golpe de Estado
Decenas de personas se concentraron el pasado martes frente al Obelisco para homenajear a las personas desaparecidas y asesinadas en la última dictadura cívico militar en Uruguay. También recordaron la gran huelga del movimiento obrero que comenzó el mismo día del golpe. Redacción: Camila CataneoEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Camila Cataneo El 27 de junio de 1973 el presidente uruguayo Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento y, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, dio lugar a la dictadura. Ese mismo día el movimiento obrero salió a las calles para repudiar el golpe de Estado y comenzó una gran huelga general que duró 15 días. La dictadura duró hasta 1985. Miles de personas tuvieron que exiliarse del país, centenares fueron desaparecidas o asesinadas, la mayoría en Argentina en el marco del Plan Cóndor. Uruguay fue el país con mayor cantidad de presas y presos políticos en el mundo respecto a su población.
El periodista Sebastián Moro fue asesinado a finales de 2019. En el marco del estreno de la película, el productor Marcelo Schapces pasó por el programa radial La Retaguardia. Allí contó quién era Sebastián y cómo fue el proceso del documental, que obtuvo el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine Político (FICIP) en Argentina. Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez OteroRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez Otero El periodista Sebastián Moro fue asesinado a finales de 2019, durante el golpe de Estado en Bolivia. En Mendoza, Sebastián tenía un rol importante en la difusión y la cobertura de los juicios de lesa humanidad. Marcelo Schapces, productor y guionista del documental “Sebastián Moro, el caminante”, contó cómo repercutió el lanzamiento de la película: “Es un orgullo que esté dando vueltas. Está en el Cine Gaumont y en el Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) . Y después vamos a ir a diferentes provincias, para presentarla en centros culturales, escuelas de periodismo, espacios de Derechos Humanos, tratando de hacer medio centenar de presentaciones antes de que termine el año. Con funciones que van a tener una modalidad de debate. Porque de un modo o de otro, ya sea presencial o por Zoom, habrá alguien vinculado a la producción o la dirección, o bien la familia de Sebastián, para poder dialogar con la gente. Esa es la última etapa de toda esta movida, que se inició casi de inmediato después de la muerte de Sebastián”. El documental obtuvo el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine Político (FICIP) en Argentina. María Laura Cali, directora del documental, había estado con Sebastián en octubre de 2019 en La Paz, donde había ido a presentar su documental “Los ñoquis”. En diciembre, Sebastián tenía planeado viajar a Argentina para pasar unas vacaciones con su familia y encontrarse con María Laura. “Y ahí pasó lo que pasó. Vino la violencia furiosa del golpe de Estado. Sebastián fue emboscado, golpeado y le provocaron un ACV. Esto fue durante la noche del 9 y la madrugada del 10 de noviembre de 2019, en la misma jornada en la que salió en Página 12 su última nota, que anunciaba un golpe de Estado en marcha. Después, el 16 terminaría falleciendo en una clínica en La Paz. Maura Laura, en principios de diciembre se conectó con la familia, viajó a Mendoza y ahí comenzó a tomar forma el documental que finalmente, tres años y medio después estamos presentando y que culminará todo esta gran epopeya, con todas estas funciones hacia final de año. Estamos conformes, contentos, a pesar de que se trata de una película como esta, porque se le está devolviendo la voz a Sebastián y eso es una tarea que nos llena de orgullo”, dijo Schapces. Cuando Cali viajó a Bolivia en octubre de 2019, antes de las elecciones bolivianas, estuvo con la periodista Gloria Beretervide, quien llevaba 14 años siendo corresponsal de la BBC en Bolivia. Gloria presentó a Sebastián y a María Laura. “Ya en ese momento, en los días posteriores al golpe y a la muerte de Sebastián, Gloria siempre le hablaba de lo mucho que Sebastián comentaba de análisis de la realidad en Bolivia. Y entonces, cuando María Laura viajó a Mendoza a conocer a la familia de Sebastián, escuchó esos audios y ,desde el primer momento, María Laura supo que esa necesidad que tenía de devolverle la voz a Sebastián, que le habían quitado y que con esos audios podían reaparecer. Y así, recrear todo lo que había sido ese último mes, desde que había empezado a trabajar de corresponsal de Página 12 hasta los últimos instantes, los últimos audios que él mandó cuando salió a caminar la noche del 9, en la que termina emboscado y golpeado. La voz estuvo siempre presente en el proceso del documental. Ella después accedió a la voz de Sebastián en los programas de radio que tenía en Mendoza, los programas que hacía en Bolivia, en Radio Comunidad. Y con todo eso se pudo construir un relato con la voz de Sebastián, para que estuviera presente. Que sea la voz en vida de Sebastián la que pueda retratar su propia mirada. Y eso le da originalidad a la película”, contó el productor del documental. Mantener vivo a Sebastián Hay dos recursos muy claros en el documental. Por un lado, a utilización de la voz a través de audios de Whatsapp y del archivo de los programas de radio. Y también la recreación de la figura de Moro. En Bolivia buscaron a un actor, una figura que tuviese la complexión de Sebastián. La directora le pidió a la familia la ropa de Sebastián, que el actor utilizó. “Se genera una sensación muy poderosa y hace que él esté vivo, y que todas esas caminatas que hacía permanentemente estén muy entrelazadas entre imágenes documentales, imágenes reconstruidas y la voz. Es muy emotivo”, dijo Schapces. Y agregó: “La película termina cuando Sebastián muere. Esa es una decisión que tomamos desde el comienzo. No se trataba de hacer un homenaje, es una historia de vida que podría ser la de cualquiera. Muere en su deber, en su tarea de informador comunitario. Él llegaba a Bolivia con una expertis como comunicador vinculado a los Derechos Humanos, porque había cubierto todos los juicios de lesa humanidad en Mendoza y los casos de violencia institucional. Esa es la razón por la que lo mataron, porque era un periodista informando en momentos dramáticos para el pueblo boliviano. Y haciéndolo desde la verdad y con mucho sentido del deber de informar a la población. Ese violento oficio de escribir, al que siempre aludió Rodolfo Walsh. La película cuenta esa vida. Es un hecho cinematográfico, de poética. Y, por lo tanto, funciona como disparador para ayudar a la causa judicial. Esa es otra lucha que está dando la familia. Una causa que está abierta en Córdoba y otra en Bolivia. La lucha de la familia trabaja en conjunto con la de la
La Retaguardia entrevistó a Viviana Losada, integrante de la Comisión Vesubio Puente 12 y de Familiares de Lanús, querellante en el recién comenzado Juicio La Pastoril. Viviana narró cómo fue la represión del 29 de marzo de 1976 a la reunión ampliada del PRT-ERP con algunas organizaciones de la Junta de Coordinación Revolucionaria. El episodio poco conocido que abarca el juicio fue una acción represiva que evidencia cómo a pocos días del golpe de Estado se desarrollaban acciones que por su magnitud implicaban tareas previas de inteligencia y de fuerzas represivas conjuntas. (Por La Retaguardia) 🎤 Cobertura del juicio: Paulo Giacobbe/Fernando Tebele ✍️ Redacción: Mónica Mexicano 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: quinta La Pastoril Viviana Losada es querellante por Rodolfo Ortiz, que era uno de los líderes de la Juventud Guevarista y estaba en la quinta La Pastoril cuando la Policía y el Ejército la atacaron aquel 29 de marzo del año 1976. Losada participó de una de las transmisiones de juicios a través de La Retaguardia, antes de la audiencia con la que finalmente se abrió el juicio por aquellos crímenes del Terrorismo de Estado. —¿Qué sucedió en la Quinta La Pastoril? —Bueno, el PRT tenía ya necesidad de hacer una reunión del Comité Central y resolvió hacer una reunión del Comité Central ampliado con algunas organizaciones de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR). Así que alquiló una quinta en Moreno, la quinta La Pastoril, que se llama así porque los dueños eran los Hermanos Pastori. En la última semana de marzo, empezaron a llegar los compañeros y las compañeras y al 29 de marzo a la mañana estaba reunido todo el Comité Central ampliado, con los responsables por frente o por tarea, y estaban un compañero del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), un compañero de los Tupamaros (guerrilla uruguaya), un compañero del Ejército de Liberación Nacional boliviano y en realidad nunca fue confirmado, pero habría estado también un montonero. Y estaba todo el Comité Centra (del PRT-ERP)l. Rodolfo Ortiz, que era mi compañero, que es el papá de mis hijas mayores, era el Responsable Nacional de la Juventud Guevarista y se incorporaba por primera vez al Comité Central. Así que discutieron “internacional” a la mañana y a la tarde iban a discutir “nacional”. Mientras estaban descansando aparecieron las fuerzas conjuntas, entraron sin pedir permiso, a los tiros, sin ninguna orden de nada y con la intención claramente no de dejar a nadie vivo, sino de arrasar. Y fue gracias a un cuadradito chiquitito, un ángulo allá en el fondo de la quinta, que era una quinta muy grande; o sea, la casa era pequeña, pero el lugar era muy grande. Allí, mirando de frente hacia la izquierda, atrás, dejaron como un lugarcito sin cubrir y por ese lugarcito pudieron salir muchos compañeros y compañeras. Quedaron algunos en la quinta y otros que también pudieron salir fueron interceptados por las fuerzas conjuntas y fusilados. Esta acción de las Fuerzas Conjuntas tiene un resultado de 4 compañeros y compañeras muertos en la quinta, 3 en el camino y 4 capturados vivos, que después son llevados a Puente 12/Cuatrerismo. Y uno más que fue llevado presumiblemente a Villa Martelli, después de mucho tiempo recupera su libertad, pero que lamentablemente está fallecido. —Un hecho poco conocido para la relevancia. Cuando te ponés a analizar algunos de los datos que vos acabas de dar, hay muchas cosas que darían cuenta que este hecho debería ser más público, más conocido, sin embargo, aquí está la instancia del juicio también para eso, no solo para conseguir justicia, va a ser importante para que se sepa lo qué pasó. —Nosotros lo que pensamos es que, primero, el juicio tardó muchísimos años en llegar. Yo fui la primera que se presentó como querellante, en enero de 2007, cuando se reconocieron los restos de Rodolfo. Después se fueron sumando el resto de las querellantes, las hermanas (de Nelson) Agorio, Claudia Méndez (hermana de Ruperto Tito Méndez), las hermanas (hijas de Héctor) Chávez en 2007. Llegamos a casi noviembre del 2021. Así que hace 14 años que venimos remando con el juicio. Recién en el 2011 Rafecas (Daniel, el juez que lleva adelante la instrucción de la megacausa Primer Cuerpo del Ejército) entendió que tenía que hacer una subcausa de este hecho porque no éramos víctimas sueltas. Estaban todas concatenadas en un hecho. Y después una cosa que es muy interesante y que a través de los años nosotros pudimos entender que hubo una acción de inteligencia allí, que no es casual que hayan ido todos: el Ejército, la Policía de la Provincia, todo el personal de civil, que imagino que serían las patotas de Puente 12, y también habría habido algún móvil de la Capital Federal, con lo cual, estando todas las fuerzas, es impensable suponer que fue una circunstancia fortuita y que estaban adivinando. Nosotros creemos firmemente, y esperamos demostrarlo en el juicio, que eso fue una acción de inteligencia a lo mejor no pensada con la enorme envergadura que tenía la reunión. Pero sin duda fue una acción de inteligencia. —El ERP venía de lo que fue el intento de toma de Monte Chingolo en el 75, que terminó con una tremenda represión justamente por la infiltración del “Oso” Jesús Ranier en las filas del ERP. Pero esa instancia de inteligencia ya estaba desarticulada para la época de La Pastoril. Sería otra instancia de inteligencia que también están vinculando a que hubiera más infiltrados o a otro tipo de tarea de inteligencia? —A mí me parece que no se trataba de un infiltrado, me parece que ya había tareas de inteligencia muy serias en Puente 12/Cuatrerismo, que los grupos de tareas, eran casi especializados en el PRT. Y mucho de esto dice Españadero (Carlos Antonio, recientemente condenado) en el juicio de Puente 12 II que acaba de terminar. Él directamente dice muy locuaz que el “Oso” Ranier le rendía cuentas a él, que en realidad después de que ellos sacaban información y después
Allí vivió el periodista hasta su secuestro, asesinato y desaparición en marzo de 1977, mientras divulgaba clandestinamente su magistral Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar. El inmueble permanece ocupado por una familia de policías. Un proyecto de ley propone declararla de utilidad pública para convertirla en espacio de memoria. Está en la legislatura bonaerense a la espera de ser tratado. María Piovani trabaja con la diputada Florencia Saintout. En diálogo con el programa radial Mis hijos están con el padre, dio todos los detalles. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Braulio Domínguez/Silvio Florio ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Braulio Domínguez/La Retaguardia Allí, en aquella casa de la ciudad de San Vicente que continúa ocupada por una familia policial, el brillante periodista redactó la carta dirigida a las Junta militar, destinada a denunciar el Terrorismo de Estado mientras estaba en pleno desarrollo. Fue precisamente momentos antes de viajar hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde fue asesinado a la altura de la estación Entre Ríos de la Línea E del subterráneo, que hoy también lleva su nombre. “Este proyecto tiene como objetivo poder declarar como un bien de interés histórico cultural la casa de Walsh en San Vicente. Y además declararla de utilidad pública y sujeta a expropiación para poder convertirla como un espacio de memoria y reflexión. Una memoria viva, como aquella que se escapa del olvido, sobre todo para aquellas personas que han sido perseguidas, torturadas, y asesinadas”, comenzó María Piovani, militante de La Cámpora y asesora de la diputada bonaerense Florencia Santiout, quien presentó el proyecto. Acerca del estado del intento de recuperación, que no es el primero, Piovani señaló: “Este proyecto pasó por instancias parlamentarias anteriores. Porque a nivel nacional se había presentado algo de similares características y nosotras lo retomamos porque lo consideramos central”. “El hecho de poder que esa casa emblemática testigo de aquella carta a las juntas, no solo es un acto reparatorio, sino principalmente un acto de justicia con todos los compañeros y compañeras y la sociedad en su conjunto”, reflexionó. Proyecto encaminado Por otro lado, la militante del Frente de Todos tiene una mirada positiva respecto al avance del proyecto: “En principio creeríamos que no habría ningún impedimento en poder expropiar la casa, este proyecto, en la medida que esté acompañado por una fuerza política, puede ser empujado. Ya está trabajado en su primera comisión, que es la de tierras. Nicolás Mantegazza, el intendente del municipio de San Vicente, respondió positivamente ante las consultas, mostró buena voluntad. Incluso, una vez expropiada la casa, el propio municipio se haría cargo de la conservación de la misma. Después, el proyecto pasará por otras tres comisiones para que se convierta en ley, pero por lo menos vemos que está en movimiento”. Antecedentes en su memoria La Retaguardia también pudo saber que hace muy poco tiempo se realizó una intervención artística en la vieja estación de trenes de San Vicente desde la que Walsh iba y venía a la CABA, denominada “Las ultimas sus huellas”, en homenaje a Walsh y a todas las víctimas del Terrorismo de Estado. Una acción conjunta del municipio y el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia de San Vicente. Las indicaciones intentan mostrar los últimos pasos del periodista y escritor antes de comenzar su viaje a Buenos Aires, donde lo esperaba una patota de la ESMA para intentar secuestrarlo, a lo que Walsh intentó resistirse. Anteriormente, en cercanías de la casa, se habían colocado algunos carteles indicadores con crónicas descriptivas y también hay un par de murales realizados por colectivos culturales en el trayecto entre la vieja estación convertida en predio ferial y la casa ocupada. Además, la calle lleva el nombre de Rodolfo Walsh. Centro provincial de la memoria como algo vivo “Lo que pretendemos es que el espacio funcione como un Centro de la memoria, que esté abierto, y no solo como un lugar de visita de algo que tiene que ser mostrado en los términos que por ahí se piensa un museo, más que sea algo lleno de vida, que se produzcan actividades de índole políticas y culturales en interacción con los vecinos y vecinas de San Vicente. Pero también que pueda ser visitado por las escuelas de la provincia, corriendo los límites de lo que implica solamente un museo”, concluyó Piovani sobre el proyecto de ley.
Durante su testimonio en el juicio Brigadas, Valeria Gutiérrez Acuña, una nieta con la identidad restituida solicitó esta semana la sanción de una ley que penara el negacionismo respecto al genocidio ocurrido recientemente en Argentina. En marzo de este año, la diputada Patricia Mounier, del Frente de Todos, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto en ese sentido. La Retaguardia la entrevistó para conocerlo en profundidad. Allí, Mounier analizó las repercusiones sociales y políticas que traería su promulgación. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Pedro Ramírez Otero 💻 Edición: Diego Adur 🖍️ Ilustración: Lorenzo Dibiase/La Retaguardia La diputada nacional Patricia Mounier dialogó con La Retaguardia para brindar más detalles del proyecto de ley para sancionar penalmente la negación del último genocidio ocurrido en el país. Desde su rol como docente, dio cuenta de cómo construir un discurso educativo que deje poco margen de maniobra a quienes niegan o incluso minimizan lo ocurrido. Mounier contó cómo surgió la presentación: “Con motivo de un nuevo aniversario del 24 de marzo presentamos un proyecto que se propone sancionar el negacionismo en nuestro país: Hay discursos, actitudes, ideas y pensamientos que niegan todo lo ocurrido durante la dictadura militar, cívica y eclesiástica del ‘76 al ‘83 y me parece que es muy grave, sobre todo teniendo en cuenta el trabajo que los organismos de derechos humanos, Madres, Abuelas, Hijos están haciendo al respecto, y que son, incluso, ejemplo de trabajo en derechos humanos en el mundo. Muchos países nos miran en ese sentido. Y cuando este tipo de declaraciones son de parte de funcionarios me parece que es más grave aún. Entonces, lo que plantea el proyecto es sancionar justamente ese tipo de conductas, que niegan, banalizan o vanaglorian lo ocurrido durante la dictadura”. —La Retaguardia: ¿Creés que esto debería haber estado contemplado desde hace tiempo? —Patricia Mounier: Creo que sí. Sobre todo este año hemos visto mucho de esas actitudes negacionistas en las redes, muchas veces en forma anónima y demás. Pero me parece que el avance de la derecha es peligroso en ese sentido, y en muchos otros más. Hay un discurso de la derecha que pretende negar a los 30 mil, pretende ridiculizar y ofender la labor de las Madres y las Abuelas. Y entonces me parece que es hora de que pongamos claridad en esta cuestión y que realmente el que niega lo ocurrido sea sancionado. Yo soy docente además de legisladora y aspiro a que también estos temas se charlen en las escuelas. Lamentablemente en muchas escuelas el 24 de marzo pasa totalmente desapercibido, hay muchos docentes que no quieren hablar. En Santa Fe ocurrió que una docente de Nivel Inicial hizo una actividad con los alumnos explicándole la tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo y un legislador de la oposición no solamente la ridiculizó sino que la escrachó en las redes diciendo que estaba adoctrinando a niños de cuatro y cinco años. Me parece muy grave lo que plantea el legislador teniendo en cuenta su calidad de legislador elegido por el pueblo. No puede negar lo que ha ocurrido. —LR: Sin ir más lejos, nos encontramos en las últimas elecciones presidenciales con un personaje como Gómez Centurión que tuvo una bancada muy grande de una parte de la iglesia y que este 24 de marzo salió a vender un buzo que decía “Ni fueron 30 mil ni fueron inocentes”. —PM: Lamentablemente, además, con fotos con jóvenes. Uno siempre piensa que todas las nuevas generaciones tienen otras ideas, otro pensamiento y otra cabeza. Y este tipo de personajes como el que decís juntan gente que los apoya y que hasta los vota. Y me parece que es muy peligroso. Además declaraciones como las de Patricia Bullrich hacia Estela de Carlotto. Incluso gente de la prensa: algunos periodistas se han manifestado en ese sentido. Me parece que cuando se es funcionario, legislador o incluso un comunicador social, hay que tener mucha responsabilidad y seriedad en ese sentido. En el proyecto se plantea una sanción que en el caso de ser funcionario se duplica en cuanto a impedirle que sea funcionario por ese tiempo también. Tenemos que empezar desde esos lugares a dar los ejemplos. —LR: ¿Cómo fue recibido este proyecto? —PM: Muy bien. Ha tenido el acompañamiento de muchos legisladores e incluso hay un par de proyectos más en la cámara. Uno de Marcelo Koenig, también del Frente de Todos, y la idea es trabajar juntos esos proyectos para que puedan llegar a las comisiones y ser tratados. Obviamente que los organismos de derechos humanos han acompañado el proyecto. Estamos esperando que se pueda tratar en las comisiones. Como docente aspiro a que esto también esté en las currículas escolares, también sobre el 24 de marzo, se hable sobre los organismos de derechos humanos. Que se hable de las violaciones de derechos humanos que ha habido en la dictadura. —LR: En Alemania está penado reivindicar el Holacausto. Esto no impidió, por ejemplo, el resurgimiento de grupos neonazis, ¿lo contemplaron? —PM: Con el avance de la derecha que en nuestro país implica gran parte de la oposición y en países como Alemania ese avance del neonazismo y demás, me parece que tenemos que empezar a plantear más fuertemente la cuestión. Por eso confío tanto en la educación. Yo quiero una escuela con perspectiva en derechos humanos, y me parece que si eso lo trabajamos en edades tempranas vamos a tener generaciones mejor formadas y con otra cabeza, otro pensamiento e ideales. Incluso hasta otra militancia. Y me parece que es grave el avance de la derecha que no implica solamente defender lo que han hecho los gobiernos neoliberales y las dictaduras, no solamente en derechos humanos: en planes económicos, proyectos culturales. Todo lo que ha significado la dictadura en nuestro país. Y negar que son 30 mil es negar lo que ha ocurrido en la dictadura, y tenemos testimonios de miles de militantes que vivieron esa época de horror y nos dejan su testimonio para
La sobreviviente uruguaya relató en su declaración los delitos sexuales que fueron cotidianos en El Campito. Con crudeza, dolor y entereza, Fernández declaró desde Uruguay, país en el que nació y al que regresó después de Campo de Mayo pero aún bajo sometimiento. También reconoció al imputado Villanova después de ver una foto de Gustavo Molfino publicada por Página 12. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele ✍️ Textuales: Mónica Mexicano / Noelía Laudisi de Sa / Agustina Sandoval Lerner 📺 Cobertura del juicio: Fernando Tebele / Diego Adur 📷 Foto de portada: Transmisión de La Retaguardia Griselda Fernández vive en Uruguay. Allí debió regresar después de haber estado detenida-desaparecida durante el Terrorismo de Estado en la Argentina. Tiene pelo corto, lleva gafas rojas y un abrigo de lana turquesa. Está tranquila y decidida. La experiencia de otras declaraciones anteriores —demasiadas, dirá después Griselda— ya la han preparado para lo que vendrá. Luego de los primeros formalismos y del juramento de decir verdad que le toma el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de San Martín, Daniel Omar Gutiérrez, es la representante del Ministerio Público Fiscal, Gabriela Sosti, quien inicia las consultas. De movida se nota que será una jornada dura. Le avisa a Griselda que no va a pedirle que vuelva a contar todos los detalles de su secuestro, sino que quiere centrarse específicamente en lo que fueron las agresiones sexuales que sufrió durante su cautiverio ilegal en El Campito, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más tenebrosos del país. Otro de los puntos que le importará a la fiscal Sosti es la participación de los gendarmes en esos delitos y la responsabilidad que tenían en la custodia de los y las prisioneras del centro clandestino. Fernández fue secuestrada el 24 de noviembre de 1976 en la casa donde vivía con su esposo, su madre y sus hijos, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Después de sufrir un simulacro de fusilamiento en una zanja, la llevaron a Campo de Mayo: “En ese momento me llevan a El Campito y ahí primero estuve en una barraca más chica, que es donde estaban las carpitas, y luego paso a una de las barracas. Mientras tanto se da, obviamente, el tema de la tortura psicológica, la tortura física, el abuso sexual”, asevera. Durante su cautiverio, Griselda pudo identificar a varios de los represores que cumplían funciones en Campo de Mayo y por eso es tan importante su testimonio en este juicio. Uno de ellos, Néstor León López, alias “El Alemán”, la mantuvo en cautiverio, obligándola a sostener una relación bajo terror que se extendió hasta 1982, incluso en Uruguay… López era el “responsable” de las personas del PRT-ERP que estaban secuestradas en Campo de Mayo. Al poco tiempo de su secuestro, se produjo la primera situación de abuso sexual: “Una noche se mete alguien adentro de mi carpa con la intención de violarme. Entonces, se mete adentro de mi carpa, yo ahí reacciono y me empieza a manosear, pero mi reacción fue de rechazo y de grito. Yo en ese momento empecé a los gritos, a las patadas, a armar un ruido importante hasta que esa persona no puede consumar la violación y se va. Yo sé que muchas de las compañeras que pasaron por allí no tuvieron esa suerte. Tuve la posibilidad que de alguna manera el tipo, el violador, se asustó y se fue. Era una persona a la que yo no puedo identificar con nombre pero era una persona baja, tenía mi altura, flaco, morocho, pelo negro; y se fue. Obviamente que ahí hubo complicidad de la guardia porque nosotros siempre teníamos guardias de gendarmes”, relata. Este último dato es el que despierta el interés de las próximas preguntas de la fiscal, que intenta desentramar la participación y responsabilidad de algunos gendarmes en las torturas a las personas secuestradas. Griselda dice que “no era un gendarme de la guardia de la barraca donde yo estaba. Obviamente que los gendarmes eran los que mantenían la seguridad limítrofe, la guardia en ese sentido. Pero no era del lugar donde yo estaba, del galpón donde yo estaba”. Quienes sí custodiaban la barraca donde estaba Griselda, “le permitieron entrar, obviamente” y después de la huida del violador “nadie se acercó a preguntar nada y a decir absolutamente nada”. “El momento ideal” Griselda cuenta que la ocasión elegida por los abusadores para cometer los delitos sexuales era cuando las prisioneras estaban recién llegadas al centro clandestino, y de noche: “Se decía que muchas veces las violaciones se realizaban cuando las mujeres recién llegaban a El Campito. Era el momento en el que, generalmente, había menos gente, porque llegaban de noche, y era donde se producían muchas veces las violaciones. No significa que no se produjeran durante el día y eso es lo que se decía. Hubo, en una oportunidad, un jefe de gendarmes que le decían ‘El Alpinista’. No sé con qué sentido, llamó una por una a las mujeres que estábamos ahí en la carpa, y no sé si llamó a las de las barracas, para preguntar si habían sido violadas porque estaban haciendo una investigación. Realmente me pareció absurdo por el hecho de que eso era como moneda corriente”, se lamenta. No se trataba solo de convivir con el terror a ser abusada, sino que esa situación era común a todas las mujeres cautivas en ese lugar: “Había un gendarme al que le decían ‘Napoleón’, que pude verlo porque pude levantarme la capucha. Él siempre venía. Una de las chicas, que no sé el nombre, estaba detenida por montonera. Cada vez que ella volvía decía que la tenían parada, la desnudaban y la violaban reiteradamente. Eso fue lo que yo vi, ahora, lo que se decía de él es que era una persona totalmente desagradable, obviamente no tenía moral. A ese hombre no le importaba ni guardar las apariencias”, escupe Griselda y demuestra el asco en el
Con esta nota, La Retaguardia lanza una campaña un tanto pretenciosa pero no por eso imposible: cambiarle el nombre a la línea del Ferrocarril que hoy lleva el de Julio Argentino Roca. La propuesta es que lleve el de Rodolfo Walsh. El periodista y militante popular desaparecido el 25 de marzo de 1977, utilizó esa línea como último recorrido para venir a la CABA desde San Vicente, donde está la última casa que habitó, por cierto aún ocupada por la familia de un policía. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Paulo Giacobbe 💻 Edición: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero Esa parte de la historia es conocida, o bastante conocida. Se fue armando como algunos de sus textos. Reconstruyendo de a gotas, pasos, saltos y tachaduras. Comienzos nuevos sobre otros comienzos, como si él mismo estuviera martillando su propia historia en una máquina de escribir. Ese obsoleto —usual en esos días— elemento de escritura, quedó asociado a su imagen, como sus anteojos. Escritor, periodista militante comprometido con su tiempo. En estas líneas no se va a decir nada nuevo sobre las últimas horas de Rodolfo Walsh. La línea de Ferrocarril General Roca recorre grandes distancias del Sur de la Provincia de Buenos Aires. En 1977, un ramal de esas vías llegaba hasta San Vicente. Fue ahí donde Lilia Ferreyra y Rodolfo Walsh subieron a un tren rumbo a la otra cabecera: Plaza Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires. Ya era más de la una de la tarde. Ahí se despidieron. Walsh tenía tres citas en su rol como integrante de Montoneros, ANCLA (Agencia de Noticias Clandestina) y Cadena Informativa. Fue solo. Ambos jugaban al Go, sabían de territorios cercados. “No te olvides de regar las lechugas”, le dijo Lilia a su compañero. Suponían que Rodolfo volvería antes a San Vicente. Llevaba dos armas consigo. Una pequeña pistola 22, que utilizó con el objetivo de evitar ser acribillado cuando un grupo de tareas de la ESMA intentó secuestrarlo. En San Juan y Entre Ríos, a pocas cuadras de Constitución, no permitió que se lo llevaran con vida. Como meses antes lo había hecho Vicki, su hija, en la calle Corro. Su otra arma fue la Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar. Walsh se estaba volviendo a llamar a sí mismo escritor. A un año del golpe denunció lo que los grandes medios encubrían y que nunca rectificaron en sus páginas. Por el contrario, leyendo algunos editoriales, aún hoy reivindican. En cambio, Walsh no calló: “Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete”. La desaparición del periodista no fue reflejada en los medios comerciales argentinos. El cuerpo pudo haber sido calcinado y enterrado en el campo de deportes del Centro de Detención Tortura y Exterminio que funcionaba en la ESMA, que actualmente se utiliza para actividades recreativas. La casa de San Vicente fue reventada. Un boleto de compraventa permitió que los criminales dieran con el inmueble. Fue saqueado. En la ESMA, el sobreviviente Martín Gras leyó un cuento secuestrado, Juan se iba por el río. La familia nunca pudo recuperar el cuento, ni otros objetos. Ni siquiera la casa, que fue usurpada por un policía. Pero la vivienda está señalizada y la calle cambió de nombre. Triunvirato se llama ahora Rodolfo Walsh y, todos los años, la Mesa de la Memoria de San Vicente marcha hasta el lugar que tiene destino inevitable de Sitio de Memoria. En la esquina donde el escritor fue asesinado, la agrupación Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad colocó una placa recordándolo. Sobre San Juan, donde está el banco. Prontuario Julio Argentino Roca fue un genocida que buscaba la presidencia y cumplió funciones militares para el poder económico. La última dictadura cívico militar eclesiástica lo homenajeó con fervor al cumplirse cien años de sus crímenes. Osvaldo Bayer, junto a Raúl Fernández, explicaron sin cansarse la importancia de cambiar los nombres que no merecen homenaje. En Desmonumentar a Roca, Marcelo Valko escribió: “Personajes como Roca, ya están muertos: fallecieron cómodamente en sus camas. La Justicia no los puede alcanzar para que paguen por sus crímenes y crueldades, pero nosotros podemos castigarles la memoria. Un acto que constituye la única manera de elaborar los profundos traumas colectivos que arrastramos como Nación”. En el caso de la línea del Ferrocarril Roca ocurre algo más. Ninguna línea de tren que tenga ese apellido puede tener como cabecera principal una estación con el nombre de Constitución. Si no se le cambia el nombre a la línea, habría que, por lo menos, cambiarle el nombre a la cabecera. “Exterminio” podría ser. De Walsh, entonces, se conocen y están señalizadas dos puntas de su secuestro: su casa en San Vicente y su asesinato en San Cristóbal; pero el ramal del último recorrido que realizó en tren tiene nombre de genocida. Cambiar “Línea Roca” por “Línea Rodolfo Walsh” para unir la memoria, sería un acto de justicia.
Este 24 de marzo, a 45 años del golpe, las Madres llegaron a la Plaza de Mayo a través de la pantalla de los medios comunitarios. Ahí las esperaba el pueblo para abrazarlas, una vez más, y para siempre. (Por La Retaguardia) 📷 Fotos: Natalia Bernades/Virginia Chaile/Bárbara Barros
Los 8 imputados llegaban por primera vez a juicio. No eran los nombres más reconocibles de la megacausa. Las penas bajas y la negación del genocidio. La descripción de Carlos Loza, sobreviviente e integrante del Encuentro Militante Cachito Fukman, quien conoce el expediente en detalle. (Por La Retaguardia) ✍🏻 Texto: Paulo Giacobbe 📺 Entrevista y cobertura en juicio: Fernando Tebele/Luis Angió ⌨️ Edición: Fernando Tebele El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, integrado por Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñiguez, condenó a 8 represores por privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción, retención y ocultamiento de menores, en el cuarto tramo de la Megacausa ESMA. Raúl Cabral, Carlos Castellví y Miguel Conde fueron condenados a prisión perpetua. Carlos Carrillo, Jorge Luis María Ocaranza, Ramón Zanabria y José Ángel Iturri, enfrentarán 15 años de prisión. El tribunal consideró coautores a unos, y partícipes secundarios a otros. En cambio, a Claudio Vallejos lo consideraron “partícipe necesario” y fue condenado a seis años, “la que se tiene por compurgada por el tiempo en detención sufrido”. Vallejos, quien declaró ser periodista, transitó parte del demorado proceso excarcelado, había estado prófugo y fue extraditado en 2002 desde Brasil. En ese país dio entrevistas ufanándose de sus crímenes. Al comienzo del juicio su abogado dijo que fue expulsado de su casa y estaba viviendo en la calle. Solo dos de los represores se encuentran en un penal: Zanabria y Carrillo. El resto goza del beneficio de la prisión domiciliaria. “Los ñatos”, como nuestro compañero Víctor Basterra nombraba en genérico a todos los represores, fueron condenados en este comienzo del 2021, videoconferencia mediante. En su fallo, los jueces declararon a los hechos “constitutivos de crímenes de lesa humanidad” e imprescriptibles. Pero, por mayoría, no hicieron lugar al pedido de la querella representadas por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, “respecto a considerar los hechos analizados del presente proceso como constitutivos de la tipificación normativa del Delito de Genocidio”. Los delitos sexuales no fueron considerados y los fundamentos quedaron para el 19 de abril de este año. Condenados por la tarde La jornada comenzó por la mañana con las últimas palabras del represor Carlos Carrillo, quien negó su firma en documentación presentada por la fiscalía y trató de desprestigiar el testimonio de Víctor Basterra, que lo ubicó en la ESMA. Carlos Loza, integrante del Encuentro Militante Cachito Fukman participó de la transmisión en vivo de La Retaguardia y dijo que Carillo tenía varios alias dentro del centro clandestino de detención, tortura y exterminio: “Son excusas que siempre dan, que ya estamos acostumbrados. Que era marinero, que no había estado, que no correspondía, que cumplía otras funciones. Estamos ya cansados que no quieran asumir la responsabilidad que tuvieron, más o menos lo mismo que dijo el otro imputado que está preso con él, Zanabria”. Carrillo o Cari o El Salteño, como lo identificó Víctor Basterra “y otros testigos”, estuvo en el campo de concentración, aportó Loza. Cuatro de los represores fueron ubicados por documentación interna, recordó el militante: Iturri, Zanabria, Néstor Tauro (fallecido en 2019) y Ocaranza “están en el listado que hizo Sergio Tarnopolsky. Hay como cuarenta nombres y es un trabajo de militancia como el que hizo Víctor Basterra. Sergio, su hermana, su esposa y sus padres se encuentran desaparecidos”. Radiografías Calos Loza brindó un rápido repaso de los prontuarios de dos represores, uno que fue condenado en este juicio y otro que logró evadir a la justicia por un tiempo más. “Un personaje muy importante porque era un personal civil de inteligencia, Miguel Conde, que iba de Campo de Mayo a la ESMA”, detalló Loza, “según Ana María Martí, sabía más de la organización Montoneros que cualquiera de los militantes. Es un hombre ya condenado en otra causa, esta con prisión domiciliaria, tiene más de 90 años y está siendo juzgado en simultáneo en la Megacausa Campo de Mayo. Un hombre muy importante porque se dedicaba a interrogar a las víctimas y a armar el rompecabezas de la organización y eso le permitía hacer nuevos procedimientos. Había penetrado en todas las estructuras a partir de estos interrogatorios y ubicando a cada uno había llegado a reconstruir las estructuras de la organización Montoneros”, fue la radiografía que Carlos Loza sacó del represor Miguel Conde. El militante y sobreviviente también habló de Pantera, tal como se hacía llamar en el campo de exterminio de la ESMA el contralmirante retirado Horacio Luis Ferrari: “un caso que no está por una arbitrariedad es el de Ferrari”, denunció Loza. La Corte Suprema dejó firme un fallo de la Sala II Cámara Federal de Casación Penal: “ordenó que no puede ser juzgado por este tribunal con la participación de Daniel Horacio Obligado y Adriana Palliotti, porque ellos ya intervinieron en juicios anteriores y tienen opinión formada. Lo que está formado es la materialidad de los hechos, no los integrantes del tribunal”, por eso dijo Loza que es “lamentable” la decisión de juzgar a Ferrari “por este tribunal pero con otros integrantes, esto ha sido apelado y es una arbitrariedad, porque siguen ganando tiempo”. Ferrari, como otros represores, “se escudó en que estaba navegando y está claro que estuvo en la ESMA y lo certifican varios testigos”, subrayó el integrante del Encuentro Militante Cachito Fukman. Impunidad Biológica Carlos Loza calificó las prisiones domiciliarias como parte de un sistema para consolidar la impunidad de los genocidas: “este sistema está diseñado para la impunidad”. Y explicó que hasta que no llegue una sentencia firme, siguen detenidos en esa condición. Que a la espera de apelaciones, idas y vueltas por Casación, hasta recorrer el laberinto que conduce a la Corte Suprema pasan muchos años: “Nos va a encontrar muertos a nosotros, a ellos. Para tener una idea, el juicio que terminó en 2017, Casación todavía no lo confirmó. Tiene que ir a la Corte y la Corte tiene alrededor de 60 casos para confirmar sentencia. Algunos tienen ocho años de atraso. Son cuatro años y ocho años,
María Rufina Gaston y Paula Analía Ramírez declararon por la desaparición de Aldo Omar Ramírez, detenido-desaparecido el 1 de septiembre de 1977. Rufina fue compañera de Ramírez y Paula la hija de la pareja. “El Gordo la Fabiana”, como se lo conocía en la militancia, fue visto en Campo de Mayo por Cacho Scarpati. (Por La Retaguardia) ✍️ Texto y cobertura del juicio: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 🖍️ Ilustración: Paula Doberti/Eugenia Bekeris (Dibujos Urgentes) En la audiencia del 28 de octubre, Rufina hizo una extensa y detallada declaración acerca de su militancia junto a Aldo Ramírez, la creación de la Agrupación Alessia, que abarcaba a casi todos los trabajadores y trabajadoras de Astilleros de Argentina e incluso gente de Uruguay, y relató las distintas caídas que se produjeron en el Astillero Astarsa, donde trabajaba Ramírez. La testigo contó que Aldo “fue uno de los cóndores que fue a Malvinas”. A los 18 años, en 1966, junto a otros compañeros plantó una bandera argentina en las Islas Malvinas. “Fueron a reclamar y proclamar la soberanía nuestra de las islas”, relató después su hija, en la audiencia del 4 de noviembre. Por ese hecho estuvo detenido en Ushuaia. Durante su estadía en prisión “fue adquiriendo experiencia de personas con larga trayectoria en la militancia peronista”, contó Rufina, quien conoció a Aldo en la fiesta de bienvenida que le hicieron sus compañeros al retorno al continente. Paula describió a su papá como una persona que “disfrutaba escuchar de política”. En 1971, comenzó a trabajar en el Astillero Astarsa, gracias a la recomendación de su hermano mayor que estaba empleado allí. Tras la muerte de un compañero en un accidente durante la construcción de un barco, Aldo y otras personas “tomaron la fábrica en reclamo de mejoras para sus trabajadores y mayor seguridad”, indicó Paula. El 16 de noviembre de 1974 irrumpieron en la casa familiar de Aldo, amedrentaron a su mamá, a su papá e incluso a Paula, quien era apenas un bebé y la pusieron en la mesa para amenazar a su abuela y a su abuelo. Ramírez pudo escapar. Saltó la medianera y se ocultó en lo de su vecina. La Agrupación Alessia, que conformó Aldo junto a otros compañeros y compañeras abarcaba muchos otros astilleros. De allí, secuestraron a decenas de trabajadores y trabajadoras. El 5 de noviembre del 75 fue secuestrado a la salida del Astillero: “Lo interceptó un coche antes de llegar a la estación Carupá”, contó Rufina. Fue duramente torturado, pero salió con vida. Paula dijo que de todos los compañeros que secuestraron en aquella oportunidad con el que más tiempo estuvieron en la sesión de tortura fue con su papá. Lo liberaron a los dos días. Se fue a lo de su hermana, que era enfermera: “No quiso volver a la casa donde vivíamos porque no quería que mi mamá y yo lo viéramos en ese estado”, explicó su hija y contó que él decía que “esa vez había podido aguantar, pero otra vez no iba a ser posible”. A partir de ahí, comenzó la clandestinidad de Aldo y Rufina. El 24 de marzo de 1976, tras el golpe de Estado, secuestraron a compañeros del Astillero. Aldo no estaba trabajando, “estaba con licencia porque cuando fue secuestrado había sufrido torturas y no había quedado bien del corazón”, contó Rufina. La situación era cada vez más complicada para Aldo y para Rufina. A fines del 76, de común acuerdo, decidieron separarse y comenzar a vivir en distintos lugares. Buscaban proteger a su hija y se encontraban esporádicamente para que Ramírez pudiera pasar tiempo con ella. Rufina y Paula continuaron su clandestinidad. Vivieron de casa en casa, sin pasar demasiado tiempo en ninguna como para sentirlas un hogar. Un día, a uno de esos lugares donde ellas se refugiaban del Terrorismo de Estado, llegó Armando, alias “Tito”, un compañero que había sido asignado para protegerlas: “Estaba lastimado, le sangraba el pie. Gritaba que nos teníamos que ir. Salimos corriendo de esa casa. Era un lugar de casa quintas. Tuvimos que pasar como por un alambre. Nos teníamos que esconder de las luces, tirándonos al pasto. Llegamos a un lugar donde Armando paró un colectivo y subimos. Fuimos a la casa de un amigo de él. Lo curaron. Ese día, el 5 de julio del 77, fue el día del secuestro de mi tía Silvia, Alicia Delaporte”, relató Paula. “La gorda Silvia”, como la conocían en la militancia, en ese entonces era pareja de Aldo. Fue detenida durante el mismo operativo que lastimaron a Armando. Iban a encontrarse en una pizzería, en Munro, cuando fueron descubiertos. “Tito” pudo escapar, pero a Alicia le dispararon en la mano y la secuestraron. Como estaba mal herida, la llevaron a un hospital de Vicente López para que la atendieran: “El médico que le dio primeros auxilios queda muy shockeado porque ella le pidió que por favor la mate, que no permita que se la lleven de ahí con vida”. Tiempo después, ese médico, a través de recordatorios que salieron en los diarios, logró reconocer al hombre que llevó a Alicia Delaporte hasta allí como Carlos Francisco Villanova, alias “Gordo Uno”, imputado en esta causa, quien ya ha sido nombrado en este juicio por otra testigo. La última vez que Rufina y Paula vieron a Aldo fue el 26 de agosto del 1977. Se encontraron con la excusa de un cumpleaños de un tío: “Ahí me dijo que se iba a alejar de Buenos Aires. Por seguridad no me dijo a dónde”, relató la testigo Gaston. Paula se quedó con ganas de más: “Pude ver a mi papá durante unos minutos, se pasó muy rápido. Estaba apurado. Fue la última vez que lo vi”, contó. En aquella ocasión, la familia acordó que a las siguientes reuniones Aldo iría acompañado por Armando, quien vivía con Rufina, pero a las citas pactadas después de ese 26 de agosto Ramírez no asistió. “Eso nos indicaba que le había pasado algo”, contó Rufina. Efectivamente, Aldo Ramírez fue