agrotóxicos
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Carlos Briganti es el principal referente de los colectivos Reciclador Urbano y Acción Huerta Urbana, que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires y en algunas zonas del resto del país. A través de la instalación de plantaciones en las veredas o en espacios verdes, buscan demostrar que hay otras formas de producir alimentos y que se puede utilizar el reciclaje para reducir el impacto ambiental. En diálogo con el programa radial A mí no me importa de La Retaguardia, Briganti contó cómo surgieron los colectivos y habló de la importancia de concientizar acerca de las problemáticas medioambientales. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián Bouvier/Pedro Tato ✍️ Redacción: Pedro Ramírez Otero 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: El Reciclador Urbano Con su mate y termo listos, Carlos Briganti se conecta al Zoom desde la terraza de su PH en Chacarita. Pero no es cualquier terraza. Hace más de 10 años que ese lugar se convirtió en un enorme espacio de producción de alimentos libres de agrotóxicos y una apuesta a la soberanía alimentaria a través de la agroecología. Aunque casi es mediodía, el verde que lo rodea lo protege del sol pleno que hace arder a la Ciudad de Buenos Aires y, por las dudas, también tiene calzado su sombrero de paja. Briganti casi no hará pausas más que para tomar algún mate o indicar cómo enterrar algún plantín a las voluntarias que están trabajando junto a él al momento de la entrevista. —La Retaguardia: ¿Quién es el Reciclador Urbano? —Carlos Briganti: Reciclador Urbano es una persona que ha nacido en el campo, en una quinta. Yendo a la escuela ya tenía mi primera huerta. Después, en la década del ‘70, me dediqué en una hectárea y cuarto a producir verduras y a venderlas en la feria. Tenía una granja con animales. Después hice un impasse y me dediqué a la docencia en plomería. Como digo siempre, la tierra debajo de las uñas nunca se va, siempre relacionado con las plantas. Allá por el 2010 empieza a poblarse la terraza, este espacio que estaba improductivo, de verdes que es lo que yo sabía hacer. Y después se fue transformando en lo que es hoy: un bosque, una selva productiva de alimentos. Flores, polinizadores, frutas, de todo un poco. —LR: ¿Cómo surgieron los colectivos Reciclador y Acción Huerta Urbana? —CB: Con el tiempo la gente empezó a visitar, a ver, y a tomar clases. Después se fueron quedando. Y ahí surgió el colectivo de todos los voluntarios viejos. Esto ya estaba abierto a la comunidad, pero empezamos a salir del gueto. Con frutas en la Ciudad, plantando en los espacios verdes, poniendo composteras en las veredas de los barrios. Antes de la pandemia (de Covid-19) empezamos a poner huertas con cubiertas —neumáticos— en las veredas, y hoy tenemos 25 proyectos dentro de CABA. La gente encontró un espacio y entendió que el cambio pasa por la alimentación. Lo que siempre digo: uno se levanta con hambre y se acuesta con hambre. La transformación de lo urbano empieza visibilizando la problemática que tenemos de los pasivos ambientales. Y fue así que se construyó esta huerta (en su terraza): cubiertas de autos, tachos juntados de la calle, todo basureado. Y se transformó en un lindo emprendimiento. Muy grande. —LR: ¿Cómo se involucran los vecinos, vecinas e integrantes del colectivo? —CB: Cada uno participa de esta actividad libremente. Sólo junta buena energía: la gente viene cuando tiene ganas de participar. Es un colectivo transformador, activista. Un colectivo que cambia las cosas. Vamos para adelante y hacemos partícipe a todo aquel que quiera huertear, no importa de dónde venga. Lo único que exigimos es empatía. Mientras no ofendas a ninguna persona, acá está abierto para toda la comunidad. ¿Una huertita no cambia al mundo? El objetivo de los colectivos Reciclador y Acción Huerta Urbana es, además de poblar de plantaciones todos los lugares posibles, concientizar acerca del daño ambiental que generamos como sociedad y hablar sobre modelos de producción que crecen cada año con apoyo del Estado, como la megaminería y la agroindustria. Briganti explicó que la huerta es una excusa para llegar al vecino o vecina común: “Nosotros amigablemente hacemos una huerta, el primer espacio. Y después hablamos de megaminería, de reforma agraria, de tierras fiscales, terrenos improductivos, de los dueños de las semillas, los oligopolios, las formas de producir. Mirá todo lo que hace una huertita”, explicó. Además, recordó una frase que le dijeron una vez: “Pero es una huertita, eso no cambia al mundo”, e inmediatamente respondió con énfasis, como si se lo estuvieran diciendo otra vez: “Lo cambia todo. Porque en una huertita enseñás qué impacto tiene la megaminería, qué es la agroecología, la soberanía alimentaria. Mirá todo lo que se dispara. Nosotros sabemos entrarle a la gente porque somos la gente”, argumentó. Cebando el último mate que tomará antes de volver a llenarse las manos de tierra, el Reciclador Urbano cerró con una invitación a participar: “Estamos en crecimiento, pero no lo podemos hacer solos: tiene que ser colectivo. Y ese crecimiento colectivo va a empujar a esta exigencia y demanda de espacios productivos”.
La educación ambiental, integral y transversal es ley en todo el territorio argentino desde la madrugada del viernes 14 de mayo, luego de una extensa sesión en el Senado, en la que se aprobó por unanimidad. “Esto es una luz”, dijo Jackeline Ermini, activista socioambiental de Jóvenes por el Clima en Rosario, Santa Fe. En diálogo con el programa radial A mí no me importa, la joven describió lo que significa esta ley en medio de un contexto donde los problemas medioambientales se potencian cada día. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Catalina Goldszmidt 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Virginia Chaile/La Retaguardia El Proyecto de Ley de Educación Ambiental se aprobó por unanimidad en el Senado, luego de que había logrado la media sanción en marzo en la Cámara de Diputados/as con 215 votos afirmativos, siete votos negativos y 18 abstenciones. “Es una ley de presupuestos mínimos, con lo cual se prevé que la educación ambiental sea obligatoria en todas las jurisdicciones y niveles educativos del país, adaptando el contenido para cada nivel y haciendo hincapié en las problemáticas y realidades de cada territorio en el que se la implementa”, explicó Jackeline Ermini, integrante de Jóvenes por el Clima de Rosario, Santa Fe. Y es que detrás de cada plan de estudios, contó la activista, estará el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) y un consejo consultivo, conformado por pueblos originarios, guardaparques, representantes de organizaciones estudiantiles y socioambientales, y hasta personas de cada región, con el objetivo de aportar información pertinente y hacer un seguimiento de los contenidos que se dan. Si bien es un logro la aprobación de esta ley, lo que queda por delante es un camino de lucha para exigir que se implemente de forma correspondiente en todos los colegios del país. La activista la comparó con la Ley de Educación Sexual Integral, que es similar en el modo de aplicación pero no se cumple como debería. “Nuestro mayor miedo es que pase lo mismo que con la ESI, que no se termine implementando, o que se implemente según la voluntad de cada institución y de la forma que quieran”, dijo Ermini. Y mencionó lo que sucede en algunos colegios religiosos del país, donde la ESI es aplicada según creencias o doctrinas de la institución, y planteó que esto es algo que podría repetirse con la Ley de Educación Ambiental, ya que “toca los intereses de un montón de sectores”. Fue gracias al apoyo de una sociedad cada vez más despierta y a las campañas de organizaciones socioambientales como Jóvenes por el Clima y EcoHouse que esta ley se pudo impulsar. Pero el camino está lleno de barreras que aún quedan derribar, ya que la megaminería y el agronegocio siguen creciendo en todo el país. Una de las problemáticas urgente es la de los humedales que volvieron a arder en la zona de Santa Fe, mientras la Ley de Humedales sigue cajoneada. Ermini se refirió a las campañas que están haciendo desde Jóvenes por el Clima para que otras leyes que son de importancia para el medioambiente, puedan, efectivamente, salir. “Nosotros venimos impulsando una agenda legislativa, para tratar de sancionar diferentes leyes… En este momento una de las principales leyes y campañas que estamos llevando adelante, que nos parece como una de las más importantes, es la Ley de Humedales”, contó. Este proyecto, que fue presentado el año pasado en Diputados/as pero que hoy en día está “cajoneado”, tiene por objetivo establecer presupuestos mínimos para la conservación, uso racional y sostenible de los humedales en todo el territorio nacional, con el fin de asegurar la integridad de estos espacios que son fundamentales para el ecosistema. “Hoy Rosario está de vuelta inundada de humo”, comenzó a decir la activista sobre su lugar de residencia, desde donde puede ver el humo que llega a la ciudad mientras se sigue postergando la ley. Pero la lucha sigue: “La Ley de Humedales es una ley por la que vamos a seguir trabajando hasta lograrla”, cerró.
La justicia de Gualeguaychú falló a favor de Estela Lemes, docente rural de Entre Ríos, en el reclamo por los efectos de la exposición a agrotóxicos. En diálogo con el programa radial Tengo una idea, Lemes explicó que a partir de esta decisión, la ART deberá indemnizarla y hacerse cargo de su tratamiento, estudios y prácticas de salud necesarias para atender aspectos de la enfermedad que padece, provocada por las fumigaciones. La docente recordó diferentes momentos y logros en estos años de lucha personal y colectiva contra las fumigaciones con agrotóxicos y remarcó la necesidad de continuar con estos reclamos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero —La Retaguardia: ¿Cómo has recibido esta buena noticia? —Estela Lemes: Después de tantos años de espera, sabía que en algún momento iba a llegar, y cuando llegó me sorprendió. Todavía me dura la sorpresa. Sé que es algo no muy común y que va a sentar precedentes. Eso me mantiene a la expectativa a ver qué pasa. —LR: ¿Qué otros detalles nos podés agregar del fallo? —EL: Ellos le indicaron a la ART que se tiene que hacer cargo de mi tratamiento, de estudios que yo necesite, de cualquier práctica y medicación que tenga que ver con mi enfermedad por estar expuesta a los agrotóxicos. —LR: Para recordar, ¿cuál es tu enfermedad y cómo fue que la contrajiste? —EL: Yo tengo ya hace muchos años una enfermedad producida por exposición a los agrotóxicos, es una neuropatía aguda. Esta enfermedad le quita la tonicidad a los músculos, atrofiándolos de a poco. Se siente mucho dolor. Me ayudo con medicación, me afectó sobre todo en mi brazo derecho y en mi pierna del mismo lado. También, en algunos momentos tengo dificultad para respirar. Me agito mucho cuando hablo demasiado, cuando camino, y pierdo el equilibrio. El fallo, cabe aclarar, sale por un daño dermatológico, no reconocen la neuropatía. Sobre esto último es lo que tengo que seguir trabajando para que me permitan hacer unos análisis nuevos y que pueda hacer el tratamiento que realmente requiero. La única perito mujer, después de hacerme muchos estudios haciéndome ir cuatro o cinco veces a su consultorio, descubrió además que tengo un síndrome químico múltiple producto de haber estado expuesta a los agrotóxicos. Sobre esta nueva enfermedad tengo que ver ahora cómo tratarla. —LR: Por otro lado, en 2019 se volvieron a modificar las distancias de fumigación en cercanías de las escuelas rurales, ¿cómo sigue eso hoy en día? —EL: Estamos pidiendo que se extienda la distancia mínimamente a lo que habíamos logrado antes, pero hay muchos intereses creados y es muy difícil que se revierta. De todas maneras, en este momento los diputados están con un proyecto de ley. Nosotros pedimos que se nos escuche, que se legisle y principalmente que tengan en cuenta las distancias. Pero mientras no le pregunten al pueblo o a quienes estamos luchando y que conocemos de lo que hablamos vamos a seguir igual. Estar detrás de un escritorio no es lo mismo que vivirlo día a día. Lemes agregó que hasta que el fallo tuvo sentencia firme pasó días de muchos nervios. “Cuando estuve segura, ahí recién lo empecé a contar y mostrar mi alegría. Y contagiar a la demás gente de que hay que luchar. Porque si la Justicia al fin reconoce que los agrotóxicos enferman, nosotros seguimos en la lucha porque además matan”, dijo la docente. Por otro lado, también se refirió a la novedad del abandono gradual del uso del veneno clorpirifós, un insecticida creado por la empresa Dow, que se aplica en la mayoría de los cultivos de Argentina. Justamente, el que ella recibió en su cuerpo al ser fumigada. Existiría un plazo de un año para su retiro definitivo en el país. —LR: ¿Qué fue lo primero que se pasó por la cabeza al recibir el fallo favorable? —EL: Pensé en mis hijos, quienes me han acompañado siempre. Lloré mucho, mi abogada también lloraba del otro lado del teléfono cuando me lo decía. Fue muy raro, en ese preciso momento estaba sola. Fueron muchos años de pasar cosas muy duras. De sentir al principio mucha soledad. Pensé en Fabián Tomasi, en Ana Zabaloy (docente que denunciaba fumigaciones en San Antonio de Areco y falleció de cáncer en 2019) y en tantos otros que no sé sus nombres pero que han pasado por lo mismo, y han dejado su vida por haber estado expuestos a los agrotóxicos y que no pueden ver esta victoria. Se las dedico a ellos.
El proyecto de presupuestos mínimos que implementaría una política pública nacional para promover la concientización y la responsabilidad ambiental en la ciudadanía obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas el 27 de marzo. La Retaguardia buscó la opinión de especialistas y militantes por el medioambiente para entender este proyecto de ley en un contexto de crecimiento del modelo extractivista y agroindustrial con apoyo explícito del Estado. Mientras tanto, en Andalgalá, 11 personas continúan detenidas. Entonces cabe la pregunta: la Ley de Educación Ambiental, ¿sería una simulación de progresismo o una perspectiva de cambio a largo plazo? (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Pedro Ramírez Otero/Catalina Goldszmidt 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Fotos: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Con 215 votos afirmativos, 7 negativos y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados/as otorgó media sanción a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental obligatoria para todas las jurisdicciones del país. El proyecto, que contó con el apoyo de distintos bloques y de Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, busca la “concienciación y responsabilidad ambiental”. Mientras tanto, en Andalgalá, Catamarca, hace algunos meses se declaró inconstitucional la ordenanza municipal que prohibía la explotación megaminera y las máquinas del proyecto minero Agua Rica ingresaron al Cerro Aconquija mientras los vecinos y vecinas resisten y sufren persecuciones de otra época. En San Juan, la Asamblea Jáchal No Se Toca sigue denunciando la explotación minera de litio, para evitar nuevos derrames de cianuro como ya sucedió en la cuenca del Río Jáchal. El presidente Alberto Fernández, cuando asumió, aseguró que la minería en esa provincia cuyana se llevaría adelante de forma “sustentable” y “segura”. En Chubut, la comunidad lucha por el agua, en contra de la zonificación que el gobernador Mariano Arcioni intenta hacerla efectiva a cualquier precio. Hay sobrados ejemplos del crecimiento de la agroindustria, con la baja de aranceles para la compra de agrotóxicos, la implementación del trigo transgénico y el intento por impulsar el acuerdo porcino con China. Todo esto sucede en simultáneo con el tratamiento de esta ley. La Retaguardia consultó a quienes militan y accionan por el medioambiente cada día. Jackeline Ermini, activista socioambiental e integrante de Jóvenes por el Clima de Rosario, Santa Fe —una de las organizaciones que participó de la creación de esta ley— contó a La Retaguardia que recibieron de forma positiva la noticia de la media sanción del proyecto que incorporaría la educación ambiental de forma transversal en la currícula educativa. “Sin embargo, creemos que esto solo no alcanza. Es insuficiente. Y en materia ambiental hay muchísimo más para cambiar y para construir. Y en ese sentido, las políticas públicas deben ir en línea con esto: hoy en día Argentina tiene una matriz productiva atravesada por un modelo profundamente extractivista que todo el tiempo avanza en contra de nuestros ecosistemas, de nuestra biodiversidad y principalmente de la salud de nuestro pueblo”, cuestionó la joven. Ermini consideró que la pandemia por Covid-19 evidenció la situación climática y ecológica que estamos viviendo. “No vamos a salir de esta crisis invirtiendo en proyectos como Vaca Muerta, en proyectos megamineros, en combustibles fósiles, en agronegocio, y en tantos otros etcéteras que no son nada más ni nada menos que la causa de lo que hoy estamos viviendo”, remarcó la activista. Del dicho al hecho… El periodista Patricio Eleisegui, especialista en temáticas medioambientales, explicó que este proyecto surgió en un contexto de extractivismo acelerado y desproporcionado por la misma gestión de Gobierno que hoy celebra esta media sanción: “Lo cual da para sospechas y para hacernos la pregunta de por qué se está promoviendo este tipo de iniciativas mientras es el mismo Gobierno el que tiene frenado proyectos como la Ley de Humedales y ha hecho promoción de actividades terribles para el medioambiente como el agronegocio atado a los transgénicos y los agrotóxicos, o la minería de litio también”, apuntó. Eleisegui sostuvo que estos modelos de producción vigentes e intensificados con el paso de los gobiernos, chocan de frente con esta Ley de Educación Ambiental, y dijo que hay que prestar especial atención a cuáles son los contenidos que se van a incluir, para evitar que se baje línea acerca de que, por ejemplo, la soja transgénica no es tan dañina o que la minería es una gran creadora de empleo, como alguna vez consideraron —¿o consideran?— desde el Gobierno nacional. “Ese aspecto es peligroso y necesita ser vigilado, debatido y confrontado desde el principio”, planteó el periodista. Por su parte, Mariana Katz, la abogada de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, compartió también que hay que estar alerta para evitar que la ley sea contraproducente: “Va a empoderar a muchos niños, niñas y adolescentes siempre y cuando esta ley no sea utilizada o se le permita a las Fundaciones que dependen también de las empresas que llevan adelante actividades económicas extractivas meter la cuchara en el contenido de lo que se le va a transmitir a los pibes mediante la Ley de Educación”, detalló, y aclaró que es una buena iniciativa pero que es una política política pública que, de ser aprobada, tendrá impacto a muy largo plazo. Katz, en principio, reconoció que el texto de la ley es bueno. A su vez, observó: “Como toda ley en nuestro país puede ser muy buena, como por ejemplo la de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Ambientes Periglaciares pero cuando los pueblos que están afectados por la actividad minera reclaman por la aplicación de esa ley, concretamente nadie quiere aplicarlo”. Acción además de educación En un contexto de fuerte apuesta por parte del Estado a los modelos extractivistas y alimentarios basados en transgénicos y agrotóxicos, son muy importantes los proyectos que demuestran que existen otras formas de producir alimentos de forma sustentable y segura, a través de la agroecología, reciclando y conociendo realmente qué comemos o cuán dañinos son algunos procesos para el planeta y para quienes lo habitamos. Los colectivos El Reciclador Urbano y Acción Huerta Urbana trabajan desde
Lo dijo Facundo Viola, quien sufrió un nuevo amedrentamiento que se suma a los ataques que recibe sistemáticamente el grupo de Vecinos Organizados contra las Fumigaciones en Arroyo Leyes, Santa Fe. En esta ocasión, entraron a la casa de Viola y le robaron su computadora, herramienta fundamental para denunciar las fumigaciones que se realizan en el territorio. El periodista fue entrevistado por el programa Tengo Una Idea de Radio La Retaguardia y contó lo sucedido. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Las fumigaciones en la provincia de Santa Fe traen diversas consecuencias a los y las habitantes del lugar, a los animales y al medioambiente en general, contaminan el agua y propagan enfermedades. Las denuncias para acabar con el uso de agrotóxicos se vienen realizando hace años y desde distintos sectores de la sociedad. Uno de ellos es el grupo de Vecinos Organizados contra las Fumigaciones que se formó en Arroyo Leyes, localidad cercana a la capital provincial de Santa Fe. El periodista Facundo Viola contó a La Retaguardia las consecuencias que sufren, hace años, al querer visibilizar estas temáticas y pelear por un territorio sin agrotóxicos: “Para el interior de los pueblos fumigados es muy importante visibilizar la situación que nos toca pasar, que es de mucha violencia, hostigamiento permanente, difamación y ataques de todo tipo. No sólo me sucede a mí, sino que le ha sucedido a varios compañeros en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Por quinta vez ingresaron a mi domicilio, rompieron los vidrios de entrada de la casa y me robaron la computadora. Es muy llamativo porque sobre la mesa había dinero y unas cámaras fotográficas que valen diez veces más que la computadora que se llevaron. No es la primera vez que nos dejan este mensaje mafioso donde se llevan nuestras herramientas de comunicación y trabajo, y dejan dinero a la vista dejando en claro que no son ladrones comunes sino un intento de amedrentamiento de ir sobre la información que nosotros manejamos. Cuando llegué a mi casa encontré el portón roto, la puerta de entrada rota y solo faltaba la computadora. No habían tocado nada, sólo revolvieron algunos papeles. Un trabajo limpio y profesional, como me habían dicho off the record algunos fiscales”, relató. El hurto de la computadora, el elemento que el periodista utiliza para llevar adelante sus protestas contra el uso desmedido de agrotóxicos en la región, es un claro mensaje contra la organización que está llevando adelante con otros vecinos y vecinas. Las denuncias judiciales por estos hechos delictivos se acumulan en cajones sin revisar, mientras que algunos de los logros de Viola y compañía para frenar las fumigaciones se ven eclipsados por la desidia del Estado y del Gobierno provincial: “La policía hasta el momento no me informó quién es el fiscal que está a cargo de esta denuncia. Desde 2016 hicimos diversas denuncias por amenazas de muerte, intentaron golpearnos, nos persiguieron en moto. Algunas veces nos avisaron que no iban a investigar. Es una situación muy difícil que genera muchos riesgos para nuestra integridad física y muchos trastornos emocionales en los vecinos. Es un mensaje para que la gente no se involucre en esto. Tenemos en claro que lo que intentan es seguir fumigando la localidad. Nosotros venimos batallando para detener las fumigaciones en distintos lugares que son sumamente críticos, zonas céntricas de escuelas. Esas fumigaciones se han detenido, pero todavía quedan varios campos fumigados en la zona. Fuimos logrando ciertas reglamentaciones y ordenanzas locales. Una de ellas definía que a fin de enero ya no se iba a poder fumigar en toda la zona que se determinó como eje urbano. Nos confirmaron que van a prorrogar la entrada en vigencia de esa ordenanza y van a seguir fumigando dentro de la zona urbana para producir frutillas con alta demanda de agroquímicos y hasta 40 productos diferentes”, lamentó Viola. Lo que el grupo ambientalista está denunciando son las consecuencias que genera la contaminación que producen en alimentos y derivados el uso excesivo de agrotóxicos y las fumigaciones en la provincia: “El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) informó que esos productos llegan a la mesa del consumidor. Vemos las consecuencias. La Universidad Nacional del Litoral determinó a nuestro pueblo con alto índice de discapacidad por encima del promedio, patologías poco frecuentes en niños, agua contaminada. Fuimos viendo como nuestros vecinos se murieron muy jóvenes de leucemia y cáncer. Cada vez que fumigan aparecen pájaros muertos y los animales domésticos se enferman. Es la situación que venimos denunciando hace seis años a la fecha. Pretenden vetar esta información, silenciarnos y amedrentarnos. Es por eso que han atacado nuevamente nuestro domicilio. Es una situación muy difícil de sobrellevar. Estamos entre los territorios más contaminados por glifosato del mundo. Al año, se usan 600 millones de kilolitros de agrotóxicos, algo así como 15 kilos de agrotóxicos por persona si tomamos un promedio de los 40 millones de habitantes que tenemos en el país. Eso se intensifica si se toman los datos de las provincias que están siendo más fumigadas. Las consecuencias en la salud son tremendas”, aseguró. El problema, como bien señala Viola, es cuando estos actos mafiosos que pretenden adoctrinar a las personas para que abandonen su militancia ambientalista vienen del propio Estado y son los funcionarios del Gobierno quienes “encargan” esos trabajos delictivos: “El lobby del poder sojero en la agroindustria es muy grande. Hemos creado una red de solidaridad entre vecinos afectados por las fumigaciones. Nos acompañamos al momento de denunciar. Estamos recibiendo una presión muy grande. Son los mismos funcionarios, muchas veces, los que alientan este tipo de difamaciones, de escraches y hostigamientos sobre los vecinos que están involucrados en esta causa. Es una situación muy difícil la que se está viviendo. A los vecinos que son víctimas de las fumigaciones y que intentan salir a reclamar por esta situación se los criminaliza, se los judicializa y se le hacen acusaciones de todo tipo intentando
“Una laguna negra”, dirigida por Maricarmen Sordo y con guión e investigación del periodista Patricio Eleisegui, registra el desastre ambiental que producen en México las granjas porcícolas que se pretende instalar en Argentina. En diálogo con el programa A mí no me importa, Eleisegui habló del proceso de investigación que realizaron y detalló los riesgos que genera este modelo. Entre la contaminación del ambiente y la mala alimentación. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Pedro Ramírez Otero/Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Fernando Tebele Desde mediados de 2020 se conoció un acuerdo entre Argentina y China para producir cerdos en nuestro país. Rápidamente llegó el repudio por parte de organizaciones, especialistas y también por una amplia parte de la sociedad, porque el modelo que se quiere instalar genera altos riesgos en el medioambiente. Por la presión que se ejerció, el acuerdo se pospuso. Mientras tanto, los sectores que buscan que se firme y comience la producción de cerdos, siguen insistiendo: el representante especial para la Promoción del Comercio y de las Inversiones, Sabino Vaca Narvaja, aseguró que el acuerdo propone “instalar Granjas Inteligentes en nuestro país, que son granjas seguras, sostenibles y sustentables, y no la instalación de megagranjas”. Basta con buscar ejemplos de lo que sucede en otros países que adoptaron este modelo de producción para refutarlo. Patricio Eleisegui, autor de libros como Agrotóxico y Envenenados, viajó a México en octubre para comenzar con la investigación y filmación en la zona de Yucatán, donde están instaladas las factorías de chanchos similares a las que se establecerían en Argentina. “El modelo mexicano es uno de los que en su momento enarboló por parte de las asociaciones de producción de carne porcina en la Argentina como el ejemplo a seguir, como el modelo exitoso de comprobado efecto positivo desde la ecología, de no afectar el medioambiente. Todos aspectos que la cadena estuvo resaltando en los últimos meses como para darle cierto aval social al acuerdo con China”, comenzó a explicar el periodista. —La Retaguardia En Argentina se armó una fuerte oposición a este acuerdo con China, ¿allá hubo alguna resistencia? ¿Sabes cómo se instalaron las factorías? —Patricio Eleisegui: Sí, es muy especial realmente por la idiosincrasia también y las situaciones que se dan acá en el mismo territorio. Las zonas afectadas por las granjas en México ahora están en el área de Yucatán, que es donde todavía están muy consolidadas las poblaciones y las comunidades mayas. Este pueblo todavía tiene alrededor de un millón de habitantes, son muchos, y todas las poblaciones de Yucatán, fuera de las ciudades grandes como Mérida, son poblaciones mayas. Ellos son quizá los que más están encarnando la resistencia porque son afectados directos también. Lo que ocurre en México es muy parecido a lo que ocurre en América Latina, donde el hombre blanco urbano suele no acompañar en gran medida los reclamos de las comunidades indígenas. Entonces, hasta tanto no exista una afectación directa en la ciudad, que es lo que estamos tratando de mostrar porque esa carne también se come acá en Mérida, lo ven como algo lejano. Y al mismo tiempo, México enfrenta tantas complicaciones en temas de seguridad; en temas ambientales por la contaminación del agua, por la entrada del maíz transgénico, el uso de agrotóxicos. Ahora están discutiendo la posibilidad de activar el fracking. Hay realmente un descalabro tan grande y estas empresas se manejan con tanta impunidad a partir de la caja económica, que han logrado hasta ahora mantener muy separadas las luchas. Digamos que no ves un movimiento nacional. Esta situación de lo que vive el territorio en Yucatán, en Argentina sería un escándalo porque imagínense que estamos hablando de más de 250 granjas que están instaladas en 43 reservas naturales y están usufructuando el agua subterránea. Acá no hay ríos. Esto es lo particular, no existe otra fuente de agua que no sea los cenotes que son subterráneos, que están interconectados, y ellos están extrayendo esa agua y la están devolviendo totalmente contaminada por el volumen de animales que tienen concentrados en las granjas, y porque hacen un vertido de todos los residuos directamente en la selva. —LR: Se habla mucho del desastre que generaría este modelo en nuestro país. En México debés haber visto estos riesgos en el territorio, ¿no? —PE: Nosotros estamos haciendo un trabajo en Kinchil, que es donde está una de las sedes de la mayor porcícola mexicana exportadora que se llama Kekén. Para que se den una idea, el dueño de esta factoría es es un tipo que se sienta en la misma mesa que Carlos Slim, el megamultimillonario que maneja Telmex y Claro hasta en Argentina, y es uno de los siete tipos más ricos del mundo. En esa mesa chiquita acá en México se sienta el dueño de estas granjas y una de las bases está instalada en Kinchil en donde tienen más de 5 mil cerdas mamás, el volumen es bestial realmente. Imagínense que cada cerda da alrededor de 20 lechones por año, así que el volumen de animales que se está generando es una locura, es una auténtica fábrica de lechones. Y la realidad es que la empresa se instaló hace 12 años con todas las promesas que nosotros conocemos hoy en Argentina, que se están impulsando con China: que iba a generar trabajo, de que el impacto ambiental es mínimo, de que el tratamiento que se le da a los animales es bastante bueno. Todos estos aspectos fueron los mismos. Que usaban tecnología para reciclar los residuos y con eso generaban su propia energía. La realidad es que cuando uno va y visita la comunidad se encuentra con que es una absoluta mentira, y entrevistando a extrabajadores uno entiende que el régimen es una explotación cercana a la esclavitud. Estas granjas requieren agua, sobre todo agua. En el proyecto argentino se habla de un millón y medio de litros por día que van a demandar estas granjas. Acá la instalación que se produjo hace 12 años de
A la docente Estela Lemes, las fumigaciones con agrotóxicos realizadas en los campos cercanos a la escuela donde trabaja, en Entre Ríos, le provocaron una neuropatía. Ahora, un fallo de la justicia rechazó su pedido para que la ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo) y el Gobierno provincial se hagan cargo de su tratamiento. En diálogo con el programa Tengo una idea, Lemes repasó su historia. También contó que le mandó una carta al gobernador de la provincia de Entre Ríos y detalló cómo sigue su estado de salud. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Estela Lemes, además de docente es directora de la Escuela Provincial N° 66 Bartolito Mitre de la zona rural del departamento Gualeguaychú, de Entre Ríos. En 2012, su cuerpo fue literalmente fumigado con agrotóxicos por un mosquito que pasaba cerca de la escuela un día de clases. A raíz de esto tiene una discapacidad. Una enfermedad que requiere tratamiento, del que no se hace cargo ni la ART ni la justicia. Lemes luchó desde un principio, y se convirtió en una referente contra el modelo de agrotóxicos. El gobernador Gustavo Bordet “He decidido hacer una carta abierta al gobernador porque de otra manera la causa no se iba a conocer. Entonces, cuando supe que la justicia fallaba a favor de la ART, del Consejo de Educación, y del Consejo Superior de Entre Ríos, apelamos con los profesionales abogados que están de mi parte. Con la carta quise que la gente se entere de lo que estaba pasando. Espero, y quizá sea un poco ilusa, una respuesta del gobernador, deseo que me conteste”, explicó Lemes. Mosquito venenoso La docente se refirió a la denuncia penal que realizó por fumigaciones con agrotóxicos en las cercanías de la escuela donde trabaja: “La hice en el 2012, pero vengo haciéndola desde el 2010. Una por año. Porque en septiembre es la época en que fumigan. En 2010 fue la primera, 2011 la segunda. Es septiembre del 2012, fue la vez que estuve más expuesta. Porque me acerqué al aplicador para que deje de hacerlo, diciéndole que estábamos en una escuela. Y el veneno cayó sobre mí. En esa oportunidad, era con un mosquito, esas máquinas aplicadoras, las anteriores fumigaciones habían sido desde avionetas”, volvió a denunciar. Lucha y conciencia La pelea de la docente valió la pena, porque las prácticas de fumigación algo han cambiado: “Cuando yo hice las denuncias a la sociedad le costaba creer que esto pasara, y no se sabía lo perjudicial que era. Hoy en día la gente sabe que un porcentaje muy alto de casos de cáncer de niños que van al Garrahan (hospital público de la Ciudad de Buenos Aires) son de Entre Ríos, y que han sido expuestos o viven en lugares donde se fumiga. La sociedad está ahora más compenetrada en el tema y lucha por el ‘No a la fumigación’. Por otro lado, en la escuela nuestra han dejado de fumigar hace más de tres años porque se han dedicado a la ganadería. Pero en las zonas aledañas sigue, podríamos decir que un poco más responsablemente. Porque avisan unas 24 horas antes, te muestran una receta, te dicen que si el viento está fuerte y corre para la escuela no se va a fumigar, etcétera. Nosotros conocemos tanto el olor (del veneno), que directamente buscamos donde está la máquina aplicadora”, planteó. ¿Banderilleros del agronegocio? Aunque describió anteriormente algunos avances, la gobernación propone algunas ideas un tanto extrañas: “El Gobierno está preparando mediante decreto que los directores de escuelas rurales, seamos un poco los centinelas, los banderilleros de los aplicadores. Cosa que me parece un disparate, no sólo porque nuestro trabajo es otro, sino que tenemos que hacer el trabajo que deberían hacer ellos, el dueño del campo o los aplicadores. Nosotros tenemos que proteger a los niños y que no nos fumiguen”, aseveró la docente. Una luchadora incansable Estela Lemes explicó cómo sigue su tratamiento en este contexto de pandemia por Covid-19 y agregó una nueva preocupación: “Durante todo este año he seguido con la medicación. Pero no he podido viajar a hacerme los controles durante todo ese mes que hago de internación porque tengo que atravesar el departamento Gualeguay, y las medidas son estrictas. Además el CENER (Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica) es un lugar donde las personas no pueden andar por sus propios medios, entonces yo no puedo ocupar un lugar. Voy a ir en cuanto se pueda. Creo que ya estamos en condiciones de poder ir. En cuanto económicamente pueda afrontar el gasto, voy a ir. Pero lo que más me preocupa hoy es que la doctora perito descubrió una nueva enfermedad que yo no la conocía porque tiene los mismo síntomas de la neuropatía. Es un síndrome químico múltiple que ella me dice que me dá una discapacidad del 35,57%. Cosa que yo no pido porque no me quiero jubilar, quiero seguir trabajando y tratar esta enfermedad. Tengo que conocer más la enfermedad, ver dónde y cómo me puedo tratar”. Por último, afirmó: “La causa en sí, me angustió mucho al comienzo. Pero al haber apelado, ya presentamos un escrito, y estamos esperando que presenten las otras partes. Esto ha tenido muchísima repercusión, es imposible que el gobernador no sepa de esta carta. Recibo adhesiones de todas las provincias, han salido notas en diarios, radios.. Hasta la última instancia vamos a seguir judicialmente, pero en estos momentos me preocupa mucho esta nueva enfermedad que no sabía que tenía”.
Lo dijo Patricio Eleisegui, periodista especializado en temas medioambientales, en su columna mensual en el programa radial A mí no me importa. Se refirió a la aprobación para la comercialización de una variedad de trigo genéticamente modificado, que Argentina comenzará a producir y que también incorpora resistencia a un nuevo agrotóxico más potente que reemplazaría al glifosato: el glufosinato de amonio. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián Bouvier ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 🖍️ Ilustración: Lorenzo Dibiase para La Retaguardia Papel El periodista Patricio Eleisegui habló acerca de la vía libre para la manipulación genética del trigo, un producto tan esencial en el consumo de los argentinos y argentinas, tras la habilitación que se conoció hace algunas semanas para impulsar la producción de este nuevo transgénico: “Es la quinta velocidad de los transgénicos, porque teníamos de repente una aprobación sistemática de soja desde mediados de los años 90, después se fue sumando el algodón, el maíz. La última novedad había sido la papa, una variedad de papa en particular. Pero ahora, el Gobierno tomó la decisión de habilitar finalmente la primera variedad de trigo genéticamente modificado. Es un producto que es inédito en el mundo. Pero no inédito porque estamos hablando de un desarrollo entre comillas que de repente viene iluminado desde la ciencia argentina, a nivel político, sino que el mundo entiende que el trigo es un tema muy sensible y que no se puede jugar con genética en un producto que se consume tanto. Y acá, acorde con la promoción que se hace del agronegocio, del extractivismo, y justamente de la agricultura de laboratorio, se ha ido más allá y se ha terminado aprobando un producto que no tiene mercado siquiera. Porque básicamente la resolución que oficializó el Gobierno dice que la expansión de este trigo está atada a la aprobación que haga Brasil de esta semilla. Porque Brasil compra casi el 50 por ciento de la exportación argentina de trigo y hay mucho temor a perder ese mercado. Entonces, por las dudas, no lanzan una siembra masiva, pero fijate lo perverso del sistema, lo perverso de la dirección que toma todo esto porque en ningún momento se habla de los consumidores locales”, manifestó. “En principio, esto fue aprobado por la Secretaría de Alimentos y de Economía, que es dependiente del Ministerio de Agricultura. Estamos hablando de la cartera que encabeza Luis Basterra, por poner una responsabilidad directa. La oficialización en el Boletín no está firmada por Basterra sino por Marcelo Alós, que es el Secretario de Alimentos, y es un poco el que pone la cara, pero la realidad es que esto no se puede hacer sin una venia del mandamás de la cartera que es justamente Basterra. Un Basterra que siempre sale indemne de todos los cuestionamientos, un tipo que siempre parece un poco simpático en un punto, pero que omite o no participa en las discusiones importantes como el acuerdo con China, todas cuestiones que tienen que ver con agricultura, con su cartera”, sostuvo sobre la Resolución 41/2020 de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional. Jugar a ser Dios Eleisegui se refirió a las consecuencias desconocidas del consumo de estos productos alterados: “Lo transgénico en sí es una tecnología que lo que hace es incorporar genética de una especie en otra, básicamente. En este caso, se juega sobre el ADN, se inserta un gen de una especie diferente en ésta y básicamente se tiene un desconocimiento total sobre cuáles son los efectos de esa nueva combinación de genes y qué ocurre también cuando tu genética interactúa con este nuevo producto. Cómo va a responder tu cuerpo al consumir esto, es un misterio total. Esto es un experimento a cielo abierto. Como se hizo con la soja en su momento. Qué pasa cuando vos consumís esto en 5 años o 10 años. Bueno, este experimento no existe, lo van a hacer con la gente, lo van a hacer con nosotros”, denunció. Ciencia e ideología: relieves de una relación en puja Sobre el modo de pensar la modificación genética de los alimentos, el periodista agregó: “Es un producto que no incorpora ninguna mejora nutricional. Porque muchas veces se dice ‘la transgénesis no tiene la culpa’, eso es una lectura ideológica. No existe la ciencia sin ideología, como no existe nada que hagamos nosotros sin ideología. Esto responde a un interés determinado, en este caso el interés de una empresa, Bioceres, que es la Monsanto argentina. El interés no es mejorar el trigo para que nosotros estemos mejor alimentados. La particularidad que tiene este trigo, es que supuestamente se adapta mejor a suelos con menor cantidad de agua. En una instancia de sequía el trigo tendría casi el mismo rendimiento que un trigo tradicional en una instancia climática normal. El famoso estrés hídrico como le dicen a esta genética, o resistente a sequía. Pero lo que no se dice es que incorpora una resistencia a un producto que es el sucesor del glifosato que la industria agroquímica quiere imponer desde hace unos años, y que lo viene haciendo bastante bien, que es el glufosinato de amonio”. Acerca del origen del uso de este producto, expresó: “El glufosinato de amonio es un agrotóxico que comienza a despegar en vínculo con la soja, con el maíz. Porque el glifosato ya no genera el mismo efecto en el campo, porque las malezas se volvieron resistentes, después de tanto tirar millones y millones de litros de glifosato. Entonces, la industria dice ‘¿cómo combatimos estas malezas que compiten con los cultivos?’ Aplicando otra molécula, mucho más tóxica, mucho más potente que el glifosato y es este glufosinato de amonio. Nosotros tenemos hoy entre 10 y 15 semillas transgénicas que ya resisten glufosinato de amonio. La realidad es que hay ciencia que se ha hecho en el país: Rafael Lajmanovich fue uno de los primeros que investigó la toxicidad del glufosinato de amonio. Él comprobó en anfibios que genera daño celular, que genera daño genético, que eso
Lo dijo Norma Herrera, integrante de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, la organización de familias de Córdoba que pelea desde hace años contra las fumigaciones con agrotóxicos. Las Madres repudiaron el sobreseimiento del productor de soja transgénica Francisco Parra y la anulación del juicio en su contra. Herrera dialogó con el programa radial A mí no me importa. Allí denunció que el Estado, con el paso de los gobiernos, no se hace cargo de las consecuencias en la salud por el uso de agroquímicos en el barrio. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián Bouvier✏ Redacción: Julián Bouvier💻 Edición: Pedro Ramírez Otero🖍️ Ilustración: Lorenzo Dibiase📷 Fotos: Archivo Natalia Bernades La Retaguardia La lucha de las Madres de Ituzaingó, de Córdoba, comenzó en 2002. Un año antes habían empezado a registrarse casos de leucemia en el barrio y, a partir de esos diagnósticos, empezaron a organizarse: se juntaron un grupo de madres e hicieron un relevamiento casa por casa.En febrero del 2002, le diagnosticaron leucemia a la hija de Norma Herrera, una de las Madres. Al reconocer que eran muchos los casos de personas enfermas, comenzaron a tocar otras puertas: las de los funcionarios políticos. “Hemos sido maltratadas. Nos decían que éramos amas de casa. Y sí, pero ¿qué tenía que ver eso con que estaban envenenando a nuestros hijos?”, relató Norma.Cuando finalmente les hicieron los análisis a las personas enfermas o con síntomas, los resultados fueron alarmantes: había chicos y chicas que tenían más de 6 agroquímicos en sangre: “Nos envenenaron durante años. Hemos sido un depósito de agrotóxicos”, aseveró. La integrante de Madres de Ituzaingó explicó que hubo ordenanzas, se hicieron pruebas, análisis de sangre, de agua, de tierra, de aire, pero no hubo un seguimiento. Desde el hospital de niños les dijeron que los agroquímicos en un tiempo se van, contó, y agregó que “sólo con pasar por el cuerpo, ya dejan el daño hecho”. Otra vez, la injusta justicia Hace algunas semanas nos enteramos de la resolución del juicio que las Madres tanto esperaban: se sobreseyó al productor de soja transgénica Francisco Parra, y se cerró la causa. La Cámara sostiene que esos hechos ya estaban juzgados, mientras que ellas, querellantes en este caso, denuncian que la causa por la que Parra estaba juzgado era otra —relacionada con una denuncia que había realizado el pediatra Medardo Ávila Vázquez, en aquel momento, como funcionario de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba—. “Me siento totalmente manoseada por la justicia. Porque acá en el barrio se ha cometido un genocidio y no lo reconocen. A la Cámara 12 se le tiene que hacer una investigación, porque son ciegos u ocultan la realidad”, declaró Herrera. La Cámara 12 del Crimen, integrada por Ana María Lucero Offredi, Gustavo Reinaldi y Gabriela Bella, dio lugar al pedido de sobreseimiento de la defensa, alegando que Parra ya había sido condenado anteriormente por otra causa por fumigaciones.“En tres meses se ha cerrado el juicio. Esto es insólito. ¿Tan rápido pueden haber avanzado? Se ve que la pandemia les ha hecho un gran favor, porque se organizaron muy rápido para decretar semejante injusticia. Y toda la Cámara es cómplice. Porque no pueden archivar esta causa y absolver a Parra”, denunció. El barrio crece, el Estado no aparece Norma nos acercó un panorama de cómo es el barrio que ayuda a contextualizar lo que pasa en los pueblos fumigados y cuál es el rol del Estado allí: “Cuando comenzó todo esto, Ituzaingó era un barrio de unas 5000 personas y ha crecido bastante. Ahora hay alrededor de 15.000 personas viviendo aquí. El barrio ha crecido un montón y es una vergüenza que carezca de medicamentos, de un equipo de salud mental. No necesitamos sólo médicos. Cada familia necesita un psicólogo para ayudarnos a salir adelante.Desde 2008 no nos fumigan, pero las enfermedades siguen apareciendo. Porque no se olviden que nosotros el veneno lo tenemos en el organismo y cada persona tiene sus reacciones. Nuestros hijos son conejillos de india”, describió. Y continuó:”Acá se ha cometido un genocidio y los responsables están quedando libres. Teniendo denuncias en 2003, 2004, 2008, ¿cómo puede ser que este señor salga libre como si nada? Él enfermó gente. Él mató gente. No puede quedar libre. La justicia no entiende que es la salud lo que está en juego. Y el Estado está totalmente ausente”, sentenció. Organización en tiempos de pandemia En este contexto intentan seguir unidas con personas, grupos e instituciones que se organizan en relación al tema, al menos a través de internet.“Gracias a Dios se va ganando concientización y hoy ya no nos sentimos solas. El tema salió de Córdoba. Llegó a otras provincias, y a otros países también, porque esto es mundial. No son solo las fumigaciones. El veneno te lo sirven en la mesa, en bandejita”, señaló. La bronca por lo sucedido en el juicio se expresa en la voz de Norma y,, ante cada pregunta, vuelve sobre Parra: “Si llegara a haber un juicio, ¿quién va a estar sentado frente a nosotras? ¿El mosquito? ¿La avioneta? Porque según la Cámara 12 no hay culpables”, indicó. Y agregó: “Las vidas que se han ido, las que quedan enfermas y las enfermedades que siguen apareciendo… Y que no diga el señor Parra que no sabía, porque había denuncias anteriores y él siguió fumigando hasta 2008. En el lugar que Parra fumigaba hoy es un barrio, viven más de 700 personas. Hay niños que tienen problemas en la piel. ¿Qué solución nos dan? Si pueden envenenarte y la justicia no hace nada”. Los gobiernos pasan, el veneno queda. Desde que el agronegocio basado en transgénicos y agroquímicos está instalado, los gobiernos siguen afianzando este sistema con políticas concretas que favorecen a las empresas productoras y comercializadoras de agrotóxicos. “Los gobiernos están ganando mucho espacio, porque a ellos lo que les importa lamentablemente es la moneda. No les interesan los seres humanos. Porque no importa que corran las fumigaciones unos metros más, unos metros menos, no es
Durante treinta días -entre diciembre de 2019 y enero de 2020- Vanessa Dourado y Braulio Domínguez, periodistas, recorrieron el territorio cubano y conocieron en territorio la producción agroecológica, presente en todos los rincones de la isla. (Por Vanessa Dourado y Braulio Domínguez para La Retaguardia)💻 Edición: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele📷 Fotos: Vanessa Dourado Las huertas urbanas y las fincas agroecológicas son abundantes y es posible comprar frutas y verduras en todo lugar. El kiosco improvisado en el pasillo del vecino, las carrozas desde donde pasan gritando los vendedores entre las calles, en los carritos de madera itinerantes y las verdulerías de las avenidas comerciales. Es una realidad impactante teniendo en cuenta el embargo comercial, económico y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla, que data del año 1960 y que fue agravado a partir del año 1996 con la firma de la ley Helms-Burton. Esta ley, llamada Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, que lleva el nombre de los Republicanos Jesse Helms y Dan Burton, fue firmada por el presidente demócrata Bill Clinton y contempla la internacionalización del bloqueo, dificultando la inversión extranjera en el país entre otras consecuencias. Una de las principales dificultades señaladas por el pueblo es la falta de suministro de alimentos y medicinas. A pesar de la gran cantidad de comida producida en Cuba, por cuestiones climáticas, los productores explican que muchos alimentos no pueden ser sembrados, lo que acota la variedad de la dieta de las personas cubanas. El recrudecimiento del embargo a partir de la administración de Donald Trump también trajo consecuencias importantes a los que se dedican a la siembra. Muchas de las fincas combinan producción agroecológica y turismo, especialmente en las áreas que se dedican a la producción de tabaco. La restricción de vuelos desde Estados Unidos a Cuba ha impactado mucho en la economía de quienes trabajan en la agricultura. La sanción aplicada por el gobierno de Trump a los buques que envíen petróleo a la isla también significa una dificultad más a las personas que producen, que se ven imposibilitadas de trasladar los alimentos a las ciudades, y también dificulta la distribución del agua para las siembras. Además, obviamente, hay otras limitaciones, por ejemplo las sanciones a los cruceros de cualquier país que ingresen a Cuba, lo que genera una merma del turismo, y por lo tanto más dificultades económicas para la población en su conjunto. A pesar de las condiciones dadas, mucho más duras que en otras partes del mundo, es notorio el compromiso de las personas con la producción de alimentos. El trabajo organizado en cooperativas y la tenencia de las tierras juegan un rol importante que posibilita seguir trabajando la tierra. Es lo que cuenta Julia Rosa, Ingeniera Agrónoma coordinadora de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) de la ciudad de Viñales, quien muy gentilmente dedicó su sábado de descanso a acompañarnos a recorrer una finca de producción agroecológica. Tal vez es redundante hablar de agricultores pequeños en Cuba, dado que la revolución hizo reforma agraria, eliminando los latifundios. “El auge de la agroecología llegó a Cuba en el ´95 con el período especial. Estábamos muy limitados de insumos, de abonos químicos, de fertilizantes y entonces la vimos como una alternativa. Hoy ya se da agroecología como asignatura dentro de los planes de estudio de los agrónomos que se forman, no así cuando yo estudiaba en los ´80”, dice Julia Rosa.“Si alguien impulsa la agroecología es el Estado. En todo el país, en todas las provincias, existe un coordinador agroecológico. En los municipios, en cada estructura de base, tenemos un facilitador agroecológico, y son los que llevan a los campesinos la agroecología, las experiencias de una finca a otra, por ejemplo”, asegura. Con respecto al panorama mundial, cada dos años se realiza un evento internacional de agroecología del que Cuba es la sede. “Los que nos visitan dicen que nuestro país tiene una agroecología consolidada. Para nosotros es importante que reconozcan nuestro trabajo, pero además es importante si se pueden sumar y lograr lo que nosotros hemos logrado aquí, es un beneficio para todas las poblaciones, de todos los países, porque eliminan los tóxicos”, continúa. ANAP fue creada en el año 1961, durante el segundo aniversario de la Primera Ley de Reforma Agraria firmada el 17 de mayo de 1959 en La Plata, Sierra Maestra, dentro del proceso de la Revolución Cubana. Antes de esta ley, un 80% de las mejores tierras cubanas se encontraban en manos de un grupo de compañías norteamericanas. María del Carmen, Coordinadora Nacional de ANAP relata con entusiasmo el proceso de liberación campesina: “Cuando la revolución triunfa, una de las primeras leyes que Fidel (Castro) dicta es la ley de reforma agraria, que no sólo entrega la tierra a los que la producían, sino que les facilita el mercado donde van a vender sus producciones, además en esos campos y montañas organiza que haya educación y salud”. María del Carmen también cuenta que en esa época el movimiento campesino cubano apenas estaba organizado y que donde más organizado estaba era en la zona oriental, dado el cultivo que tenían desarrollado, que eran los cañeros y cafetaleros. “En la última etapa de la lucha revolucionaria, antes del ‘59, se produce una cuestión muy importante, que es un ‘Congreso campesino en armas’. Por indicaciones de Fidel, Raúl va, se reúne con campesinos de la zona oriental, en Santiago, y definen la estrategia. Porque los campesinos eran los que albergaban y escondían al Ejército Rebelde. Se realiza el Congreso y ahí acuerdan qué es lo que querían los campesinos. Por eso la revolución triunfa el 1 de enero del ‘59 y el 17 de mayo Fidel dicta la primera ley, y va a entregar el primer título de tierra a Baracoa, extremo oriente de la isla. El primer título se lo entrega a una mujer negra, para dar a conocer que el título de la propiedad se entregaría a hombres y mujeres. Esta mujer murió hace unos años”, recuerda. “En esa primera