Canción actual

Título

Artista


Lesa Humanidad

Página: 4


La historia de Luis Gambella es una de las más conmovedoras de las que se escucharon en el juicio. Cuando era muy pequeño una patota secuestró a su padre, Antonio Juan Gambella. Quedó al cuidado de su madre de 15 años. De chico, pensaba que su mamá era su hermana, el padrastro abusó de él y en la adolescencia supo la verdad. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Transmisión de La Retaguardia Por decisiones familiares, Luis Gambella fue alejado de sus cuatro hermanos, hijos de un primer matrimonio de su padre. En el colegio secundario fue marginado cuando se supo que su padre había sido militante del PRT-ERP. A los 18, cuando le tocó hacer el servicio militar, en el cuartel se enteraron de quién era hijo. Le dijeron que iba a dormir separado del resto, en un calabozo, y que no iba a recibir instrucción militar porque “tenían miedo que un día me despertara y los matara a todos”.   Luis era muy pequeño, de meses, cuando el 17 de mayo de 1976 “una patota” secuestró a su padre Antonio Juan Gambella, luego de ingresar a la casa en la que vivían en la calle Chacabuco 61, de Villa Ballester. Su mamá, desde la cama, en su habitación, con un hombre armado custodiándola, vio a su marido atado en una silla, en la cocina de la casa, mientras sus captores comían.  “La persona que estaba con mi mamá le dijo ‘vos te salvás porque sos chica’, porque ella tenía 15 años”, contó Gambella. Su madre “de un momento a otro ya no lo vio más a mi papá y se lo llevaron”. Durante un tiempo no supieron nada sobre su paradero “hasta que por relatos de otros detenidos supimos que mi papá había estado en Puente 12”. El testigo dijo que su papá era empleado bancario en la sucursal Garín del Banco de la Provincia de Buenos Aires y era militante del PRT-ERP. Su militancia era en la localidad de Maquinista Savio, en el partido de Escobar.  Su padre ya había sido secuestrado antes, en dos oportunidades. La primera vez fue en un operativo en la Unidad Básica donde militaba, cuando era del Partido Justicialista.  La segunda fue en la noche del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Eso ocurrió en Maquinista Savio. Estaban en la casa que vivían, con su abuela y con sus “cuatro hermanos por parte de mi padre”. Los represores entraron a la casa luego de romper una ventana. Se lo llevaron y su papá regresó al otro día “descalzo, golpeado”. Lo que le dijo a su mamá fue que “lo llevaron hasta el cruce de las rutas 26 y 8, donde lo largaron”.  Lo llevaron hasta allí en un auto y le dijeron que se bajara porque “se habían equivocado de persona”. A los tres días se fueron a vivir a Ballester, a la casa de un tío.   El testigo dijo que también fue secuestrado un empleado bancario, compañero de su papá, de apellido Martínez, que está desaparecido.  Sobre las consecuencias que tuvo en su vida por lo ocurrido con su padre, dijo que se quedó a vivir con su mamá, mientras que sus cuatro hermanos se fueron con su abuela paterna. “Yo vivía con mi abuela (materna) y hasta los seis años me crié pensando que mi mamá era mi hermana”, declaró.  Una tía suya fue la que le dijo la verdad y la que, a los 13 años, le contó quién era su papá. Cuando tenía ocho años, sufrió abuso sexual por parte de su padrastro y él quería saber quién era su papá, para contarle lo que le estaba pasando. Nadie le había dicho, hasta los 13 años, que su papá estaba desaparecido.  En algún momento “hasta dudé si mi mamá era mi mamá”. La suya fue “una infancia dura, en la que pasé hambre”. Cuando estaba en el secundario “se enteraron de quién era hijo, y ya no pude ir más a la casa de mis compañeros, me cerraban las puertas” de sus casas.   A los 18 le tocó hacer el Servicio Militar Obligatorio. Se presentó en el cuartel de San Nicolás, donde vivió otra experiencia dolorosa. “Mi mamá tenía mucho miedo, porque pensaba que yo no iba a volver vivo”, contó. Sin llegar a ese extremo, su experiencia fue traumática.  Cuando pasaron lista en el cuartel y él dijo su número de sorteo, 904, y el del documento, “la persona que tomaba los datos me hizo repetir los números”. Luego le dijo que diera un paso al costado y llamó a dos soldados. Le dijeron que fuera con esos dos soldados hasta el centro del regimiento, donde fue interrogado por tres personas. “Me preguntaron por qué quería hacer el servicio militar y luego me propusieron enseñarme comunicación y primeros auxilios, nada de tácticas de guerra ni de uso de armas, y que durante el año de servicio tenía que dormir en un calabozo”, recordó.  Se quejó y les dijo que no había cometido “ningún crimen” como para que lo hicieran dormir en un calabozo. Como habían saltado los datos sobre la militancia de su padre, intentaron justificar su propuesta: “Me dijeron qué hacían ellos si yo me levantaba a la noche para tomar represalia y los mataba a todos”. Insistieron en que la propuesta era “la única opción que tenía para hacer el servicio militar y les dije que no aceptaba”.  La respuesta de los militares fue: “Se puede retirar, usted nunca estuvo acá, nunca nos vio a nosotros y nosotros nunca lo vimos a usted”. Le ordenaron a los dos soldados que lo acompañaran hasta la puerta del cuartel y que comprobaran que él se fuera del regimiento.  “Esas son parte de las secuelas que me dejó la desaparición de mi papá, ser una persona marcada para algunos sectores”, dijo. Como cierre, Luis Gambella señaló: “Lo único que pido es justicia”. 

Lo dijo Serafín “Popi” Mendizábal, quien fue secuestrado el 6 de junio 1976 de la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán donde estudiaba Ingeniería Electrónica. Estuvo alojado en la Jefatura de Policía y, por primera vez, a 47 años de su secuestro, declaró en el juicio Jefatura III. El miembro del comité provincial del Partido Comunista retomó sus estudios universitarios 28 años después del secuestro y se recibió a los 78 años.  Redacción: Andrea Romero (La Nota – Tucumán)Edición: Pedro Ramírez Otero Con el puño en alto, Serafín “Popi” Mendizábal se retira al calor del aplauso sostenido de la sala de audiencia del Tribunal Oral Federal de Tucumán. Es 6 de junio y se cumplen 47 años de su secuestro, ocurrido en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Tucumán donde estudiaba Ingeniería Electrónica.  En la declaración lo acompaña Florencia González, psicóloga del equipo de acompañamiento a testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad. Serafín sufre una disminución auditiva que le impide escuchar con claridad y, para poder sortear esta dificultad, la fiscal Valentina GarcíaSalemi confeccionó una lista de preguntas que Florencia lee para que él pueda relatar lo sufrido durante su secuestro.  Militancia y golpe  Sus primeros pasos en la militancia de la Juventud Comunista nacieron en la facultad donde, años después, se convertiría en presidente del centro de estudiantes. El ámbito académico le dio la posibilidad de adherir a un proyecto transformador de la estructura social junto a otros compañeros y compañeras  que tenían las mismas convicciones políticas. Su padre, Pedro Mendizábal, anarquista anticlerical que vino a Tucumán desde Bolivia, fue sembrando las semillas de una conciencia social y de clase. “Él me enseñó a no creer en mentiras”, explica. A su vez, otra gran influencia fue su madre María Serrano, santiagueña de nacimiento, campesina y analfabeta, pero inteligente y generosa. La organización del centro de estudiantes era similar a las comisiones internas de las fábricas, estructurada por una comisión directiva y el cuerpo de delegados con dos representantes por aula. “Teníamos una estructura con la que no nos iban a borrar del mapa así nomás”, dice Popi con orgullo.  El 6 de junio de 1976 Serafín se encontraba en una de las aulas del primer piso de la facultad, llegó unos minutos antes del horario del inicio de la clase de Circuito Electrónico II. Debía enchufar el grabador que registraría la exposición del profesor porque era una materia complicada y la bibliografía solo estaba disponible en inglés. Faltaban cinco minutos para que el reloj marcara las 19, pero la clase nunca empezó. Una bomba detonada en la vereda de la facultad a 10 o 15 metros de un transformador hizo temblar el edificio de la UTN.  Mientras estban en el aula sin saber qué hacer, algún compañero que no logró reconocer, desde un pasillo adviertió “ahí viene el ejército”. Por una ventana pudo divisar que una fila de hombres uniformados corría por Laprida y otra por España “en un operativo pinza, en tres minutos rodearon la manzana”, cuenta con precisión. Y de esa manera entraron a la facultad.  Tres horas después de la explosión, a las 22 aproximadamente, bajó del primer piso y se ubicó en la fila donde había 15 estudiantes antes de llegar a un escritorio. En ese instante, se acercó un oficial a cara descubierta junto a dos soldados armados. “Me pregunta si soy Mendizábal. Respondo que sí. Se enoja el milico por la respuesta, tendría que haberle dicho ‘Sí, señor’. No estaba en condiciones de discutir ahí y le respondo ‘Sí señor, soy Mendizábal’”, relata. El integrante de la fuerza le pidió que lo siga.  Lo siguió, escoltado por los dos gendarmes que encañonaban fusiles. Al entrar al departamento de Energía Eléctrica le atinaron un golpe en la nuca. Cayó. Quiso levantarse, pero lo frenó otro golpe en la espalda. Se arrastró por el piso y le dijeron que se quede quieto con las manos y los pies extendidos mirando hacia la pared. Otro gendarme le pidió que se saque el abrigo, un sobretodo que le regaló un compañero de militancia que lo trajo de la URSS. “Aguantaba 40 grados bajo cero”, comenta. A partir de ahí empezó el interrogatorio en alternancia con diversos golpes que tenían como destino en la zona hepática. Hilda, Rafael, Juan eran algunos de los nombres por los que preguntaban.  Le vendaron los ojos con una bufanda, lo levantaron de los brazos, lo hicieron caminar cinco metros y lo empujaron. “Me doy cuenta de que había gente porque me tropiezo con personas que estaban en el suelo”, recuerda. “Mamita querida, viene el milico y nos dice que nos agarremos las manos y salgamos. ¡Lo que era eso! había chicos que lloraban”, cuenta con congoja. Además, recibían amenazas de todo tipo por parte de los miembros de las fuerzas. “En el momento en que nos sacan de la facultad con los ojos vendados éramos 15 aproximadamente. Había un chico que estaba a mi lado apellido Aguirre, temblaba como una hoja. Era jugador de San Martín”, relata. Lo subieron en un camión del ejército junto a otros estudiantes, el vehículo dio una vuelta y estacionó sobre la calle Sarmiento. Los secuestradores les pidieron que se saquen las vendas, salten y entren ahí. Estaban en la actual Jefatura de Policía de Tucumán. El lugar tenía una suciedad espantosa: la puerta de lo que sería “la celda” solamente tenía la abertura. Había un ventiluz añejo ubicado a gran altura que no podía cerrarse por la herrumbre. No tenían abrigo y el frío era implacable con temperaturas que rondaban el bajo cero. El baño estaba a 30 metros del habitáculo y había una canilla de agua a 60 cetímetros del piso. Así lo describe Serafín con puntillosa precisión.  Durante la madrugada varios de sus compañeros de celda comenzaron a salir en libertad. A cada uno Popi le daba el teléfono de su novia y de un compañero de militancia para que sepan en donde se encontraba. En la mañana siguiente llegaron provisiones

Al declarar como sobreviviente, María Claudia Fote reclamó justicia para su “familia diezmada” por el genocidio y para “los 30 mil desaparecidos”. Su padre, Fortunato Leandro Fote, fue uno de los fundadores del PRT-ERP junto con Mario Roberto Santucho. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Captura transmisión de La Retaguardia María Claudia Fote declaró en el juicio Puente 12 III en nombre de su padre, Fortunato Leandro Fote, uno de los fundadores del PRT-ERP y exsecretario general del gremio de los obreros de los ingenios azucareros de Tucumán. Su padre fue secuestrado en Buenos Aires, en diciembre de 1976, y fue torturado en Puente 12, entre otros centros clandestinos de secuestro y exterminio.  “Hace más de 40 años que estamos exigiendo justicia (pero no) las penas irrisorias” que se aplicaron en Tucumán “por crímenes triplemente calificados” en casos de “torturas seguidas de muerte”. Reclamó justicia por los asesinatos de su padre, su madre, sus hermanos, y otras 20 víctimas más de una familia que “fue diezmada” por el genocidio.  “Se ensañaron con toda mi familia, porque mi padre era un gran dirigente y un gran militante por los derechos de los trabajadores”, aseguró.   María Claudia Fote tenía seis años cuando el 2 de diciembre de 1976 secuestraron a su papá, Fortunato Leandro Fote. Era una familia numerosa, perseguida como pocas por su compromiso gremial, político y social. Una familia atrincherada entonces en su casa de José León Suárez, bastión popular en la zona norte del conurbano bonaerense.  Ese 2 de diciembre, como era habitual, Fortunato salió de la casa a las siete de la mañana. Lo acompañaba Ana Díaz, prima de María Claudia. La joven y su tío se dirigían hacia la estación de trenes, cada uno rumbo a sus respectivos trabajos. En un momento, Ana perdió de vista a Fortunato, quien se había adelantado porque tenía que encontrarse con una persona. Con posterioridad, María Claudia supo que su padre tenía cita con un hombre de apellido Maldonado. Nadie sabe si ese día se encontraron en la estación.  En su declaración en esta tercera etapa del juicio por los crímenes de lesa humanidad en Puente 12, María Claudia recordó sus seis años y el golpe que produjo el secuestro de su padre.  “Yo la vi a mi mamá llorando porque decían que lo habían secuestrado a mi papá”, dijo. La noticia provocó una conmoción en la casa, fue una puñalada por la espalda que impactó sobre esa solidaria “familia numerosa”, que describió la testiga. Ella dijo ante los jueces que el grupo familiar estaba compuesto, hasta ese día, por su papá Fortunato, su mamá María Luisa Pacheco y sus hermanos José Leandro y Enrique Rafael Fote. Pero en la casa refugio vivían también su tía, Juana Angela Fote, con sus tres hijas: Ana, Angélica y Teresa Díaz. También tenían allí su hogar una señora a la que llamaban la Coca García y Mónica García, en ese momento la novia de uno de sus hermanos. Estaban Fredelinda Ferrer de García y su mamá, el Gringo Mena, Ani Lancelotto y su hijo Ramiro. Todos juntos bajo el mismo techo.  Años después del secuestro, María Claudia supo que su madre presentó un hábeas corpus y realizó incansables gestiones para dar con el paradero de su esposo.  La familia Fote, oriunda de Tucumán, venía sufriendo persecuciones desde la década del 60. Se habían mudado a la Provincia de Buenos Aires porque el clima tucumano era irrespirable para ellos. María Claudia le contó al presidente del Tribunal Oral 6, Daniel Obligado, que su padre había sido “un gran dirigente, un gran militante por los derechos de los trabajadores” explotados por los dueños de los ingenios azucareros de Tucumán y el norte argentino. Por eso sufrió una persecución permanente.  (Entrevista en mayo de 1975 a Fortunato Leandro Fote en el periódico El Combatiente. Publicación del PRT-ERP) “Eso pasó porque mi papá fue un gran dirigente”, insistió María Claudia ante preguntas del juez Obligado. Su padre, Fortunato Leandro Fote, en Tucumán fue trabajador del Ingenio San José, en 1961 delegado gremial del ingenio, en 1964 secretario general de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA), y uno de los máximos dirigentes del PRT-ERP. En 1965 fue diputado provincial del bloque obrero del partido Acción Provinciana. Su gestión legislativa fue breve, porque el golpe militar de 1966, con Juan Carlos Onganía a la cabeza, cerró los fueros parlamentarios.  María Claudia le aclaró al juez Obligado que la persecución a su padre y a su familia, se intensificó en 1965 y no en 1975, como había señalado el presidente del Tribunal Oral 6. Ella desplegó emocionada los antecedentes de su padre como obrero, dirigente y revolucionario.  Sobre lo ocurrido con su padre después del secuestro, Fote dijo que se enteró que “él estuvo en Puente 12” por la información que aportó Eva Arroyo, de la Agrupación H.I.J.O.S. de Jujuy. Eva es hija de Juan Carlos “El Negro” Arroyo, quien fue secuestrado y asesinado en Puente 12. María Claudia recordó que Eva Arroyo declaró que “su papá estuvo con mi papá en ese lugar”, en referencia al centro clandestino de tortura y exterminio Puente 12.  En su declaración, señaló que también supo que su padre estuvo en otros centros clandestinos de detención: “La Escuelita de Famaillá, la Jefatura de Policía de San Miguel de Tucumán, en Nueva Baviera y su final fue en el Arsenal Miguel de Azcuénaga”.  La testiga recalcó que su padre “siempre estuvo trabajando por los derechos” y precisó que en 1965 su lucha se enfocó “en acompañar a los trabajadores que quedaron en la calle por el cierre de 11 ingenios en Tucumán”. La situación se agravó aún más con el golpe de Onganía: “Mi papá luchó para que los ingenios se volvieran a abrir”, contó.  Sobre Maldonado, la persona con la que su padre se tenía que encontrar el día de su secuestro, dijo que sabe que “eran compañeros y todos estaban luchando por la justicia social”. Aclaró que no sabe si

Silvia Nieves Negro fue secuestrada junto con su esposo Roberto Omar Leonardo y otras tres personas, el 15 de noviembre de 1974. Por el testimonio de Dalmiro Suárez, secuestrado un día antes, se sabe que Leonardo estuvo y fue torturado en Puente 12. También fue visto en ese centro de exterminio Carlos Tachella, secuestrado junto con Leonardo, militante del PRT-ERP. Narró el nacimiento de su hijo en pésimas condiciones. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Fernando TebeleFoto: Captura Transmisión de La Retaguardia Silvia Negro, al declarar en el Juicio oral Puente 12 III, sostuvo que el grupo de tareas que los secuestró era comandado por el general Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.   Médica de profesión, Negro es una sobreviviente, ya que estuvo privada de su libertad en el Pozo de Banfield, cuando estaba embarazada de tres meses. A los 23 años, tuvo a su hijo mientras seguía presa en la cárcel de Olmos, “en un parto distócico” que dejó secuelas graves en su salud que siguen presentes hoy, 50 años después.    El secuestro  La testigo fue secuestrada junto con su pareja en la casa de la familia Manachian, en la localidad bonaerense de Lanús. Era una “charla política” de la que participaban ella y su pareja, el matrimonio dueño de casa y un compañero llamado Carlos Tachella. Ella llegó primero y luego lo hizo su esposo. A los pocos minutos llegó un grupo “muy grande” de hombres armados con Itakas y vestidos de civil, que dijeron ser miembros de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). El jefe era un hombre mayor, de unos 50 años, algo obeso, pelado. Las dos mujeres, ella y Nélida Ramos de Manachian, fueron maniatadas en las sillas donde estaban sentadas. A los hombres (Leonardo, Tachella y Alfredo Manachian) los amordazaron y se los llevaron. El que daba las órdenes dijo que no secuestraran a las mujeres, a las que también les pusieron vendas en los ojos. Al rato llegó otro grupo armado provisto de una máquina de escribir. A ellas dos les tomaron los datos y luego las subieron a un camión celular. Las llevaron a la Comisaría Primera de Lanús. Cuando se le corrió la venda, pudo ver un cuadro con la imagen del general San Martín.  Fue interrogada por un jefe policial y luego pidió que le tomaran  declaración, porque quería dejar sentado el secuestro de los tres hombres que estaban en la casa de Lanús. En ese momento, la testiga estaba en el tercer mes de embarazo.  A las cinco de la tarde del día siguiente a la detención, le dijeron que “por razones de seguridad” las iban a llevar a otro lugar. De allí las trasladaron al Pozo de Banfield, donde estuvieron “veinte días o más”. En los días previos a la Navidad de ese año las trasladaron a la cárcel de Olmos.  La fiscal auxiliar Viviana Sánchez le pidió que relatara lo que supo sobre lo ocurrido con su esposo. Leonardo era estudiante de medicina —igual que ella—, trabajaba en el Hospital de Ezeiza, había sido militante de Montoneros y en el momento de su secuestro formaba parte del PRT-ERP.  El 30 de octubre de 1974, el padre de Leonardo le había advertido que lo habían ido a buscar al Hospital de Ezeiza, motivo por el cuál había dejado de ir a su lugar de trabajo desde fines de octubre. Ante una pregunta, Silvia dijo que ella sólo era “simpatizante” de la organización en la que militaba su esposo y que se dedicaba a realizar “tareas de propaganda”.  Con el tiempo, la testiga se dio cuenta de que el secuestro de su esposo estuvo relacionado con los que sufrieron el 14 de noviembre de 1974 Dalmiro Suárez, Nelfa Suárez y su marido Víctor Taboada, un día antes de lo ocurrido en Lanús. Negro se encontró con ellos tres en el Pozo de Banfield. Años más tarde, cuando declaró ante la CONADEP, se enteró de que su esposo y los otros dos hombres secuestrados forman parte “de las 1.000 desapariciones ocurridas durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón”. En charlas posteriores con Dalmiro Suárez, se enteró que a él lo habían secuestrado en Bernal, luego lo llevaron a la Brigada de Quilmes, de allí a Puente 12 y más tarde al Pozo de Banfield. “El me comentó que en Puente 12 lo torturaron y al lado de él había una persona que se estaba quejando, que le dijo que se llamaba Carlos Tachella y que le dolía mucho una costilla”,  Como médica, estimó que Tachella murió porque la costilla le perforó el pulmón. Esa persona no llegó a Pozo de Banfield. Tampoco llegaron al lugar ni su esposo, ni Tachella, ni Alfredo Manachian. Su conclusión es que “los tres fueron torturados ahí”, en Puente 12, luego fallecieron, y por eso no llegaron al Pozo de Banfield. En este punto insistió en la importancia del testimonio de Dalmiro Suárez.  También supo que los dos operativos se produjeron por la infiltración en el PRT-ERP de Jesús “El Oso” Ranier.  Negro comentó que Taboada estaba en el Pozo de Banfield en muy malas condiciones y que lo sacaron antes del 19 de abril de 1975. Ese día salió publicada la noticia en el diario Clarín de que a Taboada lo habían matado en un presunto enfrentamiento.  En ese mismo momento, ella y Nélida Ramos fueron “legalizadas” y en la nota de Clarín se dijo que habían sido detenidas “en una casa llena de armas”, algo que ella desconoce porque “nunca supe que la casa (de Lanús) estuviera llena de armas” como dijo la versión oficial. La fiscal le aclaró que ya está incorporada en esta causa su declaración en el juicio Brigadas, donde habló sobre los padecimientos sufridos en el Pozo de Banfield. Allí estuvo más de veinte días, con un embarazo de tres meses.  Por la información reunida en todos estos años, la testiga afirmó que “el Terrorismo de Estado comenzó

Lo dijo desde Italia el sobreviviente Osvaldo Carmelo Mollo. Pidió que se tengan en cuenta las torturas psicológicas. En tanto, María Elena Hernández detalló su paso por el centro clandestino y se refirió al exilio: “Fueron siete años muy difíciles”, señaló. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Captura transmisión de La Retaguardia En Puente 12 “las sesiones de tortura con picana eléctrica eran cotidianas”, aseguró el sobreviviente Osvaldo Carmelo Mollo. En cuanto al trato diario que recibían de los guardias en general “era algo intermedio entre los vejámenes de los que nos torturaban y el maltrato de siempre, porque nos golpeaban, nos quemaban”. Aseguró que “el sistema de maldad era generalizado”.  Recordó el caso de una chica paraguaya que fue “torturada y violada varias veces”. Subrayó que “los actos de terrorismo” eran mucho peor contra las mujeres.  También dio su testimonio María Elena Hernández, secuestrada en San Justo con tres compañeros y torturada en Puente 12. Ella trabajaba en la filial del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Castelar, donde el 24 de marzo de 1976 el Ejército secuestró cerca de 200 trabajadores. Perseguida, estuvo exiliada siete años en Brasil y Suiza.  El sobreviviente Osvaldo Carmelo Mollo relató que el 28 de marzo de 1976 estaba en la zona de Monte Grande, con dos compañeros, cuando fueron secuestrados por personas armadas, de civil y sin identificación alguna. Les ordenaron que se detuvieran y realizaron algunos disparos, situación ante la cual comenzaron a correr para tratar de ponerse a salvo. El intento fue en vano, porque los detuvieron y los llevaron a una comisaría de la zona. “Nos encapucharon y nos pusieron dentro de un automóvil Ford Falcon”. Los compañeros que iban con él eran Alberto Pastor y su esposa María del Carmen Cantaro, cuyo caso fue analizado en la segunda jornada del juicio oral.  Los tres estuvieron en la comisaría hasta el anochecer y luego los llevaron a un lugar más grande. Como le habían cubierto la cabeza con su remera, pudo ver que los que los llevaban tenían ropas con las letras PM en las mangas. Las iniciales indicarían que eran de la Policía Militar, una fuerza de seguridad interior, en el área de la Defensa Nacional que actúa en apoyo a la política exterior.  En el nuevo lugar de detención al que fueron trasladados había calabozos, de donde los sacaban para llevarlos “a la sala de interrogatorios y a la de tortura con picana eléctrica” sobre el esqueleto de hierro de una cama. “Una persona era la que nos torturaba y había otra con un delantal blanco que podría ser un médico que controlaba el estado” de las personas que eran torturadas. Agregó que “las sesiones de tortura eran cotidianas” y también los “golpeaban, quemaban con cigarrillos y nos aplicaban la picana; distintos tipos de torturas físicas y psicológicas”. Escuchó que a uno de los represores lo llamaban “Coronel”, que parecía ser el que establecía las reglas dentro del campo de concentración. Después supo que el lugar era “la Brigada Güemes, porque me lo dijo uno de los detenidos, Ricardo Arias, a quien yo conocía”. Arias “no llevaba puestas las vendas y por eso me reconoció. Me dijo que se las habían quitado porque lo iban a matar”.  En esos años, la Brigada Güemes de la Policía Bonaerense tenía su asiento en Puente 12.  Ante una pregunta del presidente del Tribunal Oral 6, Daniel Obligado, el sobreviviente dijo que supo que María del Carmen Cantaro, la mujer secuestrada con él, “había sido brutalmente torturada, como todos nosotros, pero de Pastor no tuve más noticias”. Después supo que está en la lista de desaparecidos. Confirmó que los tres fueron llevados a lo que después supo que era Puente 12 y que “escuchó a María del Carmen cuando era torturada”.   Al momento de su detención, Mollo tenía 21 años y aunque no tenía “una militancia plena, conocía al grupo del PRT”, sobre todo a “las personas con las que habíamos compartido momentos en la organización”. Precisó que esas personas eran Arias y la pareja que fue detenida junto con él.  Ante una pregunta del fiscal auxiliar Esteban Bendersky, el testigo dijo que luego supo que “uno de los policías que había llevado a cabo el operativo” que terminó con su detención vivía en la zona de Monte Grande.  Aportó una serie de datos sobre las características del lugar, que concuerdan con la información aportada por otros sobrevivientes, ya expuesta en la instrucción y en el juicio oral. De manera especial, mencionó el ruido metálico de la tranquera de acceso al campo de concentración.  Dijo que al ingresar a Puente 12 le hicieron firmar una declaración que “supuestamente justificaba la detención”, pero aclaró que no puede informar sobre lo que decía porque nunca se la leyeron. Sólo le dijeron que esa declaración era “la única manera de salir vivos de esa situación” de encierro y tortura.  Sobre el “Coronel” dijo que “no era una persona muy alta, era morrudo y tenía un tono de voz muy autoritario”. Respecto de la distancia entre los calabozos y el lugar donde los torturaban, señaló que “no era muy largo el trayecto, pero en determinadas condiciones, después de sufrir una tortura por horas, el tiempo y la distancia son difíciles de cuantificar”. Sostuvo que eran “varios” los lugares donde se torturaba a las personas secuestradas.  Preguntado acerca del trato que recibían de los guardias que los trasladaban desde el calabozo a la sala de tortura, dijo que “era algo intermedio entre los vejámenes de los que nos torturaban, pero había maltrato siempre, injustificado, por cualquier motivo” y a veces eran “golpeados, quemados” o los hacían caminar con los ojos vendados “derecho hacia una pared para que nos golpeáramos y después se burlaban de la manera más absurda”. Agregó que “el sistema de maldad, si lo podemos llamar así, era generalizado”. Las condiciones de vida “eran inhumanas completamente” en materia de higiene, en cuanto a la comida y hasta en los permisos para poder

María Esther Alonso estuvo secuestrada en Puente 12. Relató las torturas, el crimen de su novio y otros padecimientos. En uno de los varios simulacros de fusilamientos, ante la opción de pedir algo antes de que la mataran, pronunció el mensaje del título de esta crónica.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Captura transmisión de La Retaguardia Un mes después del asesinato de su novio, Arístides Benjamín Suárez, militante del PRT-ERP, la sobreviviente María Esther Alonso fue secuestrada y torturada en el centro clandestino de Puente 12. Durante tres días la torturaron con picana eléctrica, la sometieron a simulacros de fusilamiento y también fue objeto de abuso sexual.  En Puente 12, María Esther Alonso supo de la muerte en la tortura de Víctor Manuel Taboada, con quien había sido secuestrada en noviembre de 1974. Dio testimonio también sobre las torturas recibidas por sus cuñados, Delfa Suárez —pareja de Taboada— y Dalmiro Suárez. De Puente 12 la llevaron al Pozo de Banfield y luego a la cárcel de Olmos, donde recuperó su libertad en marzo de 1975. Su cuñada Delfa y Delfina Morales, otra de las víctimas, estaban embarazadas al momento de su secuestro.  En la octava jornada del juicio Puente 12 III, Alonso relató que fue secuestrada el 13 de noviembre de 1974, junto con Víctor Manuel Taboada. Explicó que tenía una relación familiar con Taboada, porque era el esposo de Nelfa Suárez, cuñada de la testigo. Nelfa era “la hermana de Arístides Benjamín Suárez, quien había sido mi novio y que en ese momento ya había fallecido”. Precisó luego que había muerto “en una acción militar del PRT”.  La sobreviviente dijo que también conocía a Dalmiro Ismael Suárez, “hermano de Nelfa y de Arístides que era un poco mayor que nosotros”.  Ante una pregunta del presidente del Tribunal Oral 6, Daniel Obligado, relató que en la tarde-noche del 13 de noviembre de 1974, fue secuestrada junto con Taboada “cuando entramos al pasillo de una casa” ubicada en las calles San Martín y Lamadrid, de la localidad bonaerense de Bernal. En ese momento “apareció un agente y otros hombres vestidos de civil con armas largas”, que por lo visto los habían estado esperando.  Los obligaron a subir a un auto Falcon blanco y los hicieron acostar en el piso, en la parte de atrás. Los trasladaron a la comisaría de Bernal. Le preguntaron a ella cuál era su relación con Taboada, dijo que era circunstancial, no le creyeron y la dejaron encerrada en una celda cerca de dos días. Estuvo sola, recostada en el piso, con la única compañía de un policía que la vigilaba.  El segundo día apareció en el lugar un hombre que se identificaba como “el coronel” y que “ingresó brutalmente y me golpeó”. Dijo estar muy enojado porque “lo habían llamado un sábado para que venga a matar a unos subversivos”. A ella le ataron las manos y le sacaron el reloj que llevaba porque ya no lo iba “a necesitar más”. La sacaron de la celda a empujones y la subieron a la parte de atrás de una camioneta. En el vehículo había otras cuatro o cinco personas. En ese momento escuchó que una de esas personas le preguntaba: “Gallega, sos vos?”.  Ella reconoció la voz de su cuñado Dalmiro Suárez y le preguntó: “Dalmi, ¿dónde estás?”. Apenas dijo esas palabras le dieron “un golpe terrible para que me calle y yo me asusté muchísimo”.  Por la noche llegaron a un lugar que no pudo reconocer en ese momento. Ella estaba “vendada y atada así que no me podía mover”. Al bajar de la camioneta la llevaron a lo que suponía era un galpón “grandísimo y precario”. En ese lugar sufrió “una nueva etapa de maltrato y tortura”. Precisó que le “pasaban corriente, eso que se llama la picana, estaba sin ropa, me la pasaban por los pies, por todo el cuerpo, por los pechos, en los dientes”.  Advirtió la presencia de otras personas y dos de ellas eran “Víctor y Dalmiro”. En ese lugar la torturaron muchas veces y le preguntaban “por personas,  pero concretamente por nada, muy incoherente todo, me preguntaban sobre reuniones, nada concreto y yo no tenía conocimiento de nada”. Cuando el juez Daniel Obligado le preguntó sobre su militancia, respondió: “Yo no me considero militante, trabajaba y estudiaba, tenía una participación en los talleres por la agremiación en la Federación Gráfica Bonaerense y tenía simpatía política por ideas de izquierda”. Sobre el final dijo que repartía volantes y hacía pintadas.  El fiscal Esteban Bendersky le preguntó con quién vivía en la casa de Bernal y ella dijo que hacía un mes les habían “prestado esa casita”. Allí estaba con Dalmiro, Nelfa Suárez, Delfina Morales y con Víctor Taboada, a quien ella conocía como “Toto”.  En el momento de los hechos ella tenía 28 años y mucho miedo. “Cuando murió mi compañero, Ari, en una acción militar del PRT, pensamos que nos iban a venir a buscar” a todos los integrantes del grupo familiar y por eso se mudaron a esa casa. Sobre la muerte de su compañero, dijo que ocurrió en octubre de 1974, menos de un mes antes de la detención de ella. La testigo estaba visiblemente nerviosa, dijo que no quería “entorpecer” la audiencia y pidió disculpas. El fiscal le dijo que se quedara tranquila y le preguntó si Nelfa y Delfina también habían sido llevadas al mismo lugar. María Esther explicó que cree que a ellas las dejaron en la misma comisaría de Bernal y que sufrieron torturas. “Las chicas estaban con la panza, Nelfa estaba esperando el bebé y Delfi a las mellis”, contó. Dijo creer que a ellas las amenazaron con “sacarles las nenas”.  Cuando le preguntaron si había podido identificar cómo se llamaba el lugar donde ella fue torturada, respondió: “Yo identifiqué mucho después (cuando retornó la democracia) que eso era la zona de Puente 12 o Proto Banco”, como se conoce al centro clandestino de tortura y exterminio. Aclaró que ella nunca volvió

Las hermanas María Laura y Silvina Stirnemann dieron testimonio por el crimen de su papá, Mario. De las dudas al hallazgo de sus restos. De los padecimientos a las esperanzas de Justicia. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Fernando TebeleFotos: Captura transmisión de La Retaguardia “Mi padre fue ejecutado, están todas las pruebas. El Estado argentino es responsable y es necesario que se haga justicia”. En el cierre de su testimonio, Silvina Stirnemann pidió condenas para los asesinos de su padre, Mario Alfredo Stirnemann, secuestrado y torturado en el centro de exterminio de Puente 12. Antes de Silvina, igual reclamo hizo su hermana, María Laura. Las hermanas Stirnemann tenían ocho meses (Silvina) y menos de 5 años (Laura) cuando su padre fue secuestrado el 4 de noviembre de 1975. Un año antes, el 24 de noviembre de 1974, María Laura y su madre, Laura Rosa Franchi, embarazada de Silvina, fueron detenidas y torturadas en una comisaría de Quilmes. Desde ese momento, la mamá estuvo presa muchos años en Olmos, donde nació Silvina, y en Devoto. A consecuencia de esa detención, la niña María Laura sufrió “una pérdida de la memoria postraumática” y otros problemas graves. Silvina, por su parte, vivió desde la infancia con la duda si su padre, militante del PRT-ERP, la había tenido en brazos alguna vez. Ella estaba con su madre, en Olmos, y el padre en la clandestinidad. A los 40 años pudo saber, por el testimonio de otra víctima, que su padre la conoció y jugó con ella, poco antes de ser ejecutado. La investigación realizada por las hermanas hizo posible encontrar los restos del papá y demostrar que lo habían asesinado en una ejecución sumaria. En su momento, el Ejército dijo que había muerto “en un enfrentamiento”. María Laura Stirnemann es la hija mayor de Mario Alfredo Stirnemann, secuestrado el 4 de noviembre de 1975 y asesinado el 18 de ese mes y año en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Puente 12. María Laura todavía no había cumplido 5 años cuando perdió a su padre. En el inicio de la audiencia, el presidente del Tribunal Oral N°6, Daniel Obligado, sugirió la posibilidad de que el extenso testimonio aportado por la testigo en la Instrucción fuera incorporado por lectura al debate, pero la alternativa fue rechazada por las defensas de los seis imputados que tiene la causa.María Laura recordó que el 24 de noviembre de 1974, un año antes del secuestro de su padre, su mamá “estaba embarazada de mi hermana Silvina”. Ese día fueron arrestadas “cuando regresábamos de un pic-nic con unos amigos” de sus padres. Relató que su padre vio pasar una camioneta de la policía y les dijo que “aparentemente estaban buscando a alguien y era mejor que nos separáramos porque a lo mejor lo estaban buscando a él”. En esa situación “nos arrestan a nosotras, a mi mamá, a una compañera que se llamaba Mercedes, un hijo chico de ella y a mi tío Juan José Stirnemann, y nos llevan a una comisaría de Quilmes donde estuvimos diez días, sufrimos torturas y yo quedé con una pérdida de memoria post traumática”. Ella pudo ser rescatada por su abuela materna, que la llevó a su casa de Olavarría, pero su madre quedó detenida en Quilmes y luego la llevaron al Pozo de Banfield, donde estuvo dos meses “hasta que la legalizaron y la llevaron a la cárcel de Olmos”. Su hermana nació y vivió un tiempo con su mamá en ese lugar de detención. Mientras tanto, su padre estaba en la clandestinidad. María Laura dijo que él había militado en las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), pero en ese momento estaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Zona Sur. Su papá vivía en una casa de la calle Honduras, en Palermo, junto “con otros militantes como Julio Mogordoy, Norberto Rey, y otros compañeros”. El secuestro de su padre se produjo el 4 de noviembre de 1975 en Temperley, cuando iba a una cita relacionada con su militancia. La casa de la calle Honduras cae ese mismo día, cerca de las 12 de la noche. En ese operativo “fue fusilada María Teresa Barvich”, en un hecho calificado falsamente de “enfrentamiento”. La testigo explicó que Barvich militaba junto con su padre, los dos estaban en la clandestinidad y simulaban ser “una pareja ficticia” para tratar de pasar desapercibidos. Barvich visitaba a su mamá en la cárcel de Olmos, para darle noticias de su papá. Su madre supo que lo habían matado “cuando dejó de tener noticias sobre él y supo que María Teresa había sido asesinada”. Ante preguntas de la fiscala auxiliar Viviana Sánchez, amplió la información sobre el secuestro de su padre en Temperley: “Él tenía cita en una panadería cerca de la estación” de trenes de esa localidad. Ella pudo reconstruir lo sucedido con su padre en el año 1994. Sobre su mamá, dijo que ella estuvo presa hasta el año 1981. María Laura y su hermana Silvina recién vivieron juntas en Olavarría, con su abuela materna, cuando a su mamá la trasladaron a la cárcel de Devoto, donde no permitían la presencia de niños viviendo con sus madres. Durante la infancia, las hermanas creían que su padre se había ido a vivir a Brasil con María Teresa Barvich, pero cuando su mamá recuperó la libertad y pudieron salir del país para radicarse en Francia, donde viven en la actualidad, supieron la verdad: que su padre y María Teresa habían sido asesinados. Como su madre había estado presa y perdió contacto con su padre, la testigo pudo reconstruir toda la historia consultando los archivos de diarios de la época. Eso ocurrió en 1994, al regresar a la Argentina, cuando ella empezó a estudiar antropología. Ella encontró recortes de diarios donde se hablaba del “supuesto enfrentamiento” en el cual fue asesinado su padre. Julio Mogordoy le confirmó que el apodo de su papá era Carlos Rodolfo Luidwid y que la información sobre el supuesto enfrentamiento había sido publicada el 24

La hija de Rodolfo Walsh y sobrevivientes, querellantes de la megacausa ESMA, solicitaron a la justicia que el lugar donde se incineraban cuerpos durante la última dictadura no sea cedido por el Estado al Club Atlético River Plate. Testimonios tanto de sobrevivientes como de genocidas corroboran el uso que le dio la Armada. En el pedido calificaron al predio como “un cementerio” en el que podrían estar los cuerpos de Rodolfo Walsh y Raimundo Villafor”, entre otros. Redacción: Paulo Giacobbe Edición: Fernando Tebele El pasado 23 de mayo el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de CABA, que instruye la Megacausa ESMA y está a cargo de Ariel Lijo, autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a otorgar al “Club Atlético River Asociación Civil” un permiso de “uso precario y gratuito” del Campo de Deportes de la ESMA, aproximadamente unos 73.362,35 metros cuadrados. Ese lugar cumplió un rol fundamental dentro del exterminio planificado del centro clandestino: era el lugar elegido por los represores para quemar los cuerpos de algunas personas secuestradas. Hoy a la mañana, la diputada Miriam Bregman y Matías Aufieri, ambos del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), representando a los querellantes de la causa ESMA, Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, presentó un escrito solicitando al Juez Ariel Lijo que ordene la suspensión de la cesión y mantenga en el predio una medida cautelar de no innovar.  En el escrito presentado señalan que nunca fueron debidamente notificados de la cesión y que se enteraron por la prensa “lo cual resulta fundamento suficiente” para dar marcha atrás con la autorización del 23 de mayo.  Los cuerpos de Rodolfo Walsh, Raimundo Villaflor y Ariel Ferrari podrían haber sido incineradosen ese predio, entre otras víctimas; y son numerosos los testimonios existentes en la causa “acerca de enterramientos e incineraciones en el campo de deportes de ESMA en aquellos días no previstos para los llamados “traslados” consistentes en arrojar los cuerpos al mar desde aviones”. El Campo de deportes se trata de  “un verdadero cementerio de víctimas de la represión y torturas del grupo de tareas estatal que actuó en el marco de la ESMA”, le recuerdan al Juez en el escrito. “No puede perderse de vista que el predio en cuestión, constituye no sólo un sitio de memoria, sino de prueba”. “Vale agregar, que otro de los métodos de eliminación de personas secuestradas en la ESMA, como fueron los llamados “vuelos de la muerte”, se tuvieron por ciertos mediante el testimonio de testigos, ya sean de la propia Marina, como conscriptos, y sobrevivientes, más allá de contar o no con los cuerpos de las víctimas eliminadas de ese modo. Mismo temperamento debe primar en este caso, y ser conservado el predio para agotar todos los trabajos necesarios -si ello fuera posible- sin plazo temporal alguno, así como se ha procedido respecto del resto de las dependencias que formaron parte de la ESMA”. Además dicen no encontrar motivos válidos para la cesión gratuita “a una entidad que genera recursos e ingresos multimillonarios”, como lo es el Club Atlético River Plate.  En el campo de deportes, el Club millonario proyectó la construcción de seis canchas para la práctica de fútbol once, una cancha de agua de hockey, cuatro vestuarios para los equipos locales, visitantes y árbitros, un salón comedor, un salón de actividades múltiples para los encuentros de los distintos equipos; más la conservación y mejora de los espacios verdes y recreativos, la construcción de espacios de estacionamientos y la construcción de tribunas, tanto para las canchas de fútbol como las de hockey. En la primera etapa del proyecto las obras estarían supervisadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que además aportó una propuesta de trabajo destinada a la realización de excavaciones arqueológicas sistemáticas y exhaustivas sobre el predio.  Una cesión de “uso a un privado que anuncia una construcción masiva y la transformación radical del predio”, calificaron desde la querella. “Es inverosímil, que  semejante plan de obras proyectado, fuera a suspenderse ante cualquier señal o resultado que siquiera sugiera la posibilidad de presencia de restos humanos en el predio”. Sobre las tareas encomendadas al EAAF dicen que “pueden y deben ser dispuestas sin una cesión de uso ya consumada en favor de un tercero”. Por último hacen mención a la ley nacional 26.691, que sobre la preservación de los sitios de memoria, ordena: “a fin de preservar como Sitios todos aquellos inmuebles en que se cometieron actos de tortura, exterminio, reducción a servidumbre, desaparición forzada de personas u otros vejámenes, la autoridad de aplicación deberá […] establecer canales apropiados de consulta permanente con organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas de memoria”. Señalando que cuando la Dirección Nacional de Asuntos Penales de la Procuración General de la CABA pidió realizar modificaciones en el campo de deportes se dio aviso a la Dirección Nacional de Sitios que objeto lo pedido por, justamente, incumplir con la ley nacional 26.691

Se lo dijo Jorge Olivera Róvere, subcomandante del Ejército durante la dictadura, a una delegación de Madres y familiares. Se refería al Regimiento de Patricios, en pleno barrio porteño de Palermo. Fue en los primeros meses de la dictadura y lo recordó para La Retaguardia María del Rosario Cerruti. El fallo para atrás de la Cámara. El juez Daniel Rafecas deberá seguir investigando lo que pasó allí y quienes fueron los responsables. Redacción: Ailín BullentiniEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Archivo personal de María del Rosario Cerruti Son cerca de 800 los lugares que, a lo largo y ancho del país, funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico militar y sus años previos. La cuenta oficial la lleva la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria. El esfuerzo en recordar, describir, reconocer y denunciar es de sobrevivientes y familiares de víctimas, que persiste a casi 50 años del genocidio. Así sucedió con el Regimiento de Infantería N° 1 de Patricios en donde represores del Ejército de esa fuerza mantuvieron cautivas y torturaron a personas durante el Terrorismo de Estado. Así lo relataron las propias víctimas y lo certificó el juez Daniel Rafecas en un fallo de principios de año en el que procesó a seis militares retirados por secuestros y torturas allí. Así lo confirmó la Sala 1 de la Cámara Federal los días pasados, en un fallo en el que salvó a los represores y mandó a Rafecas a seguir investigando. Los organismos de derechos humanos lo supieron desde siempre.  “A nosotros nos lo dijo el propio (subcomandante del Ejército, Jorge) Olivera Róvere. Soberbio, violento, ¿y qué íbamos a hacer?”, recuerda María del Rosario Carballeda de Cerruti, una de las Madres de Plaza de Mayo de los comienzos, acerca de la noche en la que supo que en aquel enorme predio que el Ejército aún posee en pleno barrio porteño de Palermo había detenidas y detenidos desaparecidos. Fue en junio o julio de 1976, la memoria de la “Negra” Cerruti guardó el “fresco” de aquella noche, el “miedo” que acompañaba a ella y a un puñado de papás, mamás, hermanos y hermanas de jóvenes a quienes “se había tragado la tierra” que se acercaron al Regimiento de Patricios con la intención de averiguar qué pasaba con ellos y ellas, dónde estaban, cómo estaban.  “Éramos un grupo grande, entre 20 y 30 o más personas”, narró la Madre de Plaza de Mayo a La Retaguardia. Se acercaron a la guardia del Regimiento y pidieron hablar con autoridades. Eligieron a tres representantes del grupo: Emilio Mignone, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales; José María Vázquez, esposo de la Madre de Plaza de Mayo Marta Ocampo de Vázquez; y la compañera de Marta y María del Rosario, Josefina Vera Barros. “Afuera quedamos un montón de personas”, sigue Cerruti, y rasga entre sus recuerdos algunos nombres: las Madres Marta Vázquez, María Ponce de Bianco, Beatriz Aicardi de Neuhaus y Rosa Contreras; “dos hermanos” de quienes no recuerda su apellido, pero sí que “uno de ellos era abogado”, y más familiares. Se le figura frente de sus ojos que el portero de una “casa de departamentos frente al cuartel” les abrió el hall del edificio para poder resguardarse: “Éramos muchos para estar todos juntos en la calle, no se podía hacer reuniones”, explica.  Al rato, salieron los delegados y la delegada del grupo “de capa caída, angustiados”, describe la “Negra”. Los había recibido Olivera Róvere, quien por entonces era jefe del cuartel. “Los atendió con una soberbia bárbara, golpeando el suelo con la bota y les dijo, patotero, ‘aquí en el subsuelo del comando tengo 100 detenidos’. Eso me quedó grabado a fuego para siempre”, recuerda. De ahí se les ocurrió ir a la Iglesia, al Episcopado. Cerruti cuenta que los recibió (Adolfo) Tortolo, “también estaban (Raúl) Primatesta y (Vicente) Zazpe, ellos mudos, el que habló fue Tortolo”, aclara. “Nos aconsejó que como madres rezáramos a la Virgen María para pedir su ayuda. Fue todo el consejo que nos dio. No tuvimos otro resultado. Fue inutil todo”, culmina la Madre. La confirmación de la Justicia Entre octubre y los primeros días de noviembre de 2022, el titular del Juzgado de Instrucción Federal N° 3, Daniel Rafecas, ordenó la detención e indagó a ocho militares retirados que ocuparon cargos jerárquicos en diferentes áreas del Regimiento de Infantería 1 de Patricios entre 1976 y 1980, en plena dictadura. En base a testimonios de varios sobrevivientes y después de una inspección del lugar en la que participaron algunos de ellos, los citó sobre la presunción de que eran partícipes necesarios de casi un centenar de privaciones ilegales de la libertad llevadas a cabo en lo que fuera el Área II de Capital Federal, sobre el que el Regimiento “Patricios” tenía injerencia. Incluso en el predio de Palermo.  Finalmente, Rafecas procesó a seis de ellos: el exoficial de Personal Jorge Farinella;  los exjefes y efectivos de Inteligencia Carlos Urqueta, Héctor Mónaco y Ramón Vega; el exjefe de Logística Alfonso Reuther; y Héctor Ranfagni, quien se desempeñó en el área de Operaciones. Ninguno, hasta el momento, había atravesado proceso judicial alguno por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En aquella resolución el juez dio por hecho que el Regimiento de Patricios funcionó como centro clandestino.  Marcha atrás Aquella fue la única conclusión que confirmaron los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que en un fallo emitido el lunes pasado anularon los procesamientos de todos los militares retirados. Así como lo postuló Rafecas en su momento, la Sala 1 de la Cámara Federal porteña admite que dentro del Regimiento funcionó un centro de detención en el que las víctimas atribuidas a los acusados permanecieron “transitoriamente”. No obstante, apuntaron que “no se ha determinado la presencia” de los militares retirados procesados “en los sucesos reprochados, ni la directiva concreta que pudieron efectuar para que se realicen”. Es más,

En la séptima audiencia del juicio Puente 12 III, tres mujeres relataron pormenores sobre la identificación de los restos de Ángel Gertel, y las desapariciones de  Alicia López y del matrimonio compuesto por Sebastián Llorens y Diana Triay. Silvia Cruces contó que para identificar a Gertel hubo que exhumar los restos de su padre, sepultado en París. Alicia Olivera, la hija de Alicia López, tenía 12 años cuando secuestraron a su madre y estuvo “40 años” reconstruyendo el drama familiar. El juez Obligado comandó las preguntas a quienes dieron testimonio.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Captura transmisión de La Retaguardia Yolanda Ripoll se refirió al secuestro y asesinato en Puente 12 de Diana Triay,  compañera de militancia en el PRT-ERP. Habló, además, de la desaparición de su esposo, Carlos Enrique de la Fuente, y del increíble rescate de su hijo menor, cuando tenía apenas dos años. El chico había quedado perdido en la calle, el día del secuestro de su padre, y fue cobijado por el dueño de una mueblería al que 12 años después Ripoll pudo darle las gracias.  Además de pedir justicia para sus compañeros y compañeras, Ripoll afirmó como cierre de su testimonio: “Las utopías siguen estando en mi corazón y con ellas caminaré hasta que me vaya del planeta”.  La séptima audiencia del juicio Puente 12 III, estuvo signada por controversias entre los jueces del Tribunal Oral 6 y las partes acusadoras. Luego de un reclamo de las querellas ante la Cámara de Casación para que se amplíe el número de audiencias semanales y su extensión, los jueces resolvieron modificar la dinámica de los testimonios. Esto, a todas luces, significó una carga extra para personas que desde hace casi 50 años vienen arrastrando el dolor por la pérdida de sus seres queridos.  El caso Ángel Gertel La audiencia comenzó con la declaración de Silvia Cruces. Un dato llamativo fue que, a diferencia de lo ocurrido desde el comienzo del debate, el primero en hacer las preguntas fue el presidente del Tribunal Oral 6, Daniel Obligado, quien le pidió a la testigo que se refiriera a cómo fue la identificación del cuerpo de Angel Salomón Gertel, quien estuvo secuestrado en Puente 12 en diciembre de 1975.  La testigo dijo que Gertel “era el cuñado” de su hermana Diana Cruces —compañera de Fernando Gertel, hermano de Ángel— y el tío de su único sobrino, Guillermo Cruces. Su hermana falleció en 2017.  En principio, quién debía presentarse en el juicio era Guillermo Cruces, pero la querella dejó su testimonio para otro momento, porque él no se encontraba en condiciones, desde lo emocional, de declarar. La testigo resaltó que Guillermo “es el único sobreviviente de esta familia”.  Luego de aclarar que Ángel Gertel no tenía pareja ni hijos al momento de su secuestro, recordó que sus restos fueron hallados en octubre de 2012 a orillas del Río Matanza, junto con los cuerpos de Diana Triay, Sebastián Llorens e Ismenia Inostroza.   Desde el momento del hallazgo del cuerpo, se hicieron gestiones para poder identificarlos ya que el único familiar directo vivo era  Guillermo Cruces, hijo de Fernando Mario Gertel, quien fue secuestrado en julio de 1976 y permanece desaparecido.  Como las muestras genéticas de su sobrino Guillermo no daban total certeza, hubo que recurrir a la exhumación del cuerpo del papá de Gertel, que había fallecido en París.  Recién entonces se pudo confirmar con certeza que los restos hallados eran los de Ángel Salomón Gertel. “Hace poco tiempo el juez Daniel Rafecas (el instructor de esta causa) nos informó de la restitución de los restos”, dijo.  Ante preguntas del querellante Pablo Llonto, la testigo detalló los trámites que tuvieron que realizar en Francia para encontrar la tumba donde estaban los restos de David Gertel, el padre de Ángel. Con intervención del cuerpo médico forense “se tomaron muestras después de la exhumación de David y se cotejaron” con las de su sobrino Guillermo Cruces.  Consultada sobre la relación familiar y de militancia que compartían Diana Cruces y Ángel Gertel, la testigo dijo que estuvieron exiliados en Perú en 1975 y que en diciembre de ese año regresaron a la Argentina en forma clandestina. El 7 de diciembre de 1975 se hizo una reunión familiar por el cumpleaños de Diana, a la que asistieron Fernando, Ángel y Clara Diament, la mamá de los hermanos Gertel. “Esa fue la última vez que lo vimos a Ángel, porque luego nos enteramos que al día siguiente no se había presentado a una cita, ni a la siguiente”. Ángel fue uno de los 24 secuestrados en distintos operativos que se realizaron entre el 7 y el 9 de diciembre de 1975.  Acerca de la identificación de los restos de Gertel, mencionó que cuando se produjo el hallazgo ya habían fallecido sus padres, Clara y David. El  papá de Ángel había fallecido en la vía pública, en París, donde se había exiliado luego de la desaparición de sus hijos. La circunstancia de morir en la calle, dificultó la tarea de encontrar el lugar donde había sido sepultado. Clara, la mamá de Ángel y Fernando, también se había exiliado en Francia, pero había regresado a la Argentina.  La testigo dijo que la identificación de los restos de Gertel “fue como cerrar una etapa, fue tener la certeza y un lugar donde poder homenajearlo, fue una satisfacción interna”. Resaltó que la búsqueda fue “un trabajo muy exhaustivo de mucha gente”, sobre todo de su hermana y de su sobrino. Insistió en que encontrar los restos fue encontrar “una paz interna”.  A los 12 años perdió a su mamá La siguiente testigo fue Alicia Cristina Olivera, hija de Alicia Mabel López. Tenía 12 años cuando su madre fue secuestrada y torturada en Puente 12. Ella pudo reconstruir la historia “40 años después”. En ese momento, supo que Alicia Mabel fue secuestrada en diciembre de 1975, junto con Ricardo Elías Abdón, militante al igual que ella del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).  Las preguntas del presidente del Tribunal, Daniel Obligado,