rodriguez larreta
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La ciudadanía comenzó a organizarse para resistir y oponerse a la propuesta del Gobierno porteño para construir a través de la empresa IRSA un barrio privado con megatorres en los humedales de la Costanera Sur. En diálogo con el programa radial Tengo una idea, María Eva Koutsovitis, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, se refirió al proyecto de IRSA Costa Urbana y brindó más detalles de sus objetivos. Además, explicó dónde radica la importancia de la costanera como un humedal que debe ser protegido como una reserva ecológica para favorecer el medio ambiente de la Ciudad. La participación masiva en la audiencia pública podría ponerle un freno al avance del cemento, como sucedió con Costa Salguero. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur Marcela Eva Koutsovitis, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, habló de la importancia de frenar el proyecto IRSA-Costa Urbana, que pretende construir un barrio privado con megatorres en la Costanera Sur. La ingeniera hidráulica explicó las consecuencias ambientales y sociales que el proyecto ocasionará si se reemplazan los humedales de la costanera por cemento, como el aumento de las olas de calor y las inundaciones. Además, el Observatorio y cientos de organizaciones más pretenden recuperar ese espacio para que no sea entregado a manos privadas —¿De qué se trata el proyecto y cuál es su objetivo? —Este proyecto inmobiliario se denomina Costa Urbana. Lo impulsa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con el grupo económico (IRSA). Impulsa la construcción de megatorres de 145 metros de altura en la Costanera Sur. El predio en donde históricamente iba a llevarse a cabo la Ciudad Deportiva de Boca. Tiene 72 hectáreas, es decir casi 72 manzanas, se encuentra al lado del barrio popular Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica. Al avanzar en este nuevo Puerto Madero, lo que vamos a hacer es generar un conjunto de impactos ambientales irreversibles para la Ciudad de Buenos Aires, en particular para el Barrio Rodrigo Bueno y para la Reserva Ecológica. Por eso es que desde un conjunto de colectivos y asambleas nos venimos oponiendo a este emprendimiento inmobiliario, que además va a destruir uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad de Buenos Aires, de los pocos que conserva. Recurrimos a la Justicia en primer lugar para poder frenar el avance de este mega emprendimiento inmobiliario. Luego presentamos un proyecto alternativo en la Legislatura porteña, que propone recuperar el predio, porque además entendemos que nos corresponde por historia recuperarlo. Este proyecto alternativo de recuperación del predio y de nueva Reserva Ecológica cuenta con el apoyo de más de 6 mil firmas y el acompañamiento de casi 300 organizaciones feministas, ambientales, sindicales y sociales. Estamos a la espera de que algún legislador o alguna legisladora levante el proyecto del estado parlamentario para justamente poder debatirlo en el recinto. Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad ya votó este proyecto en primera lectura. Este tipo de proyectos requieren de dos votaciones que se las denomina: primera lectura y segunda lectura. Y entre esas dos votaciones lo que hay, obligatoriamente, es una audiencia pública. Así que el Gobierno de la Ciudad avanzó. Es importante aclarar que votó en primera lectura este proyecto sin respetar las mayorías que la Constitución de la Ciudad establece. Y entonces el proyecto ahora está convocando a una audiencia pública. —En el contexto de pandemia se han revalorizado los espacios públicos y verdes en las grandes urbes, como en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué se podría hacer en vez de edificios? —Es un predio que hasta en la década del 60 fue ganando al río. Estamos hablando de tierras de relleno que luego se transformaron en humedales. Por eso es fundamental poder proteger este predio y evitar que se desarrollen torres suntuosas de 145 metros de altura para poder tener algún orden de magnitud. El desarrollo inmobiliario de Costa Urbana implica la construcción de 900 mil metros cuadrados. Es inimaginable, pero estamos hablando de una mayor densidad constructiva de la que actualmente tiene Puerto Madero, de rascacielos. Todo esto en un humedal al lado de la Reserva Ecológica en la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra en emergencia ambiental. Es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante. Es fundamental poder conservar este predio. La Ciudad, además, enfrenta dos amenazas de origen natural que son las inundaciones y las olas de calor. Para mitigarlas necesitamos superficies verdes absorbentes. Y por supuesto que la pandemia ha puesto en evidencia la importancia de poder contar con superficies verdes y públicas. Es más, si los fines de semana recorremos la Reserva Ecológica, vamos a ver que las familias hacen cola para poder entrar a visitarla. Sin embargo, si recorremos por la noche Puerto Madero, vamos a aceptar que la mitad está vacío. Este proyecto, entendemos que es un contrasentido ambiental, social y urbano. Las ciudades del mundo, en el marco de la crisis climática, están recuperando los bordes costeros para justamente poder hacerle frente a eventuales ascensos de las aguas o para poder permitir que los vientos de las costas ingresen a los centros urbanos; Para lograr el recambio en el aire y se mejore la calidad de aire que respiramos y además mitiguen un efecto conocido como isla de calor urbana. —Se lanzó “Plan Futuro”. Horacio Rodríguez Larreta lo anunció como un proceso de participación ciudadana, ¿estás al tanto? —Hace tiempo venimos impulsando con un conjunto de organizaciones y asambleas una ley marco para regular la participación ciudadana. La verdad es que nuestro sistema es la democracia participativa. Así lo establece la Constitución de la Ciudad. Sin embargo, en estos más de 25 años no hemos podido regular los mecanismos de participación ciudadana para que, entre otras cosas, puedan ser algunas instancias vinculantes. En ese sentido, las propuestas que el Gobierno de la Ciudad viene impulsando desde el año pasado y hasta la fecha en materia de mecanismos de participación
Esta mañana el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por decisión de la justicia porteña, desalojó a más de 100 familias. La mayoría eran niños/as y mujeres víctimas de violencia de género. Marina Joski, secretaria Nacional de Mujeres, Género y Diversidad de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), pasó por Hasta que vuelvan los abrazos, en la mañana radial de La Retaguardia y Radio Sur. (Por La Retaguardia)
Omar Guaraz, titular del Sindicato de Vendedores Libres de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), denunció que las y los manteros de Once que habían sido trasladados en el 2017 a dos galpones del barrio, van a ser desalojados. En diálogo con La Retaguardia, explicó que por falta de pago del Gobierno, la Justicia porteña ordenó el desalojo y más de 200 familias quedarían a la deriva. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: Archivo Agustina Salinas/La Retaguardia En el año 2017 un centenar de manteros/as, trabajadores/as ambulantes que estaban en la calle vendiendo sus productos, fueron desalojados por la Policía de la Ciudad y luego trasladados a dos locales en el barrio de Once. Hace pocos días, nuevamente y a través de una orden judicial, el Gobierno porteño pretende sacarlos de allí. Omar Guaraz del Sindicato de Vendedores Libres de la CTA brindó más detalles: “El titular de los inmuebles es Manchego, Alberto. Uno (de los locales) está ubicado sobre la calle La Rioja y el otro en la calle Perón. Esta persona se dirigió a la Justicia después de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumpliera el contrato. Uno de los predios, el de La Rioja, el Gobierno lo dejó de pagar antes de los inicios de la cuarentena obligatoria, y el otro pocos meses después. Por lo tanto, el dueño pide la restitución de los mismos y el desalojo. La deuda es de más de 21 millones de pesos de parte del Gobierno”. Guaraz, además, contó quiénes trabajan en esos predios: “En este momento debe haber unos 100 compañeros trabajando, la mayoría de edad avanzada, algunos con algún tipo de discapacidad y madres con niños”. “En el año 2017, el Gobierno hace uno de los desalojos más masivos. Había 2100 manteros en Once. También se les dijo que se les iba a dar solución a todos y que no se iba a permitir la ilegalidad. En aquel momento eran unos 16 mil. En concreto, en esos locales ingresaron 550 manteros, dando solución a solo un 3%. Mientras tanto, el Gobierno continuó con la represión hasta el día de hoy. Nosotros denunciamos apremios ilegales en la comisaría, que incluyeron torturas. Algunos oficiales de la Policía utilizaron una plancha caliente. Recordemos también que murieron dos compañeras, Beatriz Flores y María Berrechea”, recordó Guaraz. Por otro lado, describió la situación de vendedores ambulantes en otro barrio porteño, Flores: “En los últimos dos años hubo más de 7200 senegaleses detenidos, sin contar las otras colectividades. Hoy producto de la necesidad los vendedores volvieron a las calles”. Por último, el titular de Vendedores Libres expresó que “No hay diálogo entre vendedores y el Gobierno de la Ciudad”.
Lo dijo Tamara Rossi, abogada e integrante de la Defensoría de Laburantes (La Defe), en diálogo con el programa Otras voces, otras propuestas. Allí explicó cómo el Gobierno de la Ciudad usa los datos personales en forma indebida para favorecer a María Eugenia Vidal, candidata de Juntos por el Cambio en Ciudad y a Diego Santilli, de la Provincia de Buenos Aires. Trabajadoras del call center GIV S.R.L. denunciaron ante La Defe que han sido obligadas a llamar por teléfono a personas para invitarlas a reuniones con Vidal y Santilli, proponiéndoles “tomar un café” con los candidatos. Además, Rossi comentó que los y las trabajadores del centro de llamado “no debían decir donde conseguían los datos, sino que debían fingir que eran militantes voluntarios”. Por otro lado, denunció que toda la información recolectada en esta “campaña” fue provista por organismos estatales mediante la línea 147, línea telefónica usualmente utilizada para hacer reclamos por servicios, consultas, y para anotarse a la campaña de vacunación, entre otros. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Luis Angió ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur 🖍️ Ilustración: María Eugenia Otero/La Retaguardia El servicio de atención telefónica que ofrece la Línea 147 en la Ciudad de Buenos Aires lo maneja una empresa privada, GIV SRL. Trabajadoras de ese call center denunciaron ante la Defensoría de Laburantes (La Defe) que fueron obligadas a realizar llamados para invitar a las personas a encuentros con la precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y con el precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, del mismo partido político. La abogada Tamara Rossi, que forma parte de La Defe, dio información sobre el call center denunciado y alertó sobre la gravedad del asunto, ya que se están utilizando datos privados de las personas que fueron proporcionados por otros motivos para favorecer la campaña política de Vidal y Santilli.“Es una empresa privada contratada a concesión por el Gobierno de la Ciudad. La contratación se hizo de manera correcta para que la empresa cubra el servicio de todo lo que es el 147. Así funcionó durante varios años, sin embargo en marzo del 2021 esa concesión se amplió en un 2400%. Esto nosotros lo denunciamos en su momento. Meses después, empezamos a recibir denuncias y empezamos a acompañar a trabajadoras de este call center. Estas trabajadoras fueron de alguna manera coaccionadas para pasar a trabajar del servicio 147 a la campaña política directa y llana de María Eugenia Vidal en la Ciudad y Diego Santilli en la Provincia de Buenos Aires”, dijo. La abogada remarcó la importancia del asunto: “Esto es grave por el uso de la información sensible de los y las ciudadanas que hace el Gobierno, ya que ha tenido el acceso en algún momento a la información que ha dejado toda aquella persona que se haya comunicado con el 147 por algún reclamo, por algún centro de vacunación o testeo, etc. Con esta información lo que hacen es llamar e invitar a alguna charla, discusión o juntarse a tomar un café con los candidatos, según el barrio”. Además, se refirió a las condiciones laborales de las empleadas del call center y especificó en qué consiste el engaño que son sometidas a realizar: “Las trabajadoras están en una extrema situación de precarización laboral. Tienen jornadas laborales extenuantes de 12 horas y prácticamente no tienen tiempo para descansar o para ir al baño. Las obligan a mentir y a decir que están militando, que están en la casa de un compañero de militancia haciendo llamados para parecer que nos son trabajadoras de un call center; Que llamaron de manera aleatoria o que lo sacaron de la guía de teléfono. La empresa se llama GIV SRL, su planta de trabajadores es muy grande. En la oficina desde donde nos llegaron las denuncias trabajan unas 70 personas, y por sus dimensiones es imposible mantener el distanciamiento social. Tampoco cumplen con las condiciones de aseo correspondientes”, relató. Otras irregularidades “Primero que el servicio del 147 debería ser público, y no tendría que estar privatizado. Ahí ya tenemos un primer incumplimiento. Por otro lado, sus trabajadores y trabajadoras están precarizados, cobrando un sueldo por debajo del mínimo vital y móvil, con jornadas extenuantes de trabajo. Además, no están cumpliendo las tareas afines al 147. También, por las tareas que llevan a cabo, deberían tener jornadas laborales de no más de 6 horas. No es sano para nadie estar en constante comunicación telefónica”, manifestó la abogada. “Tenemos la expectativa, desde lo judicial, de poder frenar de alguna manera esta forma de manejarse del Gobierno de la Ciudad” cerró Tamara Rossi.
Organizaciones sociales y asambleas barriales convocan a una conferencia de prensa para el lunes 6 de septiembre a las 11 frente a la Legislatura porteña. Presentarán un recurso exigiendo que se terminen los negocios inmobiliarios que mantiene la Ciudad a través de la venta de terrenos públicos a manos privadas. La denuncia viene repitiéndose hace años y frente a las elecciones que se vienen, las distintas agrupaciones quieren manifestar su reclamo por más y mejores espacios verdes y públicos en la CABA. Además, solicitan que la ciudadanía porteña tenga mayor participación en la toma de decisiones sobre lo que pasa en la Ciudad. El evento iba a desarrollarse el jueves 2, pero se suspendió por lluvia. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Además del reclamo concreto en contra del proyecto de Costa Urbana-IRSA que planea construir un aglomerado de viviendas y comercios en la Costanera Sur, el Posicionamiento Conjunto que se presentará en la Legislatura porteña contempla las luchas de los barrios de Colegiales, Caballito, Palermo, Liniers y Villa Urquiza para frenar los proyectos de urbanización sobre los playones ferroviarios. Los argumentos que sostienen las asambleas vecinales y las diferentes organizaciones se legitiman en el derecho al espacio verde público que debe existir por ley en cada Comuna. La Retaguardia consultó a Mónica Dittmar, vecina del barrio de Villa Urquiza e integrante de Tierras Ferroviarias Verdes, quien junto a Vecinos por el 25 de Mayo pelea hace años por la recuperación del explayón de la estación Urquiza. Los requerimientos de los y las porteñas quieren ser escuchados de cara a las elecciones legislativas que decidirán la renovación de la Legislatura porteña: “Lo que planteamos es amplio y pensando en un modelo de Ciudad, pensando en qué Ciudad queremos y qué Legislatura queremos para que consideren estas problemáticas que atentan contra la vida saludable y para mejorar la mejor calidad de vida. Decimos no a la venta y privatización de la Costa: estos proyectos han entrado de manera express a la Legislatura para ser votados y salir con un dictamen. Fue el caso del proyecto IRSA con el Gobierno de la Ciudad hace dos semanas”, señaló. Además, Mónica compartió la expectativa de lo que será la conferencia del lunes a las 11 y la participación en la audiencia pública a celebrarse en los próximos días: “Nos estamos preparando también para una audiencia pública. Va a ser una audiencia mayoritaria. Seremos más de 10 mil. Tenemos muchas expectativas positivas. El documento que se va a leer el jueves lleva la firma de muchas organizaciones y difusión de distintos medios de prensa. Es muy importante. Hay espíritu de unión, para juntar fuerzas en estos reclamos históricos por la pérdida de los espacios públicos y las tierras públicas”, explicó. La protesta en concreto que lleva adelante Dittmar desde su colectivo es común a las demás agrupaciones y busca poner un freno a los acuerdos que firma el Ejecutivo porteño con las corporaciones inmobiliarias y generan una ciudad cada vez menos sustentable e inhabitable: “Desde Tierras Ferroviarias Verdes luchamos por los pulmones verdes de los terrenos ferroviarios que se han vendido para negocios y emprendimientos inmobiliarios. Nos entusiasma la gran convocatoria que hubo”, dijo con esperanza. Los reclamos y las denuncias que se esbozarán el lunes en la Legislatura porteña forman parte de las luchas históricas de muchos y muchas habitantes de la Ciudad para lograr mayor dignidad en su calidad de vida. La cercanía de las próximas elecciones legislativas hace que el foco esté puesto en lo que pasará en la conferencia, que contará con una masiva convocatoria de agrupaciones y acompañamiento de diferentes medios de comunicación. El Comunicado de Prensa Organizaciones y asambleas ciudadanas exigirán una Ciudad más verde y Audiencias Públicas mixtas, online y presenciales Este jueves 2 de septiembre a las 11 hs diversas organizaciones sociales y políticas, asambleas y entidades vecinales realizarán una conferencia de prensa en la puerta de la Legislatura porteña para hacer público, de cara a las próximas elecciones legislativas, un Posicionamiento Conjunto sobre el modelo de ciudad que se necesita para vivir dignamente. Las organizaciones y asambleas denuncian que la ciudad de Buenos Aires está siendo planificada por y para las corporaciones inmobiliarias que se enriquecen apropiándose del suelo porteño, generando una ciudad excluyente que profundiza las grandes desigualdades sociales que la atraviesan y agravando una crisis socioambiental de consecuencias incalculables. En contraparte, sostienen la necesidad de planificar la ciudad con una lógica humanista, participativa, armónica con la naturaleza y que contemple las necesidades e intereses de la población que la habita. En ese marco, plantean que la Legislatura deje de funcionar como una escribanía del Poder Ejecutivo y que su próxima composición represente y dé respuestas a las diversas iniciativas y proyectos de ley que se vienen generando desde los barrios porteños. Por último, exigen que la Audiencia Pública convocada para el 15 de octubre y donde se tratará el Convenio Urbanístico que habilitaría el proyecto de Costa Urbana-IRSA sea mixta, agregando a la participación virtual también la posibilidad de la participación presencial de los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, denuncian que el gobierno porteño habilita la presencialidad total en las escuelas, permite recitales con miles de personas pero restringe la participación en los asuntos que afectan directamente a la ciudadanía en su forma de vida, en una acción claramente antidemocrática. En caso de lluvia, se realizará el lunes a la misma hora y el mismo lugar.
Lo dijo Gervasio Muñoz, referente de la organización Inquilinos Agrupados en diálogo con el programa radial Viernes Culturales. Muñoz hizo una evaluación a un año de la sanción de la Ley de Alquileres. Además, admitió que es difícil la implementación y que no es sencillo obligar al mercado inmobiliario a cumplir lo que el Congreso decidió. También se refirió al rol del Estado y la necesidad de una política de acceso a la vivienda. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Nicolás Berenstein/Mara Laporte ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Inquilinos Agrupados —A un año de sancionada la Ley de Alquileres, ¿qué balance podés hacer? —Se me ocurre hacer dos análisis: por un lado lo que tiene que ver con la implementación de la ley porque sabíamos que iba a ser difícil y que no es sencillo obligar al mercado inmobiliario a cumplir con lo que el Congreso o el Estado decide. Sabemos que hay ahí una pelea muy importante. Creíamos que el Estado nacional iba a tener un rol un poco más activo, y no lo tuvo. Lo esperamos, porque no nos cansamos de creer que lo va a tener en algún momento. El otro análisis es político, porque la Ley de Alquileres ha planteado una discusión importante que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Discutir el fondo y no tanto si hay que construir una vivienda o no, sino qué modelo de acceso a la misma y qué modelo de Estado podría garantizarla. Este derecho, entonces, no puede estar en manos del mercado. Es fundamental un marco regulatorio y para nosotros la Ley de Alquileres es el comienzo. Campañas en contra de la Ley “Las empresas de los medios de comunicación llevan adelante una campaña en contra de la Ley muy fuerte, pero creo que la gran victoria es que se esté hablando del índice en los contratos de alquiler, que está en el 43%, cuando antes no había ningún tipo de discurso acerca de lo que sucedía con la regulación del Estado”, dijo el referente de la organización Inquilinos Agrupados. —¿Hubo alguna campaña mediática o del Estado en favor de la Ley? —No hubo una sola campaña planteando e informando los derechos conquistados en la ley. Es una forma de darle la señal al mercado inmobiliario de que pueden seguir haciendo lo que quieran y que el Estado no se va a meter mucho. El negocio del mercado inmobiliario es transversal a la clase política, al poder judicial, a los medios de comunicación y al sector de los grupos económicos más fuertes de Argentina. Pero además la propiedad privada se ha constituido en los sectores populares, y ahí nosotros tenemos un desafío muy importante, que es disputar el sentido. —¿Es lo que querían o le falta algo? —No era lo que queríamos. Nosotros negociamos esta ley que hoy está vigente con el macrismo, con la Cámara Inmobiliaria y con el apoyo en esa negociación del Frente de Todos. Queríamos que los alquileres se actualicen por salarios y por promedio entre inflación y salarios, pero el macrismo y la Cámara no querían, entonces cedimos. El gobierno de turno y otros sectores políticos querían que los alquileres se actualizaran cada seis meses. Cuando llega este gobierno, desde nuestra asociación le presentamos a la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa, el proyecto de ley que verdaderamente queríamos. onde planteamos, entre otras cosas, un plazo mínimo de contrato de alquiler de siete años, para que los pibes puedan terminar la escuela viendo en la misma casa. También que los y las inquilinas tenemos voz y voto en las reuniones de las administraciones de consorcio, que el precio del alquiler está regulado por salarios, y un esquema de impuestos a las viviendas vacías. Cuando vieron todo esto apuraron la ley para que salga con lo que habíamos negociado con el macrismo y la Cámara Inmobiliaria. Entonces no era lo que nosotros queríamos, pero fue por lo que nosotros entendíamos el mejor proyecto para el momento político que estábamos viviendo. Así y todo, esta ley es la mejor posible en este gobierno también. —Un 40% de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es inquilina, ¿existe un estimado de cuántas viviendas disponibles son alquilables? —En la Ciudad somos 3 millones de habitantes desde 1947, sobre eso hay 1,5 millón de viviendas, una vivienda cada dos personas. El exceso de oferta es importante. De esa disponibilidad de viviendas, 500 mil están en alquiler y se calcula que alrededor de 200 mil están vacías. Además, el 36% de la población alquila en el mercado formal y alrededor de un 5 o 6% alquila en villas, hoteles, pensiones, inquilinatos. En el 2000 esta población era de un 20%. Hoy, 20 años después, se duplicó llegando al 40%. Estimamos que en el 2030, 2035, más de la mitad de la población en la Ciudad va a vivir en viviendas alquiladas y la concentración de las mismas va a ser mucho más profunda. —¿Hay alguna forma de controlar que las inmobiliarias cumplan con la Ley de Alquileres? —Creo que ahí el rol del Estado es clave. Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad tiene dos políticas de vivienda que son profundamente complementarias para los fines que persiguen: garantizar grandes negocios inmobiliarios vendiendo tierra pública, construyendo barrios en la periferia, dejando las ciudades al mercado, desregulando el suelo, el metro cuadrado, el precio del alquiler, precios de viviendas dolarizadas. Y la otra política es el subsidio para los que se cayeron del mapa y nunca más van a volver. Subsidios que terminan en manos de los propietarios y en el medio no hay nada. La Ley de Alquileres golpea esa lógica para plantear que nosotros no queremos subsidios. No porque tengamos prejuicios, sino porque no creemos que sea una política de vivienda. Por supuesto, no queremos construcciones de barrios a 60 kilómetros de las ciudades o que se venda y regale tierra pública. Lo que queremos es que
Lo dijo Jonatan Baldiviezo, abogado e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en diálogo con el programa radial Otras Voces, Otras Propuestas. Baldiviezo denunció cómo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, continúa entregando terrenos para negocios inmobiliarios. Costa Urbana es uno de ellos, junto a Costanera Sur y los predios en el Parque de la Ciudad. Además alertó sobre el sacrificio de espacios verdes por el avance del cemento. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Luis Angió ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur El ex Parque de La Ciudad y la Ciudad Deportiva de Boca Juniors en la costanera son terrenos fiscales en los cuáles el Gobierno porteño ha puesto su mirada con la intención de ponerlos en venta a sectores privados con destinos inmobiliarios. Sin freno Al respecto de las posibles ventas de estos terrenos públicos, el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonantan Baldiviezo, expresó: “Uno creería que en un año electoral a unos cuantos días de cerrar las listas, las alianzas y las candidaturas de las elecciones, se frenaría un poco la cuestión de los negocios inmobiliarios. Pero lo que vemos es que se ha acelerado la rueda especulativa inmobiliaria. Actualmente, están en danzas el proyecto inmobiliario de Costa Salguero y recientemente ingresó el diseño urbanístico de ‘Costa Urbana’ que es el gran emprendimiento del grupo IRSA, el nuevo Puerto Madero 2 en la Costanera Sur”. Baldiviezo identificó otros negociados entre las autoridades del Gobierno porteño con los sectores privados: “También, están avanzando con la subastas de los predios del ‘Parque de la Innovación’, continúan con las innovaciones del ‘Distrito Joven’, y además subastaron los primeros inmuebles a manos privadas de los predios correspondientes al parque público, el de ‘La Ciudad’ en la Comuna 8. Estamos frente a cinco megaemprendimientos que no se suspenden ni se frenan por la pandemia ni por las elecciones”, contó. Por otro lado, el abogado detalló: “Lo grave del Parque de la Ciudad consiste en que en el 2014 se empezó a discutir lo que se conoció como el plan maestro de la Comuna 8. Esto era para ver cómo se revitalizaba la zona sur. Pero el Gobierno no tuvo mejor idea que vender tierras públicas para hacer negocios inmobiliarios. En aquel momento, la idea inicial era construir viviendas sociales en los terrenos públicos. Terminó saliendo un plan maestro de la Comuna 8, un tanto lavado, el cual incluyó la intención de vender terrenos del Parque de la Ciudad. Eso no salió y finalmente se votó la construcción de la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. En el 2016 volvieron con la intención de vender tierras de ahí y ese mismo año, camuflaron la intención con la idea de hacer viviendas para los deportistas mediante una ley. Es lo que ahora conocemos como el ‘Barrio Olímpico’, donde ahora también se autorizó la venta de otras 25 hectáreas del Parque de la Ciudad y que no tenían nada que ver con los Juegos Olímpicos. La Villa Olímpica finalmente se reacondicionó y se destinó a viviendas sociales, donde ya hay más de mil familias viviendo en esos edificios. Pero el resto de los terrenos de lo que era antes un parque público ahora se está empezando a vender a privados. Se pusieron en subasta lotes de una hectárea de superficie, diez en total de los cuales ya se vendieron cinco”. ¿Pulmón verde? Baldiviezo denunció cómo se le dio lugar a los negocios privados sobre terrenos públicos en desmedro de los espacios verdes: “El gran pulmón verde de esta zona sur son el Parque Brown que contenía al Parque Roca, al de la Ciudad, Indoamericano, el de Las Victorias y que en los últimos años estos espacios verdes fueron sacrificados. Del Parque Roca se sacrificaron 37 hectáreas para construir un playón de cargas y descargas. El Parque Indoamericano, en parte, se destinó para un polo farmacéutico. Se privatizaron 50 hectáreas del Autódromo para comercios y explotaciones privadas relacionadas con el automovilismo, además 45 hectáreas del Parque de las Victorias se destinaron a un Golf. Entonces se perdieron 150 hectáreas de espacios verdes públicos de la Comuna 8”, denunció. Costa Urbana, el proyecto millonario del grupo IRSA Se supo que el grupo IRSA, junto a la sociedad comercial de capitales argentinos controlada por Cresud y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podría obtener la normativa para comenzar a urbanizar el terreno sobre la Costanera Sur adquirido hace casi tres décadas. Esto, se logró luego de que el proyecto fuera aprobado en primera y segunda lectura por la Legislatura porteña. “Según figura en el proyecto, IRSA entregará a la Ciudad el 67% de esas tierras que se destinarán a la creación de un parque público de 35 hectáreas más otros espacios de uso común hasta totalizar 43 hectáreas. La superficie a construir incluiría viviendas, oficinas, locales comerciales, escuelas, un sanatorio, un paseo peatonal, un paseo costero apto para correr y andar en bicicleta de 4,2 kilómetros y un hotel, entre otros. En definitiva, un Puerto Madero 2 o una nueva Dubai, como también se lo conoce”, explicó el abogado. Por último, Baldiviezo repasó la historia de los terrenos donde se llevaría a cabo este proyecto y describió de qué se trataría la millonaria inversión: “Esto es negocio de los 90. Eran tierras del Estado nacional, que el Gobierno de la Ciudad se las cedió en su momento al Club Boca Juniors para que construya una ciudad deportiva para el club, que incluía un estadio para 150 mil personas. Sin embargo nunca se terminó de construir. Si no se construía, Boca tenía que devolver las tierras. El Congreso, mediante una ley y a modo de transferencia, le devolvió el cargo y autorizó a venderlas a terceros. El club entró en quiebra, vendió estas tierras por 22 millones de dólares a una empresa llamada Solares Santa María que luego en 1997 se la vendió
Lo dijo Analí López Almeyda, vecina e integrante del grupo “Parque Chacabuco No a las Torres”, en diálogo con el programa radial Tengo una idea. Contó que pudieron llegar hasta la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y que se emitió una recomendación al Gobierno porteño en la línea del reclamo vecinal que se opone a la instalación del proyecto de megatorres en el barrio. A partir de la acción de la Defensoría, el Estado debería dar una pronta respuesta, determinar si las obras tendrían que haber sido paralizadas y, en caso de retomarlas, adecuarlas al nuevo Código Urbanístico. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Nicolás Rosales/La Retaguardia La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer un documento en el que efectúa una serie de recomendaciones al Gobierno porteño respecto de la situación vinculada a la construcción de nuevas torres de viviendas en Asamblea 1652, Pumacahua 1208 y Asamblea 1646, en Parque Chacabuco. En una zona en la que predominan las casas bajas, las torres que se pretenden construir serían cuatro: tres de 12 pisos y otra de 21. La petición a este organismo fue presentada por la vecina Analí López Almeyda, en representación del colectivo de vecinas y vecinos autoconvocados “Parque Chacabuco No a las Torres”. Acerca de la respuesta de la Defensoría del Pueblo al reclamo, López Almeyda dijo: “Tenemos expectativas ante esta presentación, la gran noticia y lo que tiene de muy positivo esto para nosotros, es saber que un organismo oficial apoya y avala nuestro reclamo. Lo que quiere decir que no son ideas sueltas, que no estamos divagando, sino que hay gente que sabe, que estudió el tema, y que está avalando todo esto que estamos reclamando. Es un paso importante”. Las obras están a medio paralizarse. Sobre la avenida Asamblea se ven carteles con el nombre del emprendimiento de la constructora privada. “Son tres lotes en los que se quieren construir los cuatro edificios. Se hizo la demolición en uno de ellos, que es el de la esquina de Asamblea y Pumacahua. Si pasás por ahí, se puede ver un vallado con unas chapas negras, que por cierto no es el vallado reglamentario, y esta obra es la única que hasta el momento comenzó y está clausurada desde marzo por el mismo Gobierno de la Ciudad. Supimos que, tras una inspección se encontraron un montón de irregularidades y no hubo más movimientos. Después hay un lote que es más grande, sobre Asamblea 1652 que tiene un vallado de madera que es de la constructora, y que lleva el nombre del emprendimiento ‘Alto Grande Asamblea’. Son departamentos que se venden al pozo a través de internet”, explicó. La vecina contó que la zona se utiliza como locación para series de televisión y películas. “Así que por ahora está paralizada esa parte, sin trabajos de construcción. Y esta es una de las razones por las cuales el Gobierno de la Ciudad debería declarar las obras como paralizadas. Porque si pasan seis meses sin ejecutar trabajos constructivos desde que se aprobaron, las obras se tienen que paralizar. Y para retomar los trabajos se debe realizar un trámite adecuándose a la normativa vigente, que establece para esta zona que la construcción tenga una altura máxima de 11,20 metros”, agregó. Por su parte, Alejandro Amor, titular de la Defensoría, resolvió en primer lugar solicitar al Gobierno porteño la revisión de los proyectos aprobados para determinar si las obras debieron ser paralizadas y, si así fuera, intimar a una nueva presentación que cumplimente lo dispuesto por el nuevo Código Urbanístico. Lo recomendado pone en la agenda el impacto negativo que las obras provocan en el barrio, así como también incluye a los posibles daños ambientales y la alteración del entorno urbano, todos ellos pilares del razonamiento y parte de la resistencia del grupo vecinal. “Cuando comenzó todo esto, allá por el mes de enero, hicimos algunos encuentros presenciales. Una vez por semana con los debidos cuidados de distancia, barbijos y alcohol. Luego pasamos a encuentros virtuales que los sostenemos todas las semanas, todos los viernes. Es algo que nos mantiene alerta, no nos vamos a olvidar del reclamo, porque tiene que ver con el lugar que elegimos para vivir”, finalizó López Almeyda. DESCARGAR
Nelson Santacruz integrante de La Garganta Poderosa pasó por el programa radial La Retaguardia. Vive en la porteña Villa 21-24. La Poderosa lanzó una campaña que busca obtener recursos para pasar el invierno y paliar el frío que sufren los vecinos y vecinas ante un Estado que no responde a sus demandas. Sobre sus problemáticas estructurales agregó: “los incendios, los cables quemados, las muertes, son escenarios comunes en nuestros inviernos en los barrios populares y más allá de la Capital Federal”. Y definió que “los likes en las redes no llenan nuestras ollas”. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Fernando Tebele —La Poderosa lanzó una campaña que se llama #ContagiáCalor para poder llevar estufas y caloventores a las asambleas y a los comedores y seguramente mucho más allá. Venimos hablando cotidianamente en cada invierno de la situación, de cómo se sufren el frío las personas que están en situación de calle con lo que, de alguna manera, damos por sobreentendido que todas las personas que vivimos bajo techo no tienen problemas para pasar el invierno. Entonces, La Poderosa lanzó una campaña de esas campañas poderosas de alto impacto que se llama #ContagiáCalor. —Nosotros tenemos muchas problemáticas históricas, estructurales, que obviamente con la pandemia se vinieron a potenciar, pero ese #ContagiáCalor que creamos desde nuestras asambleas justamente no lo hacemos circular en las redes sociales porque nos dé gusto, sino porque realmente estamos en una situación crítica donde nosotros decimos que cada invierno o cada vez que el frío se potencia estamos en temporadas de incendios en nuestros barrios populares. Particularmente barrios que están en situaciones más críticas como puede ser el Barrio Fátima donde la semana pasada se prendieron fuego seis postes de luz, y ese tipo de cosas son realmente situaciones muy cotidianas en la Villa 31, que para fines de 2019 dijeron que iban a instalar 33 cámaras transformadoras y aproximadamente 24 mil metros lineales de baja tensión, cosas que no fueron cumplidas por el Gobierno de la Ciudad, y no es de ahora. Yo también te hablo de mi barrio, la villa 21-24 donde en sí hace 10 años la Justicia declaró a mi barrio como en emergencia eléctrica y multó de hecho a Horacio Rodríguez Larreta para que se hiciera cargo de eso y no se hizo cargo. De hecho, los incendios, los cables quemados, las muertes, son escenarios comunes en nuestros inviernos en los barrios populares y más allá de la Capital Federal. Acá donde vivo yo, en la última semana, hubo aproximadamente treinta y ocho cortes de luz y así los vecinos no pueden refrigerar medicación, alimentos que se pudren en los espacios populares y comunes de los merenderos. O calefaccionar, algo tan necesario en este contexto donde sentimos que el frío está mucho más punzante. También tenemos problemas con el agua. Porque en muchos de nuestros barrios donde hay situaciones de hacinamiento, donde en una habitación de 4×4 viven alrededor de 10 personas, tienen que tener agua, aparatos eléctricos, y son cosas que nosotros sentimos y vemos todos los días y cuando no hay luz te quedás también sin agua, sin medicación, sin alimentos, también te quedás sin la posibilidad de calefaccionar. Entonces, estamos en una situación compleja y es por eso que nació esta campaña de #ContagiáCalor que pretende con la solidaridad de la gente, los oyentes que están en este momento escuchándonos juntar todo lo posible para llegar a 40 mil frazadas y 200 garrafas de 10 kilos, estufas o caloventores más o menos para 75 familias. Estoy hablando a nivel país, grupos electrógenos y 10000 litros de nafta como para poder también acompañar con estos grupos electrógenos a los espacios comunitarios que sufren más los cortes reiterados de electricidad. Y también algo que muchas veces parece ajeno, la leña que está muy cara. Por ejemplo a medida que uno va al sur donde tenemos asambleas como la de Río Gallegos, la interbarrial de Ushuaia, en esos lugares van mechando la compra de garrafas con la compra de leña que cuesta también muy cara, entonces la campaña apunta a eso, a empatizar, a decir que el invierno nos está afectando de esa manera en los barrios populares. —Hablábamos hace muy poco tiempo sobre que el Estado tendría que haber previsto acceso a conectividad en todo el tiempo de pandemia para que se pueda acceder a la Internet. En este caso, el Estado también podría haber previsto esta situación… —Sí, tal cual. La verdad es que es un poco agotador, desgastante hoy en día un congelamiento siento… hay un congelamiento insensible de parte del Estado en políticas públicas concretas y estructurales, digo de cosas estructurales para con las villas y los barrios populares. Y hay una costumbre histórica, fría, que solo la podemos traducir para mí en dos cosas, dos acciones dentro de los barrios populares. Yo viviendo acá lo puedo identificar. Por un lado, la triste naturalización de un Estado ausente, es decir, eso sucede… Y por otro, tomar la batuta, como hacemos millones de compañeros y compañeras, millones de empobrecidos y empobrecidas. Salir a la cancha para comunicar lo que nos pasa y resolver autogestivamente lo que deberían resolver los gobiernos como eso que mencionabas sobre lo que hicimos con la campaña #ContagiáConectividad, que fue también una campaña que lanzamos como el #ContagiáCalor, apelando a la solidaridad de la gente, así como lo hicimos con el #ContagiáSolidaridad que fue del año pasado y recaudamos muchas donaciones para poder suplir lo que desde el Estado no estaban garantizando, que es llenar la olla básicamente. Y en esto me voy a detener porque me parece importante que ustedes sepan, también todas las personas que están escuchando, que pese a la colección de reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Desarrollo no pudimos resolver las 670 toneladas que nos deben de alimentos desde octubre. Estamos hablando de muchos meses. Es decir, muchos meses donde tocamos las puertas y las ventanas que el Ministro
Este dato se desprende de un informe elaborado desde Observatorio por el Derecho a la Ciudad. En diálogo con el programa radial Sueños Posibles, María Eva Koutsovitis, arquitecta e integrante del Observatorio brindó más detalles e hizo un repaso por problemas estructurales que van en aumento como el hambre, la indigencia, el desempleo, la brecha digital, entre otros. Todo esto se da en el distrito más rico del mundo, y al mismo tiempo uno de los más desiguales, la Ciudad de Buenos Aires. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Irene Antinori/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia La arquitecta e integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Eva Koutsovitis, comenzó describiendo una serie de estadísticas que ayudan a entender mejor un listado de problemas estructurales que van en aumento en la Ciudad de Buenos Aires: “El último informe que elaboró el Instituto de Políticas Públicas a partir de información oficial de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al último trimestre del 2020, evidenció datos sumamente preocupantes. En el distrito más rico del país, 312 mil personas pasan hambre, es decir que tenemos más de un 10% de indigencia. Por otro lado, 455 mil si bien superan la línea de indigencia son pobres. Por lo tanto, entre la indigencia y la pobreza uno de cada cuatro porteños y porteñas se encuentran alcanzados. También a tener en cuenta es que más de 630 mil personas superan el valor de la canasta básica total que define el umbral de pobreza, pero lo hacen con muy poco margen y entran en lo que se denomina el sector frágil. En definitiva, uno de cada dos habitantes se encuentran en situación de pobreza, indigencia o fragilidad”, explicó. Desempleo en aumento “Estamos también ante un escenario crítico en relación a los datos de desempleo. La tasa de desocupación en la Ciudad se ubica en el 10,1% (unas 90 mil personas). En realidad está enmascarando que muchos y muchas que perdieron su empleo durante la pandemia no han vuelto a demandarlo. Si esto no hubiese sucedido, la tasa hoy alcanzaría un 15%. Otro dato es que ha habido un aumento de la tasa de subocupación en más de un 4%. Este modelo urbano propuesto da cuenta que prioriza el hambre y la precariedad”, continuó Koutsovitis. Inquilinización y agua para pocos “De la década del 90 a la fecha, se ha aumentado en un 4% el porcentaje de inquilinos. Por encima del 40% de la población hoy es inquilina. Esto también se traslada en la desigualdad de acceso al agua potable, uno de cada siete porteños y porteñas no acceden, significa un 15%. En el 2001 solo era el 4%. Lo que pasó es que hoy Buenos Aires es de las ciudades en el mundo que más retrocedió en materia de acceso al agua potable”, aclaró. La integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad hizo referencia también a lo que se conoce como brecha digital: “A todo esto se le suma la brecha cada vez más marcada en relación a la conectividad, el 40% de los y las estudiantes no tiene una acceso a una computadora en el hogar”. Por último, Koutsovitis denunció: “Este escenario de precariedad en aumento tiene una contracara, que es intermediar con empresas las políticas públicas que generan por otro lado un enorme sobrecosto al Estado. En esta línea se puede trasladar un ejemplo con camiones transportan agua, pero no se hacen las obras de infraestructura necesarias en las villas y barrios populares. Otro caso clave es lo que pasa con la prestación privada alimentaria en las escuelas públicas, el negocio de las viandas destinado a alumnos y alumnas. Las cooperadoras han denunciado la poca calidad nutritiva, y el Gobierno de la Ciudad impunemente ha hecho negocios con 19 empresas, garantizándoles la permanencia en cada renovación de la concesión. Ahora, en contexto de pandemia, el Gobierno reparte las denominadas canastas alimentarias nutritivas con sobreprecios”.