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Lo dijo Gigi Krein, integrante de Consejerías de Vivienda de la Ciudad, en diálogo con el programa radial Hora Libre. Allí hizo mención al panorama actual de la situación de desalojos en contexto de pandemia y opinó sobre el aumento de la cantidad de gente que vive en situación de calle y la necesidad de que se lleve a cabo un nuevo censo popular. También denunció problemas estructurales y sostuvo que se dan tras una complicidad entre el sector hotelero, los alquileres, y el Gobierno porteño. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Natacha Bianchi/Matías Bregante/Rodrigo Ferreiro ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Consejerías de Vivienda es una organización comunitaria que acompaña situaciones de desalojo, exigencias por viviendas dignas y acceso a las tierras como un derecho. Una de las últimas propuestas que se conocen es la que se presentó como un “Alquiler Social” ante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Entienden que dicha propuesta no es una solución habitacional definitiva, pero sí abre un debate para las organizaciones sociales que trabajan estas temáticas. Gente en situación de calle “Estamos mal en este aspecto y además ahora se conocen los datos de un censo de personas en situación de calle que hizo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se habían empezado a juntar (María) Migliore (Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat) con algunas organizaciones sociales que venían trabajando con el censo popular por fuera del oficial y que trabajan muy específicamente con este tema. Tienen Centros de Integración, ollas populares, hacen recorridos. Y estas organizaciones terminaron siendo expulsadas por la metodología censal que el Gobierno les proponía. Los cálculos de las organizaciones que pretenden hacer el censo popular de gente en situación de calle, claramente no son los números mentirosos que salió a decir el Gobierno, que dijo que solo hay mil personas en la calle hoy en la Ciudad. Por otro lado, se está considerado por primera vez y por la lucha de las organizaciones como Proyecto 7, incluir a la población que se encuentra hoy en los paradores. Que son a veces personas que las que lleva el Gobierno cuando quiere a través del BAP (Buenos Aires Presente). Falta hacer un conteo real, para exigir políticas reales a este drama”, comenzó describiendo Gigi Krein, integrante de Consejerías de Vivienda. Krein se refirió al Decreto de necesidad y urgencia (DNU) que prohibía los desalojos, que finalizó el 31 de marzo. “Ahí el Gobierno nacional y el de la Ciudad se parecen, porque rápidamente dan por sentado que acá ya pasó todo. Lo único que se hizo fue que si hay algún tipo de desalojo saquemos un protocolo de urgencia que solo engloba a alquileres formales. Se deberían tomar en realidad a los alquileres como un gran problema estructural, algo que se extiende por todo el país, y que de todas maneras con el pasado DNU tampoco esto era considerado, y los desalojos fueron apoyados por organizaciones sociales. Nosotros tenemos un dicho en las Consejerías de Vivienda que es triste pero real: una familia desalojada es una familia que queda en situación de calle”, planteó. En relación a la Ley Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, vigente en la Ciudad desde el 2010, la integrante de Consejerías de Vivienda opinó: “El Gobierno de la Ciudad debería incluir en el diálogo a las organizaciones sociales, eso en un principio se hizo. Pero después las desoyó, como pasó con el censo. Las participaciones a las que convoca el Gobierno son para cumplir con una formalidad y para que después no se les hagan denuncias”. Krein también mencionó lo que para las Consejerías de la Vivienda son dos variables de problemas estructurales en el ámbito porteño: “Uno es el de los subsidios habitacionales, y que el Gobierno en este último tiempo aumentó el monto. El tema es que ahí no existe alguna cláusula que obligue a los hoteles o pensiones a no aumentar los alquileres por una x cantidad de tiempo”. Por último, denunció: “Lo que pasa es que aumenta el subsidio y automáticamente aumentan los alquileres. No solo esto, sino que el Gobierno de la Ciudad exime de pagar el ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) al sector de este tipo de viviendas. A hoteles que sabemos que en la pandemia hicieron desalojos, o que maltratan y abusan al colectivo travesti trans, o que no le quieren alquilar a una mamá con hijos e hijas. Y la segunda razón del problema estructural es que hay una complicidad total entre el Gobierno y los hoteles para que en los alquileres no se acepten a las niñeces”. Además agregó que no existe un plan de vacunación contra la Covid-19 que contemple a la gente en situación de calle.
Lo dijo Rocío Rodríguez, kinesióloga residente del hospital Ferrer. En diálogo con el programa radial La Retaguardia, contó cómo es la situación actual de los y las residentes y concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos aires. Habló acerca de los reclamos históricos que vienen llevando a cabo como profesionales de la salud, de la precarización laboral en contexto de pandemia por Covid-19, y también se refirió a la distribución de las vacunas para los trabajadores y trabajadoras. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Asamblea de Residentes y Concurrentes (CABA) —La Retaguardia: ¿Cómo van llevando esta instancia de la pandemia? Porque ya van varias veces que decimos: “Estamos en el momento más duro”. —Rocío Rodríguez: La verdad que parece que estamos como siempre en el mismo lugar, pero no, siempre se puede estar un poquito más agotados, más al límite y acá tratando de sobrellevarla de la mejor manera. El problema que tenemos ahora es que ya tenemos un año y pico de pandemia encima. Entonces el agotamiento se siente, sumado a la cantidad de trabajo, a la situación que vivimos todos como población de numerosos contagios y demás. Entonces, esto es ya como un factor de gravedad si se quiere. —LR: En cuanto a lo sindical, venían de conflicto en conflicto incluso antes de la pandemia, ¿cómo están? —RR: Nosotros habíamos desarrollado un conflicto muy importante con la Asamblea (de Trabajadorxs Residentes y Concurrentes) que tenía que ver con una ley que venía, de alguna manera, a formalizar nuestra situación de trabajo, de precarización laboral. Después de toda la lucha que dimos vino la pandemia y quedó nuestro diálogo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder entablar una ley que realmente empadre nuestros derechos, la cual hoy en día no existe. Nosotros nos regimos a través de una normativa del año 85 y eso sigue en stand by. Si bien sabemos que la Legislatura porteña no es que está cerrada y cancelada, pero bueno, sí se han puesto en un impasse estas condiciones y nosotros hemos tenido algunas reuniones con el Gobierno, que tenían que ver con la preparación de la situación de la pandemia a principios del 2020, pero todo eso quedó también en otro lugar. Para nosotros siguen vigentes más que nunca nuestros reclamos. Y en todo ese contexto, el año pasado hemos puesto sobre la mesa la situación laboral en la cual nos encontrábamos. La pandemia vino a exacerbar una situación de precarización laboral que sufrimos los trabajadores de la salud y, en particular, los residentes y concurrentes. —LR: Empeoró todo. —RR: Sí, de alguna manera en nombre de la pandemia se ha forzado a situaciones de pluriempleos, a situaciones de mayor sobrecarga laboral. Y en ese contexto, con la situación salarial, nosotros hemos tenido una fuerte lucha a fines del año pasado por la situación de salario que vivimos y como siempre, también los residentes viviendo esta cuestión de la sobrecarga laboral, de las guardias no remuneradas. Ahora estamos con toda una situación de exigencia por parte de las autoridades de los hospitales de que los residentes y concurrentes tapemos baches de la falta de personal que se exacerba por la pandemia y en todo este contexto para nosotros es importantísimo mantenernos en asambleas y organizándonos. —LR: Hablábamos puntualmente de estas situaciones que suceden con la pandemia y ahora se suma el conflicto del acceso a las vacunas contra la Covid-19 para todo el personal de salud, ¿cómo está esa situación para concurrentes y residentes? —RR: Esa situación fue muy dispar, yo podría usar la palabra desprolija, a nivel hospitalario. Algunos estamos vacunados desde el primer momento, en diciembre cuando empezaron a llevar las vacunas y el personal de salud fue la prioridad. Pero después hubo ciertas situaciones que tienen que ver con esto también, con la precarización que se vive. Sobre todo los sectores de la salud mental, esos hospitales que el Gobierno entiende que están alejados de áreas Covid y esto es un arma de doble filo. Porque yo, por ejemplo, me dedico a la terapia intensiva y tengo un conocimiento de la patología que tiene el paciente que voy a atender y cuento con todos los elementos de protección personal para atenderlo, pero muchas veces pasa que en un consultorio externo el paciente viene con determinadas características, y uno desconoce si es asintomático o está cursando una enfermedad y todavía no la manifestó. Entonces, en ese contexto, cuidar a todo el personal de salud no fue una tarea homogénea. Hubo sectores, como los de salud mental u hospitales que tuvieron que salir a pedir que los vacunen. Y ni hablar de los concurrentes, que muchos compañeros que al no tener ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) no pudieron reincorporarse a las tareas presenciales, pero así y todo se les negó su derecho a la vacunación y muchos fueron vacunados por fuera de los hospitales a los cuales pertenecían. Esa es una situación que agrava a los concurrentes. —LR: Quieren cerrar los cupos de concurrencia para el ingreso del 2021 que es en los próximos meses, ¿cómo es ese conflicto? —RR: Todos los años tenemos un ingreso y egreso anual de residencias y concurrencias. Para el que no sabe, somos todos egresados, ya recibidos, que entramos en una formación de posgrado que desarrollamos un trabajo asistencial y aparte nos formamos. Todos los años se abren alrededor de 1.200 cargos de residentes, que son cargos de habilitación exclusiva con un salario, y cargos de concurrentes que son en aquellos lugares donde no se cuenta con una remuneración, que la carga horaria debería ser menor aunque a veces no lo es, y se desarrolla también la misma formación de posgrado pero sin recibir remuneración. Ese es un reclamo histórico que tenemos los residentes y concurrentes en el cual esto es una irregularidad. Lo que el Gobierno está haciendo es desarrollar una tarea de asistencia a través de mano
Lo dijo Griselda Galarza, docente e integrante de la Red de Docentes, Familias y organizaciones del Bajo Flores. En diálogo con el programa radial La Retaguardia, describió la grave situación por la falta de conectividad y dispositivos de la población más pobre de la Ciudad. Además, contó que desde la Red realizaron un relevamiento sobre estudiantes y familias sin posibilidad de conectarse y que se lo entregaron a las autoridades reclamando conectividad para todos y todas. Denunció la “total desidia del Estado” calificando de “criminal” la política que exige la presencialidad, y se refirió a la persecución que sufre el personal educativo con mecanismos de disciplinamiento. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Red del Bajo Flores La Red de Docentes, Familias y organizaciones del Bajo Flores viene desarrollando una serie de relevamientos en el barrio a partir de encuestas antes y durante la pandemia de Covid-19. Luego de procesar y analizar la información exigen que sean cubiertas ciertas necesidades como, en el último caso, de conectividad de las y los habitantes de esta parte de la Ciudad. Sin conexión “Creemos que las autoridades tienen la obligación de resolver cuestiones tan urgentes como la alimentación, la salud, la educación y la vivienda. Estamos exactamente igual en todos los planos. En educación, más allá de la encrucijada de los últimos días de la presencialidad, la realidad es que estamos ante un escenario de mucha más restricción que la de ahora, por la cual la vuelta a la virtualidad plena es más que posible. Y nuevamente estamos dejando a una enorme mayoría, que son los más pobres, desfavorecidos, o más vulnerables; los más despreciados por esta gestión, a la intemperie. En nuestra escuela tenemos una matrícula de 480 pibes. Sacando a los del ciclo superior, de cuarto o quinto año que serán unos 100 que tienen su propio celular, el resto no. Por ende no tienen posibilidad de conectarse”, comenzó analizando Griselda Galarza, docente y vicedirectora de la escuela N° 3 del Distrito Escolar 19. Una política criminal Galarza denunció la inacción del Gobierno porteño y las necesidades reales de las y los pibes del barrio: “A pesar de la absoluta desidia del Estado, los docentes hicimos guardias pedagógicas para acompañar a los alumnos. El Gobierno de la Ciudad milita la presencialidad y es un desastre lo que están haciendo en términos sanitarios. Una política criminal, dice (el gremio docente) Ademys, y coincido con eso plenamente. No hay ninguna política en términos de preservar la vida humana, es en algún punto despreciar la vida. Porque si el Estado no interviene en ningún plano desde el cuidado, la protección o el amparo, de alguna manera lo que alienta es el individualismo, el sálvese quien pueda y también la violencia. La autorregulación en el territorio, que los pibes implosionen hacia adentro, que se maten entre ellos”, dijo. Vaciamiento y disciplinamiento estatal “La mirada que tiene el Gobierno a la educación pública va de la mano del vaciamiento presupuestario. Este año, hasta hace unos días atrás, no pudimos dar de alta ni a coordinadores de tutores, a tutores, coordinadores de área, ni EDI (Espacios de Definición Institucional), porque no se sabía si había partida presupuestaria para esa cantidad de horas. Estos cargos en mi escuela son fundamentales, porque en algún punto son ellos los que ‘campean’ la desigualdad. Hacen un seguimiento de los pibes, saben lo que les pasa, están atentos a que no se caigan de la escuela. Y eso último nos ocurre. Por otro lado, el vaciamiento va acompañado de todo un silencio de una cuestión intermedia entre el Ministerio y las escuelas. Meten miedo desde lo jerárquico y de las disposiciones que uno tiene que cumplir a través de lo que te mandan. Son rigurosos con lo administrativo, casi que tienen una política persecutoria y de disciplinamiento en este sentido”, culminó Griselda. La semana pasada, La Red de Docentes, Familias y organizaciones del Bajo Flores realizó un “semaforazo” en Cobo y Curapaligue. Exigieron “conectividad para todes”, lo que implica instalar cuatro antenas para unas 50 mil personas y dispositivos para las 3.764 familias de estudiantes con matrícula en las escuelas del barrio, según datos precisos que arrojó el último relevamiento.
La legisladora del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Mujer de la Legislatura porteña, Laura Velasco, dialogó con el programa radial Tengo una idea. Allí hizo referencia a la resistencia del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para ampliar el presupuesto para políticas sociales y la decisión de no avalar un proyecto que implicaba la creación de un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad porteño como el que hay en Nación. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur 📷 Fotos: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia El oficialismo dentro de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se opuso al proyecto de crear un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad presentado por Laura Velasco, legisladora del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de la Mujer. El mismo contaba con el apoyo de la Defensoría del Pueblo porteña. Al respecto, la diputada explicó el por qué de la negativa: “El Gobierno, en relación a todos los temas que tienen que ver con las políticas sociales, viene teniendo una enorme resistencia a ampliar presupuestos. Y en particular en este tema, siendo que el 8 de marzo, en la sesión que fue la primera de la Legislatura porteña donde estuvimos solamente mujeres legisladoras y todas decidimos llevar ese día un cartel que decía ‘Vivas y libres nos queremos’, dijimos quizás tengamos la posibilidad de tener algunos consensos en la Comisión (de la Mujer) en relación con este proyecto. Finalmente, primó esta máxima que tiene permanentemente el Gobierno porteño que es no avalar proyectos que impliquen erogación presupuestaria en áreas que evidentemente no están dispuestas a ubicarlas como prioritarias. Lo que plantea el proyecto de mi autoría, que pusimos en discusión y que acompañamos en conjunto desde el espacio político Frente de Todos en la Legislatura, es que en el plano nacional tenemos un ministerio de esa índole y que hemos tenido por primera vez un presupuesto votado con perspectiva de género. Esto implicaría jerarquizar en la Ciudad un área de lo que es simplemente una Dirección de la Mujer para que haya un presupuesto acorde con algo que es cada vez más grave, que es la necesidad de tener políticas públicas urgentes para frenar la violencia hacia las mujeres”, expresó. Mientras tanto… Por otro lado, Velasco detalló lo que ya existe en el ámbito de la Ciudad y lo que continúa haciendo falta: “En CABA existen los Centros Integrales de la Mujer. Sin embargo, durante la pandemia donde se recrudecieron las situaciones de violencia de género por la situación de mayor aislamiento, estos centros estuvieron prácticamente cerrados. Nosotras decimos que tienen que haber más CIM, uno por comuna. Cada 50 mil personas debiera haber uno, por lo cual en algunas comunas tenemos la necesidad de que exista un segundo CIM. Por ejemplo en las del sur, en la 4, 7, y 8, que son donde radican la mayor cantidad de denuncias”, indicó. Mayor presupuesto y reconocimiento La legisladora del FdT pidió la implementación de la ley Bety Quispe, llamada así por una persona Trans del Bajo Flores, referente y militante social, recientemente fallecida por Covid-19: “Los CIM necesitan de un mayor presupuesto. Lo que planteamos es que se reconozcan a las figuras de promotoras de género y diversidad, impulsando un proyecto que es la “ley Bety”. Ellas son las promotoras que están en el territorio, trabajando por los barrios libres de violencia, acompañando en cercanía las situaciones y que muchas veces ni tienen para cargarse la tarjeta SUBE. Ahí necesitamos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las reconozca como una figura y que sea de alguna manera las que puedan articular los CIM. La otra cuestión que estamos pidiendo es que se mejore la situación laboral de precariedad a las trabajadoras de la línea 144”, reclamó. Por una reforma judicial feminista “Estamos en búsqueda, además, para tratar el ‘registro único de casos’, que es un proyecto de la Defensoría del Pueblo para que la respuesta sea acorde cuando las mujeres hacen una denuncia. Bregamos por una justicia feminista, y tiene que haber mecanismos para que esto suceda. Tenemos que avanzar también con la Ley Micaela para que efectivamente se aplique en todos los poderes del Estado, para que haya formación particularmente en la Justicia y en las fuerzas de seguridad para atender al tratamiento de los casos”, agregó. Por último, el proyecto de la creación del Ministerio ya no se podrá tratar este año, pero se pondrá en discusión a partir del próximo: “La negación deja expuesta la situación del Gobierno y un modelo de Ciudad”, dijo Laura Velasco .
Lo dijo Nadia Polanco, delegada general de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con el programa radial Otras voces, otras propuestas, Polanco denunció despidos y brindó detalles sobre las precarias condiciones de trabajo del sector y las acciones de lucha para hacer más visible el conflicto. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Luis Angió ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: La Izquierda Diario “El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat encabezado por María Migliore, que es una de las figuras que viene resaltando el Pro en la Ciudad de Buenos Aires, nuevamente arremete con políticas vinculadas a ajuste, desfinanciamiento, a recrudecer las condiciones de empleo, y que también se ligan intrínsecamente con las posibilidades de alcance de políticas públicas en las cuales nosotres trabajamos. Que son aquellas vinculadas a las problemáticas de mayor sensibilidad en la Ciudad. Durante todo el año pasado, en distintas oportunidades en varios meses hemos tenido que sufrir un recorte del 5% del Ministerio, que ya es bastante. El Ministerio de Hacienda, de quien dependemos, considera que es excesivo el gasto, por ende el recorte”, comenzó explicando Nadia Polanco, delegada general de la Junta Interna de ATE en Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esenciales, y no tanto “Recordemos que este es un Ministerio (el de Desarrollo Humano) que fue declarado esencial por el propio Gobierno. Porque acompañamos situaciones de vulnerabilidad extrema y justamente en el contexto de pandemia es donde más ha quedado a las claras los fundamentales que son nuestras tareas de cuidado. Es decir, lo que realizamos día a día por ejemplo en hogares donde viven niños y niñas que están privados de sus cuidados parentales, todas las situaciones de ambivalencia machista que acompañamos. Además niños y niñas son víctimas de situaciones de abuso o de explotación sexual”, remarcó Polanco. “En este caso arremetieron contra una dirección que tiene un enorme trabajo territorial y que detecta directamente en campo cuales son las problemáticas más angustiantes que se viven en los barrios. Irónicamente se llama de ‘Inclusión Social’ la Gerencia, y deja sin trabajo desde el recorte de este 5% a una compañera que nos parece un caso emblemático. Porque padece de una enfermedad respiratoria con lo cual no tiene posibilidades de salir a buscar un trabajo en el recrudecimiento de los contagios, y es único sostén de su hija de dos años”, agregó. Precarizades Nadia Polanco dio a conocer una preocupante cifra de trabajadores y trabajadoras precarizadas: “Hay alrededor de 18 mil compañeros y compañeras en todo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contratados bajo lo que denominamos modalidades fraudulentas. Porque no tienen ningún tipo de acceso a derechos fundamentales establecidos por ley: obra social, aguinaldo, o ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo). Cobran sueldos que hoy se encuentran por la mitad de lo que establece en la canasta básica. Por sus características de fragilidad, es hacia el sector donde se apunta cada vez que hay que realizar los despidos. Entonces, esto no solo deja sin empleo a los compañeros y compañeras reduciendo las posibilidades de atender de una mejor manera desde las políticas públicas, sino que además generan mecanismos de disciplinamiento y de control muchos mayores”, explicó. “De esta forma se está trabajando en una relación desigual de poder, la que se tiene con quienes ocupan cargos jerárquicos diferenciados. Tenemos contratos tercerizados con convenios por ejemplo con la UBA (Universidad de Buenos Aires) por lo tanto el Gobierno se desliga de toda responsabilidad. A otros y otras se les paga por horas a través de una ONG, sin derechos y garantías. Tienen que hacer turnos de 12 horas consecutivas 4 veces a la semana para lograr un sueldo”, continuó describiendo. Hacer más con menos “Nosotres trabajamos en lugares que tienen denuncias de posibles derrumbes. Donde hubo que salir a inventar espacios de transición, de aislamiento y condiciones mínimas acordes para hacer frente a la pandemia. Esto se expuso contundentemente desde el año pasado. A pesar de haberse tratado una ley de emergencia en la legislatura supuestamente para fortalecer este tipo de ministerios, lo cierto es que nosotres no solo no vimos ningún tipo de inyección presupuestaria o mayores contrataciones, sino todo lo contrario. Vemos despidos, ajustes y desfinanciamiento. Cada vez más pedidos de hacer más con menos”, aseguró Polanco. Acciones de lucha La delegada general de la Junta Interna de ATE en Promoción Social contó también con qué herramientas trabajan frente a esta situación. “Venimos elaborando desde la junta interna un conjunto de acciones que tienen que ver con una variedad de instrumentos a los que podemos acudir, no solo digamos a nuestra capacidad de fuerzas, de lucha y acciones en las calles, sino también que lo que tiene que ver con los distintos organismos de control que deberían monitorear el desarrollo de las políticas públicas entre ellas la Legislatura. También articulando con todos los bloques que no son del Pro. Pudimos sacar pedidos de informes, pero en estos términos el alcance de la Legislatura es limitado”, dijo. “Si bien desde lo judicial se pueden acompañar algunas acciones, creo que el mayor peso está en la lucha política, en función de cómo se puede generar una interpelación social del drama que estamos viviendo. Hay también un blindaje mediático tremendo como para poder hacer oír algo de estas voces. Hay que dar una discusión importante de ‘para quién es esta Ciudad’. Porque en definitiva termina siendo accesible para unas pocas personas que tienen determinadas condiciones y las poblaciones vulnerables siguen siendo sepultadas bajo alfombras”, destacó.
El Gobierno de la Ciudad a través de la Dirección de Fiscalización Urbana que depende a su vez del Ministerio de Espacio Público, confeccionó un acta de intimación en la que advertía multas y un plazo de 48 horas para retirar las huertas en la vereda de la calle César Díaz al 3300, en el barrio porteño de Villa Santa Rita. Matías Lockhart, escritor e integrante del colectivo El Reciclador y de Acción Huerta Urbana, dialogó con el programa radial Mis hijos están con el padre y brindó más detalles de esta situación. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Silvio Florio/Braulio Domínguez ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur 📷 Fotos: Facebook El Reciclador Urbano/Matías Lockhart “Me dedico a temas de huertas hace más o menos tres años, a partir de conocer a Carlos Briganti (conocido como El Reciclador, impulsor de este colectivo). Estamos organizándonos para extender la idea de que cualquiera puede tener una huerta, tenga espacio o no. Estamos con huertas en las veredas a través de Acción Huerta Urbana que es una de las patas importantes de El Reciclador”, se presentó Matías Lockhart. El integrante del colectivo El Reciclador describió dónde están ubicados y cómo trabajan coordinadamente con la comunidad vecinal: “Estamos en la calle César Díaz, en el barrio de Villa Santa Rita. Hace ya un año comenzamos con cubiertas de autos decoradas, con alimentos, hablando primero con las y los frentistas. Porque uno de nuestros lemas es ‘con el frentista todo, sin el frentista nada’, con lo cual hablamos con los vecinos y vecinas, nos ponemos de acuerdo: quienes quieran, deseen y se comprometan a cuidar las huertas, los ayudamos a instalarlas dentro del espacio público”, explicó. Matías Lockhart junto a la huerta de César Díaz al 3300 En un tono sarcástico, criticó a las autoridades del Gobierno porteño que conciben a las huertas urbanas como un peligro inminente: “Hoy, esto que hacemos es algo clandestino, como algo fuera de la ley, una amenaza. Tenemos tomates asesinos, berenjenas secuestradoras, copetes extorsivos. Somos muy revolucionarios con esto que hacemos”, ironizó. La inspectora Carla Grassi fue quien intimó a que se retiraran las huertas de la vereda, pero Lockhart ya había tenido también un conflicto semejante con uno de sus vecinos que le envió una carta documento el año pasado, sencillamente porque le molestaban las cubiertas sobre la vereda. Tal fue así que tuvieron que moverlas a la vereda de enfrente. Este año se sumaron cuatro intimaciones más, pero ya de parte de Gobierno de la CABA: “Hicimos una vigilia, pasaron tres días sin que ocurriera nada, hasta que aparecieron las funcionarias, que yo ya las conocía de la calle Roseti (Chacarita) porque fueron las mismas que estuvieron allá”. Las funcionarias se enteraron de la resistencia vecinal a través de las redes sociales y su superior les ordenó que fueran a tomar las medidas correspondientes. Por último, Matías intentó analizar la lógica que emplean estos y estas funcionarias a la hora de regular el espacio público: “Una de las cosas que más les molestan son las cubiertas. Creo que si ellos no hacen esto, no pueden justificar el presupuesto con sus propuestas, porque les encanta romper las veredas, es como su razón de ser. Ellos tienen que regular el espacio porque si no es un caos. Quieren que nosotros y nosotras seamos ordenados, que sigamos las pautas, y que no nos corramos de los carriles permitidos. Nos ven como a infantes, a quienes tienen que encarrilar”, señaló. La huerta urbana resiste. Quienes la eligen, trabajan en comunidad y a pesar de las intimaciones del Gobierno y las amenazas de algunos vecinos, sueñan con seguir creciendo: “Vamos a afianzar los vínculos vecinales, porque la idea es no retroceder. Educarnos para en un futuro instalar una compostera. Desde el Gobierno nos dijeron de palabra que no nos van a sacar. No hay huerta atrás”, aseguró.
Miles de familias del popular barrio porteño duermen con la idea que en cualquier momento les puede llegar una orden de desalojo. Eso les sucedió el pasado martes a las familias que viven en Vespucio 65. Un desmedido operativo policial se presentó en el lugar por orden de un juez subrogante. Finalmente se pospuso el desalojo por 30 días. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue pensando que arregla el problema habitacional con subsidios de escaso valor y poca duración. Compartimos un fotoinforme de una jornada tensa. (Por La Retaguardia) 📷 Fotoinforme: Emiliano Rojas Salinas 💻 Edición: Fernando Tebele
Lucas Bragan, docente de la Escuela de Danza N°2 “Jorge Donn”, del barrio porteño de Vélez Sarsfield, dialogó con el programa radial La Retaguardia. Allí habló sobre la deplorable situación edilicia y la suspensión de la construcción de un nuevo edificio, por decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad. Además, mencionó la imposibilidad de sostener la vuelta a la presencialidad con protocolos y cuidados en el edificio actual que comparten con la Escuela de Cerámica “Fernando Arranz”. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/María Eugenia Otero ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Con el retorno a las clases presenciales, en medio de una carrera acelerada por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad para que esto se lleve a cabo, lo cierto es que la realidad de muchas de las escuelas plantea un escenario complejo, donde las condiciones no están dadas para que esto suceda con el cumplimiento de un protocolo sanitario y una planificación adecuada. Recorte presupuestario La construcción de la Escuela de Danza N°2 “Jorge Donn” ubicada en el barrio Vélez Sarsfield, fue prevista por ley en el año 2008. Comenzó en el año 2015 y estuvo tres años parada. Lucas Bragan, docente de la escuela, explicó la situación edilicia y el particular contexto que viven, ya que hace años comparten edificio con otra institución artística: “Es un problema histórico en nuestra escuela, como en tantas otras de la Ciudad. Nosotros estamos en un edificio en Margariño Cervantes y Lope de Vega que compartimos con otra escuela, que es la de Cerámica Fernando Arranz y es un edificio realmente en condiciones deplorables”, comenzó. “Como para graficar esto, desde el año 2014 no funcionan los enchufes en las aulas del piso superior, hay goteras que cada vez que llueve cae agua sobre los piso de madera de las aulas de danza. Hay roedores y todo tipo de problemas de infraestructura y de mantenimiento también. Hace años que estamos esperando la construcción de un nuevo edificio. De hecho hay una ley de la venta de los edificios de Catalina Sur, en la cual se asignó una partida presupuestaria del 2008 para la construcción de escuelas, entre ellas la nuestra. Efectivamente la construcción del edificio empezó en el año 2015 con un montón de idas y venidas entre el Gobierno y las empresas que contrataba por medio de licitaciones. Ahora, hace tres años que la obra estaba paralizada y a través de una resolución y con la excusa de la crisis sanitaria y económica, la ministra (de Educación de la Ciudad) Soledad Acuña decide directamente suspender el llamado a licitación”, continuó. El escenario de la vuelta a las clases presenciales Ambas instituciones, el Jorge Donn y el Arranz, por ser Escuelas Superiores de Educación Artística, tienen doble turno por las clases del bachiller y de la especialización, además de dos profesorados. En este nuevo ciclo lectivo, al reclamo histórico de un nuevo edificio se le suma la situación de los protocolos y cuidados por la pandemia de Covid-19. “Con lo complejo que es la vuelta a la presencialidad, a la que nos están forzando ahora, ni siquiera tenemos en el horizonte poder vislumbrar si vamos a tener un edificio en condiciones dignas. Ahora, agravado por la situación de la pandemia, es imposible garantizar un protocolo con el distanciamiento y todas las cuestiones sanitarias y de higiene necesarias en el edificio en el que estamos”, aseguró. Bragan contó más detalles de las pocas garantías para comenzar la presencialidad: “Por empezar, las aulas son insuficientes. Convivimos, además de dos escuelas, distintas modalidades. Está el bachillerato, y la carrera de danza. Los chicos y chicas cursan las dos modalidades. Pero además hay un terciario, donde pueden culminar sus estudios después de terminar el nivel medio. Y muchas veces las aulas no alcanzan para la convivencia de los dos niveles. Hay aulas, como las de danza, que no tienen ningún tipo de ventilación, es decir, no tienen ninguna ventana. Aulas del piso superior tampoco. Las paredes son muy finas, son de durlock, hay una contaminación sonora tremenda. Es imposible imaginarse cómo garantizar ese protocolo en esas condiciones”. “Formar artistas no sirve” Respecto a las pésimas condiciones edilicias que tienen las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, Bragan marcó algunas diferencias de las artísticas: “Estamos en la mira del Gobierno en los últimos años, se ha ido desfinanciado. Con una gestión que tiene una lógica empresarial como la actual, desde hace ya 14 años, la educación pública no es redituable, y la educación artística mucho menos. Porque formar artistas no les sirve, no les cierran los números. Y los avances son sistemáticos. De desgastar a las comunidades e intentar avanzar contra las condiciones de trabajo y aprendizaje de las escuelas artísticas”. Por último, reflexionó: “No tenemos precisiones de retorno, ni en nuestra escuela y prácticamente en ninguna. Nuestros directivos y la supervisión no tienen aún directivas claras de más arriba. Estamos viviendo una incertidumbre total. En lo personal, como docente y padre tengo un deseo muy grande de volver a la presencialidad, pero es muy difícil dar clases en la situación que nos están proponiendo. La certidumbre es que las condiciones no están dadas desde lo sanitario, lo edilicio y lo pedagógico”.
Lo dijo María Alem, vecina del barrio porteño de Boedo e integrante del colectivo “Vecinos Unidos por Boedo”. En diálogo con el programa radial Otras voces, Otras propuestas, planteó las razones por las que se oponen a la construcción del estadio sobre Avenida La Plata al 1700. También comentó cómo se están preparando para la audiencia pública donde los vecinos y vecinas manifestarán sus motivos de resistencia a la rezonificación de los terrenos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Luis Angió ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Natalia Bernades/La Retaguardia La obsesión del Club Atlético San Lorenzo de Almagro es conseguir la rezonificación del predio de Avenida La Plata con el fin de habilitar la construcción del estadio. Allí, en el mismo lugar donde estuvo el Viejo Gasómetro hasta que en 1979 la dictadura militar lo expropió. Vecinos y vecinas de Boedo, junto con otras personas autoconvocadas se oponen a este proyecto y expresan una serie de argumentos. —La Retaguardia: Luego de que se aprobó en primera lectura la ley de rezonificación, ¿qué nos podés comentar de la audiencia pública que se viene? —María Alem: Nuestro posicionamiento no es caprichoso, tenemos muchos fundamentos para un no rotundo inicialmente a la rezonificación que les es imprescindible para llevar a cabo la construcción del megaestadio que se proponen. Decimos que no porque un estadio de esas características es disruptivo para la vida cotidiana de los vecinos. Creo que no hace falta explicar en detalle lo que implica un estadio que va a tener obviamente actividad futbolística y que va dar lugar también a recitales. Desde ya, existe el estadio Arena (en Villa Crespo) que es una muestra menor de este tipo de actividades. Y también existe acá en el barrio el estadio Roberto Pando (Polideportivo del Club San Lorenzo) que cuando tiene actividad genera un ruido insoportable, y las veredas se transforman en estacionamientos de autos. La ley de rezonificación tendría una segunda lectura y nosotros pensamos que con nuestra argumentación y con un poco de reflexión acerca de lo que implicaría la construcción del estadio, podría no ser aprobada. El 24 de febrero va a haber una audiencia pública, es importante participar e inscribirse. La inscripción está abierta y va a ser hasta el 19. Querríamos que esa audiencia fuera sectorizada, porque hay mucha gente que opina. Por ejemplo, hay algo absurdo, un señor que es Vigo Mortensen (reconocido actor norteamericano, que vivió en Argentina y es hincha de San Lorenzo) que lagrimea emocionado y pide por el estadio. Pero vive a 15 mil kilómetros, nunca va a ser perjudicado por todo el movimiento de los partidos de fútbol. Proponemos a todas las personas interesadas y que no están de acuerdo con la rezonificación y con la consecuente construcción del estadio, que se comuniquen con nosotros y van a tener toda la información que necesiten para la inscripción de la audiencia y su participación. —LR: El barrio de Boedo no es el mismo que hace 40 años, ¿qué pasaría si se instala un estadio de estas características? —MA: La población es otra y el estilo de vida también. Hay muchas personas que no hace mucho que viven en el barrio y han decidido hacerlo por sus características. Es tranquilo, todavía de casas bajas. Pensar en la instalación del estadio, es una distorsión absoluta de la vida de la gente. Hay otro tema importante a considerar, que es la existencia de dos torres. Se pondría en peligro las estructuras en la época de su construcción. Se produciría ruido. Y después lo que significaría para ese lugar cuando el estadio esté en funcionamiento o cuando hubiera recitales. Los intereses que hay son económicos. Porque si bien lo que se dice que sería una reparación histórica para el club San Lorenzo, y que es probable que haya sido damnificado, avasallado por el gobierno militar pero la reparación sería que San Lorenzo volviera a tener lo que tuvo, que no era un megaestadio de las características que se pretende construir ahora. Insistimos sobre la participación de los vecinos reales, las personas que seríamos afectadas, y no de otras personas que viven en otros barrios. Por otra parte, esta rezonificación es falaz, porque hablan de que haya escuelas, bibliotecas, salas de salud. Todo eso es función y misión del Gobierno. Que haga lo que le corresponde, porque no necesita una rezonificación para llevar a cabo esas obras y tomar una decisión política de concretarlas. —LR: En el proyecto original del Movistar Arena, de Villa Crespo, se hablaba de un mini estadio y una escuela. Luego ese proyecto se modificó y no solo la escuela no se hizo, sino que se terminó haciendo un megaestadio. ¿Quién garantiza que después de la rezonificación hagan lo que dicen que van a hacer? —MA: No hace falta una rezonificación para hacer escuelas, bibliotecas. Espacios verdes, que son imprescindibles, y que en el barrio carecemos. Nuestra comuna es una de las que tiene menos superficie verde en la Ciudad. Todo eso es función del Gobierno. Ojalá tuviéramos una audiencia pública similar a la del proyecto Costa Salguero. Llamamos a la participación para decirles no a la rezonificación.
En diálogo con el programa radial Tengo una idea, Andrea Cohen, integrante del colectivo de “Familias por un Retorno Seguro”, detalló una serie de exigencias para garantizar la vuelta a las clases presenciales en el ámbito de la educación pública porteña. Además, aportó su mirada como docente y madre de un estudiante secundario. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Nicolás Rosales/Carlos Morchio ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Valentina Maccarone/La Retaguardia En los últimos meses, la discusión acerca de la necesidad de que la educación sea presencial en todos los niveles tomó una fuerte presencia en la sociedad. Por un lado, hay pibes y pibas que no tuvieron ni tienen posibilidades de sostener la cursada virtual y, a su vez, muchas de las instituciones no cuentan con la infraestructura para cumplir los protocolos necesarios para la asistencia a las aulas. La docente Andrea Cohen, integrante del colectivo Familias por un Retorno Seguro, analizó esta situación y contó cómo lo vive la comunidad educativa: .“Acá estamos, preocupados. Creo que la política tiene que estar al servicio de la gente para organizarle la vida. Francamente lo que está sucediendo es exactamente lo contrario. Hablo como docente y como madre. Nosotros el año pasado recibimos un mail en donde nos decían que a partir del 17 de febrero iban a rendir exámenes, de manera virtual, los alumnos que no hubiesen aprobado las distintas materias durante el ciclo 2020. Y ahora, el Gobierno de la Ciudad viene a decir que hay que volver a la actividad docente, a las clases presenciales el 17”, expresó. Semáforo en rojo, no avanzar “Ahí, ya empieza a surgir un problema porque no se pueden superponer dos ciclos. El ciclo 2020 no terminó todavía, porque es de marzo a marzo. Y el tiempo que nosotros habíamos previsto para evaluar y ver si habían aprobado o no las materias, o si había una promoción o una acreditación de un grado, o de un año a otro, ahora de repente nos dicen que tenemos que volver bajo condiciones epidemiológicas que son inaceptables. Y no porque lo diga yo, una mamá o un docente, sino porque hay un semáforo epidemiológico que indica justamente que la Ciudad de Buenos Aires, y hablo de ella porque es lo que conozco, está en rojo. Entonces, no podemos avanzar cuando un semáforo está en rojo. Se mezclan varias cosas, la desorganización por un lado, el apuro por volver a la presencialidad cuando hay un semáforo aprobado por el Consejo Federal de Educación en octubre del año pasado”, explicó. Exigencia de las familias Cohen enumeró una serie de exigencias que fueron elaborando desde la organización: “Creemos, el colectivo Familias por un Retorno Seguro, que en este momento las clases deberían ser virtuales. Y que tanto el Gobierno nacional como el porteño deberían proveer el equipamiento necesario para la conectividad con las netbooks. Por otro lado, tal vez puedan pasar de dos a tres meses hasta que todos estemos vacunados, y mientras tanto tenemos que seguir preservándonos. Además, desde Ciudad lo que se está planteando es una presencialidad absoluta. En otras provincias, hablan de un sistema mixto. Mucho se llenan la boca de Dinamarca, de Alemania o de otros países del primer mundo, pero ninguno de ellos empezó la escolaridad de manera presencial a un 100 por ciento. Y todos los alumnos ingresaban en los mismos horarios”. “Yo planteo lo siguiente: trabajo en una escuela donde hay 1.600 alumnos y 600 docentes Cómo hacés para tomarle la temperatura a las 7:45 para entrar, por ejemplo. Es imposible. La presencialidad todos los días es una utopía, o un disparate por decirlo suave. ¿Cómo hacés para mantener a todos estos chicos a un metro y medio de distancia? Otra cosa que tampoco puede ser admitida, que es la confusión, no sé si adrede o por desconocimiento por parte de la ministra (de Educación porteña, Soledad Acuña) que dice que los grados o los cursos son burbujas. Porque es algo completamente distinto. El año pasado cuando se hizo la revinculación, que fue absolutamente recreativa y fue un fracaso, porque los chicos y las familias después se dieron cuenta de que no era el momento y que además ellos seguían educándose virtualmente. Porque tenemos que tener esto presente: el año 2020 fue el año en que docentes, padres y alumnos aprendimos qué es la educación virtual. Yo lo aprendí en el momento, nadie me explicó nada, nos fuimos empapando con lo que teníamos a mano. La burbuja del año pasado, fue un grupo de chicos y un docente que iba, hacía una actividad recreativa, una o dos veces por semana, y listo. Ahora, yo que trabajo en escuela secundaria y mi hijo concurre a una, donde 11 docentes van a entrar a un curso. Eso ya no es una burbuja. Porque una burbuja es un aislamiento. Y si yo tengo 11 cursos por semana, tengo a 300 alumnos entrando y saliendo. Y otros 20 profesores van a hacer lo mismo. Eso ya serían clases normales. En este contexto no se puede volver”, continuó. “Necesitamos que se vuelva a garantizar que los padres y madres de alumnos menores de 14 años puedan estar teletrabajando. Y de esa manera acompañar también a sus hijos, y que la educación pueda ser virtual. En el mientras tanto nos están obligando todos: padres, madres y docentes a que volvamos a una presencialidad en la que sentimos que estamos yendo más a un matadero que al disfrute. Porque el ir a una escuela e ir una clase tiene que ser un disfrute, tiene que ser placentero. Cómo va pasar esto cuando los chicos van a tener que ir y estar sentados a un metro y medio de distancia y permanecer con barbijo durante cuatro horas”, detalló la integrante de Familias por un Retorno Seguro. ¿En la vanguardia o en la retaguardia? La docente se refirió a las razones por las que cree que el Gobierno pretende que se vuelva a las