secuestran en 1977 y luego aparece, atada con alambre, prendida fuego y la tiran en la vía pública”, en la localidad de Alcira Gigena, departamento de Río Cuarto.  El testigo dijo que empezó a reconstruir la historia de su padre y de su familia, a partir de los siete años, cuando vivía con sus abuelos maternos, Marcela Martoglio y Héctor Francisetti. Ellos lo llevaron para que fuera asistido por una psicóloga de Villa María que se llamaba Graciela Taquela y que “ayudaba a todos los que habíamos sido víctimas de la dictadura” cívico-militar.  Aclaró que él vivía con sus abuelos maternos porque a su mamá, Noemí Graciela Francisetti, quien también militaba en el ERP, “la mataron en un supuesto enfrentamiento ocurrido la noche anterior” al golpe del 24 de marzo de 1976, en un operativo realizado en la zona norte del Gran Buenos Aires, frente a una comisaría. Recordó que tenía “un hermanito que se llamaba Guillermo Antonio Ledesma, quien falleció a los once meses, también como resultado de la clandestinidad y de la persecución que sufrieron mis padres”. El pudo vivir poco tiempo con sus padres, luego con sus abuelos maternos y “un período en Buenos Aires que no se bien quienes me tuvieron, seguramente compañeros” de militancia de sus padres. Su tía Elda lo llevó luego a Villa María, con sus abuelos maternos, que también se hicieron cargo de su primo Santiago Emilio Francisetti, cuyos padres, Héctor Francisetti y Liliana Salvador, estaban presos. En 1981, junto con algunos de sus familiares, pudo salir del país y se radicaron en Suecia gracias a un programa de la Cruz Roja Internacional. Un año después volvió

En un libro que es mucho más que lo que su título anuncia, Lautaro Brodsky analiza el rasgo antisemita de la dictadura, pero también el rol colaboracionista de las autoridades comunitarias. A modo de adelanto, compartimos el prólogo del licenciado en Historia Jorge Luis Brodsky. Acicateado por la Guerra de los Seis Días (1967), el filósofo argentino León Rozitchner se planteó el dilema de si ser judío y reconocerse judío era incompatible con el hecho de ser de izquierda. Ya el enunciado mismo del problema se las trae, porque es inimaginable pensar la izquierda decimonónica y del siglo XX sin la presencia judía. En ese sentido, los genocidas de la última Dictadura cívico-eclesiástico-militar tenían las cosas por lo menos tan claras como  nuestro célebre paisano de Chivilcoy, porque para ellos, ser judío era sinónimo de subversivo, maximalista, comunista, revolucionario, apátrida, sinárquico. Es decir, la mirada del otro despeja el panorama y le da una respuesta contundente al dubitativo filósofo, que necesita razonar su respuesta porque se le aparece en el horizonte una entidad antaño inexistente y que, amparándose en la Shoah, justifica la Nakba. Por supuesto, esa entidad es el Estado sionista, autoproclamado Estado “judío” pero cuya finalidad es liquidar la evolución de la cultura judía hacia un estado de gracia laico, siguiendo los pasos del gran pensador Baruch Spinoza. En ese sentido, el Estado de Israel es el resultado de la operación de expropiación más ambiciosa de la historia contemporánea, autojustificada en las Sagradas Escrituras, es decir, en textos de más de dos mil años. Una operación de expropiación en doble sentido: en perjuicio de la población autóctona, radicada hace siglos en Palestina, y en perjuicio del pueblo judío, que forjó una tradición de compromiso con todas las causas nobles de la humanidad. Para concretar dicha expropiación era necesario –después del reparto colonial del mundo entre las superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial– contar con el concurso imprescindible del imperialismo, que ya venía fogoneando, desde la Declaración Balfour, la “solución” al “problema judío” mediante la creación de un Estado títere en Medio Oriente. Como dice la canción de Los Arroyeños: “Que se vengan los chicos [judíos] de todas partes, que estén los de la Luna y los de Marte”. Del barrio gueto (oprimido) al Estado gueto (opresor) armado hasta los dientes y financiado, fundamentalmente, por los Estados Unidos de América. De todos modos, hay que reconocer que Rozitchner, desde su judaísmo, entablaba un debate necesario contra la corriente autodenominada “sionista socialista” (todo un oximorón para un marxista), cuyo apoyo incondicional al Estado sionista le hacía preguntarse: “¿Qué pasa […] con algunos sectores de izquierda, y en particular con algunos judíos de izquierda, que parecerían ponerse al margen de esta línea fundamental del marxismo para considerar este conflicto [árabe-israelí] como una excepción política, que coincidiría con la excepcionalidad histórica que los judíos, sobrestimándose, reclaman para sí? Aquí está, se señalará entonces inequívocamente, el pinito preciso donde por fin se revela la no modificación revolucionaria en el hombre de izquierda judío, su permanencia en el pasado, el núcleo petrificado de la no innovación, su incapacidad tradicional de sacrificar lo propio e incluirse plenamente en el movimiento de la historia”. Preciosa apreciación, rematada con esta otra observación: “Aquí aparece el acentuamiento de una particularidad divisoria, de una diferencia extraña que mostraría así la persistencia de un foco de derecha no extirpado aún, irreductible al análisis y al proceso de la liberación: un núcleo contrarrevolucionario en el seno del revolucionario mismo”. En el pensamiento dialéctico, esta contradicción es insostenible en el tiempo y en el espacio: o se rompe con el Estado sionista o se lo acompaña hasta el final en cada una de sus aventuras belicistas. La evolución del sionismo ha sido inexorable en ese sentido: la fascistización del Estado no ha cesado de crecer, al punto que una masa creciente de sus propios ciudadanos se siente en la orfandad más absoluta respecto a las respuestas que viabilicen una salida pacífica a un conflicto que se vuelve cada vez más oneroso para la sociedad israelí en todos los aspectos. El sionismo no tiene otra respuesta que reforzar su industria armamentística, enfatizar en la seguridad como su primordial política de Estado y provocar continuamente masacres para mantener aceitada y a punto su maquinaria bélica, cuyo campo de pruebas es fundamentalmente la población civil de Gaza. Pero, además, es inevitable que la propaganda sionista termine generando una histeria colectiva, de la cual surgen los pogromos de los colonos sionistas dentro del propio territorio israelí y en Cisjordania, como lo reconoció el mismo Ejército israelí hace pocos días: “Cerca de 400 colonos judíos armados con cuchillos, palos, piedras e incluso con armas de fuego, asaltaron el domingo [26/2/2023] las localidades palestinas de Huwara, Burin, Zatara, Odala y Asira al Qabaliyya, dejando un muerto palestino, más de 300 heridos, y elevados daños materiales con al menos 75 casas y más de un centenar de coches quemados”. “Se trata de ‘un pogromo perpetrado por bandidos’, indicó en la nota Yehuda Fuchs, militar israelí al mando de las tropas en Cisjordania ocupada”, para después disculparse, dando una clase magistral de hipocresía sionista: “No nos preparamos para esa cantidad de gente y la forma en que llegaron, para el alcance y la intensidad de la violencia que demostraron y la organización que llevaron a cabo. Se trata de un incidente grave que no tenía que haber ocurrido y que yo tenía que haber evitado”, añadió en forma curiosa el comandante de las tropas de ocupación de uno de los Ejércitos más preparados del mundo, con un servicio de inteligencia que cuenta con dispositivos sofisticadísimos de última generación. Como diría el Diego, al comandante Fuchs “se le escapó la tortuga…”.  Lo interesante es que de los cientos de colonos que atacaron a las poblaciones palestinas, solamente “fueron detenidos 14, de los cuales cinco fueron puestos en libertad, tres se encuentran en arresto domiciliario y otros seis –entre ellos dos menores– están siendo interrogados, dijo a EFE una fuente

Así comenzó su declaración el genocida Antonio Pernias en el juicio donde se investiga la participación de Adolfo Donda Tigel en la apropiación de su sobrina Victoria Donda Pérez. Esta vez declaró como testigo y se refirió al funcionamiento de la ESMA y su relación con Donda Tigel.  Redacción: Camila Cataneo / Fernando TebeleEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Captura transmisión de La Retaguardia No es habitual que, en un juicio de lesa humanidad, un represor que está condenado declare como testigo. Pero este lunes Antonio Pernías se presentó ante la Justicia por pedido del abogado defensor de Adolfo Donda Tigel.  Pernias integró el grupo de tareas que funcionó dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En ese entonces participaba en los secuestros pero también en los interrogatorios que se hacian dentro del centro clandestino de detención, tortura y exterminio. También formó parte del Centro Piloto de París, donde la Marina llevaba adelante operaciones de inteligencia acerca de lo que pasaba en nuestro país. Por su participación, el 15 de mayo la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena a prisión perpetua que le habían dictado en 2017 por su participación en la ESMA, pero fue absuelto en 53 casos que formaban parte del juicio por haber estado en Francia. Su declaración comenzó cuando aclaró que el juez Daniel Obligado lo conocía y sabía que era “adicto a la verdad” y remarcó que no compartió tareas ni era amigo de Adolfo Perez Donda. Luego comentó: “En el mes de diciembre de 1977 estuve en Estados Unidos para visitar a un militar y retorné en enero (…) A (Adolfo) Donda lo ví en ESMA entre enero y abril de 1978”. Durante la audiencia, el abogado defensor Guillermo Fanego fue quien llevó adelante las preguntas. Al comienzo le consultó acerca de los uniformes de la Marina y cuándo se utilizaban. Pernías respondió que “el gris era diario, el azul para ceremonias y el blanco se usaba generalmente en octubre”. Esta pregunta está vinculada a la gran cantidad de testimonios de sobrevivientes que vieron a Donda dentro de ESMA con un traje blanco.  Luego le consultó si en ese momento sabía sobre algún familiar de Donda que estaba en cautiverio en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio y el represor aseguró que “no sabía que el hermano había sido detenido por la Fuerza Aérea y que había una mujer”. Dijo que se enteró posteriormente.  A lo largo del juicio se nombró en reiteradas ocasiones la “maternidad de la ESMA”, un espacio que se encontraba en el centro clandestino donde nacían las y los bebés de las mujeres que estaban en cautiverio. Luego ellas eran desaparecidas y comenzaba el plan sistemático de robo de bebés. El caso de Victoria Donda Pérez es uno de los cientos de niños que fueron apropiados. Actualmente hay 132 personas que recuperaron su identidad. Respecto a este lugar, Pernías contó: “La única vez que tuve acceso al lugar donde estaban teóricamente las embarazadas, fue en 1977 donde dio a luz una hija de un oficial”. También puntualizó que “tanto a los detenidos como a nosotros nos llamábamos con el nombre de guerra”. Finalmente, el abogado de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo Emanuel Lovelli le consultó cómo era el funcionamiento del personal rotativo dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada en esa época y Pernías declaró que “en un momento se formalizó y duraba un mes”. 

El TOF N°4 de San Martín condenó a Roberto Álvarez, excomisario de la Policía Federal, en el tercer tramo del juicio por la represión a la Contraofensiva Montonera. Continuará con prisión domiciliaria. El represor había sido convocado como testigo en el primer tramo del juicio en 2020 y fue reconocido por Aixa Bona, sobreviviente del genocidio, a través de la transmisión de La Retaguardia. Al finalizar el juicio que lo terminaría condenando, Álvarez prefirió no hablar.   Transmisión en vivo: Martina Noailles / Camila Cataneo / Fernando TebeleRedacción: Paulo GiacobbeEdición: Pedro Ramírez OteroPlaca gráfica: Eugenia Otero “No voy a hacer uso” dijo a la mañana Roberto Álvarez en relación a sus últimas palabras y así finalizó el debate. No rompió el pacto de silencio ni aceptó el pedido del abogado querellante, Pablo Llonto, que en audiencias anteriores le había dicho: “En los últimos días de su vida no se lleve solamente la condena por los crímenes que ha cometido, tome conciencia de la gravedad de lo que hicieron y hable, Álvarez, hable”. Llonto fundamentó el pedido basándose en el derecho a la verdad que tienen las víctimas, saber qué hicieron con los cuerpos de las personas desaparecidas, entre otras cosas. Pero el excomisario que cumplió funciones en la Departamental de la Policía Federal de San Martín, Provincia de Buenos Aires, prefirió callar. Era el único condenado por este tramo del juicio. Por la tarde, el TOF N°4 de San Martín, conformado por Matías Alejandro Mancini, Esteban Carlos Rodríguez Eggers y María Claudia Morgese Martín, condenó al excomisario a 10 años de prisión que cumplirá en su casa. El tribunal dispuso que se inicie el proceso de baja por exoneración y de suspensión del goce de todo retiro, pensión o jubilación. Además libró oficio a la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para que actúe en la “preservación, señalización y difusión” como sitio de memoria del terrorismo de estado de la delegación de la Policía Federal en San Martin. En la audiencia del 6 de agosto de 2020 que La Retaguardia trasmitió en directo por YouTube, Álvarez, quien había sido convocado como testigo, fue reconocido por la sobreviviente del genocidio Aixa Bona. El excomisario fue quien la trasladó desde Campo de Mayo hasta la comisaría de San Martín. En ese lugar Aixa estuvo desaparecida. “Estuve una semana en una comisaría. Como se me salían las esposas de las manos, me engrillaron los pies al catre. No podía moverme de la habitación. A mí no me daban de comer, mi familia no sabía dónde estaba”, testimonió Aixa Bona. Al cierre de la transmisión de La Retaguardia, Bona mostró su satisfacción por el fallo del Tribunal.

El tercer tramo del juicio por la represión a la Contraofensiva Montonera se acerca a su desenlace. Alejandro Elorz, abogado defensor del único imputado, en su alegato negó a las y los 30 mil detenidos desaparecidos y pidió la nulidad del reconocimiento a su pupilo, el excomisario de la Policía Federal, Roberto Álvarez. La sobreviviente del genocidio, Aixa Bona, lo había identificado en una transmisión de La Retaguardia. Para colmo de desaciertos, el defensor dijo que nuestro medio no estaba transmitiendo el juicio en vivo, pero resultaba que sí. Mañana desde las 9 serán las últimas palabras y desde las 13 la lectura del veredicto. Redacción: Paulo GiacobbeEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Captura transmisión de La Retaguardia Cuando el abogado defensor Alejandro Elorz escuchó que podía comenzar con su alegato, se acomodó el saco y casi en el mismo movimiento se llevó la mano a la boca para soltar un tosido corto. Dio los buenos días y se frenó, le acercaron un micrófono y pudo continuar. Casi dos horas y quince minutos duró su exposición en este tercer tramo del juicio Contraofensiva donde el único acusado es el excomisario de la Policía Federal, Roberto Álvarez. El 6 de agosto de 2020, el ahora imputado fue llamado a declarar como testigo en el primer tramo de la causa Contraofensiva. Ese día la testimonial no llegó a finalizar. La sobreviviente del genocidio Aixa Bona seguía el juicio desde su casa a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Aixa, quien había declarado en ese mismo juicio, entre otras cosas, contó cómo fue su traslado desde Campo de Mayo hasta la Departamental de la Policía Federal en San Martín, donde Álvarez fue jefe. Apenas comenzada la audiencia Bona reconoció a Álvarez como quien la trasladó, y se comunicó con su abogado, Rafael Flores, quien inmediatamente avisó a los integrantes del Tribunal: “Mi representada, querellante en esta causa, ha seguido esta audiencia y manifiesta que reconoce en la figura del señor Álvarez como la persona que la fue a buscar a Campo de Mayo. Lo pongo en consideración del tribunal”. El 19 de abril de este año comenzó el juicio por los crímenes de lesa humanidad que tiene a Álvarez en el banquillo y al abogado Alejandro Elorz defendiéndolo.En su alegato, Elorz sostuvo que durante el genocidio no hubo 30 mil desaparecidos y desaparecidas, y pidió la nulidad del reconocimiento que realizó Aixa Bona. “Esta defensa se va a basar exclusivamente en datos oficiales, documentos oficiales, y no vamos a entrar en sofismas o en creaciones intelectuales que vayan a forzar o torcer la realidad material y objetiva de los distintos sucesos. La verdad nos puede gustar o no pero es irrefutable”, dijo. Para quien escuchaba la audiencia en vivo y en directo desde el canal de La Retaguardia sabía cómo iba a seguir la cosa. Es común ese arranque en abogados defensores antes de realizar algún tipo de expresión negacionista y Elorz fue por ahí: “Se amparan en ejercer la querella en la voz de 30 mil desaparecidos. No quiero entrar en cuestionamientos, solamente referir que conforme datos oficiales en el informe más característico, indiscutible, y que refleja lo acontecido en esa época, Encontramos las cifras contenidas en el informe de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) resumidas y sintetizadas en el informe Nunca Más, como también recurriendo a la base de datos de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el Registro Unificados de Víctimas de Terrorismo de Estado nos arroja una cifra distinta a la invocada en esta sala”. Serían entonces, para el abogado defensor, entre “8.631” y “8.961” los 30 mil desaparecidos y desaparecidas. Antes de llegar a la hora de volcar palabras, Alejandro Elorz avanzó sobre el pedido de nulidad del reconocimiento que hizo Aixa Bona. “Este reconocimiento ha sido, en teoría, mediante la visualización por un canal de televisación La Retaguardia, que hoy casualmente no lo tenemos, no contamos con la televisación en forma directa. Como quizás en esa oportunidad, casualmente, cuando hablaba el señor Álvarez sí lo estaba, quizás hay un seguimiento particular o la utilización de un medio particular destinado a… no lo sé, no es momento de conjeturar”, sostuvo el abogado defensor. En ese momento exacto la transmisión en vivo de La Retaguardia marcaba 54 minutos 24 segundos. Luego, Elorz aventuró que existían ciertas características que marcaban un “direccionismo” en cuanto a la identificación de su pupilo, que Aixa Bona no podía reconocer la voz y el rostro de quien fuera el conductor del vehículo que la trasladó desde Campo de Mayo hasta la comisaría. “Adelantamos el planteo de nulidad del reconocimiento impropio del señor Álvarez, no solamente por haber sido obtenido de manera indirecta, no en su persona”, en la transmisión de “un canal de YouTube de secuencia o presencia parcial tal como lo vemos en el presente”. Una hora y un minuto marcaba la transmisión en vivo de nuestro medio de comunicación que, para el abogado defensor, no estaba al aire. En el cuarto intermedio, Fernando Tebele y Martina Noailles que habían estado desde el principio de la transmisión de La Retaguardia, hablaron del error del abogado defensor. “De ninguna manera televisaríamos un juicio y dejaríamos sin televisar al abogado defensor, porque queremos que la gente que nos ve y las nuevas generaciones puedan sacar sus propias conclusiones, sin ningún tipo de direccionamiento de nuestra parte, más allá que expresemos nuestra opinión”, dijo Tebele. En la audiencia del 6 de agosto de 2020, Álvarez declaró que de Campo de Mayo no llegaban personas a la Comisaría pero, una vez, se encontró a una persona que le dijo había estado secuestrada en Campo de Mayo y la llevó a la Comisaría: “Una persona femenina. Yo estaba circulando con el auto no identificable y ella estaba caminando por la ruta, con signos de extravío, y le pregunté como policía. La llevé a la delegación. Ella me dijo que debía haber estado en alguna dependencia de Campo de Mayo”.

María Laura Cravello dio testimonio desde Barcelona. Aportó una mirada sensible sobre la militancia de Ricardo Cravello y María Cristina Lonardi, que ya había abordado su hermana Alejandra. También interpeló a la Justicia por sus tiempos y desmanejos en este juicio. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero “No hagan ruido porque va a ser peor para ustedes, porque los pueden matar”. Más que una advertencia fue una amenaza lo que el entonces jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, Alberto Alfredo Valín, le hizo a Emilio Lonardi y a su familia, cuando fue a pedir por la vida de su hija, María Cristina Lonardi, y por la de su yerno, Ricardo Alfredo Cravello.  La pareja estaba secuestrada en el centro de tortura y exterminio de Puente 12, por orden del propio Valín. La información fue aportada —en el juicio Puente 12 III— por María Laura Cravello, hija de las víctimas, quien la obtuvo por el relato directo de su abuelo Emilio, fallecido en 1982.  La testigo y querellante en el juicio expresó su repudio al “cinismo de Valín, quien pudo haber salvado la vida de mis padres”, que habían sido secuestrados dos días antes de la entrevista.  María Cristina Lonardi y Ricardo Alfredo Cravello, fueron secuestrados el 8 de diciembre de 1975. Esto pasó en el marco de una serie de operativos que, en apenas 36 horas, produjeron el secuestro de 24 personas que pertenecían al PRT-ERP o que eran familiares —incluso niños— del líder de la organización Mario Roberto Santucho.  María Laura Cravello, que tenía 2 años y dos meses cuando secuestraron a sus padres, recalcó que los genocidas “ni siquiera tuvieron los huevos de decir que los habían matado”. Cuando una patota armada irrumpió en la casa donde vivía la familia, luego de ametrallar la puerta de entrada, ella estaba sola en su habitación, llorando y llamando a sus padres, sin poder comprender lo que estaba pasando.  Habló también del drama que vivieron sus cuatro hermanos, sus abuelos y otros familiares. Como se los habían llevado un 8 de diciembre, una de sus abuelas “esperó a mis padres para la Navidad” de ese año, con la mesa servida, pensando que los iban a liberar. “Cuatro Navidades los esperó y después nunca más celebró la Navidad”, contó.  En el cierre de su exposición, María Laura, que vive en España, pidió justicia por sus padres y por los 30 mil desaparecidos. Y subrayó: “La justicia es un derecho, no una limosna”. Por eso pidió celeridad en el juicio, donde se denuncian  crímenes de lesa humanidad cometidos contra 185 personas.  María Laura Cravello es hija de Ricardo Alfredo Cravello y María Cristina Lonardi, Nenina. Tiene cuatro hermanos, dos de ellos, Paula y Enrique, hijos de Ricardo y Nenina; y Alejandra y Valeria, hijas del primer matrimonio de su padre.  La testigo y querellante recordó que sus padres eran estudiantes de arquitectura y se conocieron en 1970, luego de la separación de Ricardo de su primera mujer. Dijo que, antes de conocerse, sus padres tenían “una vida muy diferente, porque mi papá había empezado a militar desde muy joven, en el Partido Comunista y en otras agrupaciones de izquierda, mientras que mi mamá comenzó su militancia en 1969”.  Dijo que habían conformado “una hermosa familia ensamblada” con sus padres y sus cuatro hermanos. Aclaró que no sabe exactamente cuando sus padres comenzaron a militar en el PRT, pero cree que fue en 1972, pero eso no impidió que tuvieran “una vida normal”. Su mamá era hija de Emilio Lonardi y Nélida Ana Ibarra. El papá de su madre era civil, hermano del general Eduardo Lonardi, “el golpista que derrocó a Juan Domingo Perón” en 1955.   María Laura definió a su madre como una persona solidaria que de joven solía ir a Brasil, al carnaval de Río de Janeiro, y se alojaba en la casa de familiares que vivían en esa ciudad. “Si mi mamá encontraba gente durmiendo en la calle, la llevaba a dormir” a la casa de sus familiares.   Sus padres vivieron primero en la calle Gascón, en la Ciudad de Buenos Aires, y en octubre de 1975 se mudaron a la casa de la calle España 3266, en Olivos, en octubre de 1975. Allí fueron secuestrados. “Necesitábamos una casa más grande, porque éramos cinco chicos los fines de semana”, dijo. También querían “un lugar seguro” y creyeron que allí lo encontrarían.  El 8 de diciembre de 1975, su abuela materna y su tía Mercedes fueron de visita para buscar a su hermana Paula “que se quería ir con ellas”. En horas de la mañana entró en la vivienda “una patota policial, les piden los documentos y preguntaron por una mujer a la que llamaban ‘la Negra’, según contaron después mi abuela y mi tía”. Su abuela, que solía tomar sol en verano, le dijo en broma a los policías que “ella era La Negra”. Los policías se fueron luego de identificar a las personas que estaban presentes.  La patota volvió por la noche y María Laura, que en ese momento tenía 2 años y dos meses, contó lo que recuerda del operativo: “Yo estaba en mi habitación, porque me habían acostado, y empiezo a sentir ruidos”. Dijo no recordar si estaba dormida y se despertó, pero su reacción fue “empezar a llamar a mi mamá y a mi papá”. Ella se puso a llorar “pero nadie me vino a buscar”. Comenzó a llamar a su hermana Paula, que era la mayor, pero se había ido con su abuela y su tía. Ante esa situación, sin poder contener el llanto, se levantó de la cama e intentó abrir la puerta de la pieza, “pero no llegué a abrir el picaporte”.  Era tal su miedo, que hasta la asustó la presencia del peluche que tenía en su cama. Decidió tirar al piso la almohada y se acostó sobre ella. En algún momento se durmió y al despertar, lo que recuerda es que estaba “en brazos de una persona, en la

Elba Balestri, esposa del desaparecido Ricardo Abdón y Roberto Inostroza Arroyo, hermano de Ismenia, pasaron por el juicio para relatar sus historias, que también son parte de la secuencia de caídas entre el 7 y el 9 de diciembre de 1975. En el caso de Abdón también fue secuestrado el hijo de apenas 4 años. Todos cayeron por la infiltración del Oso Ranier. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Detenida en la cárcel de Olmos, donde dio a luz a su hija menor, Elba Balestri recibió las noticias sobre las torturas sufridas por su esposo, Ricardo Elías Abdón, quien sigue desaparecido, y el secuestro en el centro de exterminio de Puente 12 de su hijo Esteban, de 4 años.Elba Balestri y Ricardo Elías Abdón, nacidos en Córdoba, se habían incorporado al PRT-ERP en 1973, luego del Cordobazo y por “la indignación” que les provocó el fusilamiento de los presos políticos en Trelew, el 22 de agosto de 1972.Al declarar en el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el centro clandestino de Puente 12, Elba recordó que fue “muy angustiante” recibir las informaciones sobre los secuestros de su esposo, su hijo y otros miembros de la familia. Entre otras cosas, supo que su esposo “había sufrido una tortura terrible y estaba en muy mal estado, con el estómago abierto”.Balestri cerró su testimonio solicitando que se investigue “a la cadena de mandos del Batallón 601 de Inteligencia del Ejercito”, porque “todavía faltan algunos responsables” de los crímenes cometidos antes y durante la dictadura cívico militar.También prestó declaración Roberto Inostroza, hermano de Ismenia Inostroza, una joven chilena radicada en Argentina, que fue secuestrada y torturada en Puente 12. Sus restos aparecieron en octubre de 2012. La historia de Ismenia y sus hermanos Los Inostroza, oriundos de Chile, se radicaron en Argentina en 1956. Don Manuel Segundo Inostroza era albañil y su esposa, Guillermina del Carmen Arroyo, jefa del hogar. Tuvieron nueve hijos. Los varones heredaron el oficio de su padre, mientras que Ismenia Inostroza, una de las hijas menores, desde muy joven tuvo militancia gremial y política.En la quinta jornada del juicio Puente 12 III, la historia de Ismenia y de su familia fue relatada por uno de sus hermanos, Roberto Inostroza Arroyo, quien estuvo muchos años preso en Argentina, hasta que fue expulsado del país y se radicó en Suecia, desde donde dio su testimonio.La familia, de clase obrera, vivió cuatro años en Río Negro, para luego trasladarse a la ciudad de Bahía Blanca. El primero de los hermanos en caer preso fue Hugo Inostroza, detenido en 1972. En un operativo ilegal se lo llevó personal del Ejército en Bahía Blanca. “Fue por unas horas, recibió un poco de picana eléctrica, pero no fue más que eso”, minimizó su hermano Roberto, teniendo en cuenta todo lo que sufrió después el grupo familiar.En 1976 Hugo fue nuevamente detenido en Neuquén. En esa ocasión fue “muy torturado, le hicieron el submarino y le dieron picana eléctrica”. En lo que describió como “un momento de desesperación”, Hugo “logró quitarse las esposas, agredió a un guardia y se escapó”. Estuvo clandestino hasta 1983, cuando logró salir al exterior, primero a Brasil y luego a Suecia.Después fue el turno de Roberto, detenido en septiembre de 1974, cuando formaba parte de una agrupación sindical que iba a presentar su lista en las elecciones de ese año en la filial Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). Lo detuvieron junto con otros tres compañeros. Uno de ellos “fue asesinado por la Triple A”. Luego pasó por Sierra Chica, por el centro clandestino de detención de Coordinación Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, donde escuchó las quejas “de las personas que eran torturadas”. Estuvo preso hasta 1979, en la cárcel de Devoto y en la Unidad 8 de La Plata, hasta que lo expulsaron del país y se radicó en Suecia.Sobre su hermana Ismenia, recordó que tuvo “militancia barrial” en Bahía Blanca, donde fue delegada gremial en una fábrica textil. En diciembre de 1974, se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires. “No tuvimos noticias de ella hasta el año 1976, cuando yo estaba en la Unidad 9 de La Plata y tomó contacto con Víctor Pérez, quien me dijo que había estado con Ismenia en Puente 12”. Sin darle detalles, Víctor le contó que “la vio a Ismenia en Puente 12 y que ella estaba muy mal”. Pérez “le dio a entender” que los dos militaban juntos en el PRT, donde era conocida como “la compañera Ana”. En ese momento, ella tenía 25 años. Lo que pudieron saber después es que la joven había sido secuestrada en la vía pública, en la zona sur del Gran Buenos Aires, por un grupo de tareas del Ejército.Los restos de Ismenia Inostroza fueron encontrados sepultados cerca del Río Matanza, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, en octubre de 2012. Sus hermanos llevaron los restos a Bahía Blanca donde “la sepultamos junto con mis padres”. Para la familia, el impacto de la desaparición fue muy duro porque “era preguntarse si estaba viva y dónde estaba”. Su padre había fallecido en 1972 y su madre en 1993. Roberto dijo que su hermana era “una persona muy seria, muy responsable, que tenía muy claras sus convicciones; ella fue mi mejor hermana”. Ante una pregunta, dijo que ya había sido detenida en dos oportunidades, en 1973, la primera vez mientras repartía volantes frente a una petroquímica, en Bahía Blanca. En esa oportunidad sufrió amenazas en sede policial y, en la segunda ocasión, estuvo presa por poco tiempo. Tanto Roberto como su hermano Hugo, al igual que su madre, sufrieron las consecuencias propias de una desaparición forzada como la sufrida por Ismenia. En lo personal, Roberto tuvo “estrés postraumático y Hugo también está muy mal”. Cerró su intervención diciendo que pide “justicia y castigo para los asesinos de Ismenia, y también Memoria, Verdad y Justicia para los 30 mil compañeros y compañeras que sufrieron lo mismo” que

La condena a 16 años de cárcel contra Carlos Antonio Españadero, exagente de Inteligencia del Ejército, fue confirmada por la sala cuatro de la Cámara Federal de Casación Penal. Españadero fue condenado por 17 casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y por el abuso sexual cometido contra una niña de 15 años, familiar de Mario Roberto Santucho, líder del PRT-ERP.   Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Captura transmisión de La Retaguardia Los crímenes de lesa humanidad, ocurridos en diciembre de 1975, determinaron la condena de Españadero por el Tribunal Oral Federal N° 6 en el juicio Puente 12 II, el 15 de octubre de 2021.   Entre el 8 y 9 de diciembre de 1975, se produjeron los secuestros de Ofelia Maximina Ruiz Paz de Santucho; María Ofelia Santucho, de 15 años; Mario Antonio, un bebé de ocho meses; Ana Cristina, de 14; Marcela Eva, de 13; María Susana, de 14; María Silvia, de 12; María Emilia, de 10; Gabriela Inés, de 10; y Esteban Abdón, de 4.  La familia Santucho fue secuestrada cuando celebraba un cumpleaños infantil en una casa de la localidad de Morón. Las otras víctimas fueron Graciela Lucía Bravo, Raúl Pedro Gagliardi, Mariana Méndez, María Rosa Navarro, Mario Antonio Gneri, Ricardo Landriscini y José Luis Uhjelly.   Los jueces de Casación Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, rechazaron el planteo de la defensa de Españadero, que argumentó que los hechos ocurridos “no constituían crímenes contra la humanidad” y por eso deberían ser declarados prescriptos.  Los jueces señalaron que antes de la dictadura que asoló el país entre 1976 y 1983, se produjeron hechos con “características que los convierten en crímenes contra la humanidad”.   Recordó, en ese punto, que luego del golpe de Estado se pusieron en marcha disposiciones que reforzaron “las estructuras organizadas preexistentes” para “erradicar a los así llamados ‘elementos subversivos’”. Lo que se hizo antes y después del 24 de marzo de 1976 fue la aplicación de un plan represivo que incluyó “la desaparición física de aquellos que resultaban sindicados dentro de dicho grupo”.  En ese sentido, citaron la causa 13/84, que llevó al juzgamiento y condena de los excomandantes de las Fuerzas Armadas, en el juicio oral realizado en 1985. Allí se probó que los métodos represivos habían comenzado antes del golpe militar. Los jueces señalaron luego la “insalvable nulidad” de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, invocadas también por la defensa de Españadero.   Los jueces de Casación señalaron que los sucesos que involucran a Españadero constituyen “un caso paradigmático de ‘ataque contra la sociedad civil’” y que eso los convierte “en crímenes contra la humanidad”.  Españadero primero se desempeñó como personal civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército y “por sus calificaciones fue promovido hasta alcanzar el grado de Jefe” de la División Situación General, hasta que renunció el 30 de junio de 1980.   Todos los casos ocurrieron en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de Puente 12, en La Matanza, que dependía del Area 114 de la denominada Subzona de Defensa 1.1 del Primer Cuerpo de Ejército. Los jueces afirmaron que las personas que “por referencia o cercanía, real o presunta” eran señaladas desde el poder militar como relacionadas con “las organizaciones sindicadas como ‘subversivas’” sufrieron “violaciones a sus derechos fundamentales”.  En el fallo se recordó que en la década del setenta “comenzó a producirse un tipo de hecho que (…) en años posteriores tuvo un auge notable, y que consistió en la desaparición de personas atribuida a razones políticas”. Destacaron que en 1974 y 1975 ya había comenzado una metodología sistemática que luego tuvo un “importante aumento en el número de personas privadas clandestinamente de su libertad, en todo el país a partir del 24 de marzo de 1976”.   Recordaron que el 15 de octubre de 1975 el Consejo de Defensa firmó la “Directiva 1/75 (Lucha contra la subversión)”, una norma que abrió la puerta al genocidio con el llamado Operativo Independencia en la provincia de Tucumán.  El abuso sexual Los jueces también rechazaron la objeción de la defensa por el “abuso deshonesto” sufrido en Puente 12 por María Ofelia Santucho. En el juicio oral, la víctima refirió que “había sido objeto de vejaciones sexuales en el contexto de su encierro” en Puente 12.  Dijo que lo que hicieron los represores fue “una forma de doblegarla por su género”.  En el fallo de Casación se afirmó que la joven “con 15 años de edad, los ojos vendados y las manos amarradas, privada de su libertad y bajo un estado de permanente amenaza, debió soportar el abuso deshonesto por parte de sus captores”.  Coincidieron con el fallo del Tribunal Oral 6 en la participación “mediata” de Españadero, porque todo sucedió “en ese marco de clandestinidad e impunidad que aseguraba el sistema represivo ilegal lo que resultó decisorio para la ejecución del abuso”.  Lo ocurrido “desnuda el codominio del hecho de todas aquellas personas cuyo aporte tuvo una magnitud e incidencia determinantes para la comisión del delito”.  Consideraron que “difícilmente pueda sostenerse que tal circunstancia no era conocida por el imputado Españadero”.  Por ese motivo, los jueces sostuvieron que por su rol de jefe “tuvo un control o codominio que permite reputarlo como coautor de los abusos cometidos”. Dada la situación que vivían las víctimas en Puente 12 “no cabe exigir que la autoría se restrinja sólo a quien cometió los abusos sexuales”.  Agregaron que “el trato recibido por las y los menores” llevados a Puente 12 fue “denigrante respecto de su sexualidad contra Ana Cristina Santucho”, por “la ausencia de cuidados de un bebé de ocho meses, Mario Roberto Santucho” y por los “maltratos físicos contra todos ellos y la insistencia en interrogatorios similares a los realizados a las personas adultas” allí secuestradas.   “La amenaza de tortura, el escuchar (…) los gritos de quienes estaban siendo atormentados, el relato de vejaciones a personas de íntima relación o la promesa de hacerlo constituyen (…)  formas de tormento psicológico en un todo asimilables a

Alejandra Cravello aportó en la causa no solo su historia personal como hija de Ricardo, secuestrado y desaparecido en Puente 12, sino en la mirada general sobre un juicio por el que esperó toda su vida. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Fernando Tebele A los 9 años, junto con sus cuatro hermanos menores, Alejandra Cravello sufrió el secuestro de su padre, Ricardo Alfredo Cravello. Junto con él se llevaron a María Cristina Lonardi, la mamá de tres de sus hermanos. Cuarenta y ocho años después, a los 57, Alejandra recién pudo exponer ante la Justicia su dolor, su reclamo de condena a los culpables, y pudo desandar el amoroso recorrido que hizo con sus hermanos para saber dónde estaban sus desaparecidos.  La pareja fue secuestrada y torturada, como todos los que pasaron por el centro de exterminio de Puente 12. En un relato descarnado, Alejandra hizo referencia a las 24 personas, entre ellas Ricardo y María Cristina, que fueron secuestradas en un raid de 36 horas, en diciembre de 1975. En uno de los operativos, los secuestrados fueron nueve niños, ocho de ellos hijos o sobrinos de Roberto Santucho, líder del PRT-ERP, cuyos casos fueron expuestos en el juicio Puente 12 II.   Denunció también la actitud inexplicable de las actuales autoridades políticas bonaerenses que no ponen fin al brutal cambio de fisonomía del predio de Puente 12. Consideró que eso es “inadmisible porque se trata” de un predio que debe ser preservado porque es “prueba en una causa judicial” que investiga el calvario sufrido por 185 personas, la mayoría asesinadas en la tortura.  Aseguró que, a pesar de sus gestiones “formales e informales”, no son recibidos ni por el gobernador Axel Kisillof ni por el ministro de Seguridad, Sergio Berni.  El testimonio de Alejandra fue tan contundente que, por primera vez en lo que va del juicio, hubo preguntas de una de las defensas. Horacio Romero Villanueva, quien representa al imputado Walter Roque Minod, ex jefe de Personal y de Logística del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, le hizo a la querellante una consulta capciosa: “¿Usted recuerda si en el año 1975 estaba vigente el Estado de Sitio?”.  La respuesta fue rotunda: “También había leyes como la 20.840, que estuvo vigente hasta los años noventa, y otras leyes con las cuales podrían haber realizado juicios justos, entre comillas”, en lugar de las ejecuciones sumarias que realizaron en todo el país.  El defensor intervino desde la comodidad de su casa, en forma virtual, ya que no concurre a la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 donde se realizada el juicio Puente 12 III.    Alejandra Cravello, de 57 años, es la mayor de cinco hermanos y tenía 9 cuando secuestraron a su padre, Ricardo Alfredo Cravello. “Toda una vida esperando justicia”, fueron sus primeras palabras. Ella y su hermana Valeria, son hijas del primer matrimonio de su padre.  En 1969, Ricardo Cravello formó una nueva pareja con María Cristina Lonardi, “Nenina”, luego de separarse “en muy buenos términos” de la mamá de Alejandra. Se formó entonces una “familia ensamblada”, a la que se sumaron tres hijos de la nueva pareja: Paula, María Laura y Ricardo, el menor de los hermanos, nacido en 1975.  Alejandra dijo que tenían “una vida normal” y que “no se notaba” la militancia de su padre y Nenina, ya que “no estaban clandestinos” como otros militantes de esos años.   Antes de incorporarse al PRT, su padre había militado en el Partido Socialista, en grupos trotskistas como Praxis y en la Resistencia peronista. Ricardo Cravello se había recibido de maestro mayor de obra y fue estudiante de arquitectura y de sociología.  Su padre y su pareja se mudaron a una casa grande, con jardín, en la zona de Olivos. La recomendación que recibieron ella y su hermana Valeria, fue la de no decir dónde quedaba la vivienda. Con marcada emoción, Alejandra recordó cuando iba a jugar a la oficina en la que trabajaba su padre y el relato fue llegando a la trágica noche del secuestro.  En la primera semana de diciembre de 1975, finalizadas las clases, su papá las fue a buscar a la casa de su madre, como todos los fines de semana, pero no regresaron con su mamá el domingo, como era habitual, sino el lunes 8, porque estaban de vacaciones en el colegio. “Como siempre, mi papá tomó un café con mi vieja, hablaron de nuestra crianza, de la realidad nacional”. Las imágenes de su padre, ese día, están grabadas en la memoria: “El sol de diciembre entraba por la ventana del living, lo acompañamos hasta el ascensor; fue la última vez que lo vimos”.  Su madre les dijo a ella y a Valeria, que “se los habían llevado, que los secuestraron, que no se sabía dónde estaban, que seguramente iban a aparecer en diez o quince días detenidos en un penal” a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.  “Ese verano fue de mucha angustia, mucho llanto, jugábamos con nuestros primos porque éramos niñas, pero había un agujero impresionante”. Con el tiempo supieron que el secuestro había sido en la noche de ese 8 de diciembre de 1975 y que en la casa “estaban mi papá, Nenina y Emilio, el papá de Nenina, a quien liberaron” horas después.     Emilio era civil “pero sus hermanos eran militares, el mayor era Eduardo Lonardi, el que derrocó a (Juan Domingo) Perón”. El general Eduardo Ernesto Lonardi fue el primer presidente de facto luego del golpe de 1955, pero fue desplazado poco después por el general Pedro Eugenio Aramburu.  Emilio Lonardi, el padre de Nenina, hizo gestiones que no prosperaron y creyó, al principio, que habían sido llevados a la guarnición de Campo de Mayo. Años después, Alejandra corroboró que su padre y Nenina estuvieron en Puente 12 y no en Campo de Mayo.  En los primeros “dos o tres años”, Alejandra no tuvo mucha información, pero a partir de 1979, cuando empezó la secundaria, todos los mediodías iba a comer a la casa de su abuela paterna, que

Analía Kalinec se refirió así al rechazo por parte del TOF N°2 a los pedidos de arrestos domiciliarios para los represores Eduardo Kalinec y Luis Donocik. Ambos actuaron en el circuito comprendido por los tres Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio Atlético, Banco y Olimpo (ABO). Analía, hija del genocida, e integrante del colectivo Historias Desobedientes, habló con La Retaguardia. Texto: Paulo GiacobbeEdición: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele El Tribunal Oral Federal N°2 de la Ciudad de Buenos Aires negó dos arrestos domiciliarios a los represores Eduardo Kalinec y Luis Donocik. Fue luego de escuchar a las víctimas. A fines de abril habían tomado la misma decisión con dos represores del mismo circuito represivo, Jorge Arráez y Juan Carlos Avena. El mayor argumento de las defensas para pedir el beneficio eran las edades de los genocidas, entre 70 y 75 años. En cuanto a sus problemas de salud pueden ser tratados en dependencias del Servicio Penitenciario. Tanto en Kalinec como en Donocik, no se evidencia que presenten “actualmente patologías que tornen necesario el cumplimiento de la pena impuesta bajo la modalidad pretendida (arresto domiciliario) conforme el marco legal vigente, correspondiendo en consecuencia” que los condenados continúen “cumpliendo la pena de prisión oportunamente impuesta en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal”, resolvió el tribunal. Seguramente las defensas recurrirán a una instancia superior. Sobre este punto también se manifestó el TOF 2 de CABA: “Resta indicar que el eje argumental aquí utilizado para analizar el planteo deducido resulta consonante con el criterio adoptado por la Cámara Federal de Casación Penal, la cual tiene dicho que el hecho de que el imputado tenga más de setenta años no genera automáticamente el deber de conceder el arresto domiciliario. Tampoco alcanza con que el encartado tenga un deterioro de su salud, sino que se requiere que el encarcelamiento en un establecimiento impida tratar adecuadamente su dolencia”.  Analía Kalinec, integrante del Colectivo Historias Desobedientes y autora del libro “Llevaré su nombre. La hija desobediente de un genocida” —donde relató su camino personal en busca de Memoria, Verdad y Justicia—, dijo a La Retaguardia: “En sintonía con lo que venimos expresando desde el Colectivo Historias Desobedientes y también en mi carácter de hija del genocida Kalinec, celebramos la decisión del tribunal de no otorgar prisión domiciliaria a estos genocidas. Entendemos que hay un deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar los crímenes contra la humanidad y la sanción no puede verse morigerada por salidas transitorias, prisiones domiciliarias o beneficios en la ejecución de la pena, dado la gravedad de los crímenes y la continuidad también del daño que generan a partir del pacto de silencio que mantienen, a partir del no aportar información sensible acerca de los detenidos, desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio”. La hija de Eduardo Kalinec profundizó acerca de la falta de arrepentimiento por parte de su padre y de otros genocidas que deciden mantener el silencio: “A partir de esta reactualización permanente de este daño, entendemos que en la medida que no haya conciencia acerca de la gravedad de los crímenes por parte de estos genocidas, que no haya arrepentimiento, que no haya voluntad de reparar de alguna manera algo de todo el daño que generaron, no hay otro lugar para estas personas que no sea en la cárcel, ese tiene que ser el lugar adonde tienen que estar para poder garantizar una sociedad más justa en la cual no podamos tener la más mínima posibilidad de cruzarnos por la calle con gente que tanto daño ha hecho y tanto daño sigue generando”.